FGR detecta abusos en cateo contra presunto jefe de mafia rumana en Cancún
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FGR detecta abusos en cateo contra presunto jefe de mafia rumana en Cancún

El cateo fue realizado en mayo del año pasado, en el domicilio de un empresario que se encuentra bajo investigación por supuestos nexos con actividades ilícitas y con una red criminal rumana.
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28 de mayo, 2020
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Una indagatoria en curso de la Fiscalía General de la República (FGR) detectó diversos abusos e irregularidades cometidos por agentes federales durante un cateo realizado en mayo del año pasado en el domicilio de un empresario llamado Florián Tudor, quien a su vez se encuentra bajo investigación por supuestos nexos con actividades ilícitas y con una red criminal rumana.

Entre dichas irregularidades está la sustracción de diversos objetos de valor -como joyas, aparatos y dinero – del domicilio de Tudor en Cancún, Quintana Roo, pese a que la orden de cateo solo contemplaba el aseguramiento de armas de fuego. Los agentes incluso detuvieron a Tudor, pero un día después un juez lo liberó tras considerar que la detención no cumplió con los controles adecuados.

Entérate: Detienen a directivo de FGR por presunta tortura a implicado en caso Ayotzinapa

Además, se indaga la solicitud y autorización de la orden de cateo pues de acuerdo con la denuncia presentada, esta se concedió teniendo como única evidencia una foto lejana en la que el sospechoso parece portar un arma que, se supuso, era de alto poder.

Este caso se suma a otros recientes en donde se ha detectado corrupción y abusos en cateos y operativos irregulares. Tan solo en los últimos ocho meses una decena de elementos de la FGR han sido detenidos y procesados por simular pruebas para perpetrar cateos donde se siembra evidencia o se roban bienes en Jalisco y el Estado de México.

Funcionarios federales indicaron que las indagatorias en el caso de Tudor están a cargo de la Fiscalía de Asuntos Internos -que es la responsable de indagar a los funcionarios de la propia FGR-, y de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, que investiga a los servidores públicos de otras dependencias.

Ambas iniciaron las carpetas de investigación FED/VG/UNAI-QR/0000426/2019 y FED/FECC/UNAI-QR/0000287/2019, respectivamente, por los delitos de abuso de autoridad y posible ejercicio indebido del servicio público. Los casos serán enviados en breve ante un juez, junto con las acusaciones en contra de los funcionarios que resulten responsables.

Entre los servidores públicos que se encuentran bajo investigación por este operativo está el que fuera delegado de la FGR en Quintana Roo y superior jerárquico de otros implicados, Javier Ocampo García.

Dicho funcionario dejó el año pasado ese cargo (meses después del operativo que hoy se investiga) y actualmente se desempeña como Jefe del Estado Mayor de la Policía Estatal de Michoacán. Animal Político busco su opinión a través del área de Comunicación de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, pero hasta ahora no se ha recibido respuesta.

Además, se investiga al fiscal César Eduardo Cervantes Saavedra, quien encabezó el operativo y cateo en la residencia, así como a diversos policías federales que participaron en la acción e ingresaron a la vivienda. De igual forma se indaga la orden judicial a través de la cual se otorgó la autorización para ejecutar el cateo.

Como parte de las investigaciones se recabó la declaración ministerial de Alberto Capella, Secretario de Seguridad Publica de Quintana Roo, con la finalidad de esclarecer si conoció o no del cateo irregular. En contra de él no se prevé ninguna acción penal.

Animal Político también buscó a Capella. Dijo que ni él ni su corporación tuvieron participación en el cateo, y subrayó que su postura es la misma que dio a conocer en un video publicado la semana pasada, donde señala que Tudor intenta distraer la atención de las indagatorias que hay en curso en su contra.

El cateo y el saqueo

El cateo en el domicilio de Florián Tudor fue ejecutado la madrugada del 11 de mayo del año pasado en su residencia ubicada en la calle de óvalo numero 59, manzana 9, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. La intervención se realizó en cumplimiento de una orden de cateo concedida por una jueza federal de control, solicitada a través del oficio CUN-IV-852/2019 por el fiscal César Eduardo Cervantes Saavedra.

La necesidad de llevar a cabo el cateo se sustentó en el hecho de que Tudor era investigado por una presunta portación ilegal de armas de fuego, por la cual se había iniciado previamente la carpeta de investigación FED/QR/CUN/0000151/2019. Además, para ese momento autoridades federales y estatales tenían la sospecha de su conexión con diversas actividades ilícitas.

En ese contexto se autorizó el cateo con al única y exclusiva finalidad de localizar y recabar posibles armas de fuego.

Sin embargo, de acuerdo con la denuncia que Tudor promovió ante la FGR, los agentes que ingresaron a su domicilio – entre ellos cuatro policías federales y el fiscal Cervantes – no solo buscaron armas, sino que además saquearon la casa.

Entre otras cosas señaló que con amenazas fue obligado a abrir una de las cajas fuertes de la casa de donde fueron sustraídos relojes y pulseras de lujo, joyas, dinero en efectivo, documentos, todo ello valuado en al menos dos millones de dólares. También se llevaron equipos electrónicos diversos.

Tudor denunció además que en la intervención los agentes amenazaron a su familia y a su hijo menor de edad, y que le fue sembrada un arma de fuego.

Lo que la investigación de la FGR ha confirmado a partir de las diligencias realizadas por agentes enviados a dicho estado y tras recabar diversas declaraciones es que, en efecto, durante el cateo realizado se sustrajeron diversos bienes de domicilio que no estaban autorizados para ser recopilados. El monto del saqueo sigue siendo cuantificado.

También se corroboró que Tudor fue detenido de forma injustificada y trasladado ante un juez federal de control, quien decidió ponerlo en libertad unas horas después al no encontrar sustento para retenerlo.

Lo que continúa bajo revisión son las condiciones en que fue solicitada y autorizada la orden de cateo, y específicamente el sustento de la misma para confirmar si, en efecto, la misma fue avalada solo con una fotografía como señala el denunciante.

Para deslindar responsabilidades, la FGR decidió indagar por estos hechos no solo a sus agentes directamente vinculados con el cateo, sino a toda la cadena de mando de su delegación en Quintana Roo, encabezada hasta el año pasado por el ya referido Ocampo García, quien unos meses después presentó su renuncia a dicho cargo.

La indagatoria se extendió además a otras dependencias. En el caso de la Policía Federal se investiga al menos a cuatro de sus elementos que ingresaron al domicilio y estarían directamente vinculados con los hechos. También se revisa si el juez que autorizó el cateo lo hizo de forma justificada.

La Fiscalía investigó la participación de elementos de la Secretaría de Marina y de la Policía Estatal quienes presuntamente dieron seguridad perimetral a la intervención irregular, pero no se prevé proceder penalmente en su contra.

Víctima… ¿y victimario?

En la investigación que la FGR lleva a cabo por las irregularidades registradas en mayo de 2019, Florian Tudor figura como víctima. Esto ya que fue él quien denunció los hechos y quien padeció tanto el robo registrado en su vivienda y el presunto abuso de autoridad ya descrito.

Pero, por otro lado, la FGR en coordinación con diversas autoridades estatales e internacionales tienen investigaciones en curso relacionadas con posibles crímenes en los que Florian Tudor estaría involucrado incluso a escala trasnacional.

Una de las indagatorias apunta a que Tudor encabeza un grupo delictivo que opera desde Cancún con conexiones en Rumania y en diversos países, que se encarga de clonar tarjetas bancarias a través de diversos mecanismos tecnológicos que se instalan en los cajeros automáticos de la ciudad.

Dicha actividad criminal funciona ya que una buena parte de las víctimas son turistas que no se percatan del fraude hasta que ya no se encuentran en México, y se vuelve mas complicado denunciar en nuestro país.

Además, autoridades federales confirmaron a Animal Político que hay requerimientos planteados al gobierno de México por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en ingles), para que se proporcionen datos sobre Tudor y su posible conexión con una red de trata de personas que tiene presencia en Brasil y en Estados Unidos.

De igual manera autoridades estadounidenses y nacionales investigan la posible relación de esta persona con el homicidio de un informante, entre otras actividades ilícitas.

En un video difundido la semana pasada el secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Alberto Capella, sostuvo que Tudor y sus cómplices han intentado aprovechar la investigación por abuso de autoridad iniciada contra los agentes por el cateo ya referido, para desacreditar las indagatorias que tanto a nivel federal como estatal se siguen por sus presuntas actividades ilícitas.

“A mí me han pretendido atribuir hechos que no son de mi competencia. Con pruebas voy a exhibir eso y la pretensión de sorprender la buena fe y profesionalismo de la Fiscalía de Combate a la Corrupción. Con argucias tan perversas probablemente la intención sea desviar la atención de los hechos verdaderamente importantes, relacionados con actividades presuntamente constitutivas de delitos que trascienden las fronteras de nuestro país y con ello inhibir las acciones de los funcionarios públicos mexicanos”, señala Capella en la grabación.

Cateos y operativos ilegales: corrupción frecuente

La realización o simulación de cateos y operativos policiales en donde se registran abusos de autoridad como el ocurrido en Quintana Roo no es un hecho aislado.

Apenas el pasado 4 de abril un grupo de 20 agentes irrumpió en una residencia en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, donde sustrajeron múltiples objetos de valor. Tras la denuncia de los vecinos las investigaciones confirmaron que se trató de un cateo simulado. El 11 de mayo un juez determinó abrir proceso en contra de cuatro agentes de la FGR, entre ellos un alto mando, y se giraron órdenes de aprehensión en contra de otros implicados.

Y en octubre del año pasado otros cuatro agentes de la FGR fueron procesados por participar en un esquema de corrupción en el que, con pruebas falsas, se obtuvieron órdenes de cateo en residencias de Zapopan, Jalisco, donde posteriormente se sembraron armas. Por este mismo hecho se solicitó incluso una orden de aprehensión en contra del que fuera titular de la Unidad de Combate al Secuestro de la entonces PGR.

Estefanía Medina Ruvalcaba, cofundadora de la organización civil TOJIL: Estrategia contra la Impunidad y quien previamente laboró en la PGR en las áreas responsables de investigar abusos y corrupción de los elementos de dicha institución, dijo que lamentablemente estos hechos no son aislados.

“Estás practicas y otras más graves son sumamente frecuentes, uno de los grandes problemas es qué hay redes de corrupción al interior de las intuiciones de procuración de justicia que operan de manera sistemática, más allá de quien esté a la cabeza. De ahí que si no se tienen controles adecuados los mandos altos y medios e incluso bajos tienen mucha maniobra para este tipo de cosas”, dijo.

Medina destacó que, en muchas ocasiones, las víctimas de este tipo de abuso son personas que se encuentran bajo investigación y que muy posiblemente son criminales, lo que los convierte en objetivos “perfectos”, pues es muy probable que quien sufre de estos abusos no los denuncie para no ponerse en mayor riesgo ellos mismos.

“Y es muy frecuente que las autoridades le resten importancia al decir que se trata de criminales y que solo quieren salirse con la suya. Pero eso es incorrecto porque con independencia de que las víctimas sean criminales o no, la investigación de estos delitos lo que busca combatir es la irregularidad en el actuar de sus funcionarios (…) hay que centrarse en investigar y esclarecer y sancionar con todo el peso de la ley a los funcionarios que hacen estas irregularidades, pues ello es lo que perpetúa la impunidad”, concluyó.

La respuesta

En una carta enviada a Animal Político, Florian Tudor señala que no tiene relación con grupos criminales y que desde 2005 se le ha relacionado con la mafia Rumana lo que, dice, ha servido para desprestigiarlo.

A continuación adjuntamos la carta íntegra.

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Chile vota en plebiscito histórico: 4 claves para entender qué está en juego

La votación definirá el destino político institucional de Chile para los próximos años. Más allá del "apruebo" o "rechazo", varios analistas explican qué está en juego.
25 de octubre, 2020
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Por primera vez en la historia de Chile, este 25 de octubre se pregunta a la ciudadanía si aprueba o rechaza la redacción de una nueva Constitución.

El referendo chileno, aprobado en un acuerdo político en el Congreso tras un ciclo de manifestaciones que comenzó con las marchas estudiantiles el 2006 y culminó en octubre del 2019, definirá el destino político institucional de Chile en los próximos años.

De ganar el “apruebo”, será la primera vez desde 1833 que la Constitución es redactada por una convención ciudadana elegida en votación popular.

Qué está en juego en el referéndum, más allá del “apruebo” o “rechazo” y del tipo de convención que eventualmente surja para redactarla es lo que responden a BBC Mundo aquí analistas chilenos y latinoamericanos.

1. Generar una Constitución “sin traumas”

Pese a que sufrió numerosas reformas, la Constitución vigente hasta hoy en Chile fue redactada y aprobada en 1980 bajo el régimen militar del general Augusto Pinochet y, según afirma el politólogo Gabriel Negretto, “simbólica y políticamente, nunca superó ese defecto congénito”.

Por eso, lo que está en juego en el proceso constituyente que podría comenzar con el triunfo del “apruebo” es la legitimidad de origen de una eventual nueva Constitución para Chile, le dice a BBC Mundo Negretto, quien ha sido consultor de Naciones Unidas en procesos de reforma constitucional en distintos países latinoamericanos.

Augusto Pinochet votando en el referéndum en 1980.

Getty Images
La Constitución vigente fue aprobada y redactada durante el gobierno militar del general Augusto Pinochet.

“¿Qué rodeó a la Constitución de Pinochet?: que nació de un acto de fuerza, de violencia; que se hizo en un clima de miedo, de terror”, describe el académico. “Para marcar un contraste con el origen de la vieja Constitución, la nueva debe nacer de un amplio respaldo ciudadano y en un entorno pacífico”, precisa.

“En ese sentido, hay un llamado a la atención de quienes apoyan el ‘apruebo’ de llamar a la calma… El estallido social, que incorporó gran cantidad de demandas legítimas, también estuvo asociado a actos de violencia injustificados que hasta hoy no están claros. No se puede eliminar toda la violencia, pero tiene que quedar claro que corresponde a grupos aislados”, plantea.

Para que Chile efectivamente cuente con una Constitución que no arrastre los traumas de la actual, argumenta Negretto, se requiere además que una de las dos opciones gane por una mayoría suficientemente amplia y en una votación con una participación importante, ojalá mayor a los promedios de las últimas elecciones chilenas.

“No es lo mismo un referéndum como el que se hizo por el acuerdo de paz en Colombia que uno sobre las reglas fundamentales con las que queremos vivir como sociedad, como se definirá en Chile. En este caso, si la diferencia entre la opción que gana y la que pierda es pequeña, es problemático”, advierte el académico.

“Sería un mal comienzo que el ‘apruebo’ ganara por un margen pequeño: el trauma que vive Chile respecto a los legados de la dictadura provienen del plebiscito de 1988, cuando la dictadura militar terminó cediendo la transición a la democracia con un altísimo poder político (el “Sí” a Pinochet obtuvo un 43% y el “No” un 54.7%). Aquí no debe quedar duda de la posición mayoritaria”, sostiene Negretto.

Simpatizante de la opción de "apruebo", durante una manifestación.

Getty Images
El estallido social de octubre de 2019 incorporó entre sus demandas la redacción de una nueva Constitución.

“Si el resultado fuera 51 para el ‘apruebo’ y 49 por el ‘rechazo’, estaría muy preocupado por el futuro de Chile”, agrega Negretto.

“Porque eso querría decir que el cambio constitucional no lo rechaza una minoría, sino la mitad de la población. Y eso es preocupante en un contexto polarizado, porque aquí no hay medias tintas: se cambia la Constitución o no”.

2. Recuperar legitimidad de la política

Vicky Murillo, directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia en Nueva York, precisa que el plebiscito en Chile emergió como respuesta a la movilización social, “síntoma de la crisis de representación del sistema político” en el país.

“La toma de la calle y los gritos buscaban que los políticos escucharan a la ciudadanía, incluso cuando esta demanda de atención requiriera romper la puerta del salón donde se toman las decisiones, como dice la canción de ‘Hamilton'”.

La académica se refiere a “The room where it happened” uno de los temas del popular musical estadounidense que describe las negociaciones secretas donde la élite negocia fuera del ojo de la opinión pública, una práctica que en Chile se describe como “la cocina”.

“Es importante recordar las expectativas que conlleva el proceso constituyente y la importancia de mantener esa puerta abierta. Esto implica que no solo el resultado, sino también el proceso constitucional será clave para la recuperación de la legitimidad política”, dice Murillo.

De ganar el “apruebo”, la politóloga advierte que es importante “asegurar la entrada de nuevos actores como agentes de representación ciudadana y, al mismo tiempo, que tanto viejos como nuevos representantes garanticen su atención a la ciudadanía incluso cuando no grite o esté en las calles”, dice.

Disturbios durante una manifestación en el aniversario del inicio de las protestas antigubernamentales.

Getty Images
El pasado 18 de octubre se cumplió un año del inicio del estallido social en Chile.

¿Cómo lograr ese objetivo? Estableciendo una conexión humana, basada en la empatía y la experiencia compartida, propone.

“Que la ciudadanía se reconozca en sus representantes y pueda confiar en ellos. El proceso no podrá ser participativo hasta las últimas instancias, requerirá de esperas, y puede involucrar errores. Por ello, la confianza en quienes están en el salón donde se tomen las decisiones depende tanto de una puerta abierta como de la empatía entre estos y quienes han estado ya por demasiados años pidiendo ser oídos”, describe la politóloga.

3. Redistribuir poder y bienes públicos

“Las constituciones definen las reglas del juego”, describe Miriam Henríquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado.

“La etiqueta mayor que yo pondría al proceso chileno sería la opción de cambiar las reglas del juego sobre la distribución del poder y los bienes públicos valiosos para la existencia de toda la sociedad. No sólo los derechos civiles, las libertades, también los sociales, como agua, vivienda, educación”.

Henríquez plantea que, si se lleva adelante el proceso constituyente, una de las opciones es que se remuevan los obstáculos que hoy impiden cambiar algunas políticas públicas en Chile a través del Congreso. Bajo la Constitución actual, incluso si una ley es aprobada por una súper mayoría parlamentaria, puede ser impugnada ante el Tribunal Constitucional (TC).

“Si uno establece en la Constitución que los asuntos se regularán por ley simple, por ejemplo, y se modifica el TC, el efecto será que los cambios de políticas públicas serán más sencillos”, dice la académica.

Partidarios de la opción del "rechazo".

Getty Images
En la opción del “rechazo” también hay personas que creen que se necesitan cambios profundos.

“El ‘rechazo’ supondría que la ciudadanía no tiene voluntad de cambiar la Constitución, porque las cosas como están, están bien. Pero eso no obsta que se pueden hacer reformas. Hay personas del ‘rechazo’ que creen que se necesitan cambios profundos y se han comprometido a emprenderlos”, dice Henríquez.

“La diferencia es que en el apruebo hay un itinerario, un camino claro, un órgano específico. Las reformas que se hicieran en el caso del ‘rechazo’, se harían a través del actual Parlamento, y los cambios no tendrían tanta legitimidad como los que tendría un órgano especialmente elegido para ello”, agrega.

“Es posible que una nueva Constitución se parezca bastante a la actual, y las expectativas pueden quedar frustradas, pero insisto en la importancia del hecho de sentarse a conversar. Esa diferencia ya debería satisfacer muchas expectativas: tener un pacto social que sintamos propio”, concluye.

4. Generar un proceso constituyente único en Latinoamérica

Tanto la realización del plebiscito como el proceso constituyente que derive de sus resultados se normarán por la Constitución vigente, que fue especialmente reformada por el Congreso con este fin. Eso marca una de las diferencias del referéndum constitucional chileno con otras experiencias latinoamericanas.

“No es tan habitual que una Constitución vigente se modifique para su reemplazo. Es excepcional que Chile siga este cauce, este proceso, con procedimientos y plazos establecidos. Y es un desafío máximo que los cumplamos”, precisa Henríquez.

Trabajadora del Servicio Electoral chileno, durante un ensayo para el referendo.

Getty Images
El referendo tendrá lugar siguiendo las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus.

Además, en este caso no es el gobierno el que definirá el cambio constitucional ni el órgano que podría redactar la nueva Constitución, sino la ciudadanía.

“En Chile, además, no hay una fuerza hegemónica que se imponga en el debate. Varios de los procesos latinoamericanos han sido marcados por la existencia de fuerzas políticas muy preponderantes, donde se impone una mayoría. Eso no ocurre en Chile porque las fuerzas están fragmentadas. Y eso, que podría ser complejo y lo es, nos obliga a hacer pactos” dice la politóloga.

“Cada proceso en Latinoamérica tiene algo que lo hace único. En el caso chileno que todas, o gran parte de las fuerzas políticas hayan acordado un cauce institucional a la crisis es algo que lo hace único”, remata Henríquez.


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