Extinguir fideicomisos afecta becas, atletas y el dinero iría a una caja negra
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Extinguir fideicomisos afecta la investigación, becas, atletas y el dinero iría a una caja negra

Con la desaparición de 44 fideicomisos y 4 fondos el gobierno obtendría recursos para enfrentar al COVID. Pero advierten que habría un manejo discrecional de los recursos.
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22 de mayo, 2020
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La Cámara de Diputados pretende extinguir fideicomisos creados por decreto de ley que dejaría sin recursos a 26 centros de investigación, alumnos becados en el extranjero, atletas de alto rendimiento y medallistas olímpicos; periodistas y defensores de derechos humanos amenazados, y extrabajadores migratorios del Programa Bracero, ahora ancianos.

El argumento es que con la desaparición de 44 fideicomisos y 4 fondos a través de la modificación de 14 leyes y la eliminación de una, el gobierno federal obtendría recursos para enfrentar la crisis derivada de la pandemia de coronovirus.

También se eliminaría la “opacidad” de los fideicomisos al estar “vinculados a la discrecionalidad y falta de transparencia”, según advierte la iniciativa presentada por Dolores Padierna, diputada de Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador y con mayoría en el Legislativo.

Lee: AMLO ordena extinguir fideicomisos; dinero será para los pobres y reactivación económica

Sin embargo, la iniciativa no prevé mínimos lineamientos o reglamentación para el uso del dinero y su respectiva rendición de cuentas, pues sólo mandata que los recursos sean transferidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es decir, la dependencia tendría recursos extra fuera del presupuesto y sin etiquetar.

“El dinero se iría a una caja negra, con un manejo discrecional y con mayor opacidad de la que se supone van a remediar, porque realmente no sabemos si se usará para la pandemia o va a terminar en Pemex”, asegura José Roldán Xopa, profesor de Derecho Administrativo del CIDE.

Aunque la iniciativa de ley advierte que los fideicomisos se rigen bajo el secreto bancario y la nula fiscalización, Roldán Xopa argumenta lo contrario, toda vez que dichos instrumentos se rigen bajo la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Transparencia y sí son sujetos de fiscalización a través de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

“Los fideicomisos tienen mayor transparencia y mayor posibilidad que lo que están proponiendo en la iniciativa”, afirma Roldán Xopa. De hecho, la Secretaría de la Función Pública tiene participación en todos los fideicomisos existentes, por lo que habría posibilidad de establecer más candados y vigilancia para combatir la supuesta opacidad.

Además, la iniciativa tampoco explica qué otro mecanismo sustituiría a los beneficiarios de esos fideicomisos, ni que pasaría en el momento de transición, por ejemplo, con los becarios en el extranjero, los contratos con proveedores, los salarios porque “el hecho de que exista dinero disponible no significa que no estén comprometidos”. En resumen: “no proponen algo mejor”.

La iniciativa del partido Morena pretende extinguir los fideicomisos creados por ley y que no estuvieron incluidos en el decreto del presidente López Obrador publicado el pasado 2 de abril, que eliminó los fideicomisos constituidos por acuerdos o decretos del Ejecutivo, cuyo monto total ascendía a 740 mil millones de pesos.

Sin embargo, no se ha hecho público la lista de dichos fideicomisos pese a que los recursos debían ser transferidos a Hacienda a más tardar el 15 de abril, según estableció el decreto.  

Los educación 

El Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), con 45 años de funcionamiento, y otros 25 centros públicos de investigación del país como el Colegio de la Frontera Norte (COLEF), el Centro de Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), también serían afectados con la extinción.

Todos pertenecen al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyt), cuyo financiamiento está previsto en la Ley de Ciencia y Tecnología, pero la iniciativa propone derogar la fracción del artículo 23 referente a “los fondos de investigación científica y desarrollo tecnológico cuyo soporte operativo estará a cargo de los centros públicos de investigación”.

Por tanto, cada uno de los centros públicos de enseñanza superior e investigación tienen su propio fideicomiso y al extinguirlos no tendrían recursos suficientes para funcionar como lo han venido haciendo.

Sergio López Ayllón, director del CIDE, asegura que los recursos que entrega el gobierno Federal no son suficientes para solventar las necesidades de los centros, por eso es que “utilizamos los recursos de los fideicomisos para financiar proyectos, y si los quitan ¿cómo vamos a desarrollar esas actividades?”.

“Tendríamos muchas dificultades para hacer lo que hacemos hoy y algunas actividades ya no las podríamos hacer”, advierte López Ayllón en entrevista con Animal Político.

El Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada Baja California, por ejemplo, hace investigación sobre el Golfo de México mediante un barco cuyo mantenimiento se paga de su fideicomiso y no de su presupuesto. También existen proyectos multianuales que pueden desarrollarse gracias al fideicomiso y sin estar sujetos al presupuesto anual.

López Ayllón asegura que se ha hecho un esfuerzo porque estos fideicomisos sean transparentes y “están sujetos a fiscalización, auditorías y el uso de recursos tiene fines específicos que están en la propia ley”, como apoyar investigación, becas para estudiantes, adquisición de equipos para los centros, obras de infraestructura, mantenimiento.

En todo caso, dice, debía haber una revisión de cada fideicomiso para evaluar cómo operan y su posible mejora, “pero no la opción de la bomba atómica de matar a todos.  Eliminarlos por principio es una idea que no tiene mucho sustento y van a generar mucho daño”.

En abril pasado, tras el decreto presidencial para extinguir fideicomisos, la titular del CONACyT, María Elena Álvarez Buylla, apoyó la solicitud que hicieron los centros de investigación a Hacienda para advertir el impacto de la extinción de estos fideicomisos.

Después de ello, nadie del Legislativo o del Consejo se acercaron al CIDE para evaluar el funcionamiento del fideicomiso, por eso, dice López Ayllón, “nos desconcierta, nos descorazona esta iniciativa”.

Otro impacto a la formación es la reforma a la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo que pretende eliminar el fondo que tenía como principal objetivo la “capacitación de personas para que actúen en acciones de cooperación internacional, movilización a terceros países, asunción de los costos de estancia en México de cooperantes extranjeros”. Esto significa que tampoco habría recursos para becarios en el extranjeros bajo esta modalidad.

Desastres, deporte, periodistas, exbraceros

La iniciativa de Morena también prevé reformas a la Ley General de Protección Civil, para eliminar el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), con disponibilidad de 7 mil 129 millones de pesos y cuya bolsa que no depende de un presupuesto anual, sirve para hacer frente a los desastres naturales como sismos o huracanes e incluso para obras y acciones de prevención.

El Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, nadie del Gobierno Federal, ni el Legislativo se acercó para evaluar la operatividad y áreas de mejora del Fonden, según dijo en entrevista con Denise Maerker este jueves.

La reforma a la Ley General de Cultura Física y Deporte también prevé la eliminación de los fondos y fideicomisos públicos y privados que contribuyan al desarrollo deportivo del país.

En el informe trimestral de Hacienda, se explica que el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, por ejemplo, se utiliza para brindar apoyo integral a los mejores deportistas del país mediante becas, campamentos, equipo multidisciplinario, competencias, equipo deportivo, insumos médicos y calzado deportivo.

La disponibilidad hasta marzo de este año era de 298 millones de pesos, y en el primer trimestre del año se utilizaron recursos para apoyar a 774 atletas, 99 médicos olímpicos, 282 deportistas del deporte convencional de 37 disciplinas de alto rendimiento, 47 deportistas del deporte adaptado. Este fondo también sirve para los apoyos vitalicios a medallistas olímpicos, gastos para la preparación y participación de los deportistas en diversas competencias, campamentos, concentraciones, eliminatorias y clasificatorios rumbo a los juegos olímpicos y paralímpicos.

Pese a que México registra el mayor número de periodistas asesinados en 2019 en un país en paz, incluso a nivel de Siria, y con una tasa de impunidad mayor a 90% según la organización Periodistas Sin Fronteras, también sería eliminado el fideicomiso para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Por lo que el Fondo, es decir, los recursos, estarían a cargo de la Secretaría de Gobernación, y sólo estaría alimentado por los recursos anuales del presupuesto de la Federación y la dependencia emitiría las reglas de operación. Esto, dice, Roldán Xopa, deja a  discrecionalidad de una dependencia, cuando el fideicomiso tenía reglas de operación y un consejo multidisciplinario para su funcionamiento.

La única ley abrogada es la que crea el Fideicomiso que administra el Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos del Programa Bracero. Este consistió en que mediante un convenio binacional entre México y Estados Unidos, mexicanos trabajaron en EU entre 1942 y 1964 .

Con dicho acuerdo se creó el Fideicomiso para los Trabajadores Migrantes Braceros que estipulaba que el gobierno estadounidense custodiaría temporalmente el 10% del salario perteneciente a los trabajadores mexicanos, a fin de crear un fondo de ahorro el cual sería devuelto al regresar a México a través del Banco Nacional de Crédito Agrícola de México (BANRURAL) y al Banco del Ahorro Nacional S.A.

El Centro de Estudios de la Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados calculó que fueron 4 millones 649 mil 199 los mexicanos que trabajaron en Estados Unidos dentro del Programa Bracero, de los cuales 3 millones 233 mil 755 sobrevivían hasta 2008, además de la descendencia de quienes habían fallecido.

Y hasta ese año, apenas habían 229 mil exbraceros inscritos en los padrones de 2006 y 2009 y que habían sido atendidos por la Secretaría de Gobernación, lo cual representaba 7% del total y de este número, solamente han recibido su pago 180 mil 322, lo que equivale al 5% del total. Pero ese dinero, también sería transferido a Hacienda.

El Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine), utilizado para apoyar la producción de películas mexicanas, también estaba incluido en las extinciones propuestas por Morena, pero desde este miércoles, la comunidad cultural protestó en redes sociales y a través de cartas dirigidas a los diputados firmantes de la iniciativa.

Ante los reclamos, el presidente de la Comisión de Cultura, Sergio Mayer, dijo en su cuenta de Twitter que hubo una reunión con el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, y se llegó a un acuerdo para que Fidecine permanezca y no se ponga en riesgo al fondo con una iniciativa.

El propio Delgado lo confirmó después con un mensaje en redes sociales, celebrando el acuerdo para evitar una de las implicaciones de la iniciativa que surgió de su propio partido. 

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Reuters

El inédito rol del ejército y la marina en el gobierno de AMLO (más allá de la seguridad pública)

El Ejército y la Marina han tomado el mando de grandes proyectos que en el pasado eran manejados en la esfera civil en México.
Reuters
1 de diciembre, 2020
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Al asumir uno de los gobiernos con más respaldo popular de la historia de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se topó con una realidad que chocó con sus ideales de campaña: no es fácil hacer que las fuerzas armadas vuelvan a sus cuarteles.

Bajo su mandato, que cumple dos años este 1 de diciembre, el país ha seguido acumulando números record de homicidios por la violencia de las bandas criminales. Y en las últimas dos décadas las policías civiles no han podido ser depuradas.

Así que su plan de sacar de las calles a las fuerzas armadas en los primeros seis meses de gobierno, como prometía en campaña, no se pudo materializar.

De hecho, el presidente ha puesto en marcha un plan totalmente opuesto.

AMLO, como se conoce al político de 67 años, ha echado mano de los militares en funciones inéditas en México, como las construcciones de un aeropuerto internacional, un sistema ferroviario y cientos de sucursales bancarias estatales.

Por otro lado, la Marina ya no solo vigila la seguridad de los puertos mercantiles y aduanas marítimas, ahora también hace las funciones administrativas.

Nuevos roles en los que las fuerzas militares tienen un rol activo que contrasta notablemente con la discreta presencia que mantuvieron durante casi todo el siglo XX, cuando se limitaban a brindar apoyo social en casos de emergencia.

Maquinaria de construcción militar

Getty Images
El Ejército está al mando de obras civiles prioritarias, como el nuevo aeropuerto de Ciudad de México.

“El rol político del ejército se ha venido fortaleciendo a lo largo de los años. Y el rol de las autoridades civiles se ha venido debilitando debido a la fragmentación de la corrupción política que ha causado la delincuencia organizada”, señala a BBC Mundo el analista de seguridad Edgardo Buscaglia.

“Hoy de alguna manera el ejército mexicano se está latinoamericanizando en muchos sentidos: está adquiriendo un poder político en relación a las autoridades civiles fragmentadas que antes no tenía”, indica el también investigador de la Universidad de Columbia (EE.UU.).

La presencia activa de las fuerzas armadas en tareas por fuera de la seguridad pública se ha vuelto un tema de debate en los últimos meses en México, con análisis en la prensa y en foros que no han pasado desapercibidos por los jefes militares.

“El instituto armando jamás ha buscado, ni buscará protagonismo, porque nuestra esencia es servir a la patria. Es evidente que no buscamos ningún poder porque nuestra razón de ser está alejada de pretensiones políticas o de otro tipo”, se defendió el propio jefe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval.

Atrás ha quedado la pública desconfianza que tenía AMLO por las actividades militares en el país que incluso lo llevaron a demandar investigaciones judiciales contra las fuerzas armadas.

“Como candidato, no ha habido uno que haya estado más alejado de las fuerzas armadas que López Obrador”, explica a BBC Mundo el analista del sector militar mexicano Juan Ibarrola.

Por el contrario, ya en el gobierno AMLO está depositando toda su confianza en ellos.

López Obrador y Luis Sandoval

Reuters
AMLO delegó la elección de su jefe de la Defensa casi hasta que asumió el gobierno en 2018.

“Tenía que ser así. La relación siempre existe entre un presidente y sus fuerzas armadas. No puede estar sin esa fortaleza”, apunta Ibarrola.

Ejército constructor, Marina administradora

Al llegar al gobierno con una mayoría absoluta en el Congreso, López Obrador promovió nuevas leyes para legalizar los patrullajes militares en las calles.

Desapareció la Policía Federal y formó laGuardia Nacional, una nueva corporación con disciplina castrense que el Congreso aprobó para tener un mando civil, pero que de facto está dirigida por militares.

Eso contrasta con lo que decía en 2011, cuando era candidato presidencial y se ponía como meta desmovilizar a las fuerzas armadas en seis meses: “Tenemos que ir sacando al Ejército de las calles”, decía.

“El Ejército no está preparado para esta función, es otro su encargo, es defender la soberanía nacional y no debe de seguirse exponiendo al Ejército, es una institución que debemos de cuidar todos, no socavar al Ejército”, afirmaba.

militares méxico

BBC
La Guardia Nacional se integra por policías militares y navales.

En contaste, desde que asumió el gobierno, dos de sus proyectos insignia han recaído en la ingeniería militar.

Uno es la construcción del Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” (nombrado en honor a un general). El otro es una tramo del Tren Maya, una ambiciosa red ferroviaria de pasajeros en el sureste del país.

La Sedena también tiene en su encargo la construcción 1.600 sucursales del Banco del Bienestar del gobierno, así como 266 cuarteles de la Guardia Nacional.

Por su parte, a la Secretaría de Marina le ordenaron tomar el control administrativo de los puertos mercantes, lo cual motivó la renuncia del entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez.

Militares

AFP
El Ejército construirá la nueva terminal aérea de México, una tarea inédita para los militares en el país.

“Nunca la Secretaría de Comunicaciones fue consultada al respecto y obviamente no estamos de acuerdo de ninguna manera en lo que se plantea de llevar a la militarización una actividad que es eminentemente civil”, dijo el entonces funcionario del gabinete de AMLO.

El creciente rol militar

El investigador Edgardo Buscaglia sostiene que los nuevos roles militares en el gobierno mexicano son producto de una “compensación” a las fuerzas armadas, por su desgaste social en las tareas de seguridad.

“El rol del ejército ahora es mucho más activo e improvisado. El ejército exige mejorar su imagen ante la población civil, exige un presupuesto más grande, y exige irse de las tareas de seguridad civil. Pero como no hay ninguna otra institución funcional en México, se tiene que ocupar de la seguridad. Y como forma de compensar eso que no quiere hacer, el presidente le da proyectos aquí y allá”, añade.

Militares supervisando una obra de construcción

Getty Images
La Sedena realiza la operación de ingeniería y contratación de personal del aeropuerto “Felipe Ángeles”.

BBC Mundo solicitó a la Presidencia de México una entrevista, pero no hubo respuesta oportuna.

Sin embargo el tema ha resonado en los mandos militares, con el propio jefe de la Defensa señalando públicamente el porqué de las tareas militares en proyectos civiles del gobierno de AMLO.

“Apoyamos los proyectos prioritarios de su gobierno con todos los recursos humanos, materiales y financieros que la nación nos provee en aras del bienestar de los mexicanos. Nuestra lealtad institucional es a toda prueba”, dijo el general Sandoval el pasado 20 de noviembre al asegurar que el Ejército no “ningún poder”.

“Nos subordinamos por ley y por la decisión democrática del pueblo de México. Pero sobre todo por convicción. Con esa subordinación al poder civil, cumplimos las misiones generales que tenemos asignadas y trabajamos en proyectos prioritarios para el desarrollo del país, sin que eso signifique perder nuestra naturaleza o razón de ser“, justificó.

General Sandoval

Gobierno de México
Sandoval aseguró que las nuevas tareas del Ejército no implican una desatención de otras labores, como la seguridad.

Citó la ley para las fuerzas armadas, la cual tiene como cuarta misión para los militares “Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país”.

A su vez, el almirante Rafael Ojeda dijo que en el pasado ha habido almirantes al frente de puertos mercantiles como Manzanillo y Lázaro Cárdenas, los principales del Pacífico, que han aumentado la recaudación.

“Simple y sencillamente por dos razones: una, porque el personal es honesto, hace las cosas bien. Y la otra, porque al ser un militar que tiene un apoyo para la seguridad integral del puerto, lógico es que se evita que existan malos manejos”, afirmó en julio pasado.

Marinos mexicanos en el puerto de Veracruz

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La Marina ahora no solo vigila los puertos, también hace la administración civil.

Según el analista Juan Ibarrola, la ingeniería de construcción no ha sido ajena a los militares, solo poco conocida. La edificación de hospitales, escuelas, carreteras y puentes han sido parte de sus tareas, advierte.

“Los soldados no están haciendo la función de albañiles. El desarrollo del proyecto está en manos de ingenieros militares. Son los ingenieros y arquitectos responsables de la obra, pero todo el personal de mano de obra es personal civil”, explica.

Ya que la Sedena no busca tener una utilidad económica, dice Ibarrola, eso reduce costos y tiempos.

Como la construcción del aeropuerto “Felipe Ángeles” prometido para 2021: “es una orden, se entrega en tiempo en que se compromete a hacerlo”.

¿Hay riesgos en la militarización de tareas civiles?

Al considerar que en México está en marcha una “latinoamericanización” de sus fuerzas armadas, Edgardo Buscaglia señala que las fuerzas armadas están transitando hacia el estilo influyente en el gobierno civil que había en países de Sudamérica en la segunda mitad del siglo XX.

“El ejército ha quedado parado como un actor político de demanda ante autoridades civiles de igual a igual. Es una situación muy grave (…) está adquiriendo un poder político en relación a las autoridades civiles fragmentadas que antes no tenía”, dice.

Personal militar en camiones de construcción

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En las fotos promocionales de las obras, los militares aparecen en la primera línea de construcción, pese a que no es su función principal.

A medida que hay un desgaste a un ejército por las tareas de seguridad pública, los presidentes y las autoridades civiles tienen que compensarlos y “dar cotos de caza empresariales”, considera.

“El ejército termina de gozando de mayores presupuestos y este tipo de rol la experiencia internacional te dice que conlleva más casos de corrupción. Como en Egipto y Venezuela hoy, o como en el pasado hubo en otros países de Latinoamérica”, añade.

El riesgo es mayor en los puertos, donde se realiza el manejo administrativo de mercancías. Pero AMLO ha dicho que el objetivo es el contrario, “combatir la corrupción”.

“No es un asunto solo de capacidad, de profesionalismo. Es un asunto fundamentalmente de honestidad. Ni modo de que sea tan complicado saber la importancia que tiene el comercio exterior y cómo recaudar los impuestos”, dijo en julio pasado.

Un barco mercante en Lázaro Cárdenas

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La exposición a proyectos no tan cercanos a su razón de ser, como la administración portuaria, puede generar corrupción, según Buscaglia.

El analista Juan Ibarrola también reconoce que las fuerzas armadas se exponen a casos de corrupción al ocuparse de proyectos civiles, como en la construcción de obras. Pero considera que los militares lo piensan dos veces antes de caer en esas situaciones.

“Los militares se atienen a dos leyes: a la ley de justicia militar y a la ley civil. Un militar que comete un delito lo juzgan doble”, apunta.

“No es que sean incorruptibles. Son seres humanos y en algunos casos ha habido corrupción. Sin embargo el riesgo se reduce significativamente por ser juzgado dos leyes. Pierden todo”.


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