“Es muy triste que al parecer todo el trabajo que se ha venido haciendo en más de mes y medio con todos los departamentos se vino abajo por la irresponsabilidad de unas personas que vinieron del estado de Quintana Roo a visitar a sus parientes”.
Edgar Calderón Sosa, presidente municipal de Peto, Yucatán, difundió este mensaje en un video, a través de su cuenta de Facebook, en referencia a un supuesto primer caso de COVID-19 en la localidad de Xoy.
Horas más tarde, en otra publicación, agregó: “tristemente el señor hace unos días tuvo visita de sus hijos, del vecino estado de Quintana Roo, y ahí están las consecuencias. Hoy nos informan que falleció el señor de la comisaría de Xoy. Estamos en espera de que nos confirmen bien las causas, pero todo parece indicar que es tristemente COVID-19”.
Los hijos de Bernardino Canul Xix acusan a Calderón Sosa de refiriese al caso de su padre, aunque el alcalde nunca lo nombra. Y aseguran que ha desatado un clima de miedo en la comunidad y de discriminación en su contra.
“Nos ha llamado irresponsables públicamente, cuando mi hermano y yo regresamos a casa hace un mes, el 1 de abril. Y no vinimos de visita ni de vacaciones, regresamos porque nos quedamos sin empleo, trabajábamos como meseros en Quintana Roo. Allá se cerró todo y nos quedamos sin trabajo, por eso volvimos”, afirma Luis Alberto Canul.
Y señala enfático que ellos no llevaron el COVID-19 a su comunidad. “No haríamos eso. De hecho, antes de volver, estuvimos 14 días en aislamiento para no poner en riesgo a nuestra gente, y ni entonces ni en estos días mi hermano o yo hemos tenido síntomas de esa enfermedad”.
“Nosotros no estamos saliendo, a pesar de que en el hospital nos dijeron que mi padre no murió de COVID y de que no tenemos síntomas. Pero algunos amigos que nos están apoyando con las compras de los víveres nos dicen que ya hasta a ellos los están mirando feo, llegan a los lugares y la gente se quita”.
Los hechos
El 29 de abril del 2020 falleció Bernardino Canul Xix, residente de la comunidad de Xoy, municipio de Peto, en el Sur de Yucatán. Don Dino, como lo conocían por sus tierras, fue integrante de la Red Mayense de Guardianes de las Semillas y miembro de diversos colectivos, desde los que promovió la siembra del maíz nativo.
De acuerdo a su acta de defunción, expedida en el Hospital 0’horán el 30 de abril en la mañana, después de que le fue practicada la autopsia, Don Dino falleció por insuficiencia respiratoria aguda y neumonía comunitaria.
El guardián del maíz llegó para atención y toma de placas toráxicas el martes 28 de abril a la clínica del sector salud de Peto. Antes, cuenta Luis Alberto, había esperado un largo rato para poder pasar a la cabecera municipal a consulta con un médico particular, debido al retén que el presidente municipal había colocado para controlar el libre tránsito como una de sus medidas de aislamiento social frente a la epidemia de COVID-19 en el país.
Don Bernardino tenía desde hace un año problemas crónicos de bronquitis asmática. En otras ocasiones lo habían tratado con nebulizaciones y fármacos.
Pero esta vez, ante el síntoma de insuficiencia respiratoria, en el centro de salud lo consideraron sospechoso de COViD-19 y lo trasladaron en ambulancia al Hospital O’horán, en la ciudad de Mérida.
En ese hospital se negaron a atenderle, argumentando que por jurisdicción sanitaria no le correspondía ahí, y lo remitieron al hospital de Tekax, donde finalmente lo internaron en la madrugada del día 29.
Sus familiares tuvieron noticias de él hasta el medio día, cuando les dijeron que Don Bernardino había sufrido dos infartos, estaba intubado e iban a trasladarlo a Mérida de nuevo.
Los dichos
Luis Alberto dice que aunque sí les pidieron autorización para hacer ese traslado, no les avisaron el momento en el que salió la ambulancia con su padre rumbo al otro hospital.
“Mi hermano y mi madre estaban afuera y nunca vieron cuando salió. Fue hasta que preguntamos que nos dijeron que ya se lo habían llevado. Nos fuimos para Mérida de inmediato y al llegar al hospital de allá, nos dijeron que mi papá había fallecido en el camino”.
Para la familia lo que vino después fueron señales confusas, el certificado de defunción salió por neumonía comunitaria, sin embargo, el cuerpo sí estaba en una bolsa negra como las que usan para los fallecidos por COVID y la funeraria lo trasladó a la comunidad bajo esas medidas de seguridad, “pero entonces por qué nos lo entregaron y nos permitieron velarlo”, pregunta Luis Alberto.
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Fue en los primeros minutos del jueves 30 cuando el alcalde subió el primero video llamando a la familia irresponsable y anunciando el caso en su cuenta de Facebook, pese a no tener aún los resultados de la prueba. El alcalde señala en uno de los videos que se lo hacía saber a la población, “porque hay que cuidarnos”.
En una carta dirigida a las autoridades sanitarias del estado de Yucatán y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, diversas organizaciones de la sociedad civil, activistas e investigadores, entre estas la propia Guardianes de Semillas del Sur de Yucatán, reclaman que en el caso de Don Dino hubo un manejo inadecuado, negligente y confuso por parte del personal de Peto, Mérida y Tekax, al trasladarlo de un lugar a otro sin razón justificada y sin brindarle la atención oportuna que su condición requería.
También reclaman que la autoridad municipal tuvo una actitud negligente, poco respetuosa y desconsiderada hacia familia, al difundir noticias no confirmadas y responsabilizarla de llevar el COVID a la localidad.
“Este lamentable suceso denota la vulnerabilidad en la que se encuentra la población rural y maya de este estado. Deben tomarse las medidas necesarias para que no vuelva a suceder algo similar”, exige la carta de activistas y organizaciones de la sociedad civil.
El agravio que no termina
Cuando la familia Canul estaba velando a Don Dino, se presentó una persona que dijo venir de la Secretaría de Salud y les entregó un examen practicado al señor en el que el resultado es positivo para SARS-Cov2.
En la plataforma de datos sobre los casos de COVID-19 en el país aparece ya un caso positivo en Peto, registrado el 28 de abril, es el de un hombre de entre 60 y 64 años, Don Dino tenía 60, sin embargo pese a que el señor estuvo ingresado en dos hospitales, aparece señalado como ambulatorio.
Hay además dos casos sospechosos registrados en el municipio, pero Luis Alberto dice que ni a él ni a su hermano les han hecho pruebas ni nadie les ha dado indicación alguna ni seguimiento.
La familia confirma que ellos de todas maneras están aislados aunque ninguno ha presentado síntomas. “Estamos muy dolidos por todo, por la muerte de mi papá, por cómo el alcalde nos tachó públicamente de irresponsables, por como nuestros amigos que nos están ayudando con la compra de víveres nos cuentan que la gente los ve venir y se hace a un lado, nada de esto es justo”.
Además del señalamiento a la familia, el presidente municipal ha colocado filtros para el acceso de las comisarías a la cabecera municipal y en otros puntos, como el mismo lo reconoce en sus mensajes y Facebook, en los que además amenaza con fortalecer “esas murallas”.
En el documento Observaciones sobre violaciones a derechos humanos durante la contingencia sanitaria por COVID-19, la Secretaría de Gobernación cataloga los retenes, cierre de fronteras estatales o municipales, y cierre de carreteras como restricciones severas al libre tránsito, que los estados y municipios no tienen competencia para dictar, salvo que haya una autorización expresa del Consejo de Salubridad General, por ejemplo, para establecer cordones sanitarios.
Más aún, enfatiza, si se argumentara que la autoridad local es competente para asumir estas decisiones, las medidas impuestas con el uso de la fuerza no cumplen con los requisitos de proporcionalidad, propician actos de abuso de autoridad y pueden tener efectos graves sobre el abasto de alimentos y medicinas; el acceso a servicios públicos, como seguridad y saneamiento, y en las cadenas de suministros de insumos esenciales de salud.
La Segob advierte que la pandemia de COVID-19 ha generado actos discriminatorios y discursos de odio e intolerancia que pueden derivar en violencia sobre personas que desarrollan actividades esenciales, como el personal de salud, pero también hacia personas con posible diagnóstico de coronavirus.
