COVID-19: Ley de Amnistía solo liberaría a 7% de personas presas
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Ley de Amnistía solo sacará de la cárcel a 7% de presos y las liberaciones tardarían meses

Aunque fue aprobada para reducir contagios de COVID-19 en cárceles, los datos muestran un impacto limitado de la Ley de Amnistía si no se extiende a los estados.
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28 de abril, 2020
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La semana pasada fue aprobada y publicada la Ley de Amnistía que permite la liberación de procesados y sentenciados por algunos delitos en México. El gobierno y legisladores que la promovieron dijeron que con ella se busca, entre otras cosas, combatir la sobrepoblación en las cárceles y disminuir el riesgo de contagios masivos por COVID-19.

Sin embargo, una revisión de sus alcances a partir de lo que dice la propia ley y de los datos oficiales muestra que, en realidad, solo 7% de las personas que actualmente están prisión podrían tener opción de solicitar dicho perdón, y que el proceso para que ello sea posible tomaría de dos a seis meses al menos.

Entérate: Personas presas, en riesgo por coronavirus: ¿Qué están haciendo las cárceles para prevenir contagios?

Cifras de INEGI y del Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) del Gobierno Federal revelan, por ejemplo, que por el delito de aborto – uno de los contemplados en la ley aprobada – no hay ni una persona detenida a nivel federal, que es el fuero al que se restringe la Ley de Amnistía.

Por el delito de robo simple, que es otro de los ilícitos contemplados en la ley aprobada, el balance no supera los mil internos a nivel federal, una cifra doce veces menor a los reos que sí hay, pero a nivel estatal.

Los datos también muestran que, actualmente, los 106 centros penitenciarios con problemas de sobrepoblación son de jurisdicción estatal y ninguno de índole federal.

Organizaciones y especialistas en temas de justicia penal señalan que la Ley de Amnistía debe extenderse hacia los estados para tener un impacto real. La propia norma aprobada lo recomienda, pero no fija plazos ni procedimientos para ello. Otros han manifestado que se queda corta, y que para atender la emergencia sanitaria actual y el hacinamiento existen otros recursos de mayor alcance la ley.

A partir de la información oficial y de los análisis vertidos Animal Político resume ahora los puntos clave de esta ley que se había propuesto desde el año pasado, pero que fue aprobada de manera exprés en el contexto de la actual bajo la premisa de que ayudaría a prevenir contagios por COVID-19.

*Para qué sirve y a quienes beneficia

La Ley de Amnistía permitirá al gobierno federal – con el aval de un juez – otorgar un “perdón” a personas que hayan cometido un delito no grave para que puedan salir de prisión o no terminen en ella. Su diseño se preparó desde antes del arranque del sexenio, pero su aprobación se aceleró en la actual contingencia sanitaria, debido a la sobrepoblación en los penales y el alto riesgo de contagio.

Pero la amnistía aprobada no es para todos. La ley delimita quiénes podrían ser perdonados; en resumen, se trata solo de aquellos detenidos y/o procesados por un tribunal federal por los delitos de:

1)Aborto

2)Robo simple (sin agravantes ni violencia)

3)Ilícitos contra la saludo si se demuestra que el imputado estaba en condiciones de pobreza o si la droga asegurada al detenido era poca y para consumo propio

4)Delitos de disturbios o alteraciones a la seguridad siempre y cuando no sea terrorismo

5)Por cualquier delito para población indígena si su proceso no fue adecuado o no tuvo un intérprete.

*¿Cuántos podrían ser perdonados? Una minoría

Al cierre de 2019 en el país había 200 mil 936 personas recluidas en alguno de los 300 centros penitenciarios del país. De todos ellos solo 29 mil 198, que equivalen a un 14.5%, corresponden a personas cuyo proceso está a cargo de un tribunal federal y por tanto entran en la jurisdicción de la ley aprobada.

Pero como ya se dijo la ley contempla como posibles beneficiarios solo a aquellos procesados a nivel federal en cinco modalidades de delitos. Eso reduce el universo a un 7% del total de la población penitenciaria, con la obvia aclaración de que no todos ellos cumplirían necesariamente con el perfil para ser perdonados.

Animal Político calculó este universo de posibles internos beneficiados a partir de los censos penitenciarios 2019 de INEGI.

En el caso de los procesados por el delito de aborto el impacto de la ley aprobada es nulo pues no hay una sola persona procesada y encarcelada a nivel federal por este delito, ni en penales locales ni en los de la federación.

En el caso de los encarcelados por robo simple, el universo de posibles beneficiados es de 916. En cuanto a la modalidad de ataques a la seguridad que no sean terrorismo, los internos suman 414. A ellos se suman 259 reos federales procedentes de pueblos indígenas, que podrían ser perdonados si sus procesos fueron irregulares.

El universo mas grande (y por mucho) de los posibles beneficiarios de la amnistía es el de procesados por delitos contra la salud a nivel federal que ascienden a 12 mil 934, sin embargo, hay que tomar en cuenta que de todos ellos solo podrían ser perdonados los que cumplan con las condiciones mencionadas antes.

*¿Qué pasaría si amnistía se extiende a estados?

En el hipotético caso de que se crearan leyes de amnistía en todos los estados idénticas a la federal, el universo de reos que posiblemente podrían verse beneficiados crecería exponencialmente, como lo muestran los censos de INEGI.

En el caso de los detenidos por robo simple, por ejemplo, la cifra ascendería de los 916 que hay a nivel federal a 10 mil 842 a nivel estatal, es decir casi doce veces más. En el caso de los recluidos por aborto, mientras que a nivel federal no hay detenidos a nivel estatal hay 74 personas en prisión.

En el caso de los procesados por ataques a la seguridad que no son terrorismo a la cifra de 414 detenidos a nivel federal se agregarían 705 del fuero común, casi el doble.

Y en el caso de los reos de origen indígena que podrían tener derecho a una amnistía, al universo de 259 detenidos del orden federal se sumarían 5 mil 804 del fuero estatal, veinte veces más.

*Pero no hay proceso claro para que suceda

Actualmente no hay ningún procedimiento o plazos en curso para que los estados puedan formular y aplicar leyes de amnistía a nivel local.

La ley de carácter federal que entró en vigor el pasado 23 de abril, solo señala en su artículo tercero transitorio una recomendación genérica para que la Secretaría de Gobernación “promueva” ante los estados la expedición de leyes de amnistía por “delitos similares” a los incluidos en esa misma norma.

*¿Cuándo serán las primeras liberaciones? Lejos de la emergencia

Con el apoyo mayoritario de las bancadas afines al gobierno y críticas de la oposición, el Senado de la República aprobó la Ley de Amnistía y subrayó que la misma ayudaría a prevenir contagios de COVID–19, como puede apreciarse en el comunicado publicado sobre el tema. Pero en realidad, el procedimiento para “perdonar” a internos no es inmediato.

El texto de la ley señala, de entrada, que las solicitudes de amnistía deberán recaer en una “Comisión” que hoy aun no existe. La norma le concedió al Gobierno Federal un plazo máximo de sesenta días naturales a partir de la entrada en vigor de la ley para crearla.

Una vez que la comisión quede integrada esta recibirá las peticiones de amnistía que cada interno presente por separado. Se trata de un proceso individual y a petición del interesado. Presentada la solicitud, la dicha comisión será la responsable de analizar si se reúnen los requisitos para conceder el perdón.

La determinación final de si se concede o no el perdón recaerá finalmente en un juez. La ley contempla un plazo de cuatro meses de duración para este procedimiento. Si el plazo concluye sin que haya respuesta se entenderá por negada la solicitud.

En síntesis y tomando en cuenta este procedimiento, las primeras liberaciones por esta ley podrían tomar varios meses al menos, lo que aleja su impacto de la actual crisis sanitaria que el país se encuentra padeciendo, y cuyo momento mas crítico se prevé en mayo.

Contra el hacinamiento, se queda corta

De acuerdo con datos del OADPRS, de los 300 penales que existen en funcionamiento en el país hay 106 que tienen una mayor cantidad de reos que de espacios disponibles para ellos, es decir, que registran problemas de sobrepoblación. Se trata en todos los casos de penales estatales o municipales, ninguno federal.

Lo anterior significa que la Ley de Amnistía aprobada, que solo beneficia a algunos internos federales, tiene un impacto menor para resolver este problema. Ello ya que la mitad de los presos de esta jurisdicción se encuentran en penales federales que no padecen problemas de hacinamiento.

Por otro lado, hay cárceles estatales que tienen reos federales en sus instalaciones. Las de Ciudad de México son las que albergan la mayor cantidad con más de 2 mil 700 hasta el cierre del año pasado. Pero los centros penitenciarios capitalinos tampoco presentan problemas de sobrepoblación. De hecho, al arranque del año tenían un sobrante de casi 3 mil lugares.

Luego de la capital, los penales del Estado de México y Jalisco concentran la mayor cifra de internos federales con 2 mil 585. En esas entidades sí existen problemas serios de sobrepoblación, sin embargo, aun y cuando salieron todos los reos federales el problema persistiría, ya que el nivel de hacinamiento es de más de 18 mil 800 reos.

Claroscuros para expertos

Sobre la aprobación de la ley de Amnistía los expertos han referido posiciones encontradas. Coinciden en que en términos generales se queda corta si no se acompaña de su extensión hacia las entidades.

Por ejemplo, los investigadores Carlos Rubio y Tania Naanous reconocieron en su artículo publicado en la sección El plumaje de Animal Político como una señal positiva la ley aprobada, pero advierten que “se queda corta” al concentrarse solo en el universo de internos federales lo que no resuelve la sobrepoblación, además de dejar en el aire el procedo de reinserción.

Estefanía Medina, cofundadora de la organización TOJIL: Estrategia contra la Impunidad dijo a este medio que resulta contradictorio que mientras se festeja esta ley se han aprobado en meses anteriores reformas constitucionales que amplían los catálogos de delitos que ameritan prisión automática, algo en lo que coincidieron también Rubio y Naanous.

Medina también aclara que el país ya cuenta con herramientas de alcance nacional para despresurizar el sistema penal, como los “criterios de oportunidad” que permiten al Ministerio Público “perdonar” a detenidos por delitos no graves sin el proceso burocrático que contempla la Ley de Amnistía, o los beneficios de libertad anticipada o condicional para los procesados. En todo caso, dijo, debería reforzarse la aplicación de esas medidas.

El exministro de la Corte, José Ramón Cossío, ha calificado en diversos artículos y entrevistas por su parte como un paso en el sentido correcto la aprobación de la Ley de Amnistía, pues existe un reconocimiento del Estado de que hay personas de cierto perfil que no deben estar en prisión. Pero consideró que el paso obligatorio es que ahora se replique a nivel estatal.

En tanto la organización Comité Cerezo, quien desde el inicio impulsó la formulación de la ley de Amnistía, lamentó el texto aprobado pues dijo que no soluciona el problema de presos políticos a quienes se les fabricó delitos graves, y quedan fuera del catálogo contemplado en la norma.

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Felimar Luque

De vender arepas en un mercado a luchar como médica contra la COVID-19

Felimar Luque temía no volver a trabajar como médica tras emigrar de Venezuela. Pero la falta de personal sanitario que sufren países de la región como Perú ha hecho que vuelva a ejercer.
Felimar Luque
5 de agosto, 2020
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Preparando arepas en la habitación que compartía junto a su hermana en Lima, Felimar Luque temía no volver a ponerse nunca más la bata de médica que se tuvo que quitar cuando salió de Venezuela en busca de un futuro mejor.

Hoy, tras un año en el que vendió arepas en un mercado y medicamentos en una farmacia, vuelve a ejercer la medicina en un hospital. Una oportunidad que ansió durante meses y que no le llegó hasta que ocurrió una tragedia: la pandemia de COVID-19.

“La esperanza era bastante lejana por el tema económico”, cuenta esta ginecóloga de 34 años, a quien se le hacía imposible asumir el costo de homologar su título cuando llegó a Perú el año pasado.

Ahora, ante la falta de profesionales de la salud para atender de los casos de coronavirus que hay a nivel nacional, Luque ha sido contratada para trabajar en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins, el complejo hospitalario más importante de la seguridad social peruana.

Allí, se encarga de evaluar cómo evolucionan cerca de 200 afectados por COVID-19.

Perú ha decidido permitir durante la pandemia la contratación de médicos extranjeros, incluso aquellos que aún no hayan terminado de realizar sus trámites para colegiarse. Es una medida que también han tomado países como Chile, México y España.

Luque ha sido una de las beneficiadas. Como a muchos de los 900,000 venezolanos que emigraron al país andino en los últimos años, a ella, le había tocado empezar desde cero en su nuevo destino.

Es decir: dejar atrás 11 años de estudios universitarios y cuatro de experiencia laboral, para, en cambio, comenzar los días levantándose a las cinco de la mañana para amasar agua y harina P.A.N.

“Despertábamos para hacer las arepas y que estuvieran calientes al momento de venderlas”, recuerda.

Harina P.A.N.

Getty Images
Felimar Duque se despertaba todos los días a las 5am para amasar la harina P.A.N.

“Vendíamos unas 30 o 35… No eran muy grandes porque la harina P.A.N. es importada y costosa y queríamos obtener un poquito de ganancia”, le dice a BBC Mundo por teléfono en el descanso de su turno en el hospital.

A dos soles cada una (0.6 dólares), ganaban entre 18 y 21 dólares cada día. Tres veces más que su sueldo mensual en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, conocido por ser donde murió en 2013 el exmandatario venezolano, Hugo Chávez.

Este monto, sin embargo, era insuficiente para vivir cómodamente en Perú. Así que, recién llegadas a Lima, las hermanas vendían las arepas por las mañanas y dedicaban el resto del día a buscar trabajo.

“El choque emocional era demasiado”, cuenta Luque. “Aparte, jamás había vendido nada”.

“Todo en mi vida había sido estudiar, estudiar, estudiar… El día en que decidí trabajar ya era médico y, desde entonces y ya graduada, nunca había dejado de trabajar”.

Dejar Venezuela

Felimar Luque era en Caracas especialista adjunta del servicio de ginecología de un hospital de nivel 4, el más alto, es decir, con un gran número de camas, área de terapia intensiva y de especialidades.

De pequeña, había decidido ser pediatra después de que una infección gastrointestinal le llevara a acabar ingresada en un hospital.

“Me atendió una excelente pediatra, que fue muy atenta conmigo. A pesar de no tener turnos, se quedó conmigo durante mi hospitalización”, recuerda.

“De ahí le dije a mi mamá: ‘Quiero ser pediatra porque quiero atender a las personas así como ella me atiende a mí”.

Pero, a medida que estudiaba la carrera, fue cambiando de opinión. “Me di cuenta de que la pediatría era bonita, pero a la vez un poco triste“.

“Sobre todo el área oncológica me deprimía, así que dije: ‘No, prefiero ser ginecóloga, que así traes un bebé al mundo y, en la mayoría de los casos, les das una alegría a los familiares”. Todavía recuerda su primer parto: varón, 3.5 kilos.

Felimar Duque con un bebé recién nacido

Felimar Duque
Duque optó por especializarse en ginecología porque el traer bebés al mundo “das una alegría a los familiares”.

Los años tomando notas o sacando fotocopias de libros que no podía permitirse comprar rindieron frutos: se graduó de la Universidad Rómulo Gallegos con notas sobresalientes o, como se dice en Venezuela, cum laude.

Un posgrado después, llegó a ser jefa de servicio en un hospital grande. Pero era un puesto que también tenía desventajas que se hicieron más agudas cuando el país empezó a verse golpeado por una dura crisis económica.

“En 2012 ya empezó el déficit, pero se acentuó muchísimo, muchísimo en 2014. En 2015, ya no teníamos absolutamente nada, teníamos que solicitar al paciente que llevara sus insumos para poder atenderle”, hace memoria.

Alternaba cuatro trabajos en dos clínicas y dos hospitales públicos para poder mantenerse. Le alcanzaba, “ajustadita”, y solo porque vivía sola y no había formado aún una familia.

Pero la falta de condiciones para atender a sus pacientes era lo que más le afectaba.

“El choque no lo vive el director del hospital, lo vives tú como jefe en tu área. Eso ya me tenía un poquito inestable emocionalmente porque decía: ¿Cómo voy a una guardia? Como recurso humano puedo hacer cualquier cosa, pero me atas de manos porque no tengo cómo resolver al paciente porque no tengo insumos”.

Protesta en Venezuela por la crisis hospitalaria

Getty Images
En Venezuela hay una crisis hospitalaria desde hace varios años.

Estas deficiencias le hicieron pasar por situaciones tensas, como cuando tuvo que resguardarse para no ser agredida por el familiar de una paciente.

“Había sido referida de otro hospital y, en ese momento, nosotros no contábamos con servicio de quirófano porque no había aire acondicionado y solo estábamos atendiendo estrictas emergencias”, recuerda.

“La paciente estaba en un inicio de trabajo de parto… Tenía oportunidad de ir a otro centro a ver si la podían atender”. El familiar montó en cólera, estallando en reclamos e insultos contra ella y un colega, que eran los encargados del servicio aquel día.

“Tuvimos que permanecer encerrados en la habitación porque si salíamos nos podían agredir”, afirma.

Choque emocional

Episodios como este la llevaron a iniciar la homologación de su título en España para emigrar allí.

“Mi temor era: ‘se me va a morir una paciente por el simple hecho de que en el hospital no hay tan siquiera sangre para transferirle o no hay una jeringa, nada…’ Que me llegue un paciente crítico y no pueda resolverlo, no porque no tenga conocimiento, sino porque no tengo los recursos para atenderlo”.

Pero las trabas burocráticas, tanto en España como en Venezuela, y la ralentización de los trámites en las instituciones de este último país hizo que, a inicios de 2019, se decidiera a seguir a su hermana a un destino más barato y menos complicado: Perú.

Felimar Luque (izq.) en la sala de partos en Venezuela

Felimar Luque
Practicar medicina en Venezuela se ha vuelto difícil por la falta de recursos.

A diferencia de miles de sus compatriotas, ellas tuvieron la “suerte” de poder viajar hasta allí en avión.

Pero eso no logró amainar un cambio tan brusco: “En Venezuela siempre tuve trabajo, muchísimo trabajo. Pero una vez que vengo para acá, nunca había vendido y había que relacionarse con cualquier persona”.

“Pero era más que todo el choque emocional: eras una persona reconocida en tu país. En mi caso, yo era jefe de servicio porque era especialista adjunta del servicio de ginecología ya con cuatro años de experiencia como tal. Y sí, el choque es bastante fuerte en ese sentido”.

“De verdad que me sentía bastante mal”.

Junto a su hermana, pidieron permiso en un puesto de un mercado cercano a donde vivían para ponerse de pie al lado a vender las arepas. El comerciante se lo permitió.

“Entonces hice mi currículum, lo dejé por locales comerciales, farmacias. Llamaba a los anuncios para cuidar bebés, cuidar abuelitos”. Menos de un mes después de llegar, consiguió empleo en una farmacia donde trabajaba seis días a la semana por el salario mínimo.

Inmigrante venezolana entrando a Perú

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Muchos venezolanos que inmigran a Perú tienen dificultades en buscarse la vida.

¡No tenemos gente!

Poco a poco, fue reuniendo y validando los papeles que necesitaba para homologar su título de médico general.

“Registré mi título… pero hubo un freno porque me exigían estudiar un año más”, cuenta. No podía permitírselo: su hermana tenía problemas para encontrar empleo y de su salario salían la manutención de las dos y el dinero que enviaba a sus padres, en Venezuela.

“Decidimos oye, nada, a reunir plata. A ver si se puede lograr de alguna forma en algunos meses”.

Casi a finales de 2019, vio un anuncio en Instagram: la ONG Unión Venezolana en Perú estaba ayudando a médicos venezolanos a convalidar sus títulos. La organización ha reunido en los últimos dos años un listado de 39,000 inmigrantes venezolanos con estudios, cuyos datos se los ofrece al gobierno peruano para ayudar a cubrir vacantes difíciles de llenar.

Tras una dura selección que empezó con 150 profesionales, Luque acabó siendo una de los 20 que recibió la ayuda de la ONG y de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) para poder colegiarse en Perú.

“Tuve que pasar varias pruebas y cursos”, asegura. “A veces nos decían el mismo día o la noche anterior: ‘Hoy, urgente, tienen que ir a tal sitio’. Y bueno, ese día le pedía permiso a mi jefe y gracias a Dios fue bastante tolerante. Me decía: ‘Tranquila’. Luego, eso sí, tenía que pagarle las horas como sea”.

Pero incluso cuando su nombre apareció oficialmente en la base de datos de médicos colegiados de Perú, encontrar trabajo como tal siguió siendo una tarea complicada.

Coronavirus en Perú

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En algunos lugares de Perú se han visto desbordados por la falta de médicos para combatir el coronavirus.

En tres meses, solo llamaron para dos plazas lejos de Lima, de donde no quería irse.

“Conseguí un puesto de asistente de cirugía plástica. Realmente, no es mi área, solo llenaba historias de los pacientes y hacía las tareas de las enfermeras”.

Con la pandemia, la clínica cerró: “Lo que más me angustiaba era que yo tengo que enviar dinero a Venezuela porque mis papás lo necesitan… Era estresante: quedarte sin dinero en un país donde no tienes nada”.

Hasta que un colega le avisó de que la seguridad social peruana, EsSalud, estaba contratando médicos para afrontar la pandemia de COVID-19.

Como muchos países de la región, Perú cuenta con menos médicos de los que necesita, según refleja un informe del Ministerio de Salud de 2018: apenas 13,6 médicos por cada 10.000 habitantes en vez de los 23 que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).

A esto se suma el hecho de que muchos se han dado de baja porque su edad o historial médico los hace especialmente vulnerables al nuevo coronavirus.

Por ejemplo, en Lambayeque, una de las regiones más afectadas por la pandemia y en la que se han tenido que construir cementerios temporales para enterrar a los muertos por coronavirus, el director del Hospital Regional explicaba a principios de mes que, pese a tener 60 camas libres con punto de oxígeno, no las podía usar:

“¡No tenemos gente! ¡No tenemos gente! ¡No tenemos gente!”, gritaba con desesperación en una entrevista con la emisora pública, RPP.

Talento desaprovechado

Carlos Scull, nombrado embajador de Venezuela en Perú por Juan Guaidó, aseguró en una radio local que hay unos 1.000 médicos venezolanos en Perú -de los que solo entre 200 y 300 están colegiados- y unos 3,000 enfermeros.

Otras fuentes como la campaña “Tu causa es mi causa” eleva a 4,000 el número de médicos venezolanos que podrían unirse al esfuerzo del sistema de salud peruano contra la pandemia.

Trabajadores de la salud con equipos de protección personal frente a una ambulancia en Perú

Getty Images
En Perú hay escasez de trabajadores de la salud para hacerle frente a la pandemia.

Al menos uno de ellos, Felimar Luque, empezó a trabajar en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins el lunes de la semana pasada: “Es hermoso, se parece al hospital en el que yo trabajaba ”.

“Me siento bien, a pesar de la pandemia, haciendo lo que más me gusta”, dice. Ahora gana ocho veces más de lo que recibía en la farmacia. Su hermana, abogada, ha tenido menos suerte y ahora trabaja cuidando a una mujer mayor en una provincia al norte de Lima.

“El venezolano tiene una necesidad de tener un ingreso y ejercer su profesión”, dice Garrinzon González, director de Unión Venezolana en Perú. En los años que lleva frente a la ONG, ha visto a muchos compatriotas experimentados y con estudios superiores haciendo trabajos no cualificados.

“Es un activo que se está perdiendo el Perú en vez de beneficiarse con estos profesionales cuyos estudios fueron un gasto que hizo otro Estado. Y más cuando hay vacantes”, afirma.

Del listado de 39,000 profesionales venezolanos que ofreció al Estado peruano, calcula que solo el 10% consiguió empleo.

Él espera que la experiencia de echar mano de profesionales sanitarios venezolanos durante la pandemia sirva para abrir las puertas a otros sectores.

Luque tiene un contrato de solo tres meses, prorrogable por otros tres meses más si la pandemia se extiende. Aunque, así como cuando soñaba con volver a ponerse la bata mientras preparaba arepas, le sobran esperanzas.

“Aunque el contrato dice ‘solo pandemia’, yo confío, Dios quiera, que nos dejen trabajando como tal. Ya ellos saben que soy especialista, que estoy en proceso de mi registro nacional de especialista acá en Perú. Y si no, bueno, como médico general, que ya tengo todo legal”.

“Si la posibilidad está, sería genial quedarnos acá trabajando”.

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