AMLO legaliza intervención militar en 12 tareas policiales
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AMLO legaliza intervención militar en 12 tareas policiales; ONG acusan falta de plazos y controles

El acuerdo oficializa participación de fuerzas armadas en seguridad pública que se contempló hace un año en la reforma de Guardia Nacional, pero organizaciones y experto advierten falta de límites, de plazos y de controles civiles.
Cuartoscuro
Por Arturo Ángel y Alberto Pradilla
12 de mayo, 2020
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A partir de hoy los elementos del Ejército y la Marina podrán ejecutar legalmente doce funciones de seguridad pública que por definición eran competencia exclusiva de los policías civiles en México, y que van desde la posibilidad de hacer detenciones por cuenta propia, hasta supervisar cruces migratorios o participar en operativos para “reestablecer el orden”.

Lo anterior gracias a una orden del presidente Andrés Manuel López Obrador dada a conocer ayer a través de un acuerdo publicado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el Diario Oficial de la Federación.

Dicha orden se sustenta en una reforma constitucional aprobada el año pasado con motivo de la creación de la Guardia Nacional, la cual habilitaba al presidente a echar mano durante los próximos cinco años de las fuerzas miliares convencionales para funciones policiales.

En el papel se trata, según dicha reforma, de un apoyo solo para situaciones “extraordinarias” y subordinada a un mando civil, mientras se terminaba de conformar y desplegar a la referida Guardia Nacional.

Lee: Opacidad, simulación y dudosa eficacia: La Guardia Nacional a un año de su creación

Sin embargo, especialistas y organizaciones civiles consultadas por Animal Político advirtieron que el acuerdo presidencial no respeta dichas condiciones y por el contrario abre la puerta a una intervención amplia de los militares en la seguridad, sin fijar plazos claros, sin subordinación civil y sin controles externos.

El Colectivo Seguridad Sin Guerra emitió por la noche un posicionamiento en el que acusa que el acuerdo no regula la intervención militar sino, por el contrario le “quita la máscara” al militarismo de la seguridad en el país.

“Un gobierno que esté verdaderamente comprometido con la desmilitarización del país y la construcción de paz, no debería emitir un acuerdo de este tipo, sino reglas claras, objetivos precisos y un sistema de fiscalización y rendición de cuentas mientras continúen en las calles”, señaló el colectivo que agrupa a mas de 30 organizaciones.

La orden: detener, vigilar, asegurar

La orden presidencial publicada faculta a las fuerzas armadas a intervenir y apoyar a en doce acciones distintas de seguridad pública contempladas en el artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional.

Las acciones van desde la implementación de estrategias y operativos para la prevención del delito en general, hasta participar activamente en el resguardo y vigilancia de aduanas, zonas fronterizas, aeropuertos, carreteras federales, puntos migratorios, parques nacionales, instalaciones federales, medios de transporte, entre otros.

También se faculta a soldados y marinos a realizar detenciones o asegurar bienes posiblemente relacionados con algún hecho delictivo, así como preservar lugares relacionados con crímenes y recolectar evidencia en estos. En síntesis, intervenir por su cuenta en caso de que se cometa un delito.

El acuerdo publicado también faculta a las fuerzas armadas permanentes a colaborar con autoridades estatales y municipales en acciones encaminadas a preservar el “orden público” y “reestablecer la paz”.

Control y mando, todo militar

Aunque la reforma constitucional del año pasado establece que la participación de los militares estará subordinada a un mando civil y bajo una estricta fiscalización y control, en realidad el acuerdo publicado ayer no detalla como sería esto.

Lo que se señala es que dicha intervención será “subordinada y complementaria” a la Guardia Nacional, fuerza que aunque por definición es una policía civil en realidad opera bajo un mando operativo totalmente castrense, con más de 80 por ciento de sus elementos adscritos y reclutados por el Ejército, como se documenta en el reportaje Crimen y Violencia en México: la Guerra que no Acaba.

En el punto cuarto del mismo acuerdo se instruye al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana a coordinarse con los titulares de la Defensa y Marina para operar la participación militar, pero no señala ni contempla que él se encuentre al mando de esta colaboración.

En cuanto al tema de la fiscalización de la actuación de las fuerzas armadas, el acuerdo solo señala en su punto quinto que la supervisión y control dependerá de los órganos interno del control de la dependencia que corresponda, es decir de la propia secretaría de la Defensa o Marina. Se trata entonces de un control interno militar.

No es regulación, es cheque en blanco

Expertos en temas de seguridad, fuerzas armadas y derechos humanos criticaron el acuerdo publicado ayer pues sostienen que en lugar de regular con límites, plazos y controles el apoyo del Ejército en seguridad durante los próximos cinco años, legaliza una amplia intervención en tareas que constitucionalmente son ajenas a las fuerzas armadas.

“El transitorio de la reforma del año pasado decía que este apoyo tenía que ser fiscalizado, subordinado y regulado, pero en el acuerdo no hay nada de eso. Esto no es una regulación es un cheque en blanco al Ejército. Es un fraude en la ley y en la práctica”, dijo a este medio Catalina Pérez Correa, doctora en Derecho por la Universidad de Stanford e investigadora del CIDE.

Pérez Correa cuestionó además el hecho de que no se haya contemplado una fiscalización independiente o civil, como ordenaba la reforma, y que se permita a las fuerzas armadas supervisarse así mismas para tareas de seguridad pública que no son de su naturaleza.

En ese sentido Alejandro Hope, experto en temas de seguridad, cuestionó que el acuerdo haya ignorado el tema de la participación “extraordinaria, regulada y subordinada” del Ejército en labores de seguridad pública, pues dijo que no se trata de una simple redacción ni ocurrencia, sino de los límites que establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el uso de militares en labores policiales.

Tanto Correa como Hope criticaron además en que el acuerdo contemple simplemente la intervención militar durante el resto del sexenio sin explicar las condiciones o contexto que obligan a echar mano de ellas. Esto se agrava porque ni siquiera se conoce realmente en que grado de avance se encuentra la conformación de la Guardia Nacional, hecho al que supuestamente está condicionada la participación militar.

“Lo que sí es claro es que en realidad todo queda en manos del Ejército. El desarrollo de la Guardia Nacional depende hoy del Ejército y francamente no veo ningún incentivo para que eso cambie”, añadió.

Ayer el Colectivo Seguridad Sin Guerra, y organizaciones como México Unido contra la Delincuencia también emitieron posicionamientos de rechazo a la orden presidencial por la ausencia de controles, de plazos, y en general de todos los límites que deberían ponérsele a un apoyo que en esencia es excepcional, no permanente.

Las organizaciones coincidieron en que se trata de un paso que en cambio profundiza la militarización de la seguridad que desde hace dos sexenios se ha venido impulsando en tareas de seguridad, en menoscabo del desarrollo de las policías en México.

“Expresamos nuestro rechazo a este nuevo golpe. La situación actual derivada de la pandemia no puede ser una cortina de humo para aprobar leyes que menoscaban nuestro sistema constitucional de frenos y contrapesos o para avanzar el militarismo en el país. Este gobierno se ha quitado la máscara”, dijo Seguridad Sin Guerra.

Es una “tomada de pelo”: activistas

José Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), coincidió con los otros expertos en que el acuerdo del presidente no acota ni regula la intervención militar conforme a los parámetros de la CIDH. En el mejor de los casos legaliza lo que ya ocurría.

“De extraordinario no tiene nada, porque lo ordena. Regulada no es, porque no dice qué puede ni qué no puede hacer, ni objetivos ni tareas. La fiscalización es una tomada de pelo, ya que hemos visto que Sedena no se fiscaliza a sí misma y Marina y Guardia Nacional tampoco. Lo de subordinada es tomada de pelo mayor. Le instruye a Secretaría de Seguridad Pública para coordinarse con secretarios de Defensa y Marina y definir actividades en la que complementarán a la Guardia Nacional. Lo que dice el transitorio es que deben estar subordinados a la autoridad civil, pero aquí les dicen que se pongan de acuerdo”, señala.

“Se perfecciona la política de militarización de la seguridad publicad de López Obrador”, considera Guevara. Reconoce que esto “viene de años atrás” y establece una línea del tiempo desde Calderón, que sacó al ejército a las calles con medidas “inconstitucionales”, Enrique Peña Nieto, que creó una ley de seguridad interior que fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia y el actual gobierno. “Fue más allá. Constitucionalizó la militarización de la seguridad pública, en contra de la propia Constitución, de los tratados internacionales y las recomendaciones internacionales”, dice.

Guevara recordó que la historia ya ha mostrado que la intervención militar sin control ha abierto la puerta a la tortura, la desaparición forzada y graves violaciones a los derechos humanos.

Por su parte, Luis Tapia, coordinador del área jurídica del Centro Pro, indicó que “si lo vemos desde una primera lectura política, el acuerdo viene en un mal momento. El ejército ha ido ganando terreno en varias decisiones del gobierno: encargándose de construir un aeropuerto, trasladando combustible…”

En su opinión, uno de los puntos relevantes es que habilita al ejército para ser el primero en llegar a escenas del crimen. Se trata de algo que ya ocurría, como en la matanza de Tlatlaya, donde, según recuerda Tapia, la CNDH determinó que los militares movieron cuerpos y armas.

“Desde Calderón, cuando se profundiza en la militarización, empieza a ser habitual que el ejército llegue el primero a escena del crimen”, explica.

Coincide con Guevara al considerar que el acuerdo presidencial rompe con principios del artículo transicional, que decía que la actuación de esta fuerza armada debía ser “subordinada y complementaria” a la de la Guardia Nacional.

“Si actúa motu propio sin participación de ninguna fuerza policial civil pierde estos principios”, dice.

“Otra cosa es el hecho de remitir a los órganos de control interno la fiscalización. Está bien documentada por trabajo de organizaciones que los órganos de control interno han servido de tapadera, que no cumple con el deber de fiscalización”, señala.

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Burnout: qué es el síndrome de estar ‘quemado’ por el trabajo y cómo combatirlo

Fruto del estrés laboral crónico, el síndrome es uno de los principales problemas de salud mental y la antesala de muchas patologías psíquicas que puede empeorar con la pandemia.
16 de julio, 2021
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¿Se ha encontrado en alguna ocasión de su vida agotado física y mentalmente? ¿Ha tenido una actitud de indiferencia y desapego en el trabajo? ¿Se ha sentido desmotivado, frustrado y ha disminuido su productividad laboral?

Si la respuesta a estas preguntas es afirmativa entonces ha sufrido el síndrome de burnout o síndrome del “quemado”.

Catalogado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un riesgo laboral en 2019, se incluyó en la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Conexos (CIE-11), cuya entrada en vigor se ha fijado para el 1 de enero de 2022.

Se trata de un trastorno cada vez más conocido y diagnosticado.

Combina factores de riesgo personales con factores de riesgo relacionados con la organización.

De hecho, es uno de los principales problemas de salud mental y la antesala de muchas patologías psíquicas.

Un chico tapándose la cara

Getty Images

Origen del síndrome

El término “burnout” fue descrito por primera vez en 1974 por el psicoanalista Herbert Freudenberger.

Observó en una clínica para toxicómanos en Nueva York cómo la mayoría de los voluntarios tenía una pérdida de energía progresiva hasta llegar al agotamiento.

También detectó síntomas de ansiedad, depresión y desmotivación en el trabajo, además de agresividad hacia los pacientes al cabo de un año de estar trabajando.

Su descripción fue la siguiente: “Una sensación de fracaso y una experiencia agotadora que resulta de una sobrecarga por exigencias de energía, recursos personales o fuerza espiritual del trabajador”.

Doctora en su oficina

Getty Images

Principales características

El síndrome es consecuencia de un estrés laboral crónico.

Suele aparecer en personas cuya profesión demanda entrega y dedicación a los demás, como es el caso de la enseñanza, la salud o los servicios sociales.

Afecta especialmente a los profesionales de la salud, dado que se encuentran expuestos al sufrimiento humano y a la muerte.

Además tienen un alto nivel de exposición laboral, con largas jornadas de trabajo y un nivel elevado de exigencia y sobrecarga de tareas.

Esta exposición a largo plazo genera una pérdida de energía, un sentimiento de falta de realización personal y una despersonalización que pueden ocasionar trastornos de salud y poca motivación para el trabajo, generando errores y deterioro de la calidad del servicio.

Hombre en la cama, mirando el celular durante la noche

Getty Images

Tres componentes significativos caracterizan al síndrome del quemado:

  1. Estado de agotamiento emocional: sentimiento de estar sobrepasados emocionalmente y exhausto en el trabajo.
  2. Actitud cínica o distante frente al trabajo: percepción deshumanizada de las personas con las que nos relacionamos en el trabajo.
  3. Sensación de ineficacia, de no hacer bien las tareas: insatisfacción en el trabajo con sentimientos de descontento y desmotivación.

Instrumentos de evaluación

Existen varios instrumentos para medir el desgaste profesional por parte de los médicos.

Uno de los más conocidos es la escala de Maslach o Maslach Burnout Inventory, que consta de 22 ítems en forma de afirmaciones sobre los sentimientos y actitudes del profesional.

Otra escala es el inventario de burnout de Conpenhague, compuesto por 19 preguntas divididas en tres escalas para medir el agotamiento personal.

Ambos instrumentos son de utilidad para poder determinar si un trabajador sufre el síndrome del quemado.

Pero los tiene que utilizar un profesional, para realizar una correcta interpretación.

Edificio de oficinas con muchas personas trabajando de noche

Getty Images
Algunas sociedades glorifican el exceso de trabajo hasta el punto de agotamiento.

Otros factores que influyen

Existen varios factores que influyen en este síndrome.

Estos son los más destacables:

  1. Los turnos laborales y el horario de trabajo. Tienen influencias biológicas y emocionales claras: alteraciones del ritmo cardiaco, ciclo sueño-vigilia, etc.
  2. La seguridad y estabilidad del trabajo, especialmente en época de crisis. Perder el trabajo o estar bajo la presión de perderlo durante un tiempo prolongado.
  3. Falta de formación profesional para desempeñar las tareas y falta de asertividad. No estar preparado y, por lo tanto, no poder hacer correctamente el trabajo. No saber decir no y asumir más carga de trabajo de la que podemos llevar a cabo.
  4. La estructura y clima organizacional: organizaciones complejas, con muchos requerimientos, exceso de burocracia y responsabilidades que pueden afectar al grado de control del individuo, incluyendo un alto nivel de estrés, carga de trabajo excesiva o poca autonomía profesional.
  5. Las relaciones interpersonales con otros compañeros de trabajo basadas en la falta de confianza, poca o escasa cooperación o destructivas, con altos niveles de tensión.

Además de lo anteriormente expuesto, a nivel personal hay una serie de factores de riesgo, como son: el deseo de destacar y ser brillante, la autoexigencia, una baja tolerancia al fracaso, el perfeccionismo, la ambición, creerse indispensable, tener pocos intereses fuera del trabajo o ser excesivamente idealistas.

Bañistas sentados frente a la playa

Getty Images

¿Cómo lo podemos prevenir?

Existen algunas medidas eficaces:

  • Dar información sobre el síndrome de burnout, sus síntomas y consecuencias, de manera que lo podamos detectar de forma rápida.
  • Permanecer atentos a las condiciones del ambiente laboral.
  • Impartir formación sobre habilidades sociales y estrategias para enfrentarse a los cambios.
  • Fomentar actividades extralaborales.

Es muy importante no estar centrados en temas de trabajo siempre, dentro y fuera, sino romper y mantener una vida activa desconectados del trabajo.

Mejor tratamiento

El tratamiento se centra principalmente en la atención a la disminución del estrés o el desarrollo de nuevos hábitos positivos que reduzcan la aparición del mismo.

Trabajar la resiliencia es muy importante, para que la persona pueda aprender, mejorar y recuperarse.

La mejora de la autoestima, el ajuste de las expectativas a la realidad o el fomento de hábitos saludables, además de contar con herramientas para combatir el estrés, nos darán la llave del éxito frente a una enfermedad que ha crecido durante la pandemia.

*Fernando Díez Ruiz es profesor doctor en la Facultad de Psicología y Educación de la Universidad de Deusto y Pedro César Martínez Morán es director del Máster en Recursos Humanos de ICADE Business School de la Universidad Pontificia Comillas.

Esta nota apareció originalmente en The Conversation y se publica aquí bajo una licencia de Creative Commons.

Lee el artículo original aquí.


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