La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ha presentado en los últimos meses tres denuncias penales por posibles hechos de corrupción y operaciones de lavado de dinero en las aduanas de Progreso, Yucatán; Tuxpan, Veracruz y Mexicali, Baja California; e investiga hechos similares al menos cuatro aduanas mas.
De acuerdo con autoridades federales consultadas por Animal Político, las denuncias interpuestas ante el Ministerio Público federal apuntan a los funcionarios comisionados a las mismas como probables responsables. Algunos serán removidos de sus cargos para facilitar las investigaciones.
Las anomalías fueron detectadas por la UIF a través de diversas estrategias que se han puesto en marcha para tratar de identificar las cadenas de corrupción que continúan funcionando en amplios sectores del sistema de aduanas y de la administración de puertos en México.
Una de esas estrategias consistió en analizar las operaciones financieras de los 44 responsables de cada una de las aduanas en el país, a través de un modelo de riesgo que permite identificar transacciones o movimientos que se consideren inusuales y sospechosos de lavado de dinero. Esto con la finalidad de seleccionar objetivos prioritarios.
A lo anterior se suma una verificación profunda de las actividades en la aduana en cuestión y los procedimientos aplicados en cada una de ellas.
Lo anterior permitió identificar en los casos de Progreso, Tuxpan y Mexicali anomalías graves como un potencial tráfico de especies protegidas, venta de automóviles importados de forma irregulares, ingreso de sustancias prohibidas y drogas, entre otros.
Las indagatorias ahora están a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR) a través de sus áreas especializadas en investigación de hechos de corrupción y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
A la par, la Secretaría de la Función Púbica (SFP) también inició investigaciones de carácter administrativo en contra de los funcionarios de las referidas aduanas, luego de que la UIF le notificó de las anomalías encontradas. En este caso, las indagatorias podrían dar paso desde multas hasta inhabilitaciones temporales o definitivas.
CDMX y otras en la mira; los puertos también
La Secretaría de Hacienda a través de la UIF mantiene bajo la lupa por sospechas de corrupción y lavado de dinero a las aduanas de Ciudad de México, Guanajuato, Ensenada y Guanajuato. De acuerdo con fuentes federales hay una alta probabilidad de que estos casos deriven en nuevas denuncias ante la FGR.
Trabajos de inteligencia realizados hasta ahora arrojan en estos casos la detección de operaciones financieras de riesgo o inusuales que están siendo revisadas, ante la posibilidad de que representen indicios de lavado de dinero.
Sumado a lo anterior, Inteligencia Financiera también ha comenzado con la revisión mediante diversos modelos de riesgo de todos los administradores portuarios del país dependientes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de forma similar a como se realizó con los responsables de las aduanas. El objetivo es el mismo: encontrar indicios de corrupción.
El pasado 24 de abril, tras confirmarse la renuncia de Ricardo Ahued Bardahuil como titular de la Administración General de Aduanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que pese a lo esfuerzos que ha realizado su gobierno la corrupción y los malos manejos en el sistema de aduanas del país continúan.
“Viene una limpia, porque se han hecho intentos. El hasta ahora director de Aduanas, una gente íntegra, honesta, pero es un monstruo lo de aduanas, de 100 cabezas (…) se fueron haciendo costumbre estos actos de inmoralidad, se fue haciendo costumbre el influyentismo, pero lleva muchísimo tiempo y no cambió”, dijo
En entrevista con Animal Político el titular de la UIF, Santiago Nieto, confirmó que la corrupción registrada en las aduanas y la infiltración del crimen organizado en las mismas es uno de los dos temas (junto con el de la extorsión) que fueron reconocidos por el gobierno federal como focos rojos para este año.
El viernes pasado Nieto sostuvo una reunión con el nuevo titular de la Administración de Aduanas, Horacio Duarte, en la que acordaron el reforzamiento de acciones y de coordinación interinstitucional para la identificación y seguimiento de actos de corrupción en las aduanas, con la finalidad tanto de corregirlos como de presentar más denuncias de ser el caso.
Cabe señalar que el nombramiento de Duarte estuvo acompañado de un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación a través del cual se concedieron al administrador de las Aduanas nuevas facultades para supervisar y de ser necesario revocar permisos y licencias aduanales. El objetivo, según autoridades consultadas, es facilitar una “depuración” de malos funcionarios y agentes, algo que se intentó en el arranque de 2019 sin mayores resultados.
A la par de dichos esfuerzos, el presidente también ha solicitado a las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina apoyo para reforzar vigilancia y seguridad en varios recintos aduanales del país.
Una caja de pandora
Aunque solo ha transcurrido menos de un año y medio del actual sexenio, la llegada de Horacio Duarte a la dirección de aduanas representa ya el tercer movimiento al frente de este organismo.
El sexenio arrancó con Ricardo Peralta como administrador General de Aduanas, cargo en el que se mantuvo durante aproximadamente seis meses. Durante su gestión se promovieron por lo menos seis denuncias penales ante la Fiscalía General de la República en contra de exfuncionarios aduanales por diversos delitos
En mayo de 2019 Peralta fue cambiado a la subsecretaría de Gobernación, lo que dio paso al nombramiento de Ahued Bardahuil como administrador, posición en la que no alcanzó a cumplir un año.
Santiago Nieto dijo a Animal Político que las aduanas son desde hace muchos años la puerta de entrada para múltiples productos y objetos ilegales debido a la permisividad que existe en las mismas, casi siempre fomentada por la falta de perfiles adecuados en las aduanas y la corrupción. Una situación que no se ha conseguido contener como se quisiera hasta ahora.
“Parte del ingreso de las armas que entran al país, del fentanilo y drogas en general entra por las aduanas, pero también hemos encontrado tráfico de especies, por ejemplo, pepino de mar, trafico ilícito de totoaba, hemos encontrado temas relacionados con uso de tiburones para la distribución de drogas de Costa Rica a Yucatán y de Yucatán a los Estados Unidos”, dijo el funcionario.
En el caso específico de los tiburones congelados que son usados para transportar cocaína la UIF ha logrado documentar una red de empresas supuestamente pesqueras constituidas en Yucatán, las cuales realmente son usadas como fachada para lavar los recursos provenientes del narcotráfico.
Pero este tipo de actividad no sería posible sin la corrupción sistemática registrada en la aduana del puerto de Progreso a través de la cual logran ingresar los tiburones con la droga que luego se redirigen hacia otras partes del país o a los Estados Unidos. Las ganancias.
Algunos decomisos conseguidos en distintos momentos, como el de una tonelada de cocaína dentro de un cargamento de tiburones desde 2009, permiten estimar que se trata de un negocio que asciende a miles de millones de pesos.
“Esto mismo sucede con las armas, con el fentanilo, con las drogas con todo lo que ingresa por las aduanas. Son enormes boquetes en los que persiste la corrupción política y lucrativa y la instrucción del presidente es que esto no puede continuar”, dijo.
