AMLO legaliza intervención militar en 12 tareas policiales
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Cuartoscuro

AMLO legaliza intervención militar en 12 tareas policiales; ONG acusan falta de plazos y controles

El acuerdo oficializa participación de fuerzas armadas en seguridad pública que se contempló hace un año en la reforma de Guardia Nacional, pero organizaciones y experto advierten falta de límites, de plazos y de controles civiles.
Cuartoscuro
Por Arturo Ángel y Alberto Pradilla
12 de mayo, 2020
Comparte

A partir de hoy los elementos del Ejército y la Marina podrán ejecutar legalmente doce funciones de seguridad pública que por definición eran competencia exclusiva de los policías civiles en México, y que van desde la posibilidad de hacer detenciones por cuenta propia, hasta supervisar cruces migratorios o participar en operativos para “reestablecer el orden”.

Lo anterior gracias a una orden del presidente Andrés Manuel López Obrador dada a conocer ayer a través de un acuerdo publicado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el Diario Oficial de la Federación.

Dicha orden se sustenta en una reforma constitucional aprobada el año pasado con motivo de la creación de la Guardia Nacional, la cual habilitaba al presidente a echar mano durante los próximos cinco años de las fuerzas miliares convencionales para funciones policiales.

En el papel se trata, según dicha reforma, de un apoyo solo para situaciones “extraordinarias” y subordinada a un mando civil, mientras se terminaba de conformar y desplegar a la referida Guardia Nacional.

Lee: Opacidad, simulación y dudosa eficacia: La Guardia Nacional a un año de su creación

Sin embargo, especialistas y organizaciones civiles consultadas por Animal Político advirtieron que el acuerdo presidencial no respeta dichas condiciones y por el contrario abre la puerta a una intervención amplia de los militares en la seguridad, sin fijar plazos claros, sin subordinación civil y sin controles externos.

El Colectivo Seguridad Sin Guerra emitió por la noche un posicionamiento en el que acusa que el acuerdo no regula la intervención militar sino, por el contrario le “quita la máscara” al militarismo de la seguridad en el país.

“Un gobierno que esté verdaderamente comprometido con la desmilitarización del país y la construcción de paz, no debería emitir un acuerdo de este tipo, sino reglas claras, objetivos precisos y un sistema de fiscalización y rendición de cuentas mientras continúen en las calles”, señaló el colectivo que agrupa a mas de 30 organizaciones.

La orden: detener, vigilar, asegurar

La orden presidencial publicada faculta a las fuerzas armadas a intervenir y apoyar a en doce acciones distintas de seguridad pública contempladas en el artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional.

Las acciones van desde la implementación de estrategias y operativos para la prevención del delito en general, hasta participar activamente en el resguardo y vigilancia de aduanas, zonas fronterizas, aeropuertos, carreteras federales, puntos migratorios, parques nacionales, instalaciones federales, medios de transporte, entre otros.

También se faculta a soldados y marinos a realizar detenciones o asegurar bienes posiblemente relacionados con algún hecho delictivo, así como preservar lugares relacionados con crímenes y recolectar evidencia en estos. En síntesis, intervenir por su cuenta en caso de que se cometa un delito.

El acuerdo publicado también faculta a las fuerzas armadas permanentes a colaborar con autoridades estatales y municipales en acciones encaminadas a preservar el “orden público” y “reestablecer la paz”.

Control y mando, todo militar

Aunque la reforma constitucional del año pasado establece que la participación de los militares estará subordinada a un mando civil y bajo una estricta fiscalización y control, en realidad el acuerdo publicado ayer no detalla como sería esto.

Lo que se señala es que dicha intervención será “subordinada y complementaria” a la Guardia Nacional, fuerza que aunque por definición es una policía civil en realidad opera bajo un mando operativo totalmente castrense, con más de 80 por ciento de sus elementos adscritos y reclutados por el Ejército, como se documenta en el reportaje Crimen y Violencia en México: la Guerra que no Acaba.

En el punto cuarto del mismo acuerdo se instruye al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana a coordinarse con los titulares de la Defensa y Marina para operar la participación militar, pero no señala ni contempla que él se encuentre al mando de esta colaboración.

En cuanto al tema de la fiscalización de la actuación de las fuerzas armadas, el acuerdo solo señala en su punto quinto que la supervisión y control dependerá de los órganos interno del control de la dependencia que corresponda, es decir de la propia secretaría de la Defensa o Marina. Se trata entonces de un control interno militar.

No es regulación, es cheque en blanco

Expertos en temas de seguridad, fuerzas armadas y derechos humanos criticaron el acuerdo publicado ayer pues sostienen que en lugar de regular con límites, plazos y controles el apoyo del Ejército en seguridad durante los próximos cinco años, legaliza una amplia intervención en tareas que constitucionalmente son ajenas a las fuerzas armadas.

“El transitorio de la reforma del año pasado decía que este apoyo tenía que ser fiscalizado, subordinado y regulado, pero en el acuerdo no hay nada de eso. Esto no es una regulación es un cheque en blanco al Ejército. Es un fraude en la ley y en la práctica”, dijo a este medio Catalina Pérez Correa, doctora en Derecho por la Universidad de Stanford e investigadora del CIDE.

Pérez Correa cuestionó además el hecho de que no se haya contemplado una fiscalización independiente o civil, como ordenaba la reforma, y que se permita a las fuerzas armadas supervisarse así mismas para tareas de seguridad pública que no son de su naturaleza.

En ese sentido Alejandro Hope, experto en temas de seguridad, cuestionó que el acuerdo haya ignorado el tema de la participación “extraordinaria, regulada y subordinada” del Ejército en labores de seguridad pública, pues dijo que no se trata de una simple redacción ni ocurrencia, sino de los límites que establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el uso de militares en labores policiales.

Tanto Correa como Hope criticaron además en que el acuerdo contemple simplemente la intervención militar durante el resto del sexenio sin explicar las condiciones o contexto que obligan a echar mano de ellas. Esto se agrava porque ni siquiera se conoce realmente en que grado de avance se encuentra la conformación de la Guardia Nacional, hecho al que supuestamente está condicionada la participación militar.

“Lo que sí es claro es que en realidad todo queda en manos del Ejército. El desarrollo de la Guardia Nacional depende hoy del Ejército y francamente no veo ningún incentivo para que eso cambie”, añadió.

Ayer el Colectivo Seguridad Sin Guerra, y organizaciones como México Unido contra la Delincuencia también emitieron posicionamientos de rechazo a la orden presidencial por la ausencia de controles, de plazos, y en general de todos los límites que deberían ponérsele a un apoyo que en esencia es excepcional, no permanente.

Las organizaciones coincidieron en que se trata de un paso que en cambio profundiza la militarización de la seguridad que desde hace dos sexenios se ha venido impulsando en tareas de seguridad, en menoscabo del desarrollo de las policías en México.

“Expresamos nuestro rechazo a este nuevo golpe. La situación actual derivada de la pandemia no puede ser una cortina de humo para aprobar leyes que menoscaban nuestro sistema constitucional de frenos y contrapesos o para avanzar el militarismo en el país. Este gobierno se ha quitado la máscara”, dijo Seguridad Sin Guerra.

Es una “tomada de pelo”: activistas

José Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), coincidió con los otros expertos en que el acuerdo del presidente no acota ni regula la intervención militar conforme a los parámetros de la CIDH. En el mejor de los casos legaliza lo que ya ocurría.

“De extraordinario no tiene nada, porque lo ordena. Regulada no es, porque no dice qué puede ni qué no puede hacer, ni objetivos ni tareas. La fiscalización es una tomada de pelo, ya que hemos visto que Sedena no se fiscaliza a sí misma y Marina y Guardia Nacional tampoco. Lo de subordinada es tomada de pelo mayor. Le instruye a Secretaría de Seguridad Pública para coordinarse con secretarios de Defensa y Marina y definir actividades en la que complementarán a la Guardia Nacional. Lo que dice el transitorio es que deben estar subordinados a la autoridad civil, pero aquí les dicen que se pongan de acuerdo”, señala.

“Se perfecciona la política de militarización de la seguridad publicad de López Obrador”, considera Guevara. Reconoce que esto “viene de años atrás” y establece una línea del tiempo desde Calderón, que sacó al ejército a las calles con medidas “inconstitucionales”, Enrique Peña Nieto, que creó una ley de seguridad interior que fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia y el actual gobierno. “Fue más allá. Constitucionalizó la militarización de la seguridad pública, en contra de la propia Constitución, de los tratados internacionales y las recomendaciones internacionales”, dice.

Guevara recordó que la historia ya ha mostrado que la intervención militar sin control ha abierto la puerta a la tortura, la desaparición forzada y graves violaciones a los derechos humanos.

Por su parte, Luis Tapia, coordinador del área jurídica del Centro Pro, indicó que “si lo vemos desde una primera lectura política, el acuerdo viene en un mal momento. El ejército ha ido ganando terreno en varias decisiones del gobierno: encargándose de construir un aeropuerto, trasladando combustible…”

En su opinión, uno de los puntos relevantes es que habilita al ejército para ser el primero en llegar a escenas del crimen. Se trata de algo que ya ocurría, como en la matanza de Tlatlaya, donde, según recuerda Tapia, la CNDH determinó que los militares movieron cuerpos y armas.

“Desde Calderón, cuando se profundiza en la militarización, empieza a ser habitual que el ejército llegue el primero a escena del crimen”, explica.

Coincide con Guevara al considerar que el acuerdo presidencial rompe con principios del artículo transicional, que decía que la actuación de esta fuerza armada debía ser “subordinada y complementaria” a la de la Guardia Nacional.

“Si actúa motu propio sin participación de ninguna fuerza policial civil pierde estos principios”, dice.

“Otra cosa es el hecho de remitir a los órganos de control interno la fiscalización. Está bien documentada por trabajo de organizaciones que los órganos de control interno han servido de tapadera, que no cumple con el deber de fiscalización”, señala.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal

Facebook: la demanda del gobierno de EU contra la red social que busca obligarle a que venda Instagram y WhatsApp

Las autoridades federales acusan a la compañía, propietaria de Instagram y WhatsApp, de prácticas ilegales para impedir la libre competencia.
11 de diciembre, 2020
Comparte

Reguladores federales y fiscales de más de 45 estados de EU demandaron este miércoles a Facebook por lo que consideran prácticas monopólicas para absorber potenciales competidores y asfixiar la libre competencia.

La demanda es uno de los pasos más significativos que ha dado hasta la fecha el gobierno estadounidense contra la compañía tecnológica y, de alcanzar su objetivo, podría llevar a los tribunales a ordenar a Mark Zuckerberg la venta de Instagram y WhatsApp.

Facebook alega que los acuerdos de compra de esas últimas empresas, ahora bajo la lupa de los tribunales, ya recibieron el visto bueno de las autoridades años atrás .

“El gobierno quiere ahora una revisión, enviando a las empresas estadounidenses el mensaje escalofriante de que no hay venta que sea definitiva”, dijo Jennifer Newstead, consejera general de Facebook.

Newstead indicó que la compañía había invertido millones de dólares para que Instagram y WhatsApp fueran exitosos y que Facebook se defendería “vigorosamente” en las cortes.

“Las leyes antimonopolio existen para proteger a los consumidores y promover la innovación, no para castigar a las empresas exitosas”, agregó.

¿En qué consisten las demandas?

Las demandas presentadas por los estados y la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) se centran en la adquisición de Instagram por parte de Facebook en 2012, la compra de WhatsApp en 2014 y las reglas que rigen a los desarrolladores de software externos.

Los demandantes acusan a Facebook de adoptar un enfoque de “comprar o enterrar” a los rivales potenciales, perjudicando a los competidores.

Y, también, a usuarios, que según los fiscales han perdido el control de sus propios datos para respaldar los ingresos publicitarios de la empresa.

Zuckerberg

Reuters
Las demandas citan correos internos de Zuckerberg.

Las demandas citan mensajes internos de Zuckerberg, como un correo electrónico de 2008 que decía que era “mejor comprar que competir”.

“Durante casi una década, Facebook ha utilizado su dominio y poder de monopolio para aplastar a rivales más pequeños y acabar con la competencia, todo a expensas de sus usuarios”, dijo la procuradora general de Nueva York Letitia James, quien lidera la batalla legal de los estados.

“Ninguna empresa debería tener tanto poder sin control sobre nuestras interacciones personales y sociales. Por eso estamos tomando medidas hoy”, agregó.


Una larga batalla legal para Facebook

por James Clayton, corresponsal de tecnología de la BBC para América del Norte

A veces es bastante difícil comprender cuán grande es el poder de esta empresa: Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp e Instagram, todos propiedad de una única compañía

Lo que sostiene la Comisión Federal de Comercio (FTC) es que hay una razón por la que Facebook llegó a dominar este sector tan lucrativo: adquirió la competencia ilegalmente.

Dos personas sostienen sus celulares ante un cartel con el logotipo de WhatsApp.

Getty Images
WhatsApp es una de las apps de mensajería más utilizadas del mundo.

En 2012, Instagram estaba creciendo rápidamente. Facebook estaba preocupado.

Zuckerberg había admitido que Instagram era un competidor y lo compró por una cifra que ahora parece baja: 1.000 millones de dólares.

WhatsApp también estaba creciendo a velocidades increíbles en 2014. ¿Iba a amenazar el propio servicio de mensajería de Facebook? Zuckerberg también lo compró.

Ambas adquisiciones fueron analizadas previamente por la FTC y fueron aprobadas.

The Facebook logo is displayed on a mobile phone

Reuters
El gobierno de Trump ha tenido una relación complicada con Facebook.

Ese es el argumento de Facebook, que compraron estas empresas cuando eran mucho más pequeñas, que no había nada predeterminado sobre su éxito.

En otras palabras, no castiguen a Facebook por crear empresas estadounidenses exitosas.

La separación de Instagram y WhatsApp de Facebook ahora se decidirá en los tribunales, pero estas demandas antimonopolio llevan tiempo.

También habrá una amplia oportunidad para apelaciones, así que no deberíamos esperar una potencial ruptura de Facebook en un futuro mediato.

Pero esto es una indicación más de hacia dónde se dirigen ahora los tribunales y los políticos: las grandes empresas tecnológicas son demasiado grandes a los ojos de muchas personas.

Acusaciones de monopolio

Las demandas ocurren en un momento en el que los reguladores estadounidenses están examinando más de cerca el poder del que disfrutan las empresas de tecnología.

Este verano, los jefes de Google, Amazon, Facebook y Apple se vieron obligados a testificar ante el Congreso, como parte de una investigación más amplia sobre su influencia en el mercado.

En octubre, el Departamento de Justicia demandó a Google, acusando a la empresa de violar las leyes de competencia de Estados Unidos para mantener el monopolio de las búsquedas y la publicidad en internet.

Más de 2.500 millones de personas utilizan una de las aplicaciones de Facebook cada día.

La empresa, valorada en casi US$800.000 millones, emplea a más de 56 mil personas y reportó más de 18 mil millones de dólares en ganancias el año pasado.

El Open Markets Institute, un grupo de expertos de Washington que ha estado presionando a los reguladores para que adopten una postura más agresiva contra las empresas de tecnología, dijo que las demandas eran un “paso crítico” hacia adelante.

“Todavía hay más por hacer, pero este es un gran momento”, escribió la organización en Twitter.


Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=quE5HuMmHoE

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.