Extinguir fideicomisos afecta becas, atletas y el dinero iría a una caja negra
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Extinguir fideicomisos afecta la investigación, becas, atletas y el dinero iría a una caja negra

Con la desaparición de 44 fideicomisos y 4 fondos el gobierno obtendría recursos para enfrentar al COVID. Pero advierten que habría un manejo discrecional de los recursos.
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22 de mayo, 2020
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La Cámara de Diputados pretende extinguir fideicomisos creados por decreto de ley que dejaría sin recursos a 26 centros de investigación, alumnos becados en el extranjero, atletas de alto rendimiento y medallistas olímpicos; periodistas y defensores de derechos humanos amenazados, y extrabajadores migratorios del Programa Bracero, ahora ancianos.

El argumento es que con la desaparición de 44 fideicomisos y 4 fondos a través de la modificación de 14 leyes y la eliminación de una, el gobierno federal obtendría recursos para enfrentar la crisis derivada de la pandemia de coronovirus.

También se eliminaría la “opacidad” de los fideicomisos al estar “vinculados a la discrecionalidad y falta de transparencia”, según advierte la iniciativa presentada por Dolores Padierna, diputada de Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador y con mayoría en el Legislativo.

Lee: AMLO ordena extinguir fideicomisos; dinero será para los pobres y reactivación económica

Sin embargo, la iniciativa no prevé mínimos lineamientos o reglamentación para el uso del dinero y su respectiva rendición de cuentas, pues sólo mandata que los recursos sean transferidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es decir, la dependencia tendría recursos extra fuera del presupuesto y sin etiquetar.

“El dinero se iría a una caja negra, con un manejo discrecional y con mayor opacidad de la que se supone van a remediar, porque realmente no sabemos si se usará para la pandemia o va a terminar en Pemex”, asegura José Roldán Xopa, profesor de Derecho Administrativo del CIDE.

Aunque la iniciativa de ley advierte que los fideicomisos se rigen bajo el secreto bancario y la nula fiscalización, Roldán Xopa argumenta lo contrario, toda vez que dichos instrumentos se rigen bajo la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Transparencia y sí son sujetos de fiscalización a través de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

“Los fideicomisos tienen mayor transparencia y mayor posibilidad que lo que están proponiendo en la iniciativa”, afirma Roldán Xopa. De hecho, la Secretaría de la Función Pública tiene participación en todos los fideicomisos existentes, por lo que habría posibilidad de establecer más candados y vigilancia para combatir la supuesta opacidad.

Además, la iniciativa tampoco explica qué otro mecanismo sustituiría a los beneficiarios de esos fideicomisos, ni que pasaría en el momento de transición, por ejemplo, con los becarios en el extranjero, los contratos con proveedores, los salarios porque “el hecho de que exista dinero disponible no significa que no estén comprometidos”. En resumen: “no proponen algo mejor”.

La iniciativa del partido Morena pretende extinguir los fideicomisos creados por ley y que no estuvieron incluidos en el decreto del presidente López Obrador publicado el pasado 2 de abril, que eliminó los fideicomisos constituidos por acuerdos o decretos del Ejecutivo, cuyo monto total ascendía a 740 mil millones de pesos.

Sin embargo, no se ha hecho público la lista de dichos fideicomisos pese a que los recursos debían ser transferidos a Hacienda a más tardar el 15 de abril, según estableció el decreto.  

Los educación 

El Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), con 45 años de funcionamiento, y otros 25 centros públicos de investigación del país como el Colegio de la Frontera Norte (COLEF), el Centro de Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), también serían afectados con la extinción.

Todos pertenecen al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyt), cuyo financiamiento está previsto en la Ley de Ciencia y Tecnología, pero la iniciativa propone derogar la fracción del artículo 23 referente a “los fondos de investigación científica y desarrollo tecnológico cuyo soporte operativo estará a cargo de los centros públicos de investigación”.

Por tanto, cada uno de los centros públicos de enseñanza superior e investigación tienen su propio fideicomiso y al extinguirlos no tendrían recursos suficientes para funcionar como lo han venido haciendo.

Sergio López Ayllón, director del CIDE, asegura que los recursos que entrega el gobierno Federal no son suficientes para solventar las necesidades de los centros, por eso es que “utilizamos los recursos de los fideicomisos para financiar proyectos, y si los quitan ¿cómo vamos a desarrollar esas actividades?”.

“Tendríamos muchas dificultades para hacer lo que hacemos hoy y algunas actividades ya no las podríamos hacer”, advierte López Ayllón en entrevista con Animal Político.

El Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada Baja California, por ejemplo, hace investigación sobre el Golfo de México mediante un barco cuyo mantenimiento se paga de su fideicomiso y no de su presupuesto. También existen proyectos multianuales que pueden desarrollarse gracias al fideicomiso y sin estar sujetos al presupuesto anual.

López Ayllón asegura que se ha hecho un esfuerzo porque estos fideicomisos sean transparentes y “están sujetos a fiscalización, auditorías y el uso de recursos tiene fines específicos que están en la propia ley”, como apoyar investigación, becas para estudiantes, adquisición de equipos para los centros, obras de infraestructura, mantenimiento.

En todo caso, dice, debía haber una revisión de cada fideicomiso para evaluar cómo operan y su posible mejora, “pero no la opción de la bomba atómica de matar a todos.  Eliminarlos por principio es una idea que no tiene mucho sustento y van a generar mucho daño”.

En abril pasado, tras el decreto presidencial para extinguir fideicomisos, la titular del CONACyT, María Elena Álvarez Buylla, apoyó la solicitud que hicieron los centros de investigación a Hacienda para advertir el impacto de la extinción de estos fideicomisos.

Después de ello, nadie del Legislativo o del Consejo se acercaron al CIDE para evaluar el funcionamiento del fideicomiso, por eso, dice López Ayllón, “nos desconcierta, nos descorazona esta iniciativa”.

Otro impacto a la formación es la reforma a la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo que pretende eliminar el fondo que tenía como principal objetivo la “capacitación de personas para que actúen en acciones de cooperación internacional, movilización a terceros países, asunción de los costos de estancia en México de cooperantes extranjeros”. Esto significa que tampoco habría recursos para becarios en el extranjeros bajo esta modalidad.

Desastres, deporte, periodistas, exbraceros

La iniciativa de Morena también prevé reformas a la Ley General de Protección Civil, para eliminar el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), con disponibilidad de 7 mil 129 millones de pesos y cuya bolsa que no depende de un presupuesto anual, sirve para hacer frente a los desastres naturales como sismos o huracanes e incluso para obras y acciones de prevención.

El Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, nadie del Gobierno Federal, ni el Legislativo se acercó para evaluar la operatividad y áreas de mejora del Fonden, según dijo en entrevista con Denise Maerker este jueves.

La reforma a la Ley General de Cultura Física y Deporte también prevé la eliminación de los fondos y fideicomisos públicos y privados que contribuyan al desarrollo deportivo del país.

En el informe trimestral de Hacienda, se explica que el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, por ejemplo, se utiliza para brindar apoyo integral a los mejores deportistas del país mediante becas, campamentos, equipo multidisciplinario, competencias, equipo deportivo, insumos médicos y calzado deportivo.

La disponibilidad hasta marzo de este año era de 298 millones de pesos, y en el primer trimestre del año se utilizaron recursos para apoyar a 774 atletas, 99 médicos olímpicos, 282 deportistas del deporte convencional de 37 disciplinas de alto rendimiento, 47 deportistas del deporte adaptado. Este fondo también sirve para los apoyos vitalicios a medallistas olímpicos, gastos para la preparación y participación de los deportistas en diversas competencias, campamentos, concentraciones, eliminatorias y clasificatorios rumbo a los juegos olímpicos y paralímpicos.

Pese a que México registra el mayor número de periodistas asesinados en 2019 en un país en paz, incluso a nivel de Siria, y con una tasa de impunidad mayor a 90% según la organización Periodistas Sin Fronteras, también sería eliminado el fideicomiso para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Por lo que el Fondo, es decir, los recursos, estarían a cargo de la Secretaría de Gobernación, y sólo estaría alimentado por los recursos anuales del presupuesto de la Federación y la dependencia emitiría las reglas de operación. Esto, dice, Roldán Xopa, deja a  discrecionalidad de una dependencia, cuando el fideicomiso tenía reglas de operación y un consejo multidisciplinario para su funcionamiento.

La única ley abrogada es la que crea el Fideicomiso que administra el Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos del Programa Bracero. Este consistió en que mediante un convenio binacional entre México y Estados Unidos, mexicanos trabajaron en EU entre 1942 y 1964 .

Con dicho acuerdo se creó el Fideicomiso para los Trabajadores Migrantes Braceros que estipulaba que el gobierno estadounidense custodiaría temporalmente el 10% del salario perteneciente a los trabajadores mexicanos, a fin de crear un fondo de ahorro el cual sería devuelto al regresar a México a través del Banco Nacional de Crédito Agrícola de México (BANRURAL) y al Banco del Ahorro Nacional S.A.

El Centro de Estudios de la Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados calculó que fueron 4 millones 649 mil 199 los mexicanos que trabajaron en Estados Unidos dentro del Programa Bracero, de los cuales 3 millones 233 mil 755 sobrevivían hasta 2008, además de la descendencia de quienes habían fallecido.

Y hasta ese año, apenas habían 229 mil exbraceros inscritos en los padrones de 2006 y 2009 y que habían sido atendidos por la Secretaría de Gobernación, lo cual representaba 7% del total y de este número, solamente han recibido su pago 180 mil 322, lo que equivale al 5% del total. Pero ese dinero, también sería transferido a Hacienda.

El Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine), utilizado para apoyar la producción de películas mexicanas, también estaba incluido en las extinciones propuestas por Morena, pero desde este miércoles, la comunidad cultural protestó en redes sociales y a través de cartas dirigidas a los diputados firmantes de la iniciativa.

Ante los reclamos, el presidente de la Comisión de Cultura, Sergio Mayer, dijo en su cuenta de Twitter que hubo una reunión con el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, y se llegó a un acuerdo para que Fidecine permanezca y no se ponga en riesgo al fondo con una iniciativa.

El propio Delgado lo confirmó después con un mensaje en redes sociales, celebrando el acuerdo para evitar una de las implicaciones de la iniciativa que surgió de su propio partido. 

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'Arriesgo mi vida para tratar a pacientes de covid-19 pero mañana puedo ser deportado a México'

Como enfermero en una unidad de cuidados intensivos en un hospital de Carolina del Norte, Jonathan Vargas Andrés trata a pacientes con covid-19 todos los días. Pero pronto puede encontrarse con una orden de deportación.
13 de mayo, 2020
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Guillermo y Jonathan Vargas Andrés

Jonathan Vargas
Guillermo y Jonathan Vargas Andrés llevan 18 años en Estados Unidos.

La Corte Suprema de Estados Unidos está revisando un caso que podría poner en riesgo de deportación a miles de personas que llegaron de forma ilegal al país cuando eran niños.

La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, aprobada en 2012) les dio a estos jóvenes la oportunidad de trabajar y estudiar legalmente en EE.UU., pero el presidente Donald Trump quiere revocarla.

Y muchos de los que están en riesgo son trabajadores de la salud que se enfrentan a la pandemia de coronavirus.

A principios de abril, una larga fila de autos de policía rodeó un hospital en Winston-Salem, en Carolina del Norte, con sus luces azules parpadeando.

Era un tributo, dijeron, a los trabajadores sanitarios que arriesgan sus vidas para tratar a los pacientes de covid-19.

Pero al mexicano Jonathan Vargas Andrés, un enfermero de la unidad de cuidados intensivos que trata a pacientes de coronavirus en ese hospital, le parecen, de alguna manera, gestos vacíos.

Lleva cuatro años trabajando en la misma unidad que su esposa y su hermano, también enfermeros, y la semana pasada ha visto un aumento en el número de casos.

Jonathan también es indocumentado y en las próximas semanas sabrá si el país por el que está arriesgando su vida decidirá deportarlo.

“Trato de no pensar en eso, porque si lo pienso mucho me canso”, dice Jonathan en su suave acento sureño. “Básicamente, tuve que desconectar por mi propia salud”.

“Es el miedo más que nada”.

El programa DACA

Jóvenes protestando frente a la Corte Suprema en apoyo al programa DACA.

Getty Images
La mayoría de los beneficiados por el programa DACA son de América Latina, pero también hay de otras partes del mundo.

Jonathan se benefició del programa DACA, una norma de la era Obama que protegía de la deportación a los jóvenes que fueron traídos ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños y que les proporcionó permisos de trabajo y estudio.

Jonathan llegó de México cuando tenía 12 años.

En 2017, Donald Trump detuvo el programa y actualmente está siendo revisado por la Corte Suprema estadounidense.

En cualquier momento, a Jonathan se le podría decir que ya no tiene derecho a trabajar o vivir en Estados Unidos.

Hay aproximadamente 800.000 beneficiarios de DACA en Estados Unidos. El Centro para el Progreso Americano, un think tank de izquierda, estima que 29.000 de ellos son trabajadores de atención médica en primera línea (médicos, enfermeros, paramédicos) y otros 12.900 se desempeñan en otros sectores de la industria de la salud y el cuidado.

Jonathan describe su trabajo como una vocación.

Le encanta ser enfermero a pesar de enfrentar una pandemia a los cuatro años de haber iniciado su carrera.

“Obviamente, da miedo cuando estás allí”, dice. “Te vuelves muy, muy, muy paranoico con lo que tocas”.

“Pero tienes que dejar ese pensamiento de lado, porque estás allí para ayudar a estas personas. No se trata de ti”.

Su hospital tiene suficientes equipos de protección personal. Los están usando con moderación, lo que lo pone nervioso, pero lo que es más difícil, cuenta, es tener que ver a la gente morir sola.

“Es muy triste, muy deprimente ver a las familias tener que despedirse a través de un iPad”, dice.

“No solo es estresante, sino emocionalmente agotador“.

Al menos en la unidad hay solidaridad, pero a veces siente que está viviendo una doble vida.

“Cuando voy a trabajar y hablo con mis compañeros de trabajo, ellos no saben sobre mi estatus”, dice.

“Pero luego regreso a casa y me doy cuenta de que, ya sabes, estoy viviendo fuera del radar”.

“Ni siquiera sabes si algo de lo que estás haciendo para ayudar a tu país será apreciado. Y en un par de meses, podría ser deportado“.

Cambio de vida

Protesta de "Dreamers" afuera de la Corte Suprema en noviembre.

Getty Images
El programa DACA está actualmente bajo revisión por la Corte Suprema de EE.UU.

Jonathan nació en México, en un pequeño pueblo cerca de Puebla, en 1990.

Su padre manejaba un autobús para ganarse la vida, pero apenas podía mantener a la familia.

Él recuerda la casa en la que vivían: no tenía ventanas, el piso era de tierra, y no había agua corriente.

Su padre se fue primero a Estados Unidos, en el año 2000, y trajo a su familia dos años después.

Junto con su hermano y su madre, Jonathan cruzó el río que separa a México de Estados Unidos y el desierto, entrando a territorio estadounidense ilegalmente.

Hasta 2012, toda la familia vivía fuera del radar. Como niños indocumentados, podían asistir a la escuela pública, pero no a las universidades públicas ni a las universidades privadas, que eran demasiado caras.

Cuando terminó la escuela secundaria, consiguió trabajos ocasionales. Trabajaba reparando neumáticos cuando se anunció el programa DACA.

“Fue un cambio de vida”, dice. “No sé cómo describirlo. Saber que iba a tener la oportunidad de trabajar legalmente y tener la posibilidad de ir a la universidad”.

Llevaba en Estados Unidos 10 años en ese momento y aunque dice que se sentía estadounidense, no tenía la documentación para demostrarlo.

Cuando se aprobó el programa DACA, él y su hermano inmediatamente intentaron inscribirse en el ejército, pero fueron rechazados por su estatus de ciudadanía.

Su deseo de servir los llevó a la enfermería.

“Vuelve a cruzar el río”

Aunque le encanta su trabajo, los últimos cuatro años han sido un período de mucha ansiedad.

Jonathan ha comenzado a apretar la mandíbula mientras duerme. A veces lo hace tanto que la articulación se hincha y le duele cuando come o habla. Es una condición que generalmente está vinculada al estrés.

“He estado lidiando con este estrés desde 2015, cuando Donald Trump anunció que se postulaba para presidente y lo primero que hizo fue atacar a los mexicanos“.

“Se volvió muy, muy real cuando asumió el cargo”.

Desde entonces, dice que ha sentido más animosidad hacia él y ha experimentado un racismo manifiesto. Cree que algunas personas ahora se sienten con el derecho a mostrar intolerancia.

Describe un incidente fuera de su gimnasio, antes de la cuarentena, en el que un hombre le gritó improperios racistas y le dijo que “volviera a cruzar el río” porque había estacionado incorrectamente.

Una joven con la solicitud para el programa DACA en 2012.

Getty Images
El derecho a trabajar de Jonathan depende del programa DACA.

Camuflaje

Jonathan se casó hace dos años y su esposa es ciudadana estadounidense. Ha solicitado una green card -residencia temporal-, pero no es un hecho que se la vayan a dar.

Su entrada ilegal al país siendo niño podría jugar en su contra.

Si un niño indocumentado no abandona Estados Unidos en el año antes de cumplir su mayoría de edad, asume la responsabilidad legal de su ingreso.

Y si la decisión de la Corte Suprema detiene el programa DACA, podría perder su derecho a trabajar.

Jonathan está tratando de no pensar en lo que sucederá si la decisión va en su contra. Dice que no volverá a México, ya que no cree que la profesión de enfermería sea valorada allí, pero él y su hermano han estado investigando para mudarse a Canadá.

Tendría que dejar a sus padres y su vida de los últimos 18 años atrás. Actualmente está estudiando a tiempo parcial para obtener una calificación adicional en enfermería, y es posible que también tenga que dejarlo.

Aunque el miedo a la covid-19 y la decisión de la Corte Suprema se ciernen sobre él todos los días, tiene una sensación de seguridad dentro de su uniforme de color azul oscuro.

“A veces siento que mi uniforme de trabajo es un tipo de camuflaje”, dice.

“La gente me ve con la bata y asumen que soy de los ‘buenos’ o que estoy aquí legalmente”.

“Pero tan pronto como me cambio, no hay forma de que sepan que soy enfermero, así que me vuelvo un ‘espalda mojada’ como suponen sobre todos los demás que parecen hispanos”.

Enlaces a más artículos sobre el coronavirus

BBC

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https://www.youtube.com/watch?v=3FlrsNfKguk&t=35s

https://www.youtube.com/watch?v=85PHSOeDz2Y

https://www.youtube.com/watch?v=QZ9JbrioTiw

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