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Diez grupos criminales lideran violencia y narcotráfico en sexenio de AMLO

A sus operaciones y disputas se atribuyen, al menos, el 60% de los homicidios registrados en el país en 2019 y 2020.
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11 de mayo, 2020
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Diez grupos del crimen organizado, dos con presencia nacional y ocho de carácter regional, lideran las operaciones de narcotráfico en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. A sus actividades y disputas se atribuyen – al menos – el 60% de los homicidios que se cometen en México.

Dichas organizaciones delictivas son consideradas objetivos prioritarios del gobierno de la República. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda indaga las operaciones financieras presuntamente ligadas con todos ellas, para identificar y neutralizar las operaciones de lavado de dinero que les permiten seguir subsistiendo.

Así lo confirmaron a Animal Político autoridades del gabinete de seguridad y el titular de la UIF, Santiago Nieto.

Las diez organizaciones delictivas son: el Cártel del Pacífico o de Sinaloa; Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); Cártel de Santa Rosa de Lima; La Unión Tepito; Cártel de Tláhuac; Guerreros Unidos; Los Rojos; Los Viagra; el Cártel del Noroeste y células remanentes de Los Zetas.

“El combate al narcotráfico es uno de los cinco temas que marcamos como prioridad desde 2019 y continúa en 2020. Tenemos particularmente dos cárteles de naturaleza supranacional pero también tenemos cárteles de presencia local, de carácter regional. Son los grupos que operan en el país”, dijo en entrevista Santiago Nieto.

Se trata de grupos de alta peligrosidad y complejidad criminal. Tienen como común denominador que se dedican al tráfico de drogas como actividad principal o secundaria, aunque algunos de ellos también están implicados en delitos propios del crimen organizado como robo de combustibles, secuestro, extorsión, trata de personas, entre otros.

En todos los casos son organizaciones criminales que nacieron desde hace varios años. Aunque algunas son más pequeñas o han visto mermado su crecimiento territorial, la violencia relacionada con estas no ha cedido, según las estimaciones del gabinete de seguridad.

En el reportaje Crimen y Violencia: la Guerra que No Acaba, este medio reveló que al menos 6 de cada 10 asesinatos perpetrados en 2019 – año récord en violencia homicida – están relacionados con la delincuencia organizada, pero hay entidades como Guanajuato donde hasta el 80% de los homicidios dolosos está ligado con los grupos criminales.

En un pronunciamiento público emitido el lunes 4 de mayo, un amplio grupo de organizaciones, activistas y expertos de la sociedad civil condenaron lo que calificaron como una operación impune de los grupos del crimen organizado, a los que atribuyeron incluso la repartición reciente de despensas en doce estados del país.

Los dos nacionales

De la lista de organizaciones del crimen organizado que operan actualmente en México, el gabinete de seguridad y la UIF identifican a dos con presencia territorial nacional y operación con posibles conexiones a nivel internacional: el Cártel del Pacífico y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

El Cártel del Pacífico, también denominado Cártel de Sinaloa o la Federación, es el más viejo de todos. Su fundación, según el sitio Narcodata, se estima desde principios de los 90 y su base de operación es el estado de Sinaloa, aunque su presencia se advierte en toda la costa del Pacífico, así como en el sur, centro y en la frontera norte del país.

Es una organización criminal que siempre ha contado con varios líderes, como lo prueba la continuación de sus operaciones pese a la captura de algunos de sus mandos entre ellos Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”. Actualmente Ismael Zambada García, “El Mayo”, es considerado su máximo líder histórico.

Una muestra del poder de este grupo criminal en el actual sexenio se registró el pasado 17 de octubre, cuando consiguieron tomar zonas importantes de Culiacán para obligar a las autoridades federales a liberar a Ovidio Guzmán, uno de los hijos del Chapo Guzmán, lo que al final consiguieron. Incluso retuvieron a elementos del Ejército Mexicano.

En cuanto al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se trata del grupo criminal de mayor crecimiento en los últimos años. Su fundador y actual líder es Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, a quien las autoridades han intentado detener en múltiples ocasiones sin éxito.

Los datos de inteligencia del gobierno federal señalan que este grupo, originalmente concentrado en Jalisco, Veracruz y Michoacán, ya ha logrado extenderse a casi todos los estados con células propias o en alianza con grupos criminales. Su presencia incluye a la Ciudad de México, donde el pasado 10 de abril se detuvo a una de sus operadoras, apodada “La Cecy”.

La desarticulación de este grupo, que tiene en su haber sendos ataques contra las fuerzas armadas, el homicidio de soldados y hasta el derribo de un helicóptero federal, es de máxima prioridad no solo para México sino para Estados Unidos, cuyo gobierno anunció apenas en marzo pasado la detención de 700 personas presuntamente asociadas con este grupo criminal.

Desde hace varios años el gobierno estadounidense también ha intentado debilitarlo financieramente, con sanciones a personas y empresas del CJNG y de “los Cuinis”, grupo aliado al mismo.

Los ocho regionales

Además de los dos grandes cárteles, el gobierno tiene identificados ocho grupos más que, aunque tienen una presencia regional, se les considera igual de peligrosos y precursores de violencia por su disputa con otras bandas o células de los grandes cárteles.

Entre ellos destaca el denominado “Cártel de Santa Rosa de Lima” liderado por José Antonio Yepez Ortiz, “El Marro”, cuya presencia se centra en el estado de Guanajuato. Sus actividades criminales están enfocadas al tráfico de cocaína y al robo de combustibles o “huachicol”.

La disputa de este grupo criminal con otros como el CJNG ha deteriorado la seguridad en Guanajuato al punto en que en 2019 y 2020 se convirtió en la entidad con la mayor cantidad de homicidios del país, de los cuales se calcula que 80% están relacionados justamente con el crimen organizado.

Cuatro municipios de Guanajuato: León, Irapuato, Salamanca y Celaya se encuentran entre los 50 municipios con mas asesinatos del país, de acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Santiago Nieto explicó a este medio que en los últimos meses se han conseguido identificar, congelar y denuncias cuentas y empresas relacionadas con esta peligrosa organización delictiva.

Otros dos grupos criminales prioritarios para el gobierno son los denominados “La Unión Tepito” y “Cártel de Tláhuac”, ambos concentrados principalmente en el Valle de México, y a quienes las autoridades atribuyen la violenta disputa por el control de las redes de narcomenudeo en la capital.

Por otro lado, el gobierno identifica a “los Guerreros Unidos” y “Los Rojos” como grupos criminales que continúan activos a nivel regional en Guerrero y Morelos. A la disputa entre ellos se atribuye el incremento de homicidios cuyo pico se alcanzó entre 2015 y 2018.

En Michoacán la atención se centra en “Los Viagras”, grupo criminal surgido en el contexto de la disputa de grupos de autodefensa contra el cártel que se denominada “Los Caballeros Templarios”. Su principal fuente de ingresos proviene de la producción de metanfetaminas en laboratorios clandestinos.

En Tamaulipas se investiga al denominado “Cartel del Noreste”, al que se atribuye el control del tráfico de drogas en varios puntos fronterizos con los Estados Unidos, pero al que también se relaciona con otras actividades criminales como la extorsión y el secuestro. Dicha organización fue constituida por remantes de otros cárteles en la entidad como el Cártel del Golfo.

Finalmente se tienen identificadas aun células relacionadas con el grupo de “Los Zetas”, que entre 2008 y 2012 fue uno de los cárteles mas importantes de México, pero que con la captura o muerte de varios de sus líderes se fue debilitando. No obstante, el gobierno identifica aun su presencia con diversos remanentes de alta peligrosidad en Veracruz.

Violencia… ¿y despensas?

Como ya se dijo los cálculos del Sistema Nacional de Seguridad Pública estiman que más del 60% de los homicidios están relacionados con estos grupos criminales, entre otros múltiples delitos. Pero además de la violencia hay otros hechos posiblemente atribuidos a los mismos como, por ejemplo, la supuesta distribución de despensas durante la pandemia.

Ejemplos de lo anterior se han registrado durante las últimas dos semanas en el país donde medios locales han reportado, por ejemplo, que células del CJNG repartieron despensas a la población en general en Tamaulipas, Jalisco y Morelos. El 20 de abril el presidente López Obrador condenó estos hechos.

El lunes 4 de mayo, 35 organizaciones de la sociedad civil y más de un centenar de expertos emitieron un comunicado conjunto en el que sostuvieron que el crimen organizado está detrás de la entrega de despensas y apoyos en al menos doce estados del país, hechos con los que buscan situarse como “benefactores” ante la crisis económica ligada a la pandemia que golpea al país.

Los expertos advirtieron que estos hechos prueban que dichas organizaciones criminales cuentan con una amplia capacidad de organización regional e incluso nacional, sustentada en el despliegue de sujetos fuertemente armados que “gozan de impunidad”.

En ese contexto exigieron al gobierno que condene abiertamente este tipo de hechos y que actúe en contra de dichos grupos delictivos, como es su obligación.

“Estos grupos engañan a comunidades enteras con dádivas, para luego secuestrarlas y extorsionarlas con cobros de derecho piso, amenazas y suplantación violenta de la autoridad”.

Entre las organizaciones que apoyaron este pronunciamiento en conjunto se encuentra México Evalúa; Causa en Común; Observatorio Nacional de Seguridad, Justicia y Legalidad; Reinserta AC; Impunidad Cero y México Unido contra la Delincuencia.

Suben decomisos de mariguana, caen de otras drogas

La Secretaría de la Defensa Nacional reveló que en el primer trimestre del año y como parte de su campaña permanente de combate al narcotráfico logró el aseguramiento de 54 mil 260 kilogramos de mariguana, mil 321 kilos de cocaína; 674 kilogramos de metanfetaminas y cinco kilogramos de heroína, entre otros.

En comparación con el promedio del año pasado los resultados son contrastantes. Mientras que la mariguana asegurada en 2020 equivale a un incremento del 27% respecto a 2019, los decomisos de cocaína se redujeron 2.5%, los de metanfetaminas cayeron 74% y los de heroína se desplomaron 90%.

De enero a marzo de este año el Ejército también reportó el hallazgo de 11 laboratorios clandestinos donde se fabrican drogas sintéticas, de una pista clandestina y seis aeronaves utilizada para el transporte aéreo de estupefacientes, así como el decomiso de 586 armas de fuego cortas y 877 armas largas de alto poder.

En tanto se reportó el aseguramiento de 1 mil 967 personas presuntamente ligadas con los grupos criminales en el primer trimestre de este año, un promedio ligeramente inferior al del año pasado.

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Chile vota en plebiscito histórico: 4 claves para entender qué está en juego

La votación definirá el destino político institucional de Chile para los próximos años. Más allá del "apruebo" o "rechazo", varios analistas explican qué está en juego.
25 de octubre, 2020
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Por primera vez en la historia de Chile, este 25 de octubre se pregunta a la ciudadanía si aprueba o rechaza la redacción de una nueva Constitución.

El referendo chileno, aprobado en un acuerdo político en el Congreso tras un ciclo de manifestaciones que comenzó con las marchas estudiantiles el 2006 y culminó en octubre del 2019, definirá el destino político institucional de Chile en los próximos años.

De ganar el “apruebo”, será la primera vez desde 1833 que la Constitución es redactada por una convención ciudadana elegida en votación popular.

Qué está en juego en el referéndum, más allá del “apruebo” o “rechazo” y del tipo de convención que eventualmente surja para redactarla es lo que responden a BBC Mundo aquí analistas chilenos y latinoamericanos.

1. Generar una Constitución “sin traumas”

Pese a que sufrió numerosas reformas, la Constitución vigente hasta hoy en Chile fue redactada y aprobada en 1980 bajo el régimen militar del general Augusto Pinochet y, según afirma el politólogo Gabriel Negretto, “simbólica y políticamente, nunca superó ese defecto congénito”.

Por eso, lo que está en juego en el proceso constituyente que podría comenzar con el triunfo del “apruebo” es la legitimidad de origen de una eventual nueva Constitución para Chile, le dice a BBC Mundo Negretto, quien ha sido consultor de Naciones Unidas en procesos de reforma constitucional en distintos países latinoamericanos.

Augusto Pinochet votando en el referéndum en 1980.

Getty Images
La Constitución vigente fue aprobada y redactada durante el gobierno militar del general Augusto Pinochet.

“¿Qué rodeó a la Constitución de Pinochet?: que nació de un acto de fuerza, de violencia; que se hizo en un clima de miedo, de terror”, describe el académico. “Para marcar un contraste con el origen de la vieja Constitución, la nueva debe nacer de un amplio respaldo ciudadano y en un entorno pacífico”, precisa.

“En ese sentido, hay un llamado a la atención de quienes apoyan el ‘apruebo’ de llamar a la calma… El estallido social, que incorporó gran cantidad de demandas legítimas, también estuvo asociado a actos de violencia injustificados que hasta hoy no están claros. No se puede eliminar toda la violencia, pero tiene que quedar claro que corresponde a grupos aislados”, plantea.

Para que Chile efectivamente cuente con una Constitución que no arrastre los traumas de la actual, argumenta Negretto, se requiere además que una de las dos opciones gane por una mayoría suficientemente amplia y en una votación con una participación importante, ojalá mayor a los promedios de las últimas elecciones chilenas.

“No es lo mismo un referéndum como el que se hizo por el acuerdo de paz en Colombia que uno sobre las reglas fundamentales con las que queremos vivir como sociedad, como se definirá en Chile. En este caso, si la diferencia entre la opción que gana y la que pierda es pequeña, es problemático”, advierte el académico.

“Sería un mal comienzo que el ‘apruebo’ ganara por un margen pequeño: el trauma que vive Chile respecto a los legados de la dictadura provienen del plebiscito de 1988, cuando la dictadura militar terminó cediendo la transición a la democracia con un altísimo poder político (el “Sí” a Pinochet obtuvo un 43% y el “No” un 54.7%). Aquí no debe quedar duda de la posición mayoritaria”, sostiene Negretto.

Simpatizante de la opción de "apruebo", durante una manifestación.

Getty Images
El estallido social de octubre de 2019 incorporó entre sus demandas la redacción de una nueva Constitución.

“Si el resultado fuera 51 para el ‘apruebo’ y 49 por el ‘rechazo’, estaría muy preocupado por el futuro de Chile”, agrega Negretto.

“Porque eso querría decir que el cambio constitucional no lo rechaza una minoría, sino la mitad de la población. Y eso es preocupante en un contexto polarizado, porque aquí no hay medias tintas: se cambia la Constitución o no”.

2. Recuperar legitimidad de la política

Vicky Murillo, directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia en Nueva York, precisa que el plebiscito en Chile emergió como respuesta a la movilización social, “síntoma de la crisis de representación del sistema político” en el país.

“La toma de la calle y los gritos buscaban que los políticos escucharan a la ciudadanía, incluso cuando esta demanda de atención requiriera romper la puerta del salón donde se toman las decisiones, como dice la canción de ‘Hamilton'”.

La académica se refiere a “The room where it happened” uno de los temas del popular musical estadounidense que describe las negociaciones secretas donde la élite negocia fuera del ojo de la opinión pública, una práctica que en Chile se describe como “la cocina”.

“Es importante recordar las expectativas que conlleva el proceso constituyente y la importancia de mantener esa puerta abierta. Esto implica que no solo el resultado, sino también el proceso constitucional será clave para la recuperación de la legitimidad política”, dice Murillo.

De ganar el “apruebo”, la politóloga advierte que es importante “asegurar la entrada de nuevos actores como agentes de representación ciudadana y, al mismo tiempo, que tanto viejos como nuevos representantes garanticen su atención a la ciudadanía incluso cuando no grite o esté en las calles”, dice.

Disturbios durante una manifestación en el aniversario del inicio de las protestas antigubernamentales.

Getty Images
El pasado 18 de octubre se cumplió un año del inicio del estallido social en Chile.

¿Cómo lograr ese objetivo? Estableciendo una conexión humana, basada en la empatía y la experiencia compartida, propone.

“Que la ciudadanía se reconozca en sus representantes y pueda confiar en ellos. El proceso no podrá ser participativo hasta las últimas instancias, requerirá de esperas, y puede involucrar errores. Por ello, la confianza en quienes están en el salón donde se tomen las decisiones depende tanto de una puerta abierta como de la empatía entre estos y quienes han estado ya por demasiados años pidiendo ser oídos”, describe la politóloga.

3. Redistribuir poder y bienes públicos

“Las constituciones definen las reglas del juego”, describe Miriam Henríquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado.

“La etiqueta mayor que yo pondría al proceso chileno sería la opción de cambiar las reglas del juego sobre la distribución del poder y los bienes públicos valiosos para la existencia de toda la sociedad. No sólo los derechos civiles, las libertades, también los sociales, como agua, vivienda, educación”.

Henríquez plantea que, si se lleva adelante el proceso constituyente, una de las opciones es que se remuevan los obstáculos que hoy impiden cambiar algunas políticas públicas en Chile a través del Congreso. Bajo la Constitución actual, incluso si una ley es aprobada por una súper mayoría parlamentaria, puede ser impugnada ante el Tribunal Constitucional (TC).

“Si uno establece en la Constitución que los asuntos se regularán por ley simple, por ejemplo, y se modifica el TC, el efecto será que los cambios de políticas públicas serán más sencillos”, dice la académica.

Partidarios de la opción del "rechazo".

Getty Images
En la opción del “rechazo” también hay personas que creen que se necesitan cambios profundos.

“El ‘rechazo’ supondría que la ciudadanía no tiene voluntad de cambiar la Constitución, porque las cosas como están, están bien. Pero eso no obsta que se pueden hacer reformas. Hay personas del ‘rechazo’ que creen que se necesitan cambios profundos y se han comprometido a emprenderlos”, dice Henríquez.

“La diferencia es que en el apruebo hay un itinerario, un camino claro, un órgano específico. Las reformas que se hicieran en el caso del ‘rechazo’, se harían a través del actual Parlamento, y los cambios no tendrían tanta legitimidad como los que tendría un órgano especialmente elegido para ello”, agrega.

“Es posible que una nueva Constitución se parezca bastante a la actual, y las expectativas pueden quedar frustradas, pero insisto en la importancia del hecho de sentarse a conversar. Esa diferencia ya debería satisfacer muchas expectativas: tener un pacto social que sintamos propio”, concluye.

4. Generar un proceso constituyente único en Latinoamérica

Tanto la realización del plebiscito como el proceso constituyente que derive de sus resultados se normarán por la Constitución vigente, que fue especialmente reformada por el Congreso con este fin. Eso marca una de las diferencias del referéndum constitucional chileno con otras experiencias latinoamericanas.

“No es tan habitual que una Constitución vigente se modifique para su reemplazo. Es excepcional que Chile siga este cauce, este proceso, con procedimientos y plazos establecidos. Y es un desafío máximo que los cumplamos”, precisa Henríquez.

Trabajadora del Servicio Electoral chileno, durante un ensayo para el referendo.

Getty Images
El referendo tendrá lugar siguiendo las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus.

Además, en este caso no es el gobierno el que definirá el cambio constitucional ni el órgano que podría redactar la nueva Constitución, sino la ciudadanía.

“En Chile, además, no hay una fuerza hegemónica que se imponga en el debate. Varios de los procesos latinoamericanos han sido marcados por la existencia de fuerzas políticas muy preponderantes, donde se impone una mayoría. Eso no ocurre en Chile porque las fuerzas están fragmentadas. Y eso, que podría ser complejo y lo es, nos obliga a hacer pactos” dice la politóloga.

“Cada proceso en Latinoamérica tiene algo que lo hace único. En el caso chileno que todas, o gran parte de las fuerzas políticas hayan acordado un cauce institucional a la crisis es algo que lo hace único”, remata Henríquez.


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