AMLO dice que hay un programa de protección a mujeres, pero no se sabe cuál es
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Cuartoscuro / Archivo

AMLO asegura que hay un programa de protección a mujeres, pero en gobierno no detallan cuál es

Comunicación Social del Instituto Nacional de las Mujeres comentó que el presidente se refería a todas las acciones que realiza el gobierno, a la vocería de Presidencia se le pidió aclarar la información, pero no hubo respuesta.
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8 de mayo, 2020
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En la conferencia matutina del jueves 7 de mayo, tras las críticas porque un día antes negó el aumento de la violencia contra las mujeres, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó los cuestionamientos y dijo que tiene la conciencia tranquila porque “hay un programa amplio de protección a las mujeres”. Pero no especificó a qué programa se refería ni dio más detalles en su respuesta sobre el tema de la violencia machista, que duró tan solo un minuto.

“Nosotros protegemos a todos, le damos atención preferente a los pobres y desde luego que protegemos a las mujeres, hay un programa amplio de protección a las mujeres, estamos en contra de la violencia que se lleva a cabo contra mujeres, el feminicidio, constantemente estamos trabajado en eso”, dijo el mandatario.

Lee: Falso que la violencia contra las mujeres no ha subido, como dijo AMLO

Animal Político pidió a la vocería de Presidencia aclarar la información, pero no hubo respuesta. Comunicación Social del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) comentó que el presidente se refería a todas las acciones que realiza el gobierno en esta materia. Y la Secretaría de Gobernación (Segob) señaló que solo se dará información sobre el tema de violencia de género el día 25 de cada mes. Esto a pesar de que se le hizo ver que cada día hay 3 mil 720 llamadas de mujeres pidiendo ayuda al 911.

Apenas un día antes, activistas denunciaron la falta de políticas públicas del actual gobierno para atender la problemática, ya que ni siquiera se han publicado los planes sexenales que legalmente está obligado a crear, de acuerdo con lo establecido por el Plan Nacional de Desarrollo: el Programa Nacional por una Vida sin Violencia (Pronavi) y el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (Proigualdad) 2019-2024.

Aunque estos Programas específicos se suelen publicar en el primer año de gobierno (en el sexenio pasado el Proigualdad salió a los seis meses de iniciar la administración), este lleva ya un año y medio de retraso. El Inmujeres informó en noviembre de 2019 que había concluido el proceso de consultas ciudadanas para la redacción del Proigualdad, en las que participaron 400 personas, pero seis meses después, aún no hay fecha para su publicación.

La directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Tania Reneaum, señaló en entrevista que es grave que quedan cuatro años y medio de gobierno, lo cual no es tiempo suficiente para sentar bases de una política de Estado, y además esos programas tienen que ser replicados en los estados, pero sin el Plan Nacional, no tienen una directriz para crear sus propios programas.

“El tema de estos programas es que no solamente son un deber legal, sino también que al momento que se publican en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se convierten en política pública sujeta a identificación de presupuestos. Es decir, mientras haya acciones aisladas puede estar bien, pero no hay una política de Estado para prevenir las violencias contra las mujeres y para promover la igualdad”, comentó.

“¿Qué implica además de que no tenga presupuesto? La otra cosa es que cuando las instancias del Estado tienen que ir a rendir cuentas al Congreso, el Congreso no tiene elementos cuantitativos para preguntar. Por ejemplo, cómo están cumpliéndose los objetivos de los programas, o qué resultado está dando el etiquetamiento de ese dinero. Entonces no solamente es algo del ámbito del Ejecutivo, sino que luego se traslada al Legislativo porque si no hay programa, no hay materia para dar seguimiento”.

Otro ejemplo es que el 6 de marzo de 2019, López Obrador presentó también en su conferencia matutina un “Plan emergente para garantizar la integridad, la seguridad y la vida de las mujeres y las niñas en México”. Sin embargo, es una presentación de 10 páginas con ilustraciones que nunca apareció en el DOF.

Entérate: No ha aumentado la violencia contra mujeres en cuarentena, hay mucha fraternidad familiar: AMLO

“Tendría que estar publicado en el Diario Oficial porque si no, no es otra cosa más que un powerpoint. En cambio cuando está en el DOF, cambia y se convierte en una política pública sujeta de presupuesto, de seguimiento y de entender cuáles son las obligaciones de las Secretarías de Estado que tienen que participar en la ejecución de ese plan, porque ese plan emergente, hay una parte preventiva y una parte de atención que no solamente es del Instituto Nacional de las Mujeres, hay participación de más organismos públicos que hoy no conocen sus obligaciones porque no está publicado”, subrayó.

Renaum lamentó la enorme contradicción que parece haber en este gobierno en cuanto a atención a las mujeres, ya que reconoció que las titulares de Inmujeres y de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), Nadine Gasman y Candelaria Ochoa, son personas muy preparadas en el tema, “feministas de toda la vida”, y quizá nunca se había visto que el gobierno tuviera en esos cargos a mujeres que sean tan grandes aliadas de las causas feministas, y sin embargo, las políticas que les toca desarrollar, no están.

Otra política que este gobierno prometió impulsar es la estrategia de Puertas Violetas, que son el mismo modelo de Refugios para Mujeres Víctimas de Violencia creado por la sociedad civil, y se adoptó a partir de marzo del año pasado cuando López Obrador dio la orden de no seguir dando dinero a asociaciones civiles y dijo que el gobierno tenía que asumir esa tarea.

Hasta antes de empezar la pandemia, según informó a Animal Político la responsable, Alicia Leal, solo se habían abierto en cuatro entidades: en Nicolás Romero, Estado de México; San Luis Potosí en la capital; en Puruándiro, Michoacán; y nueve en varios municipios de Nuevo León, aunque algunos de estos ya existían previamente, de la asociación Alternativas Pacíficas.

La directora de la Red Nacional de Refugios, Wendy Figueroa, y de Amnistía Internacional, Tania Reneaum, lamentaron en conferencia de prensa el miércoles que la atención a la violencia de género ha sido política de gobierno pero no de Estado, es decir, que no se han creado sexenio tras sexenio acciones a las que se les dé seguimiento. Reneaum recordó que México tiene una sanción internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso “Campo Algodonero”, sobre las llamadas muertas de Juárez, por no cumplir su obligación de prevenir los feminicidios.

Agregó que durante 15 años solo se han fomentado las políticas punitivas, es decir, aumentar el catálogo de delitos o las penas, como el incremento reciente de 5 años de cárcel al feminicidio, pero  no se hacen políticas de prevención. Las acciones han resultado fallidas porque no han disminuido las agresiones contra mujeres, y por eso, concluyó, actualmente con el confinamiento para controlar la pandemia de COVID-19 las mujeres no están seguras en sus casas.

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Elecciones de mitad de período en Estados Unidos: ¿por qué la esclavitud está en las boletas de 5 estados?

La abolición de la esclavitud en Estados Unidos se estableció en 1865. Pero hay excepciones en algunos lugares. Los votantes decidirán en las elecciones del próximo 8 de noviembre si las mantienen.
6 de noviembre, 2022
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Han pasado 157 años desde que Estados Unidos prohibió la esclavitud, entendida como el acto por el cual una persona es propiedad legal de otra. Sin embargo, existe una exención para los presos condenados.

En la mayor parte de Estados Unidos, la esclavitud sigue siendo legal como castigo por un delito.

Pero el 8 de noviembre, los votantes de cinco estados (Alabama, Luisiana, Oregón, Tennessee y Vermont) decidirán si eliminan estas exenciones de sus constituciones estatales en un esfuerzo por prohibir la esclavitud por completo.

El resultado podría permitir que los presos dejen de estar sujetos al trabajo forzoso.

Unos 800 mil encarcelados trabajan actualmente a cambio de unos centavos, o a cambio de nada en absoluto.

Siete estados no pagan a los trabajadores presos ningún salario por la mayoría de las asignaciones de trabajo.

Los partidarios del cambio dicen que se trata de un vacío legal que permite la explotación y que debe terminarse.

Pero los críticos argumentan que eliminar esa exención no es asequible económicamente y que podría tener consecuencias no deseadas en el sistema de justicia penal.

“Trabajé durante 25 años y regresé a casa con US$124”

El sistema moderno tiene sus raíces en los siglos de esclavitud de los afroestadounidenses, dicen los investigadores de derechos humanos.

Curtis Ray Davis

Curtis Ray Davis
Davis escribió un libro sobre su experiencia en la cárcel de Luisiana.

En los años posteriores a la prohibición de la esclavitud, se aprobaron leyes que tenían como objetivo específico reprimir a las comunidades negras y que las obligaban a ingresar en prisiones donde se les exigiría que trabajaran.

En la actualidad, algunos estadounidenses negros encarcelados todavía se ven obligados a recoger algodón y otros cultivos en las plantaciones del sur donde sus antepasados fueron encadenados.

“Estados Unidos de América nunca tuvo un día sin esclavitud codificada”, dice Curtis Ray Davis II, quien pasó más de 25 años cumpliendo trabajos forzados en una prisión de Luisiana por un asesinato que no cometió, antes de ser indultado en 2019.

Davis tuvo una variedad de trabajos en la Penitenciaría Estatal de Luisiana -apodada “Angola”, por el país del que fueron llevados muchos de los esclavos africanos a esa área.

“Trabajé durante 25 años y regresé a casa con US$124”, describe Davis, a quien nunca le pagaron más de 20 centavos por hora por su trabajo. Fue “contra mi voluntad y a punta de pistola”, asegura.

Alrededor del 75% de los presos en la penitenciaría son negros, según Innocence Project, un grupo que trabaja para exonerar a los reos condenados injustamente.

Presos en una cárcel de Washington DC.

Getty Images

Argumentan que “Angola” es, esencialmente, un lugar donde la esclavitud estadounidense nunca terminó.

“Aunque la esclavitud se abolió, realmente fue solo una transferencia de propiedad de la esclavitud privada a, literalmente, una esclavitud sancionada por el estado”, afirma Savannah Eldrige de la Red Nacional Abolir la Esclavitud.

Su organización ha estado trabajando para ampliar el número de estados que prohíben la esclavitud sin excepciones y ha tratado de persuadir a los legisladores de Washington para que aprueben una ley similar que modifique la Constitución de Estados Unidos.

Colorado, Nebraska y Utah han aprobado medidas que prohíben todas las formas de esclavitud desde 2018.

Eldrige señala que el movimiento sumó el apoyo bipartidista, la única forma en que podría aprobarse en Utah y Nebraska, dominados por los republicanos.

En 2023, predice que las legislaturas de 18 estados votarán una legislación para prohibir la esclavitud.

“Consecuencias no deseadas”

Son pocos los opositores que se han manifestado en contra de los esfuerzos de los estados para eliminar el lenguaje de la esclavitud.

El movimiento encontró cierta resistencia por parte de los críticos que dicen que sería demasiado costoso pagar a los presos salarios adecuados, que no merecen la misma compensación, o que los cambios podrían perjudicar a los mismos reclusos.

Una votación en la legislatura de California para eliminar de la ley las referencias a la esclavitud fracasó este año después de que los demócratas, incluido el gobernador, advirtieran que pagar a los presos el salario mínimo estatal de US$15 por hora costaría más de US$1.500 millones.

Un grupo de presos encadenados fotografiados en 1909.

Getty Images
Un grupo de presos encadenados fotografiados en 1909.

La Asociación de Alguaciles de Oregón se opone también a la medida en ese estado, argumentando que conduciría a “consecuencias no deseadas” y a la pérdida de todos los “programas de resinserción”, que incluyen tareas mal pagadas como trabajar en la biblioteca, la cocina y la lavandería.

El grupo dice que les dan a los presos algo que hacer y “sirve como un incentivo para el buen comportamiento”, que es un factor durante las audiencias de libertad condicional.

Según ellos, existen dos problemas con la medida: que solo se aplica a los condenados, dejando fuera a las personas en prisión preventiva, y que podría significar el fin de cualquier programa penitenciario no autorizado específicamente por una sentencia judicial.

“Los alguaciles de Oregón no aprueban ni apoyan la esclavitud y/o la servidumbre involuntaria de ninguna forma”, asegura la asociación en un panfleto a los votantes, pero agrega que la aprobación de la medida “dará como resultado la eliminación de todos los programas de reinserción y el aumento de los costos para las operaciones carcelarias locales”.

Mano de obra penitenciaria

Los reclusos contribuyen a la cadena de suministro y la economía de muchas maneras, algunas de ellas sorprendentes.

Presos combatiendo el fuego.

Getty Images
Los presos son reclutados para combatir incendios forestales cada verano en algunos lugares del país.

Se les ha encargado hacer de todo, desde anteojos, placas de automóviles, hasta bancos de parques de la ciudad.

Procesan carne de res, leche y queso y trabajan en centros de soporte de llamadas para agencias gubernamentales y empresas importantes.

Puede ser difícil rastrear qué empresas utilizaron mano de obra penitenciaria, ya que el trabajo generalmente se realiza para un subcontratista.

El subcontratista luego vende los productos y servicios a grandes empresas que a veces desconocen su origen.

Las empresas que anteriormente se beneficiaron del trabajo penitenciario solo en Utah incluyen American Express, Apple, Pepsi-Co y FedEx, según un informe de junio de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

Al menos 30 estados incluyen a los trabajadores penitenciarios en sus planes de operación de emergencia para desastres naturales y otros disturbios civiles.

Combaten incendios forestales en al menos 14 estados, según el informe de la ACLU.

“Necesarios pero no suficientes”

Sin embargo, es poco probable que la vida de los presos cambie de la noche a la mañana si los cinco estados con próximas votaciones respaldan un cambio.

“Estos referendos son necesarios pero no suficientes para acabar con la esclavitud”, opina Jennifer Turner, investigadora de derechos humanos de la ACLU.

Los tribunales aún tendrían que interpretar qué derechos tienen los trabajadores encarcelados y si obtendrán beneficios, como licencia por enfermedad.

Penitenciaría en Washington DC.

Getty Images

En los estados que eliminaron previamente la exención para este tipo de esclavitud hubo resultados variados.

En Colorado, un preso demandó al estado, argumentando que se estaba violando la prohibición de la esclavitud.

Pero un tribunal dictaminó en agosto que los votantes no tenían la intención de abolir todo el trabajo penitenciario y desestimó el caso.

Una cárcel en Nebraska comenzó a pagar a los reclusos entre US$20 y US$30 por semana después de que se eliminó la exención allí, según el diario The New York Times.

Se esperan más demandas legales a medida que los presos continúan presionando por derechos y protecciones.

Davis, quien fue encarcelado por error en Luisiana, dice que quitar la exención de la esclavitud para los presos eliminará un “incentivo” para que su estado natal encarcele a sus ciudadanos.

“Creo que cualquier persona de conciencia que entienda la ley de propiedad, sabe que los seres humanos no deben ser propiedad de otras personas”, le dice a la BBC.

“Y ellos no deberían ser propiedad del estado de Luisiana”.


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