Cómo funciona el préstamo del BID a empresarios por COVID que AMLO rechaza
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Cómo funcionará el préstamo acordado entre empresarios y el BID por crisis por COVID-19 y que AMLO rechaza

El financiamiento beneficiaría a 30 mil micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por la crisis económica que atraviesa el país.
Cuartoscuro
27 de abril, 2020
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El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó este lunes avalar el préstamo de 12 mil millones de dólares por parte del el Banco Interamericano de Desarrollo (BID Invest) al Consejo Mexicano de Negocios (CMN).

El mandatario nacional criticó que los empresarios estén dando por hecho el financiamiento con solo el aval de las secretarías de Hacienda y Economía y argumentó que el aceptarlo solo endeudaría más al país.

Pero, ¿en qué consiste este préstamo y a quién beneficiaría?, a continuación te lo explicamos.

Para empezar, es importante aclarar que el BID Invest, es decir, el banco que prestaría los 12 mil mdd, es integrante del Grupo Banco Internacional de Desarrollo (Grupo BID).

Lee: 13% de las empresas en México se niegan al cierre por pandemia COVID-19

El Grupo BID es una institución que presta apoyo financiero y técnico a los países de América Latina y el Caribe para reducir las brechas de pobreza y desigualdad. Mientras que BID Invest se enfoca solo en apoyar al sector privado y proyectos sostenibles.

Ambas instituciones funcionan como bancos privados pero pertenecen a los 47 países integrantes de la región y tienen representantes en cada uno de ellos.

Este domingo, BID Invest anunció un acuerdo con el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) que consiste en un financiamiento para las cadenas productivas del país, con el fin de apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPYMEs) frente a la crisis por el COVID-19.

Dicho financiamiento sería de hasta 12 mil millones de dólares anuales.

Hasta ayer en la tarde, según BID Invest, el pacto ya contaba con el respaldo de la Secretaría de Hacienda, mientras que la Secretaría de Economía lo anunció en su cuenta de Twitter.

Según el BID Invest, el préstamo funcionaría a través de un financiamiento de factoraje inverso, el cual es un instrumento que permite a las Mipymes que conforman las cadenas de valor de grandes empresas, obtener una alternativa de financiamiento a tasas atractivas.

Lee: Censo del Bienestar: opacidad en registros y costos, y ahora la base para apoyos por COVID-19

La institución agregó que este producto de crédito, revolvente y con un plazo medio de 90 días, permitirá financiar al año un monto estimado por hasta 12 mil millones de dólares o unos 290 mil millones de pesos para 30 mil Mipymes de México.

Las disposiciones del dinero se podrían hacer tanto en pesos como en dólares, según las necesidades de cada empresa acreditada.

El objetivo del BID Invest al ofrecer este financiamiento era construir un programa de tres mil millones de dólares en líneas de crédito en modalidad de factoraje inverso, que complementaran las líneas de este tipo de programas que el organismo financiero ya tiene en México.

Para poner en marcha el reparto de los recursos, BID Invest buscaría la colaboración y apoyo de la banca comercial local, inversionistas internacionales y de la banca de desarrollo.

¿Qué tiene que ver el gobierno con este trato?

Aunque el presidente López Obrador aseguró que la aceptación de este préstamo dependía de su gobierno, ayer la secretaria de Economía, Graciela Márquez, dijo lo contrario.

En conferencia de prensa, Márquez explicó que se trata de un crédito entre privados “donde el gobierno no tiene injerencia”.

E incluso consideró que “cualquier iniciativa que abone a apoyar a las empresas es bienvenida en un momento en que se están necesitando apoyos”.

Otro que se mostró a favor del pacto, fue el canciller Marcelo Ebrard, quien en su cuenta de Twitter felicitó a las partes por la iniciativa.

Los beneficiados

En un comunicado conjunto,  el BID Invest y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) señalaron que en México que hay 4.1 millones de Mipymes, las cuales se verían beneficiadas con estos créditos.

Agregaron que las Mipymes aportan el 42% del Producto Interno Bruto (PIB) y generan 78% del empleo en el país, y sin embargo solo el 23% de ellas obtiene un financiamiento de la banca comercial, “lo que representa una de las principales limitantes para su expansión y supervivencia”.

El pacto había sido celebrado por los organismos que forman parte del CCE y que agrupan a las micro, pequeñas y medianas empresas, como Concamin, Canacintra, Coparmex, Concanaco Servytur, Consejo Nacional Agropecuario, ANTAD, Comce y Canaco de la capital.

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Vacunas COVID: A qué se debe el secretismo que rodea los contratos entre los gobiernos y las farmacéuticas

Los detalles de los contratos entre algunas grandes farmacéuticas y los gobiernos son confidenciales, lo que ha provocado críticas y sospechas.
28 de enero, 2021
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El mundo entero se disputa una plaza para recibir la vacuna contra el coronavirus, un bien todavía demasiado escaso y producido por pocos laboratorios farmacéuticos.

Los gobiernos firman contratos con las compañías que han desarrollado esas vacunas en tiempo récord y, sin embargo, información crítica de esos acuerdos permanece oculta para el gran público debido a estrictas cláusulas de confidencialidad.

Cuánto cuestan o cómo se distribuirán son detalles que en la mayoría de los casos la ciudadanía desconoce, porque así lo exigen los acuerdos firmados.

En Perú, por ejemplo, las negociaciones entre el gobierno y la compañía Pfizer encallaron por este motivo. Y en Colombia el gobierno afirma que las cláusulas de confidencialidad le impiden ofrecer aún un cronograma claro de vacunación.

El problema es mundial.

En respuesta a una petición de información en el Parlamento Europeo a mediados de noviembre, la comisaria de Salud, Estela Kiriakides, afirmó: “Debido a la naturaleza altamente competitiva de este mercado, la Comisión está legalmente imposibilitada para desvelar la información que contienen estos contratos”.

Y la ministra belga de Presupuesto, Eva de Bleeker, tuvo que retirar poco después de publicarlo un mensaje en Twitter en el que recogía la lista de precios de los laboratorios con los que había negociado la UE.

A las quejas por el incumplimiento de los compromisos adquiridos por algunos fabricantes de vacunas, se suman ahora las de las voces que exigen mayor transparencia en un asunto de salud pública vital.

Y la polémica sigue subiendo de tono, sobre todo en la Unión Europea (UE), enojada después de que los laboratorios Pfizer y AstraZeneca le comunicaran que no estarán en condiciones de suministrar al bloque la cantidad de dosis iniciales acordadas.

Ello ha llevado a que, según fuentes de la UE citadas por la agencia Reuters, desde Bruselas se les exija a las farmacéuticas que hagan públicos los términos de los contratos y amenace con controlar las exportaciones de las vacunas producidas en Europa.

¿Por qué tanto secreto?

Una práctica habitual

Según Jonathan García, experto en salud pública en la Universidad de Harvard, en EE.UU., “esto no es nada nuevo; es frecuente que en los contratos entre los sistemas de salud de los países y las farmacéuticas se incluyan cláusulas de confidencialidad”.

“Los laboratorios buscan fraccionar el mercado para poder negociar precios distintos con los distintos países”, añade.

Esto les permite negociar con los países en función de sus recursos, ofreciéndoles precios más bajos a los países pobres o en desarrollo y exigiendo cantidades más altas a los más ricos.

La compañía AstraZeneca ha revelado que la vacuna que ha desarrollado en colaboración con la Universidad de Oxford tendrá un coste aproximado de entre 3 y 4 dólares por dosis (se requieren dos). Pero el suyo es por ahora un caso excepcional.

Además de los precios, se mantienen muchas veces en secreto la información relativa a la producción y logística, y las conocidas como cláusulas de responsabilidad.

En ellas se estipulan límites a la responsabilidad de los laboratorios en el caso de posibles efectos adversos de los medicamentos y se indica que si hay diferencias no las resolverán los tribunales nacionales, sino unas cortes especiales de arbitraje internacional.

Vacuna de Pfizer.

Reuters
Pfizer es una de las compañías señaladas por la exigencia de confidencialidad en los contratos.

Las voces que reclaman mayor transparencia alertan de que la urgencia por el desarrollo de una vacuna para una enfermedad que se ha cobrado ya más de dos millones de vidas en todo el mundo ha podido llevar a los gobiernos a aceptar limitaciones de responsabilidad aún mayores.

En la Estrategia para la Adquisición de Vacunas que hizo pública la Comisión Europea se decía que “la responsabilidad por el desarrollo y el uso de la vacuna, incluida cualquier indemnización específica requerida, recaerá sobre los Estados miembros que la adquieran”.

El caso de Perú

Un país de América Latina, Perú, se ha convertido en ejemplo destacado de los problemas que acarrea esta limitación de responsabilidad para las farmacéuticas.

Las negociaciones del gobierno peruano con la compañía Pfizer para la adquisición de la vacuna no cuajaron porque, según dijo la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, “se identificaron algunas cláusulas que requerían un análisis más profundo para determinar la compatibilidad con las leyes peruanas y los alcances que puede asumir el Estado”.

BBC Mundo trató de contactar con Pfizer, pero no obtuvo respuesta.

La falta de acuerdo con Pfizer llevó a las autoridades peruanas a buscar otras opciones, como la vacuna del fabricante chino Sinopharm.

Mujer recibe la vacuna en Hungría.

EPA
El ritmo al que avanza la vacunación varía según los países.

Al contrario de lo que sucede en otros países de la región, como Argentina o Chile, la vacunación no ha comenzado aún en Perú y las autoridades no han podido ofrecer un cronograma seguro.

En Colombia, el gobierno ha sido objeto de fuertes críticas por no haber comenzado aún a vacunar a la gente y haber aludido a las cláusulas de confidencialidad para justificar por qué no podía ofrecer aún una fecha para comenzar a hacerlo.

La confidencialidad en los contratos, sin embargo, cuenta con defensores, con base, sobre todo, en los llamados “subsidios cruzados”. Al poder cobrarles más a los países ricos, los laboratorios se ven en condiciones de ofrecer precios asequibles a los países con menos recursos.

El economista David Bardey señala en conversación con BBC Mundo que si hubiera transparencia en los precios de los medicamentos, “sería más complicado para los laboratorios cobrar precios más altos a los países más ricos si estos pueden observar precios menores para otros países”.

“Si queremos que los países más desarrollados paguen más, es mejor que los precios no sean públicos“, indica el experto, que alerta además de que los países más avanzados están adquiriendo muchas más dosis de las que necesitan porque “sus gobiernos tienen una gran presión de su opinión pública y eso los está empujando a una especie de nacionalismo sanitario”.

Se suele aludir también al derecho que tienen las compañías a obtener un beneficio de las grandes inversiones que hacen en investigación.

Y un tercer factor son los derechos de propiedad intelectual. Un experto español en salud pública que prefirió no dar su nombre resume el papel que, a su juicio, están jugando los grandes laboratorios occidentales: “Están defendiendo su patente para evitar que otros la fabriquen en la India y se las vendan a menor coste a los países pobres”.

Ursula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

EPA
Ursula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, se enfrenta al problema de hacer que las farmacéuticas cumplan sus compromisos.

Jonathan García cree que los argumentos a favor de la transparencia ganan valor en el contexto de la pandemia.

“Estamos hablando de una emergencia sanitaria global, de algo que sucede cada 100 años, ante lo que uno esperaría que el sistema utilizara mecanismos mucho más transparentes y buscara un esquema más cooperativo. En cambio vemos que se sigue buscando un mercado monopólico y mantener ventajas en los precios”.

Las diferencias en el acceso a las vacunas han llevado al mundo a un riesgo de “fracaso moral catastrófico”, como definió el director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, el hecho de que los países más necesitados vayan a tener que esperar años para inmunizar a su población.

La historia de las epidemias muestra que no sería la primera vez. Ya sucedió con la poliomielitis y la viruela, enfermedades erradicadas mucho antes en los países más avanzados.

O con el VIH, que todavía diezma a muchas poblaciones africanas cuando los pacientes en el llamado primer mundo han visto prolongada significativamente su esperanza de vida gracias al desarrollo de los tratamientos antirretrovirales.

“Los medicamentos están disponibles; el problema son los costos”, indica García.

Y los países de renta media, como la mayoría de los de América Latina, no pueden permitirse al negociar con los laboratorios la actitud exigente mostrada por la Unión Europea, un bloque formado por 27 estados entre los más prósperos del mundo.

*Con información adicional de Martín Riepl en Lima y Carlos Serrano en Miami.


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