Cada 5 días despiden a una mujer en México porque será mamá
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Discriminación laboral: cada 5 días despiden a una mujer en México porque será mamá

Conapred ha recibido 723 quejas en casi 10 años de mujeres despedidas de sus trabajos por haberse embarazado, por lo que llamó a las empresas a festejar el 10 de mayo también respetando los derechos de sus empleadas.
Cuartoscuro
10 de mayo, 2020
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Embarazarse y ser despedida del trabajo por ello es la causa por las que más quejas se presentan ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). El organismo dio a conocer que entre enero de 2011 y marzo de 2020 recibió 723 reportes por esta situación.

Es decir, que en México una mujer denuncia haber sido despedida porque va a ser mamá cada cinco días. Algo que no ocurre con los hombres.

El 90% de las quejas fueron contra empleadores particulares, no de gobierno. Y las entidades con más son la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Guanajuato.

Lee: Propone CDMX celebrar el día de las madres el 10 de julio para evitar contagios de COVID

“Celebrar el 10 de mayo a las mujeres que son madres también significa respetar los derechos de quienes deciden tener hijas o hijos”, señaló el Conapred en un comunicado con motivo del Día de las Madres.

Además, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), al 13% de las mujeres en edad reproductiva que han trabajado o solicitado un trabajo les han pedido un certificado de no embarazo para contratarlas, las despidieron por embarazarse, no les renovaron el contrato o les rebajaron el salario. Este último caso fue el que vivió Alicia, trabajadora del hogar a la que además de no respetarle diversos derechos, sus empleadores le redujeron sus pagos de mil 200 a mil pesos semanales y la hicieron ir a trabajar hasta un día antes de parir.

El Consejo aseguró que con el avance de la perspectiva de género en México, se han creado mitos sobre que las mujeres ya tienen igualdad frente a los hombres y que la discriminación por el embarazo, la maternidad y las responsabilidades familiares son cosa del pasado. Pero con datos sostiene que esa igualdad, en 2020, sigue siendo un mito.

Uno de los puntos es creer que una empresa no está obligada a mantener en su puesto a una mujer si se embaraza o tiene derecho a no contratarla por eso. Sin embargo, el Código Penal Federal en su artículo 149 tipifica como delito la negación o restricción de derechos laborales por razón de género y embarazo.

La Ley Federal del Trabajo también establece en el artículo 133 que está prohibido exigir certificados médicos de no embarazo para condicionar el acceso al empleo, y prohibido despedirla o coaccionarla de cualquier modo para que renuncie por estar embarazada, por casarse o por tner hijos e hijas a su cuidado.

El artículo 56 de esta misma Ley defiende el principio de igualdad entre mujeres y hombres, por lo que prohíbe establecer diferencias como por motivo de embarazo.

Conapred también considera un mito creer que las dificultades de conciliar vida laboral y familiar son iguales para ambos géneros. Como prueba, refiere que hay alrededor de 5.4 millones de jóvenes de 12 a 29 años que no estudian ni tienen un trabajo remunerado, aunque quisieran, donde 91% son mujeres y solo 9%, hombres.

La principal razón que refieren las mujeres para no participar en el mercado laboral, en el 72% de los casos, es porque “se dedican al trabajo en el hogar y cuidados”, mientras que entre hombres solo dan esta respuesta el 6%. Para ellos, las principales razones para no trabajar son que apenas están buscando o que no han encontrado un empleo que cumpla con sus expectativas, según lo reportado por la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2017.

“Estos datos evidencian los estereotipos que siguen permeando en nuestra sociedad desde muy temprana edad, pues son estos mismos patrones a los que las personas deben hacer frente cuando deciden ejercer sus derechos a la maternidad y al trabajo”, advirtió.

Otro mito, señaló Conapred, es decir que los despidos por maternidad son casos aislados en situaciones individuales y no con un impacto en la sociedad. Recordó que la cantidad de hogares de México que tienen a una mujer como jefa de familia subió de 21% en el año 2000 a 28% en 2017, por lo que toda discriminación contra la mujer afecta al conjunto de la sociedad cada vez más.

El Consejo advirtió que negarle a una mujer un trabajo por estar embarazada es negarle el acceso a sus derechos y violentarla de manera directa e ilícita.

“El proceso por el que las mujeres se ven forzadas a transitar se encuentra inmerso en diferentes formas de agresión y violencia que trastocan aspectos más allá de lo laboral. La humillación, denigración, la agresión psicológica y física son algunas de las acciones más comunes que enfrenta esta población por la única razón de haber decidido de manera libre y voluntaria ejercer su derecho a la maternidad y a la familia”, subrayó.

El organismo hizo un llamado a los centros de trabajo del país para “abstenerse absolutamente” de pedir pruebas de embarazo o siquiera preguntar al respecto a mujeres en entrevistas laborales para decidir si las contratan, y a promover que los hombres tomen licencias de paternidad para que sean corresponsables del cuidado de hijas e hijos.

En octubre pasado, el Senado aprobó una reforma para aumentar el tiempo que las mujeres pueden tomarse de licencia de maternidad; de 6 semanas antes del parto y 6 después, a 7 cada periodo, es decir, 14 en total, y ya no dependerá del parto, ya que hasta ahora, si es prematuro, la mujer pierde el derecho a las 6 semanas previas. Sin embargo, esta reforma todavía no está publicada.

Pero para los hombres, en cambio, antes de 2012 ni siquiera se contemplaba en la Ley la licencia de paternidad, y actualmente es de solo cinco días, lo que deja a la mujer con la mayor carga de cuidado del recién nacido y la pone en situación desigual ante el empleador.

Conapred tiene a disposición del público para denunciar cualquier acto de discriminación los teléfonos 800-543-0033 o en el Valle de México al 52-62-14-90, o al correo [email protected]

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Ayotzinapa: dónde están las figuras clave en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes

Ocho años después de la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero, los mexicanos siguen exigiendo respuestas.
26 de septiembre, 2022
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La desaparición de 43 estudiantes en México el 26 de septiembre de 2014 sacudió a la sociedad mexicana, expuso la gravedad de la corrupción gubernamental y mostró la espiral de violencia que ya había dejado miles de muertos.

Ocho años después, aún se desconoce qué sucedió realmente ese día.

Aproximadamente a media hora en automóvil desde la pequeña ciudad de Cocula, se dijo que un basurero fétido en las colinas era el lugar donde habían sido enterrados los 43 estudiantes que desaparecieron mientras viajaban juntos a una protesta.

Fue allí, en medio de montones de desechos cotidianos donde, según las autoridades mexicanas, miembros del grupo criminal Guerreros Unidos mataron y quemaron a los estudiantes, todos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, después de haber sido secuestrados por agentes de policía corruptos, en la ciudad cercana de Iguala, y entregados al grupo criminal.

Pero en 2016 investigadores independientes refutaron la teoría del gobierno de que los estudiantes fueron asesinados y quemados en el basurero, una de las falsedades más relevantes en un caso que ha puesto al descubierto la doble batalla de México contra la corrupción profundamente arraigada y la violencia desenfrenada.

Ocho años después, solo se han identificado los restos de tres estudiantes.

Ahora, después de años de intenso escrutinio público y críticas, una Comisión de la Verdad creada por el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha reformulado el hecho como un “crimen de Estado” y un encubrimiento que involucra a decenas de miembros de grupos criminales, militares, policías locales, estatales y federales, en un hecho que tocó hasta los niveles más altos del gobierno de México.

El público continúa protestando por los fracasos de dos gobiernos sucesivos para descubrir la verdad de lo que sucedió.

En el octavo aniversario del caso, algunos de los actores clave han sido detenidos, otros han desaparecido y aún se sigue buscando respuesta sobre lo que ocurrió con otros.

Jesús Murillo Karam, exprocurador general

El viernes 19 de agosto, el exprocurador general de México, Jesús Murillo Karam, fue arrestado en relación con el caso.

Como procurador general del gobierno de Enrique Peña Nieto, abrió la investigación original sobre la desaparición de los estudiantes.

Jesús Murillo Karam

Getty Images
Jesús Murillo Karam era el procurador general de México cuando desaparecieron los estudiantes.

Fue acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia en relación con los estudiantes desaparecidos.

El sucesor de Peña Nieto, López Obrador, dijo que el papel de Murillo Karam en los arrestos falsos después de las desapariciones fue una “prueba” de que supervisó un gran encubrimiento destinado a proteger al gobierno federal de la responsabilidad.

En declaraciones ante un juez el 24 de agosto, Murillo Karam señaló que, si bien estaba dispuesto a aceptar algunos errores de investigación, nadie había podido ofrecer de manera convincente otra versión de lo que les sucedió a los estudiantes.

Ahora está procesado. Si bien no se ha anunciado una fecha para un posible juicio, un juez dictaminó que permanecerá en prisión preventiva hasta entonces.

Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal

El exdirector de la ahora desaparecida Agencia de Investigación Criminal de México, Tomás Zerón, fue acusado por el gobierno de López Obrador de torturar a testigos en el caso, incluido un miembro de Guerreros Unidos, para ayudar a respaldar la versión del caso del gobierno.

También es buscado por presunta manipulación de pruebas. Zerón negó los cargos, que ha descrito como motivados políticamente.

Tomas Zeron

Getty Images
Se cree que Tomás Zerón está en Israel.

Según los informes, en 2019 Zerón huyó a Canadá y en julio de 2021 funcionarios israelíes y mexicanos dijeron que Zerón huyó a Israel y solicitó asilo.

Desde entonces, México solicitó su extradición que, según el canciller Marcelo Ebrard, era de “máxima prioridad” para el gobierno de López Obrador. Las autoridades israelíes hasta ahora no han concedido la solicitud.

Según el último informe del gobierno mexicano, funcionarios se reunieron con Zerón en Tel Aviv en febrero para discutir la posibilidad de que regrese a México para responder a los cargos en su contra. Él permanece en Israel.

José Luis Abarca, exalcalde de Iguala

El alcalde de Iguala en 2014, José Luis Abarca, huyó del pueblo junto con su esposa, María de los Ángeles Pineda, a los pocos días del crimen. Fueron arrestados en la Ciudad de México más de un mes después.

Ambos siguen en prisión acusados de lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado.

Sin embargo, a pesar de las acusaciones de que estuvo involucrado en las desapariciones de estudiantes, algunos familiares de los 43 lo han defendido públicamente, e incluso realizaron una marcha en Iguala el mes pasado para pedir su liberación.

José Luis Abarca

Getty Images
Las autoridades anunciaron el arresto de José Luis Abarca en una conferencia de prensa en 2014.

El pasado 14 de septiembre, un juez lo absolvió de cualquier responsabilidad por el secuestro de Iguala, alegando falta de pruebas. Por separado, enfrenta cargos relacionados con el asesinato de dos activistas locales en 2013, además de los cargos de lavado de dinero y crimen organizado.

Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública, prometió que el gobierno impugnaría el fallo. También descartó cualquier sugerencia de que el exalcalde sería liberado de prisión.

Guerreros Unidos

El grupo criminal acusado de matar a los estudiantes sigue activo. Según las autoridades mexicanas, está fuertemente involucrado en extorsiones y secuestros en Guerrero y otros dos estados mexicanos.

También se cree que produce y trafica heroína de México a Estados Unidos. Ahora se cree que está aliado con el Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más poderosos de México.

A principios de agosto, las autoridades mexicanas anunciaron que 14 miembros de Guerreros Unidos se encontraban entre un grupo más grande de 83 personas buscadas para arresto en relación con la desaparición de los 43 estudiantes.

Otros 14 miembros del grupo, así como tres de sus familiares todos vinculados al caso han muerto desde entonces, algunos de ellos a manos de otros delincuentes o de las fuerzas de seguridad mexicanas. Otros murieron por causas naturales.

Las autoridades mexicanas también han sido acusadas repetidamente de torturar a presuntos miembros del grupo para obtener confesiones.

La tortura y confesión de seis miembros de Guerreros Unidos está en el centro de los cargos del gobierno contra Murillo Karam.

Otro miembro del grupo que se cree jugó un papel clave en el incidente de Iguala, Juan Salgado Guzmán, fue asesinado a tiros por la policía en septiembre de 2021.

El informe reciente del gobierno encontró una serie de “irregularidades” relacionadas con su muerte, lo que llevó a las autoridades a concluir que había sido “ejecutado” sin provocación después de haber sido herido y cuando ya no representaba una amenaza para los oficiales.

Soldados mexicanos

Getty Images
Soldados mexicanos buscando a los estudiantes desaparecidos en 2014.

El Ejército

Gran parte del misterio que rodea el secuestro de Iguala gira en torno a la participación de los militares.

Las autoridades confirmaron que el Ejército tenía un informante que viajaba con los estudiantes de Ayotzinapa el día de la desaparición y estaba al tanto de los movimientos antes de que ocurriera el ataque.

Las autoridades mexicanas han dicho que los militares no hicieron nada para encontrar al informante, que se encuentra entre los que siguen desaparecidos.

Además, los militares han sido acusados por expertos de ocultar información que podría haber ayudado a localizar a los estudiantes. Imágenes de drones parecían mostrar a marinos mexicanos manipulando evidencia en el vertedero de Cocula.

El 15 de septiembre, las autoridades mexicanas anunciaron el arresto de un general retirado del Ejército, José Rodríguez Pérez, en relación con el secuestro de Iguala. Rodríguez tenía el grado de coronel al momento del hecho y estaba a cargo de una unidad estacionada en Iguala.

Otros dos oficiales militares también fueron arrestados.

No está claro qué evidencia tiene el gobierno contra Rodríguez. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, dijo a los periodistas que miembros del grupo criminal retuvieron a seis de los estudiantes en un antiguo almacén antes de entregárselos al entonces coronel, quien presuntamente ordenó que los mataran y se deshicieran de sus cuerpos.

En total se emitieron recientemente órdenes de arresto contra 20 miembros de las Fuerzas Armadas, incluidos comandantes y soldados de los dos batallones diferentes que estaban en Iguala en ese momento.

A pesar de la promesa del gobierno mexicano de responsabilizar a los militares por las violaciones de los derechos humanos, muchos de los problemas planteados por la investigación inicial de Iguala parecen no haber sido abordados.

Lee: Ayotzinapa: a ocho años, cinco nuevos arrestos, 21 órdenes de arresto canceladas, 121 absoluciones y ninguna sentencia


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