Bájese, nos va a contagiar: así viven médicos atacados por COVID
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'Se siente frustración, ¿por qué nos agreden?': médicos son discriminados durante emergencia por COVID-19

En México se han incrementado los casos de agresión o discriminación contra personal médico que lucha contra pandemia de COVID-19.
Cuartoscuro
Por Alberto Pradilla y Andrea Vega
14 de abril, 2020
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Andrés se dirigía hacia su trabajo a como médico residente en el hospital Balbuena cuando notó que algo no iba bien. Como siempre, se subió en la combi en dirección a San Lázaro. Ya en el interior percibió que, a su alrededor, un grupo de mujeres cuchicheaba entre sí. Hablaban de él. Y no amistosamente.

Primero le invitaron a bajarse del transporte, argumentando que “podía contagiarlas”.

“Bájese, nos va a contagiar a todas”, le dijeron.

La situación se tensó rápidamente.

“Una de ellas me empezó a jalonear y yo solicité mi parada para evitar altercados. Prácticamente me bajaron de la combi”, dice Andrés, que prefiere no dar su verdadero nombre para evitar problemas.

“Es triste y se siente frustración. Después de aquel día nos enteramos de que otros compañeros estaban siendo discriminados, que no les rentaban casas o que los bajaban del autobús”, explica.

“No sé qué creen que ganan con agredirnos. Nosotros somos los que les vamos a curar”, se queja.

Desde aquel día, el hospital les dio una instrucción: ir a trabajar “vestidos de civil” para evitar agresiones.

En medio de la pandemia, la bata blanca es símbolo de admiración en buenas partes del mundo. Son la resistencia contra el virus, las mujeres y hombres que, con medios escasos, se enfrentan al virus todos los días. En Estados Unidos, Italia o España, miles de ciudadanos muestran su apoyo al personal sanitario con aplausos colectivos desde sus balcones, ya que no pueden salir de casa debido al confinamiento.

Entérate: AMLO pide a trabajadores de Salud entregarse a la causa de salvar vidas y que México sea ejemplo contra COVID-19

En México, sin embargo, se han incrementado las agresiones. Llevar el uniforme blanco puede ser motivo para que te bajen de un transporte público o te impidan el paso a un establecimiento comercial. Hay miedo al contagio y los sanitarios corren el riesgo de ser estigmatizados. Aunque, al menos por ahora, hay más casos denunciados en medios y redes sociales que en las instituciones.

“Miedo, desinformación y desconfianza”

En el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) hay registro únicamente de dos quejas sobre temas relacionados a exclusión de sanitarios a causa de la pandemia.

Se trata de una enfermera de Puebla que denunció que no le habían permitido acceder al transporte público y otra sanitaria quejosa de sus propios compañeros que le habían discriminado porque ella era la que atendía a las personas enfermas de COVID-19.

Son pocas denuncias en relación al total de 86 quejas que la institución tiene registradas en relación a la pandemia. La mayor parte de las reclamaciones son por obligar a trabajar a personas en condición de riesgo por tener enfermedades previas, o personas que tuvieron que acudir a su puesto presencial en lugar de quedarse en casa como recomiendan las autoridades sanitarias.

“El miedo, la desinformación y la desconfianza es lo que provoca esto. Las personas piensan que el personal no está suficientemente entrenado para guardar las medidas higiénicas y creen que son objeto de contagio en sí mismo”, dijo Mónica Maccise, titular del Conapred.

Recordó Maccise que este fenómeno se dio con las personas de rasgos asiáticos al inicio de la pandemia, cuando el primer brote tuvo lugar en la provincia china de Wuhan.

“La gente se alejaba y tuvimos información de que les cancelaban los Uber”, dijo.

Ante el miedo al contagio, Maccise explicó que “con las personas con bata blanca lo que tienes que hacer es guardar la sana distancia. No tienes que atacarlo, sino reconocerlo y validarlo”.

“Estas personas son las que van a salvarnos la vida”, dijo. Por ello, hizo un llamado a las víctimas a denunciar estos hechos, recordando que la institución que dirige puede actuar, bien por medio de comunicados o por medio de oficios, para intentar poner fin a las discriminaciones.

De esa sensación de ser observado con sospecha sabe bien Víctor, dueño de un servicio de ambulancias en la Ciudad de México con siete empleados a su cargo.

“Llegas de repente a un comercio y como te ven uniformado y con la ambulancia las personas que están adentro te cierran. Nosotros nos discutimos. La gente está alterada y espantada”, explicó.

Tanto él como sus siete empleados han sufrido estos desplantes y trata de restarles importancia.

El pasado sábado, sin embargo, dos de sus ambulancias, que se encontraban en el exterior de un taller en la delegación Iztapalapa fueron atacadas. Según aparece en un video de una cámara de seguridad, una persona se baja de un vehículo y prende fuego a los dos motores. “Llevo 26 años trabajando en esto y 10 como propietario de las ambulancias y nunca me había ocurrido algo así”; explica el paramédico, que también ejerce como comandante de la Comisión Nacional de Emergencia AC, una organización sin ánimo de lucro que presta apoyo en salvamento y emergencias.

Una de las líneas de investigación abiertas por Fiscalía es que el ataque tenga que ver con el pánico al coronavirus.

No sería la primera ocasión que ocurre algo así. La secretaría de Salud informó que el domingo, otra ambulancia perteneciente a su servicio fue atacada, también en Iztapalapa, cuando trasladaba a un paciente con síntomas de Covid19.

La lista de casos es larga. En Yucatán, por ejemplo, una enfermera denunció haber sido rociada con cloro. Lo mismo ocurrió en Reynosa, Tamaulipas, según dijo un enfermero. En Nuevo Laredo desconocidos trataron de quemar un hospital que estaba destinado a tratar personas con Covid19. Y en Mexicali empleados de un supermercado local impidieron y corrieron del establecimiento a una enfermera que llevaba su vestimenta profesional realizara sus compras.

Agresiones en los centros hospitalarios

Las agresiones no se limitan al espacio público. También se han registrado en los propios hospitales.

El viernes 10 de abril, por la noche, un paciente, su madre y otro familiar protagonizaron un enfrentamiento con el personal del Hospital General Regional # 1 Dr. Carlos Mac Gregor Sánchez Navarro, del IMSS, mejor conocido como el Gabriel Mancera, por la calle donde se ubica en la Ciudad de México.

En un video grabado por una integrante del personal de la institución y difundido en redes sociales, se observa el intercambio de empujones y jaloneos entre el acompañante del paciente y este mismo con empleados del hospital.

Esto últimos, según se observa en las imágenes, trataban de impedir que el joven, un supuesto paciente de COVID-19, abandonara el lugar.

La mujer que graba el video, y que sale de un área contigua al triage, afirma que el joven es un paciente con coronavirus. “Está contagiando a todo el mundo, está invadiendo áreas libres y limpias, contaminando áreas blancas, está agrediendo y está infectando”, acusa la empleada del hospital.

Sin embargo, uno de los enfermeros confirmó a Animal Político que tal como el familiar del paciente lo dice en el video, la prueba del muchacho para COVID fue negativa y por eso su madre solicitó el alta voluntaria.

El joven llegó el sábado 4 de abril al hospital, ingresó por el triage de urgencias con insuficiencia respiratoria. Por los síntomas –narra el enfermero– se le ubicó en la zona de pacientes sospechosos de COVID, en el lado sur de urgencias. Se le tomó la muestra para hacer la prueba y se envió esta al Centro Médico La Raza, en donde se ubica uno de los laboratorios autorizados para realizarla.

Pero el resultado tardó en llegar. Fue hasta el viernes 10 de abril cuando el paciente y su familia tuvieron el fallo: era negativo. “La madre del joven pidió el alta voluntaria, argumentando que su hijo estaba en mayor riesgo en el hospital, al estar en la zona de casos sospechosos de COVID y tener además una condición adicional de riesgo, y no es que quisiéramos retenerlo a la fuerza, no podemos hacer eso, pero la familia exigía un documento que no se suele entregar en esos casos”.

El papel que pedían, de acuerdo a lo dicho por el enfermero, era el alta (documento que dice diagnóstico de entrada/tratamiento/ y diagnóstico de salida). “Para que les dieran ese papel fue que empezaron a buscar al médico tratante, y ahí vinieron los jaloneos y empujones con el personal. Tuvimos que llamar a una patrulla, los sacaron y ya no supimos qué pasó”.

El mismo enfermero confirma que, en efecto, el joven estaba en mayor riesgo en el hospital, entre los casos sospechosos, y que el problema principal aquí es que los resultados de las pruebas están tardando mucho.

No volverás a verlo si muere en un hospital

Otra agresión ocurrió el jueves 9 de abril, en el Hospital General 48 del IMSS, ubicado en la colonia San Pedro Xalpa, en Azcapotzalco, Ciudad de México, cuando familiares de un paciente con COVID, que estaba en aislamiento desde el lunes 6, recibieron la noticia de que su familiar había fallecido.

Las personas querían verlo por última vez, pero debido al protocolo sanitario y para evitar riesgos de contagio, no se los permitieron.

En un video, difundido en Twitter por una de las empleadas del hospital, se escucha a uno de los familiares gritar: “déjenme pasar a ver a mi hermano, por favor”.

Al no poder ingresar a ver el cuerpo, cuatro hombres y dos mujeres amenazaron con un arma y golpearon a trabajadores del lugar, entre ellos médicos y enfermeras.

Entre los lesionados se encuentran dos vigilantes y un enfermero, quien publicó un mensaje en su cuenta de Facebook: “hoy cuatro hombres y dos mujeres me golpearon porque su familiar murió por COVID-19. Desde el lunes no lo ven, porque está aislado y por la misma razón el paciente tiene un protocolo a seguir. No se entrega así, no tendrás tiempo para despedirlo, no es como otro fallecido, tiene que ser incinerado, ¡no lo volverás a ver si muere dentro de un hospital! ¿Esto nos espera?”

Sin embargo, de acuerdo con el documento “Guía de manejo de cadáveres COVID-19” publicado por la Secretaría de Salud federal, antes de trasladar a la morgue es factible dar acceso a los familiares más cercanos, quienes deberán entrar con equipo de protección y no deberán establecer contacto físico con el cadáver, ni con las superficies que pudieran estar contaminadas.

“El cadáver debe introducirse en una bolsa de traslado para cadáver biodegradable, que reúna las características técnicas sanitarias de resistencia a la presión de los gases en su interior. La introducción en la bolsa se debe realizar dentro de la propia habitación. Una vez que el cadáver esté adecuadamente empacada, se recomienda la desinfección externa de la bolsa con solución de hipoclorito”.

La disposición final, de acuerdo a los lineamientos de la guía, es que el cuerpo se debe cremar; de no ser posible, se practicará la inhumación en sepultura o bóveda. “Si el destino final es entierro este se da en las condiciones habituales. Las cenizas pueden ser objeto de manipulación sin que supongan ningún riesgo”.

Ante el incremento de las agresiones, las instituciones han lanzado llamados a proteger al personal sanitario.

“Todos, si no hemos necesitado un servicio médico, lo vamos a necesitar, siempre, a lo largo de nuestra vida vamos a necesitar de la ayuda de un médico, de una enfermera. Tenemos que respetarlos y apoyarlos, ahora más que nunca tenemos que ser solidarios y fraternos”, dijo el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

A esta petición se sumó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien afirmó que “son nuestros héroes y heroínas, ellos son quienes van a enfrentar la epidemia. Tenemos que manifestarles todo nuestro apoyo no sólo de parte del gobierno sino de la ciudadanía”.

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Por qué la reforma exprés de la Ley de Seguridad de México desafía a Estados Unidos

El Congreso mexicano aprobó nuevas regulaciones para la presencia de agentes extranjeros en México. La ley fue criticada por EE.UU., el país que sería más afectado por las nuevas y más estrictas normas.
17 de diciembre, 2020
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Para el gobierno de México, significa la defensa de la “independencia y soberanía” nacional. Para el de Estados Unidos, “solo beneficia a las violentas organizaciones criminales transnacionales”.

Una reforma a la Ley de Seguridad Nacional que aprobó de forma exprés el Congreso mexicano este martes establece nuevos controles para la presencia de agentes extranjeros en el país.

Pese a que no está dirigida a ningún país en específico, diversos analistas coincidieron al señalar que está claramente enfocada hacia las agencias de inteligencia y combate al narcotráfico de Estados Unidos como consecuencia del reciente caso del general Salvador Cienfuegos.

El exsecretario de la Defensa Nacional fue detenido en octubre en Los Ángeles por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), acusado de vínculos con el narcotráfico, cargos que el general negó. El arresto tuvo lugar luego de una investigación de más de un año de la que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que nunca había sido informado.

“Esta iniciativa de ley fue una especie de desagravio para el ejército mexicano, porque siempre han tenido una muy mala relación con la DEA desde el caso del agente Enrique Camarena (agente de la DEA asesinado en México en 1985). Hay una desconfianza mutua”, le dice a BBC Mundo el analista en seguridad Salvador García Soto.

Tras la detención de Cienfuegos “vino una reacción muy fuerte de las Fuerzas Armadas, que le dijeron al presidente López Obrador que tomara cartas en el asunto, que no permitiera que un extitular de la Defensa fuera tratado de esa manera, de la forma en que lo detuvieron, el trato y las acusaciones”, opina.

El general Salvador Cienfuegos durante un evento militar en Ciudad de México en septiembre de 2016.

Reuters
El exsecretario de la Defensa mexicano fue arrestado en Los Ángeles por agentes de la DEA.

Estados Unidos, por su parte, criticó que esta reforma a la ley implica un retroceso en la cooperación entre ambos países en el combate a los grupos criminales y el narcotráfico, tal y como dijo la semana pasada el fiscal general estadounidense William Barr (quien anunció que dejará su cargo antes de fin de año).

“La aprobación de esta legislación solo puede beneficiar a las violentas organizaciones criminales transnacionales y otros criminales que estamos combatiendo conjuntamente”, dijo Barr en un comunicado cuando el Senado mexicano aprobaba de manera urgente la reforma promovida por el presidente López Obrador.

En respuesta, el líder de la mayoría del partido Morena, de López Obrador, consideró infundados los temores expresados por Barr.

“Al contrario, contar con protocolos claros de intercambio de información hará posible que ahora ambos países puedan tener mayor cantidad de insumos para desarrollar estrategias conjuntas que permitan fortalecer la seguridad nacional en ambos lados de la frontera”, dijo al diario El Sol de México.

Una vista del Senado mexicano

EPA
El Congreso mexicano aprobó en menos de 10 días la reforma propuesta por el Ejecutivo.

Tras recibir luz verde en el Congreso, la ley deberá ahora ser promulgada por el Ejecutivo para que entre en vigor, pero analistas como García Soto advierten desde ya que su formulación podría afectar a los acuerdos de cooperación de México y EU en materia de combate al narcotráfico.

¿Qué cambia en la ley?

La Ley de Seguridad Nacional es la norma que, entre otros aspectos, regula la presencia de los agentes extranjeros que tienen actividades en México.

Durante décadas, agencias estadounidenses como la DEA, el FBI, la ATF o la CIA han operado en México a través de agentes que realizan labores de inteligencia e investigación sobre grupos delictivos.

Pero el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en 1985 a manos del cartel de Guadalajara, aumentó de manera notable la presencia de estos agentes en México. Y su poder se incrementó más en años recientes, explica García Soto.

“En los gobiernos anteriores, principalmente el de Felipe Calderón (2006-2012), hubo una apertura muy amplia a la participación de este tipo de agentes en el país. Se sabía que la DEA coordinaba operativos en México, tenía asignadas unidades de la Secretaría de Marina para detener a narcotraficantes. Prácticamente ellos controlaban una parte de la lucha contra la delincuencia bajo el gobierno de Calderón”, señala el experto.

Un agente de la DEA

Getty Images
La presencia de agentes extranjeros está regulada por la Ley de Seguridad Nacional.

Pero el caso de Cienfuegos, del que el gobierno de México asegura que no supo nada hasta que prácticamente fue detenido, sacudió de nuevo la relación de los dos países.

Ahora, la reformada Ley de Seguridad Nacional obligará a los agentes de otros países desplegados en México a compartir información sobre sus investigaciones con las autoridades mexicanas.

Les prohíbe hacer detenciones, les exige solicitar una autorización para portar armas y establece que no tienen inmunidad judicial en caso de verse involucrados en la comisión de delitos o infracciones, lo cual fue señalado como una de las modificaciones más controvertidas.

Además, garantiza el soporte legal para la expulsión de las agencias que no cumplan con la ley en México.

“Aunque engloba a cualquier otro gobierno que tenga agentes en México, parece que va dedicada especialmente a los agentes de la DEA. Ni siquiera a los de la CIA u otras agencias. Es una dedicatoria expresa para tratar de controlarlos, de regularlos y de tener control de las investigaciones que están realizando”, considera García Soto.

El factor Cienfuegos

Al ser cuestionado sobre el motivo de la reforma, López Obrador dijo que se trataba de una iniciativa para la defensa de la soberanía nacional, pues en el caso del general Cienfuegos “existen acuerdos que no se cumplieron”, señaló.

“Antes, los agentes del gobierno de Estados Unidos entraban, salían y hacían lo que querían y se les permitía todo porque no se defendía el principio de independencia y soberanía de nuestra nación”, apuntó la semana pasada.

López Obrador

EPA
López Obrador dice que esta ley finalmente regulará las actividades de agentes de otros países en México.

Este lunes, la embajadora de México en EU, Martha Bárcena, dijo que “hubo un abuso de confianza” de los estadounidenses al investigar y detener al general sin informar primero a su gobierno.

Para García Soto, es claro que se cometieron excesos en el pasado reciente.

“Tuvieron una especie de manga ancha estas agencias, por encima de la Constitución y de la soberanía. Y ese es el argumento del presidente y de Morena (su partido) para regularlos. Pero también tiene motivaciones políticas”, explica.

“ tiene que ver con una especie de revancha sobre cómo la DEA hizo esto de detener al general y tratarlo como lo trataron, incluida a su familia en la detención. Para poner límites a estas agencias para que no cometan este tipo de actos, lo cual va a ser muy polémico”, pronostica.

Pese a que el caso del Departamento de Justica de EU contra Cienfuegos por presunto narcotráfico estaba listo y en la antesala de un juicio en Nueva York, el mes pasado fue entregado a México tras una negociación con las autoridades estadounidenses.

Cuando pidieron a un juez federal en Nueva York que desestimara los cargos contra el general Cienfuegos, los fiscales estadounidenses citaron “consideraciones sensibles e importantes de política exterior” que, según dijeron, “superaron” el interés del gobierno en continuar con la acusación.

“Si se cometieron crímenes, ahora está en las manos de la fiscalía general (mexicana) investigar, substanciar y sostenerlos”, dijo entonces el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.

Salvador Cienfuegos en un dibujo de la corte

Reuters
El exgeneral Salvador Cienfuegos negó todos los graves cargos en su contra.

“Cuando se negoció la entrega, arguyó razones de seguridad nacional de México”, explica García Soto.

Y esas razones, opina el analista, “eran la rebelión en las Fuerzas Armadas: los mandos militares plantearon que si no había una explicación de EU, o si no se presentaban pruebas contra el general Cienfuegos, o en su defecto lo regresaran, el ejército se saldría de la operación de seguridad del país en el tema del narcotráfico”, añade.

El presidente López Obrador negó haber recibido presiones de las Fuerzas Armadas.

¿Qué consecuencias puede tener la nueva ley?

El fiscal Barr fue enfático al rechazar la reforma de ley mexicana. “Tendría el efecto de dificultar la cooperación entre nuestros países. Haría menos seguros a los ciudadanos de México y EU”, aseguró.

Ante los señalamientos de México sobre cómo se trató el caso de Cienfuegos, el fiscal general dijo que su entrega a la Justicia mexicana demuestra cómo se colabora “dentro del marco de larga data diseñado para abordar de manera conjunta nuestros desafíos compartidos”.

Un agente de la DEA

Getty Images
Los agentes de la DEA han estado en México durante décadas.

Por su parte, el exagente de la DEA Mike Vigil dijo a la emisora Milenio que pese a que hay “muy buenos elementos” mexicanos en materia de combate al narcotráfico, las agencias de EU se reservan información sobre sus operaciones por cuestiones de confianza.

“Hay algunos que son corruptos y entonces es muy difícil compartir toda la información, porque nunca se sabe si va a haber un flujo de información a los narcotraficantes que va a comprometer a agentes de EU, informantes, operativos e investigaciones”, declaró.

Por su parte, el analista en seguridad e inteligencia Ramón Celaya dijo a la agencia EFE que “si no fuera por la información de las agencias americanas en México, no se hubiera logrado la detención del 80% de los capos en los últimos 20 años“.

Para García Soto, esta reforma podría incluso “trastocar convenios internacionales” sobre protección a agentes extranjeros, en particular por el hecho de que pierden la inmunidad de la que han gozado y pueden enfrentar acusaciones en tribunales.

Todo esto entra en juego con la nueva ley.


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