Guanajuato 'archiva' dos iniciativas que buscaban legalizar el aborto
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Congreso de Guanajuato 'archiva' dos iniciativas que buscaban legalizar la interrupción del embarazo

Diputados de las Comisiones Unidas de Justicia y Salud Pública del Congreso de Guanajuato rechazaron dos iniciativas que buscaban la despenalización del aborto en el estado.
Cuartoscuro
26 de mayo, 2020
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El Congreso de Guanajuato rechazó este martes dos iniciativas de reforma que buscaban legalizar la interrupción del embarazo.

Los siete votos que rechazaron las iniciativas fueron emitidos por el legislador Jaime Hernández Centeno, de Movimiento Ciudadano, así como por los legisladores Luis Antonio Magdalento Centeno, Katya Cristina Soto Escamilla, Emma Tovar Tapia, Laura Cristina Márquez Alcalá, Cristina Gutiérrez Campos y Jéssica Cabal Ceballos, del PAN.

Para rechazar las dos propuestas presentadas, los diputados de las Comisiones Unidas de Justicia y Salud Pública aprobaron una iniciativa que rechaza ambos proyectos, por lo que quedaron ‘archivadas’, informó el Congreso a través de un comunicado.

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Las iniciativas

Una de las propuestas rechazadas fue presentada ante el Congreso local por el diputado Isidoro Bazaldúa, del PRD, que proponía reformar el Código Penal de Guanajuato, la Ley de Atención y Apoyo a la Víctima y al Ofendido del Delito, la Ley de Salud y la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el estado.

El proyecto de decreto pretendía que el artículo 163 del Código Penal del Estado excluyera del delito de aborto cuando la interrupción del embarazo se practique antes de las 12 semanas de gestación, cuando este sea producto de una violación, y en caso de que, de no abortar, la salud de la mujer corra peligro.

También cuando, a juicio de dos médicos especialistas, exista razón suficiente para practicar el aborto en virtud de haberse diagnosticado que el producto de la concepción presenta alteraciones genéticas o congénitas, o si este ocurre “resultado de una conducta culposa de la mujer embarazada”, es decir, de manera accidental.

Con la adición de un artículo 25 bis a la Ley de Atención y Apoyo a la Víctima y al Ofendido del Delito, buscaba que a toda víctima de violación sexual se le garantizara “el acceso a los servicios de anticoncepción de emergencia y de interrupción voluntaria del embarazo”.

Para la Ley de Salud del estado proponía adicionar la fracción XII al artículo 28, para reconocer en “los efectos del derecho a la protección de la salud” la interrupción del embarazo en casos de violación sexual.

Asimismo, agregar un Capítulo X “sobre la interrupción del embarazo”, en el que considera que en casos de violación en los que se determine que la mujer víctima está embaraza, se proceda a un procedimiento de aborto “en un término no mayor a cinco días, contados a partir de que sea presentada la solicitud”.

La propuesta de reforma también establecía que el estado tendría que hacer público un padrón de médicos no objetores en centros de salud públicos para que se garantice el acceso de las mujeres a la interrupción legal del embarazo.

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La iniciativa propuesta por los legisladores María Magdalena Rosales Cruz y Ernesto Alejandro Prieto Gallardo de Morena, por su parte, pretendía derogar la fracción IV del artículo 11 del Código Penal de Guanajuato, que señala como “delito grave” al aborto.

Proponía reformar el artículo 158 para reconocer al aborto como “interrupción del embarazo a partir de las doce semanas de gestación” y establecer en el 159 que “a la mujer que provoque o consienta su aborto pasadas las 12 semanas desde la concepción se le impondrán de seis meses a tres los de prisión y de cinco a treinta días de multa”.

Señalaba que no sería punible el aborto en casos en los que fuera causado por culpa de la mujer embarazada, cuando el procurado o consentido por la mujer sea el resultado de una violación y cuando el embarazo sea resultado de una inseminación artificial no consentida.

Otras causales permitidas que contempla son que en caso de no practicarse el aborto la mujer embarazada corra peligro en su salud o de muerte, o cuando este se deba a causas eugenésicas graves con previo juicio del médico que la asista.

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EPA

Qué dice el documento sobre la investigación del 11-S recién desclasificado por el FBI

El memorando enumera algunos contactos entre varios ciudadanos sauditas y los secuestradores de los aviones, pero no implica directamente al gobierno de Riad.
EPA
12 de septiembre, 2021
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En el vigésimo aniversario del atentado más mortífero en suelo estadounidense, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) publicó un documento que analiza las posibles conexiones entre varios ciudadanos sauditas en Estados Unidos y dos de los atacantes del 11 de septiembre de 2001.

Los familiares de las víctimas de los ataques de las Torres Gemelas llevaban años solicitando la divulgación de estos archivos clasificados, argumentando que los funcionarios sauditas habrían tenido conocimiento previo del atentado pero que no intentaron detenerlo.

15 de los 19 secuestradores de los aviones eran ciudadanos sauditas.

Sin embargo, el documento —el primero de varios que se espera que sean hechos públicos— no proporciona ninguna evidencia de que el gobierno saudita hubiera estado vinculado o tuviera conocimiento del complot contra las Torres Gemelas.

Antes de la desclasificación, la embajada saudita en Washington se mostró a favor de que los archivos se sacaran a la luz, y una vez más negó cualquier vínculo entre su país y los secuestradores, señalando que tales afirmaciones son “falsas y maliciosas”.

¿Qué dice el documento?

El documento del FBI de 16 páginas se basa en entrevistas con una fuente cuya identidad está clasificada (nombrada como PII) y describe los contactos entre varios ciudadanos sauditas y dos de los secuestradores, Nawaf al-Hazmi y Khalid al-Midhar.

Ambos se hicieron pasar por estudiantes para ingresar a Estados Unidos en el año 2000.

El memorando del FBI dice que luego recibieron un apoyo logístico significativo de Omar al-Bayoumi, quien, según testigos, era un visitante frecuente del Consulado de Arabia Saudita en Los Ángeles a pesar de que su estatus oficial en ese momento era el de estudiante.

Según la fuente del FBI, Bayoumi tenía “un estatus muy alto” en el consulado.

“La asistencia de Bayoumi a Hamzi y Midhar incluyó traducción, viajes, alojamiento y financiación”, dice el documento.

Ataque torres gemelas

Getty Images

Por otra parte, el archivo del FBI también asegura que hubo vínculos entre los dos secuestradores y Fahad al-Thumairy, un imán (líder musulmán) de la mezquita del rey Fahad en Los Ángeles, a quien las fuentes citadas describen como “de creencias extremistas”.

Tanto Bayoumi como Thumairy abandonaron Estados Unidos semanas antes de los ataques del 11 de septiembre, según la agencia de noticias AP.

La agencia también citó a Jim Kreindler, un abogado de los familiares de las víctimas del 11 de septiembre, diciendo que el documento publicado “valida los argumentos que presentados en el litigio sobre la responsabilidad del gobierno saudí en los ataques del 11 de septiembre”.

El mes pasado, una demanda iniciada por familiares llevó a que varios altos exfuncionarios sauditas fueran interrogados bajo juramento.

Joe Biden en el Pentágono

EPA
Las familias de algunas víctimas llevaban tiempo presionando al presidente Joe Biden para que desclasificara los documentos.

Las administraciones precedentes, las de George W. Bush, Barack Obama y Donald Trump,se negaron a desclasificar los documentos, citando como argumento la seguridad nacional.

Pero el actual presidente Joe Biden ordenó la semana pasada una revisión de los documentos y les pidió a los funcionarios que publicaran lo que pudieran durante los próximos seis meses.

Durante mucho tiempo se ha especulado sobre vínculos oficiales sauditas con el atentado, dado el número de ciudadanos de ese país involucrados y los antecedentes del líder de al Qaeda, Osama bin Laden.

El líder de al Qaeda, Osama Bin Laden.

Getty Images
El líder de al Qaeda, Osama Bin Laden.

Estados Unidos y Arabia Saudita han sido aliados durante mucho tiempo, aunque a veces la relación ha sido compleja.

El anterior presidente estadounidense, Donald Trump, fortaleció los lazos entre su país y la monarquía absoluta.

Pero Biden calificó a Arabia Saudita de “paria” después de que en febrero de este año un informe de inteligencia de Estados Unidos implica al príncipe heredero, Mohammed bin Salman, en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, ocurrido en 2018. Bin Salman niega haber ordenado el asesinato, que tuvo lugar en el consulado saudita en Estambul.

El corresponsal de seguridad de la BBC, Frank Gardner, afirma que desde entonces Biden ha suavizado su postura hacia el que es el hombre más poderoso de Arabia Saudita, reflejando la importancia de la alianza entre ambos países.


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