FGR detecta abusos en cateo contra presunto jefe de mafia rumana en Cancún
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Cuartoscuro Archivo

FGR detecta abusos en cateo contra presunto jefe de mafia rumana en Cancún

El cateo fue realizado en mayo del año pasado, en el domicilio de un empresario que se encuentra bajo investigación por supuestos nexos con actividades ilícitas y con una red criminal rumana.
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28 de mayo, 2020
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Una indagatoria en curso de la Fiscalía General de la República (FGR) detectó diversos abusos e irregularidades cometidos por agentes federales durante un cateo realizado en mayo del año pasado en el domicilio de un empresario llamado Florián Tudor, quien a su vez se encuentra bajo investigación por supuestos nexos con actividades ilícitas y con una red criminal rumana.

Entre dichas irregularidades está la sustracción de diversos objetos de valor -como joyas, aparatos y dinero – del domicilio de Tudor en Cancún, Quintana Roo, pese a que la orden de cateo solo contemplaba el aseguramiento de armas de fuego. Los agentes incluso detuvieron a Tudor, pero un día después un juez lo liberó tras considerar que la detención no cumplió con los controles adecuados.

Entérate: Detienen a directivo de FGR por presunta tortura a implicado en caso Ayotzinapa

Además, se indaga la solicitud y autorización de la orden de cateo pues de acuerdo con la denuncia presentada, esta se concedió teniendo como única evidencia una foto lejana en la que el sospechoso parece portar un arma que, se supuso, era de alto poder.

Este caso se suma a otros recientes en donde se ha detectado corrupción y abusos en cateos y operativos irregulares. Tan solo en los últimos ocho meses una decena de elementos de la FGR han sido detenidos y procesados por simular pruebas para perpetrar cateos donde se siembra evidencia o se roban bienes en Jalisco y el Estado de México.

Funcionarios federales indicaron que las indagatorias en el caso de Tudor están a cargo de la Fiscalía de Asuntos Internos -que es la responsable de indagar a los funcionarios de la propia FGR-, y de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, que investiga a los servidores públicos de otras dependencias.

Ambas iniciaron las carpetas de investigación FED/VG/UNAI-QR/0000426/2019 y FED/FECC/UNAI-QR/0000287/2019, respectivamente, por los delitos de abuso de autoridad y posible ejercicio indebido del servicio público. Los casos serán enviados en breve ante un juez, junto con las acusaciones en contra de los funcionarios que resulten responsables.

Entre los servidores públicos que se encuentran bajo investigación por este operativo está el que fuera delegado de la FGR en Quintana Roo y superior jerárquico de otros implicados, Javier Ocampo García.

Dicho funcionario dejó el año pasado ese cargo (meses después del operativo que hoy se investiga) y actualmente se desempeña como Jefe del Estado Mayor de la Policía Estatal de Michoacán. Animal Político busco su opinión a través del área de Comunicación de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, pero hasta ahora no se ha recibido respuesta.

Además, se investiga al fiscal César Eduardo Cervantes Saavedra, quien encabezó el operativo y cateo en la residencia, así como a diversos policías federales que participaron en la acción e ingresaron a la vivienda. De igual forma se indaga la orden judicial a través de la cual se otorgó la autorización para ejecutar el cateo.

Como parte de las investigaciones se recabó la declaración ministerial de Alberto Capella, Secretario de Seguridad Publica de Quintana Roo, con la finalidad de esclarecer si conoció o no del cateo irregular. En contra de él no se prevé ninguna acción penal.

Animal Político también buscó a Capella. Dijo que ni él ni su corporación tuvieron participación en el cateo, y subrayó que su postura es la misma que dio a conocer en un video publicado la semana pasada, donde señala que Tudor intenta distraer la atención de las indagatorias que hay en curso en su contra.

El cateo y el saqueo

El cateo en el domicilio de Florián Tudor fue ejecutado la madrugada del 11 de mayo del año pasado en su residencia ubicada en la calle de óvalo numero 59, manzana 9, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. La intervención se realizó en cumplimiento de una orden de cateo concedida por una jueza federal de control, solicitada a través del oficio CUN-IV-852/2019 por el fiscal César Eduardo Cervantes Saavedra.

La necesidad de llevar a cabo el cateo se sustentó en el hecho de que Tudor era investigado por una presunta portación ilegal de armas de fuego, por la cual se había iniciado previamente la carpeta de investigación FED/QR/CUN/0000151/2019. Además, para ese momento autoridades federales y estatales tenían la sospecha de su conexión con diversas actividades ilícitas.

En ese contexto se autorizó el cateo con al única y exclusiva finalidad de localizar y recabar posibles armas de fuego.

Sin embargo, de acuerdo con la denuncia que Tudor promovió ante la FGR, los agentes que ingresaron a su domicilio – entre ellos cuatro policías federales y el fiscal Cervantes – no solo buscaron armas, sino que además saquearon la casa.

Entre otras cosas señaló que con amenazas fue obligado a abrir una de las cajas fuertes de la casa de donde fueron sustraídos relojes y pulseras de lujo, joyas, dinero en efectivo, documentos, todo ello valuado en al menos dos millones de dólares. También se llevaron equipos electrónicos diversos.

Tudor denunció además que en la intervención los agentes amenazaron a su familia y a su hijo menor de edad, y que le fue sembrada un arma de fuego.

Lo que la investigación de la FGR ha confirmado a partir de las diligencias realizadas por agentes enviados a dicho estado y tras recabar diversas declaraciones es que, en efecto, durante el cateo realizado se sustrajeron diversos bienes de domicilio que no estaban autorizados para ser recopilados. El monto del saqueo sigue siendo cuantificado.

También se corroboró que Tudor fue detenido de forma injustificada y trasladado ante un juez federal de control, quien decidió ponerlo en libertad unas horas después al no encontrar sustento para retenerlo.

Lo que continúa bajo revisión son las condiciones en que fue solicitada y autorizada la orden de cateo, y específicamente el sustento de la misma para confirmar si, en efecto, la misma fue avalada solo con una fotografía como señala el denunciante.

Para deslindar responsabilidades, la FGR decidió indagar por estos hechos no solo a sus agentes directamente vinculados con el cateo, sino a toda la cadena de mando de su delegación en Quintana Roo, encabezada hasta el año pasado por el ya referido Ocampo García, quien unos meses después presentó su renuncia a dicho cargo.

La indagatoria se extendió además a otras dependencias. En el caso de la Policía Federal se investiga al menos a cuatro de sus elementos que ingresaron al domicilio y estarían directamente vinculados con los hechos. También se revisa si el juez que autorizó el cateo lo hizo de forma justificada.

La Fiscalía investigó la participación de elementos de la Secretaría de Marina y de la Policía Estatal quienes presuntamente dieron seguridad perimetral a la intervención irregular, pero no se prevé proceder penalmente en su contra.

Víctima… ¿y victimario?

En la investigación que la FGR lleva a cabo por las irregularidades registradas en mayo de 2019, Florian Tudor figura como víctima. Esto ya que fue él quien denunció los hechos y quien padeció tanto el robo registrado en su vivienda y el presunto abuso de autoridad ya descrito.

Pero, por otro lado, la FGR en coordinación con diversas autoridades estatales e internacionales tienen investigaciones en curso relacionadas con posibles crímenes en los que Florian Tudor estaría involucrado incluso a escala trasnacional.

Una de las indagatorias apunta a que Tudor encabeza un grupo delictivo que opera desde Cancún con conexiones en Rumania y en diversos países, que se encarga de clonar tarjetas bancarias a través de diversos mecanismos tecnológicos que se instalan en los cajeros automáticos de la ciudad.

Dicha actividad criminal funciona ya que una buena parte de las víctimas son turistas que no se percatan del fraude hasta que ya no se encuentran en México, y se vuelve mas complicado denunciar en nuestro país.

Además, autoridades federales confirmaron a Animal Político que hay requerimientos planteados al gobierno de México por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en ingles), para que se proporcionen datos sobre Tudor y su posible conexión con una red de trata de personas que tiene presencia en Brasil y en Estados Unidos.

De igual manera autoridades estadounidenses y nacionales investigan la posible relación de esta persona con el homicidio de un informante, entre otras actividades ilícitas.

En un video difundido la semana pasada el secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Alberto Capella, sostuvo que Tudor y sus cómplices han intentado aprovechar la investigación por abuso de autoridad iniciada contra los agentes por el cateo ya referido, para desacreditar las indagatorias que tanto a nivel federal como estatal se siguen por sus presuntas actividades ilícitas.

“A mí me han pretendido atribuir hechos que no son de mi competencia. Con pruebas voy a exhibir eso y la pretensión de sorprender la buena fe y profesionalismo de la Fiscalía de Combate a la Corrupción. Con argucias tan perversas probablemente la intención sea desviar la atención de los hechos verdaderamente importantes, relacionados con actividades presuntamente constitutivas de delitos que trascienden las fronteras de nuestro país y con ello inhibir las acciones de los funcionarios públicos mexicanos”, señala Capella en la grabación.

Cateos y operativos ilegales: corrupción frecuente

La realización o simulación de cateos y operativos policiales en donde se registran abusos de autoridad como el ocurrido en Quintana Roo no es un hecho aislado.

Apenas el pasado 4 de abril un grupo de 20 agentes irrumpió en una residencia en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, donde sustrajeron múltiples objetos de valor. Tras la denuncia de los vecinos las investigaciones confirmaron que se trató de un cateo simulado. El 11 de mayo un juez determinó abrir proceso en contra de cuatro agentes de la FGR, entre ellos un alto mando, y se giraron órdenes de aprehensión en contra de otros implicados.

Y en octubre del año pasado otros cuatro agentes de la FGR fueron procesados por participar en un esquema de corrupción en el que, con pruebas falsas, se obtuvieron órdenes de cateo en residencias de Zapopan, Jalisco, donde posteriormente se sembraron armas. Por este mismo hecho se solicitó incluso una orden de aprehensión en contra del que fuera titular de la Unidad de Combate al Secuestro de la entonces PGR.

Estefanía Medina Ruvalcaba, cofundadora de la organización civil TOJIL: Estrategia contra la Impunidad y quien previamente laboró en la PGR en las áreas responsables de investigar abusos y corrupción de los elementos de dicha institución, dijo que lamentablemente estos hechos no son aislados.

“Estás practicas y otras más graves son sumamente frecuentes, uno de los grandes problemas es qué hay redes de corrupción al interior de las intuiciones de procuración de justicia que operan de manera sistemática, más allá de quien esté a la cabeza. De ahí que si no se tienen controles adecuados los mandos altos y medios e incluso bajos tienen mucha maniobra para este tipo de cosas”, dijo.

Medina destacó que, en muchas ocasiones, las víctimas de este tipo de abuso son personas que se encuentran bajo investigación y que muy posiblemente son criminales, lo que los convierte en objetivos “perfectos”, pues es muy probable que quien sufre de estos abusos no los denuncie para no ponerse en mayor riesgo ellos mismos.

“Y es muy frecuente que las autoridades le resten importancia al decir que se trata de criminales y que solo quieren salirse con la suya. Pero eso es incorrecto porque con independencia de que las víctimas sean criminales o no, la investigación de estos delitos lo que busca combatir es la irregularidad en el actuar de sus funcionarios (…) hay que centrarse en investigar y esclarecer y sancionar con todo el peso de la ley a los funcionarios que hacen estas irregularidades, pues ello es lo que perpetúa la impunidad”, concluyó.

La respuesta

En una carta enviada a Animal Político, Florian Tudor señala que no tiene relación con grupos criminales y que desde 2005 se le ha relacionado con la mafia Rumana lo que, dice, ha servido para desprestigiarlo.

A continuación adjuntamos la carta íntegra.

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Por qué en México están apareciendo “antimonumentos” (y cómo reflejan los episodios más oscuros de su historia reciente)

Instalados por movimientos sociales en las calles de la capital mexicana, los "antimonumentos" intentan que las víctimas de casos de violencia emblemáticos y a la espera de justicia no se olviden.
8 de diciembre, 2020
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En México, un país donde nueve de cada diez delitos denunciados quedan impunes, los familiares de las víctimas luchan por conseguir que sus casos no caigan en el olvido.

Con ese objetivo afloraron en los últimos años en el país los llamados “antimonumentos”, unos memoriales que simbolizan historias muy distintas pero que comparten una finalidad: el recordar que sus casos continúan a la espera de justicia.

Todos fueron colocados en espacios de la vía pública por ciudadanos y movimientos sociales al margen de las autoridades, ya que precisamente lo que persiguen es “denunciar la inacción o poca empatía del Estado”, le dice a BBC Mundo el doctor en Antropología Alfonso Díaz Tovar.

Autor de la investigación “Antimonumentos. Espacio público, memoria y duelo social en México”, el experto destaca cómo los monumentos “tradicionales” son instalados por el Estado para que perduren en el tiempo y representen “discursos oficiales y verdades históricas”.

“Pero los antimonumentos surgen para deconstruir esas posturas oficiales mediante una apropiación del espacio público, digamos ‘caótica’, y que sí tienen una temporalidad”, apunta.

Así, según Díaz Tovar, mientras los monumentos representan ideas generales sobre la historia de una nación, los antimonumentos simbolizan historias que aún no han terminado, que actúan como una memoria que no está cerrada sobre algo pendiente y que no ha podido acceder a la justicia.

Varios de estos conjuntos están distribuidos por buena parte de México, como la imponente cruz de clavos en Chihuahua (y su réplica en Ciudad Juárez) que fue uno de los primeros que se instaló para representar a cada una de las mujeres asesinadas o desaparecidas desde los años 90.

Sin embargo, probablemente son los antimonumentos de la capital del país los que logran mayor atención, al haberse levantado en puntos emblemáticos y muy transitados de una de las ciudades más pobladas del mundo.

Esta es la historia -y la reivindicación- de los siete antimonumentos de Ciudad de México.

1. Los 43 de Ayotzinapa

Antimonumento de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.

Marcos González

El primer antimonumento fue levantado en 2015 en memoria de uno de los casos de desaparición forzada más escandalosos y reconocidos internacionalmente en la historia reciente de México.

Un año antes, 43 jóvenes estudiantes de una escuela de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, desaparecieron en el municipio de Iguala.

Seis años después, el caso sigue sin resolver y está considerado como uno de los mayores episodios de violaciones de derechos humanos en el país.

El Paseo de la Reforma, una de las arterias principales de la capital mexicana, se convirtió en escenario de habituales protestas por este caso y fue el lugar donde sus padres inauguraron un gran “+ 43” en rojo, en alusión a las otras miles de personas desaparecidas en México.

“Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”, se lee en la base del antimonumento.

2. La desaparición de David y Miguel

Antimonumento a la desaparición de Miguel y David

Marcos González

A pocos metros, se encuentra otro antimonumento que recuerda precisamente otro caso de desaparición que tampoco fue resuelto.

Se trata de David Ramírez y Miguel Rivera, dos jóvenes secuestrados en 2012 cerca de Ciudad Altamirano cuando se dirigían al estado de Guerrero para festejar el 20º cumpleaños de uno de ellos.

Los captores se comunicaron con la familia, que llegó a pagar un rescate. Las autoridades iniciaron una investigación pero, en todo este tiempo, ni los jóvenes fueron liberados ni se logró detener a los responsables.

Sus familiares, sin embargo, denunciaron en numerosas ocasiones “inacción” por parte de la policía, y aseguraron que fueron ellos mismos quienes investigaron el paradero de sus hijos rastreando por ejemplo la señal de sus teléfonos, que los secuestradores siguieron utilizando.

La instalación representa una forma de letra T azul que simula dos siluetas dividas a la mitad y los transeúntes son llamados a colocar un candado en su base como muestra de apoyo.

3. Incendio de la guardería ABC

Antimonumento a los 49 niños muertos en el incendio de la guardería ABC.

Marcos González

En el mismo Paseo de la Reforma, un “ABC” de colores recuerda a los 49 niños que murieron en 2009 en el incendio de la guardería que llevaba este nombre en Hermosillo, estado de Sonora. Más de un centenar resultaron heridos.

El fuego se originó en los archivos de un edificio del gobierno estatal contiguo a la guardería mientras los pequeños dormían la siesta. Parte del personal se encontraba en la hora de la comida, y otros ya habían concluido su turno.

Las labores de evacuación fueron caóticas y se prolongaron durante 30 minutos. Vecinos de la zona abrieron boquetes en las paredes incluso con vehículos ante la falta de salidas de emergencia y extintores suficientes.

Cerca de 20 personas, entre funcionarios y encargados del cuidado de los niños, fueron condenadas a prisión. Pero cuando el año pasado se cumplió una década de la tragedia, ninguna había ingresado en la cárcel mientras se resuelven sus recursos de amparo.

Los familiares denuncian que no se ha hecho justicia y por eso colocaron el antimonumento frente a las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través del cual la guardería prestaba sus servicios de manera subrogada.

4. La explosión en la mina de Pasta de Conchos

Antimonumento a los 65 mineros muertos en Pasta de Conchos.

Marcos González

Un gran “+ 65” pide justicia para los 65 trabajadores que fallecieron en 2006 atrapados por una explosión en la mina de carbón de Pasta de Conchos, en Coahuila.

Un año después, la compañía a cargo de la explotación de la mina suspendió las tareas de rescate tras haber recuperado solo dos cuerpos. Argumentó que se ponía en riesgo la vida de los equipos de emergencia.

Varias familias denunciaron que, de ser rescatados los cadáveres, podría evidenciarse que las condiciones de trabajo en la mina no eran adecuadas para garantizar la seguridad de los mineros, como concluyó después la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El pasado octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en 2021 se reanudará el rescate de los cuerpos atrapados. También confirmó que este año los familiares de los fallecidos recibirían sendas indemnizaciones.

Su antimonumento se encuentra desde 2018 en Reforma, frente a la Bolsa Mexicana de Valores. Un año después, los familiares colocaron junto a él decenas de cascos como símbolo de los mineros que quedaban por rescatar.

5. La masacre de Tlatelolco

Antimonumento a la masacre de Tlatelolco.

Marcos González

El simbólico Zócalo de Ciudad de México fue el lugar elegido para inaugurar un antimonumento cuando se cumplieron 50 años de la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968.

Aquel día, miles de personas se reunieron en la plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, Ciudad de México, convocadas por un movimiento de estudiantes cada vez más activo que protestaba contra el gobierno y la violencia de la policía.

Pero ese 2 de octubre la actuación fue aún más desmedida. Cientos de soldados y miembros de grupos paramilitares iniciaron una balacera contra la multitud que participaba en un mitin pacífico. No hay un balance oficial de víctimas, aunque se estima que mataron a cientos de personas.

No fue hasta 2006 que el expresidente Luis Echeverría -quien era secretario de Gobernación en 1968 en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz- quedó en arresto domiciliario acusado de genocidio, aunque fue exonerado tres años después. Ningún funcionario fue declarado nunca culpable.

La emblemática frase “2 de octubre no se olvida” y otra que reza “Fue el Ejército, fue el Estado” pueden leerse en el antimonumento dedicado a una masacre que dio un vuelco a la vida política y social de México para siempre.

6. “Antimonumenta” contra los feminicidios

Antimonumento a los feminicidios

Marcos González

Un antimonumento para denunciar la violencia contra las mujeres parece inevitable en México, un país donde diez mujeres son asesinadas cada día.

El conocido como “Antimonumenta” fue inaugurado en el marco del Día Internacional de la Mujer del año pasado frente al Palacio de Bellas Artes.

Convertido en punto central de muchas de las marchas de mujeres organizadas en los últimos meses en la capital mexicana, junto a él suelen verse veladoras, flores, cruces rosas, fotografías de decenas de mujeres asesinadas o desaparecidas en el país y mensajes exigiendo justicia.

“Ni una más. No más feminicidios”, se lee en este antimonumento que fue saboteado durante una marcha de opositores al aborto el pasado año.

7. Masacre de migrantes de San Fernando

Antimonumento de la masacre de 72 migrantes en Tamaulipas.

AFP

El último en sumarse a la lista de antimonumentos de Ciudad de México fue un “+72” instalado el pasado agosto en Reforma, frente a la Embajada de Estados Unidos, para reclamar justicia por la masacre ocurrida en San Fernando diez años antes.

En agosto de 2010, 72 personas migrantes -la mayoría de origen centroamericano- fueron brutalmente asesinadas en esta localidad del estado de Tamaulipas, en la frontera norte de México.

El grupo fue secuestrado mientras viajaba en autobús por el cartel de Los Zetas, que los acribilló después de negarse a pagar el dinero que les exigían por dejarlos libres.

Los captores los vendaron, los obligaron a apoyarse contra un muro y luego los balearon. Solo dos personas lograron escapar. Ninguna persona llegó a ser condenada por este espeluznante hecho.

Con el mensaje “migrar es un derecho humano”, el antimonumento fue colocado como homenaje a las víctimas de esta masacre y a todos los migrantes muertos o desaparecidos en el peligroso viaje que emprenden cada año hacia territorio estadounidense.


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