El Ejército, con historial de quejas e investigaciones contra sus elementos
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El Ejército, con historial de quejas e investigaciones en su contra, y ahora con aval legal para seguridad pública

La Sedena es la institución que acumuló más quejas entre 2006 y 2019 por desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial.
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Una orden presidencial de Andrés Manuel López Obrador legaliza que el Ejército haga labores de seguridad pública durante los próximos cinco años.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es, por otra parte, la institución que más quejas ha recibido ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial, según datos recabados por la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Entérate: ‘Hablan de mala fe, exageran’, dice AMLO a quienes critican acuerdo que da a fuerzas armadas tareas de seguridad

La orden que regula el rol de los militares indica que el único control al que serán sometidos es el órgano interno de cada institución, lo que ha sido criticado por las ONG, porque consideran que facilita la impunidad.

Entre 2006, año en el que Felipe Calderón dio inicio a la denominada “guerra contra las drogas”, y 2019, la CNDH registró 386 expedientes de queja por desaparición forzada o involuntaria de personas que presuntamente fueron cometidas por las autoridades federales. Casi la mitad de ellas, el 47.9%, señalaba a Sedena, mientras que el 30% responsabilizaba a la Secretaría de Marina (Semar).

En este periodo, la CNDH emitió 20 recomendaciones. La mayoría de ellas estaban dirigidas a Sedena (6), Fiscalía (6 también) y Semar (5).

Desde que Calderón decidió militarizar la seguridad pública y sacar a los soldados a la calle se registraron más de 7 mil detenciones de civiles cada año, realizadas tanto por elementos de la Sedena como de Semar.

A su vez, el Ejército estuvo involucrado en casi 5 mil 500 enfrentamientos armados y la Marina en casi 400.

Según datos ofrecidos por la institución en una respuesta a una solicitud de información, en 2019 fueron desplegados 62 mil 954 militares, lo que rebasa las cifras de años anteriores. Anualmente desde el inicio de la “guerra al narcotráfico”, el promedio de elementos de Sedena desplegados era de 50 mil y el de Semar de 8 mil.

Entre 2006 y 2019 la CNDH recibió 20 quejas por ejecución sumaria o extrajudicial. De estas, doce señalaban al Ejército, seis a la Policía Federal, tres a la Procuraduría General de la República (actual Fiscalía), dos a la Marina y una a la Comisión Nacional de Seguridad.

La última fecha actualizada que ofreció Sedena sobre el número de muertos y heridos en enfrentamientos es 2014. Con ese corte habría 3 mil 907 presuntos agresores muertos desde 2007 y más de 3 mil puestos a disposición ministerial.

El Ejército también encabeza la lista de sentencias condenatorias por delito de homicidio cometido por servidor público. Un informe de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) recoge 48 condenas y 18 absoluciones. De las que la institución logró obtener una versión pública digitalizada, 23 habían sido dictadas a elementos de la Sedena, 4 a la Semar y 11 a oficiales de la Policía Federal.

En relación a la tortura, la CNDH registró que casi la mitad de las 11 mil 500 quejas por torturas y trato cruel, inhumano y degradante estaban dirigidas al Ejército. Detrás de los militares, los más señalados eran Policía Federal, Fiscalía y Marina.

Estas quejas no se traducen después en investigaciones. La Fiscalía Especial para el Delito de Tortura dijo que tiene 4,655 expedientes desde 2015. De ellos solo 0.55% fue judicializado.

Nuevamente, el Ejército está a la cabeza en número de investigaciones sobre su personal, seguido de Semar, Pemex, INM, Policía Federal, Aduanas y prisiones.

Específicamente existen 1,609 investigaciones en contra de Sedena.

Desde su despliegue en junio de 2019 a diciembre de 2019, la Guardia Nacional ha sido señalada en 49 quejas como autoridad presuntamente responsable de cometer violaciones de derechos humanos, de las cuales 7 se refieren a actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y/o degradantes.

Por su parte, López Obrador defendió su decisión y aseguró que se trata de un mero trámite, que el despliegue del Ejército durante toda su legislatura ya estaba contemplado en la reforma constitucional que dio origen a la Guardia Nacional.

“Necesitamos del profesionalismo de la Marina y el Ejercito para enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia. “No quiero que la Guardia Nacional termine como la Policía Federal, sería un rotundo fracaso; por eso, aunque me critiquen de que quiero militarizar al país, voy a seguir insistiendo que nos deben ayudar las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Pública. Estoy convencido de que es necesario y, como no tengo problema de conciencia, por eso puedo plantearlo”, afirmó.

En opinión del mandatario, las críticas a la medida vienen por “desinformación” o “mala fe”.

Desde la sociedad civil, sin embargo, se multiplican los pronunciamientos contrarios a la última decisión presidencial.

“Ni Calderón ni Peña se atrevieron a esto. Supone la entrega de la división de poderes entre lo civil y militar y la entrega de poder a los militares”, dijo José Guevara, director ejecutivo de la CMDPDH. “Mintió a los votantes de que iba a ser distinto cuando criticó la politica militarizante”, dijo.

Desde el Centro Pro de Derechos Humanos, Luis Tapia consideró que la decisión presidencial puede tener un punto positivo, que es el de la seguridad jurídica, pero también puede normalizar la presencia de los soldados en las calles.

Recordó Tapia que, además de todas las quejas registradas, la CNDH tiene presentadas impugnaciones contra la Ley Nacional de Guardia Nacional, Ley Nacional Registro de Detenciones y Ley Nacional sobre el uso de la fuerza.

“Están en la Suprema Corte y tienen que ser resueltas por el pleno. Hay condiciones para que esto suceda y sería un momento propicio”, afirmó.

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Cristina Kirchner, vicepresidenta de Argentina, es condenada a 6 años de prisión por corrupción

Un tribunal criminal determinó que la expresidenta defraudó al Estado por más de US$1.000 millones al otorgarle obras públicas a un socio. Sin embargo, no irá a la cárcel hasta que la condene quede firme.
6 de diciembre, 2022
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Cristina Fernández de Kirchner escuchó la sentencia a través de videoconferencia desde su despacho en el Senado, que preside por ser vicepresidenta.

Un tribunal criminal en Argentina condenó este martes a la vicepresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, a 6 años de prisión por el delito de administración fraudulenta durante los 12 años que gobernaron ella y su difunto marido, el expresidente Néstor Kirchner (2003-2015).

Sin embargo, la vicepresidenta fue absuelta del cargo de ser jefa de una asociación ilícita.

La sentencia también inhabilita a la exmandataria a ocupar cargos públicos de por vida.

Kirchner niega los cargos y afirma ser víctima del “lawfare” o guerra jurídica.

Es la primera vez en la historia del país que un vicepresidente en funciones es juzgado y condenado por la justicia.

No obstante, el fallo no supone que la vicepresidenta entre inmediatamente a la cárcel, ya que primero debe ser ratificado por la Cámara de Casación y la Corte Suprema, lo que podría tardar años.

Kirchner goza además de fueros que impiden que sea arrestada hasta el 10 de diciembre de 2023, cuando concluye su mandato, y podrá presentarse a elecciones para un nuevo cargo en los comicios del año próximo, lo que podría extender su inmunidad.

La exmandataria fue acusada de haber otorgado obras viales millonarias a un socio y presunto testaferro, quien también fue condenado, al igual que otros once exfuncionarios kirchneristas, incluyendo a un exministro.

Aquí te explicamos la causa, qué dice la defensa de Kirchner y qué pasará ahora con la vicepresidenta argentina.

¿De qué se le acusa a Cristina Kirchner?

La exmandataria fue condenada por haber direccionado obras públicas en la provincia patagónica de Santa Cruz, que Néstor Kirchner gobernó durante más de una década antes de llegar a la presidencia y donde aún mantiene su residencia la vicepresidenta.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola dijeron que los Kirchner “instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que, lamentablemente y tristemente, se hayan desarrollado en el país”.

El fiscal titular Diego Luciani durante su alegato final.

Poder Judicial de Argentina
El fiscal titular Diego Luciani había pedido una condena de 12 años de prisión para Cristina Kirchner.

La acusación aseguró que, días antes de asumir la presidencia, en 2003, crearon una empresa constructora, llamada Austral Construcciones, a la que luego le fueron adjudicadas la mayoría de las obras viales que se realizaron en Santa Cruz.

Según los fiscales, pusieron al frente de la constructora a un socio comercial y amigo de la familia, que actuó como testaferro: Lázaro Báez, un exgerente del Banco de Santa Cruz que, según el Ministerio Público, no tenía experiencia en el rubro de la construcción.

Báez, que el año pasado fue sentenciado a 12 años de prisión por lavado de dinero, también fue condenado en este juicio, junto con otros once exfuncionarios kirchneristas, incluyendo al exministro de Planificación Federal y mano derecha de los Kirchner, Julio De Vido, quien ya cumple arresto domiciliario por otras causas de corrupción.

Otro condenado que ya está detenido por otras causas de corrupción es José López, exsecretario de Obras Públicas, quien fue arrestado luego de que se lo descubriera arrojando bolsos llenos de dólares a un convento, en 2016.

Según Luciani y Mola, Austral Construcciones recibió licitaciones para construir 51 obras, el 79% de las obras de la provincia de Santa Cruz durante el período en el que los Kirchner gobernaron el país.

Pero solo dos fueron finalizadas a tiempo y la mitad nunca se terminaron. Además, dijeron que la empresa fue favorecida con sobreprecios millonarios.

“Todas las licitaciones fueron una farsa. Hubo una cartelización organizada por el Estado nacional”, acusaron, estimando que la maniobra de corrupción perjudicó al Estado por más de US$1.000 millones, dinero que -pidieron- sea decomisado de los bienes de los condenados.

Durante su alegato, los fiscales detallaron que las irregularidades en favor de Báez se multiplicaron en 2007 y 2011, años de elecciones nacionales (que ganó el kirchnerismo), y aseguraron que esto se debió a que la asociación ilícita buscaba recaudar para las campañas electorales.

Lázaro Báez durante una audiencia judicial

Getty Images
Lázaro Báez era gerente del Banco de Santa Cruz antes de convertirse en el principal empresario de la obra pública de esa provincia durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Austral Construcciones dejó de operar en diciembre de 2015, momento en que Cristina Kirchner dejó el poder, un hecho que -para la Fiscalía- también demuestra que había un vínculo entre la constructora de Lázaro Báez y los Kirchner.

Qué dice la vicepresidenta

La principal base de la defensa de la exmandataria fue que la Fiscalía no produjo evidencias -ni un solo documento o mensaje- que vincularan directa y personalmente a la entonces presidenta con el otorgamiento de obras a Lázaro Báez.

“Entre la Presidencia de la Nación y las obras denunciadas existen doce instancias administrativas de carácter nacional y provincial”, detalló la vicepresidenta en su cuenta de Twitter, donde refutó muchos de los argumentos que presentaron los fiscales.

La defensa también sostuvo que la Justicia no tiene potestad para juzgar cómo un gobierno, elegido democráticamente, distribuye la inversión pública.

Kirchner también señaló que no se puede responsabilizar a un jefe de Estado por cómo se manejan las licitaciones públicas.

“El que ejecuta el presupuesto es el jefe de Gabinete, no el presidente o presidenta de la nación”, observó, agregando con ironía que en todo caso el Tribunal tendría que juzgar a quien fue el primer jefe de gabinete del kirchnerismo entre 2003 y 2008: el actual presidente Alberto Fernández, quien solo declaró en la causa como testigo de la defensa y ha sido uno de los más vocales partidarios de su vicepresidenta.

Por otra parte, la vicepresidenta remarcó que otro Poder del Estado, el Congreso, aprobó esas inversiones cuando sancionó la ley de presupuesto, incluso con algunos votos del macrismo.

Cámara de Diputados de Argentina

Getty Images
El Congreso argentino, con mayoría kirchnerista, aprobó la financiación de las obras adjudicadas a la constructora de Lázaro Báez.

Y defendió el otorgamiento de fondos a la provincia donde reside, afirmando que “la inversión en obra pública vial de Santa Cruz se justificaba ampliamente por el déficit que presentaba su red vial en el año 2003”.

En tanto, señaló que las 51 obras cuestionadas ya habían sido investigadas por la Justicia de esa provincia, que no halló evidencias de corrupción, y que para este juicio solo se peritaron 5 “obras testigo”.

“Lawfare”

Pero además de desestimar las acusaciones en su contra, Kirchner ha mantenido que la llamada “causa Vialidad”, que se inició por una denuncia presentada por la oposición en 2008 (durante su primer gobierno) y llevó a su procesamiento en 2016, durante el primer año de gobierno de su sucesor, Mauricio Macri, es parte de una persecución política, mediática y judicial orquestada por su rival político.

En ese sentido, siempre se ha comparado con su par brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, elegido en octubre pasado para un tercer mandato, luego de haber pasado un año y medio en prisión por una condena de corrupción que luego fue anulada (y que evitó que se postulara en las elecciones de 2018 que ganó Jair Bolsonaro).

Cuando Kirchner declaró como indagada en la causa Vialidad en diciembre de 2019 -días antes de volver al poder como vicepresidenta de Alberto Fernández- se negó a responder preguntas de la Fiscalía y criticó duramente a los magistrados que la estaban juzgando.

“Este tribunal, el del lawfare, seguramente tiene la condena escrita. No me interesa, a mi me absolvió la historia, me va a absolver la historia. Y a ustedes, seguramente, los va a condenar la historia”, sentenció ante los tres jueces, a quienes ella misma había designado durante su gobierno.

En las otras dos oportunidades que tuvo para expresarse durante el juicio, durante su alegato final y la semana última, al cierre del proceso, -en ambas ocasiones habló por videoconferencia y se trasmitieron sus palabras en vivo- la vicepresidenta endureció sus acusaciones.

“Cuando hablé del lawfare fui muy generosa; más que un tribunal de lawfare es un verdadero pelotón de fusilamiento“, dijo al Tribunal, días antes de que la condenaran.

Cristina Kirchner en el Senado

Reuters
Cristina Kirchner dice que el juicio busca sacar del poder al kirchnerismo, fuerza que hoy gobierna como parte de una coalición peronista encabezada por Alberto Fernández.

La funcionaria afirmó que el juicio busca proscribir al kirchnerismo.

“Esta suerte de pelotón de fusilamiento tuvo como objeto, desde el principio, estigmatizar a un espacio político y fundamentalmente a quien tiene el mayor grado de representación de ese espacio” -dijo en referencia a sí misma- “para que nunca nadie vuelva a atreverse a hacer las cosas que hicimos nosotros”, señaló, enumerando algunos de los “logros” de los 12 años en los que gobernaron ella y su difunto marido, incluyendo varias estatizaciones.

También comparó el accionar de la Justicia con el del régimen militar de los años de plomo.

“El Partido Judicial vino a sustituir al viejo Partido Militar que impedía expresarse libremente a la voluntad popular, que condicionaba la democracia… hoy el Partido Judicial también cumple este rol (…) viene a estigmatizar y disciplinar a los dirigentes en la República Argentina”, afirmó.

En agosto pasado Kirchner había pedido la recusación del fiscal Luciani y de uno de los jueces, Rodrigo Giménez Uriburu, luego de que el diario Página 12 revelara que ambos jugaban en el mismo equipo de fútbol, y que en el pasado participaron en un torneo en la quinta del expresidente Macri, pero el pedido fue denegado.

En sus últimas palabras ante la corte dijo que los fiscales “inventaron hechos, ocultaron otros hechos, tergiversaron y mintieron”, y los acusó de generar las condiciones para que se concretara un atentado contra su vida el pasado 1 de septiembre.

También señaló que actuaron “no conforme a derecho sino cual editorial de Clarín o del diario La Nación”, en referencia a los dos principales medios de Argentina, muy críticos con el kirchnerismo.

En una entrevista con el diario brasileño Folha de Sao Paulo, publicada el pasado domingo, la vicepresidenta se mostró segura de que sería condenada y dijo que no era casual la fecha del fallo.

“El 6 van a dictar la sentencia. El 7 de diciembre va a ser publicada en los diarios. Ese día, el 7D, fue un emblema de nuestro gobierno con la ley de medios, que establecía que los dueños de medios que tenían demasiada concentración mediática debían desinvertir”, señaló.

“La tapa de ‘Cristina condenada’ y el 7D van a coincidir. Es una suerte de regalo para Magnetto”, afirmó en referencia al CEO del Grupo Clarín.

Cristina Kirchner sosteniendo una portada del diario Clarín

Getty Images
El Grupo Clarín, que publica el diario más leído del país, ha sido el gran antagonista de Cristina Kirchner, desde que el medio se opuso a un aumento de impuestos sobre la exportación de soja que propuso la exmandataria a comienzos de su primer gobierno.

Qué pasará ahora

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.° 2, integrado por Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, dará a conocer los argumentos de su sentencia a principios de 2023, luego de las vacaciones judiciales de verano.

En ese momento, los abogados de la vicepresidenta podrán apelar el fallo ante la Cámara Federal de Casación.

Si ese tribunal ratifica la sentencia, la defensa aún podrá apelar ante la Corte Suprema de Justicia.

Mientras tanto, Cristina Kirchner estará libre y podrá presentarse a elecciones en los comicios generales de octubre de 2023.

Si eventualmente su condena queda firme y ella ocupa un cargo en el Poder Ejecutivo o en el Poder Legislativo, para que vaya a prisión primero deberá ser destituida a través de un juicio político.

De ocurrir, Kirchner podría eventualmente cumplir una pena de prisión domiciliaria ya que en febrero próximo cumplirá 70 años, la edad a partir de la cual se puede exigir ese beneficio.

Además de la causa Vialidad -la primera que llegó a juicio- la exmandataria también está procesada en otra “megacausa” conocida como “los cuadernos de la corrupción”, en la que se le acusa de recibir sobornos de empresarios de la obra pública.

La causa fue elevada a juicio en 2019 pero el proceso -en el que también están acusados exfuncionarios y varios empresarios, entre ellos un primo de Mauricio Macri- aún no tiene fecha de comienzo.

Kirchner también fue sobreseída en otras tres causas, antes de que se iniciaran los juicios, entre ellas en la llamada “Hotesur/Los Sauces”, en la que se la acusaba, juntos a sus hijos, de haber utilizado hoteles para lavar dinero proveniente de empresarios de la obra pública como Lázaro Báez, quien alquilaba habitaciones en las propiedades de los Kirchner, supuestamente para los empleados de su constructora.


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