El lunes 27 de abril la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México se unió a la lista de autoridades locales que han implementado medidas extremas para mitigar la propagación de contagios de COVID-19, como el toque de queda, la suspensión de venta de bebidas alcohólicas y la aplicación de multas para las personas que las desacaten.
En el caso de la alcaldía capitalina, gobernada por el político de Morena Víctor Hugo Romo, la medida consiste en establecer la ley seca a partir del próximo 1 de mayo, solo durante fines de semana, además de prohibir la venta de alimentos en los 19 mercados públicos y tianguis locales hasta finalizar la etapa 3.
Además, la Gendarmería realizará recorridos para detectar fiestas con música, si éstas sobrepasan los decibeles permitidos pedirán la suspensión de la reunión. Las personas que no cumplan las disposiciones serán remitidas a un juzgado cívico, anunció la Alcaldía.
El pasado 13 de abril, Animal Político publicó sobre las diferentes medidas adoptadas por autoridades locales de diferentes regiones del país para prevenir los contagios de COVID-19, y que en algunos casos había generado que las comisiones estatales de derechos humanos se pronunciara en contra al considerarlas violatorias de las garantías individuales.
Las autoridades sanitarias a nivel federal también se han pronunciado contra esas medidas. En la conferencia de prensa del domingo 26 de abril, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, se mostró preocupado por el hecho de que algunos municipios en el país estén utilizado la fuerza pública como un mecanismo de coerción hacía los ciudadanos, pues “desde un punto de vista técnico de salud pública esta no es una forma preferente para disminuir la movilidad”.
Explicó que la principal razón para no implementar este tipo de acciones es que las medidas de las autoridades sanitarias fueron diseñadas “para que el sujeto de la intervención no fueran las personas”.
Dijo que contrario a lo que ha ocurrido en otros países como los de Europa occidental, en México las medidas para prevenir los contagios no se han centrado en la gente y eso se debe a las diferencias sociales y económicas existentes entre esas nacionales y la nuestra.
“La intervención está dirigida a los elementos estructurales que hacen que las personas se muevan. Trabajar, ir a la escuela o tener actividades recreativas; el sujeto de la acción es el trabajo, la escuela y los espacios recreativos, no las personas… no existe una justificación legal para este tipo de medidas”, dijo.
Las nuevas acciones
Del 13 de abril a la fecha, sin embargo, otros estados y municipios han adoptado sus propias medidas para prevenir los contagios, pero también han realizado acciones que distan mucho de las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias a nivel federal.
Es el caso del gobierno de Nuevo León que, el pasado 25 de abril, premió con caguamas a un grupo de trabajadores de la construcción que laboran a marchas forzadas para terminar el Hospital General de Sabinas Hidalgo, de acuerdo con lo publicado por el periódico ABC Noticias.
Tras una visita del gobernador Jaime Rodríguez a la obra para ver los avances de la misma, los trabajadores fueron premiados con la repartición de caguamas al término del acto oficial.
Irónicamente Sabinas Hidalgo es uno de los municipios que el pasado 15 de abril implementó un “toque de queda” entre sus ciudadanos, además sus autoridades locales anunciaron arrestos por 36 horas y multas para las personas que no acataran las medidas impuestas.
Lo anterior fue cuestionado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que ordenó no implementarlas. Días antes el organismo estatal se había pronunciado por la misma razón contra las autoridades municipales de Ciénega de Flores, Nuevo León.
En la ciudad de Monterrey, la capital de Nuevo León, también se dio un hecho que fue duramente criticado por los usuarios de redes sociales. El pasado 25 de abril el periódico ABC noticias informó como una ciudadana denunció que tras realizar un reporte de una fiesta de sus vecinos en plena contingencia de COVID-19, elementos de Guardia Civil acudieron al llamado, pero lejos de poner orden los policías salieron con platos cargados de tacos de carne asada.
A tablazos
En Guerrero, al sur del país, circuló un video el pasado 20 de abril en el que se muestra a policías comunitarios del municipio de Teloloapan, propinando tablazos como castigo a personas que salen de sus casas y violan la cuarentena.
Guerrero es uno de los estados que de acuerdo a datos de sus autoridades cuenta con 197 comunidades -de las aproximadamente 5 mil con las que cuenta el Estado- que han decidido cerrarse para impedir el paso del virus. Están concentradas en 65 municipios, con mayoría de la población indígena o mestiza.
El pasado 14 de marzo, Alpoyeca decretó un toque de queda para evitar contagios por COVID-19 e impuso una multa de 5 mil pesos para quien no acatara la medida.
Barricadas, filtro sanitizador y doble no circula
En el municipio de Empalme, Sonora, al noroeste de México, las autoridades municipales colocaron el pasado 25 de abril barricadas de tierra a manera de filtros sanitarios, para prohibir la entrada y salida de vehículos. Medios locales como El Imparcial informaron que solo mantenía una sola entrada a la ciudad donde se instaló un túnel sanitizador, a pesar de que el pasado 8 de abril las autoridades de salud en México informaron que esta medida no funciona y explicaron por qué.
“La concentración del desinfectante podría ser insuficiente para inactivar al virus y el aerosol generado puede facilitar la diseminación del virus que pudiera estar presente en la ropa, cabello o pertenencias de las personas que pasan por el túnel, aumentando el riesgo de dispersión del virus”, dijo la Secretaría de Salud.
El pasado 19 de marzo, Nacozari, Sonora, fue el primer municipio en México que decretó el toque de queda entre sus habitantes, además de establecer una serie de filtros de ingreso a la ciudad.
El 23 de abril, la alcaldía de Ciudad Juárez, Chihuahua, anunció el inició de una serie de obras de repavimentación en una importante arteria en esa localidad, aun cuando dos días antes se había decretado la fase 3 de la contingencia por COVID-19 en todo México.
En Tamaulipas las autoridades estatales establecieron, el pasado jueves 23 de abril, un acuerdo que entre otras cosas ordena un “doble no circula” en Reynosa, Matamoros, Tampico, Altamira, Madero, Mante, San Fernando, Nuevo Laredo, Victoria y Río Bravo. Con excepción de situaciones de urgencia, vehículos oficiales o de dependencias gubernamentales, el transporte de productos agrícolas, pesqueros, pecuarios o agroindustriales, así como para el transporte y circulación del personal médico y sanitario debidamente acreditados.
Las autoridades indiciaron que para las personas que incumplan con las medidas implementadas, serán acreedores a las sanciones establecidas “en los artículos 417 y 427 de la Ley General de Salud, así como 152 y 162 de la Ley de Salud para el Estado de Tamaulipas”, que sin especificar montos establece la posibilidad de imponer multas.
