Las irregularidades de las granjas porcícolas en Yucatán
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Espacios naturales ocupados y agua contaminada: las irregularidades de las granjas porcícolas en Yucatán

Decenas de granjas porcícolas en Yucatán cometen irregularidades que ocasionan deforestación y violentan derechos, según Greenpeace.
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Los limoneros de Emilio Madera dejaron de dar fruto hace tres años. De repente, buena parte de sus frutales estaba seco, como si algo hubiese secado de repente el campo. Lleva toda la vida produciendo cítricos en Kinchil, Yucatán, a 42 kilómetros de Mérida. Un derrame proveniente de una granja porcícola le hizo perder la cosecha. Ahora, además, sus tierras no producen ya que dejaron de ser productivas por el exceso de nutrientes recibido.

“Perdí mucho dinero. Llevo toda mi vida dedicado a esto y las granjas son un problema”, asegura, mientras muestra el impacto de la contaminación. Allá donde pasó el agua contaminada ya no crecen más árboles. Ocurre también junto a un pequeño pozo ubicado en su propiedad. Cree que los residuos de la granja pueden estar contaminando el agua y, de paso, sus cosechas. 

Decenas de granjas porcícolas en Yucatán cometen diversas irregularidades contra el medio ambiente, según un informe de Greenpeace al que Animal Político tuvo acceso. 

Lee: A pesar de la pandemia, Yucatán se prepara para recibir turistas al terminar la cuarentena

“Encontramos que las granjas porcícolas invaden zonas protegidas, contaminan el agua utilizada por las comunidades y también de los cenotes, causan deforestación y violentan derechos ya que no se consultó antes de su instalación”, explica Viridiana Lázaro, integrante de Greenpeace. 

Vecinos de comunidades cercanas, como Kinchil, Maxcanú, Opichén y Chololá, en Yucatán, denuncian molestias provocadas por estas industrias como malos olores y problemas con el tránsito de los camiones. Todos tienen miedo de que los desechos de los cerdos puedan afectar al agua que consumen. 

El documento de Greenpeace revela que de 257 granjas porcícolas localizadas en los diferentes registros federales y estatales, al menos 43 están ubicadas en zonas protegidas. En concreto hay 36 ubicadas en el área del Anillo de Cenotes, otras cuatro en la reserva de Cuxtal, que tiene carácter municipal y otras dos en la reserva estatal biocultural del Puuc. Además, en la Laguna de Términos hay otra granja ubicada en un sitio Ramsar, es decir, un Humedal de Importancia Internacional.

Además, “en la península de Yucatán se identificaron 122 granjas porcinas (casi la mitad de las detectadas por Greenpeace), establecidas en regiones consideradas sitios de atención prioritaria para la conservación de la biodiversidad. Las granjas en sitios de conservación suman 20, mientras que las localizadas en sitios de restauración suman 102, 65% de ellas en lugares de prioridad extrema”, dice el documento. 

Por último, Greenpeace reveló que 41 de las granjas están en zonas “cuya política ambiental es de conservación y protección, es decir, que las características del territorio en estas zonas son incompatibles con las granjas porcícolas”. 

“No ha habido control. Por ejemplo, la zona del anillo de cenotes no tiene plan de manejo a pesar de que debería estar aprobado desde hace siete años. Esto implica que no se diga exactamente qué actividades se pueden realizar en esa zona, pero los gobiernos estatal y federal deberían proteger”, dice Lázaro.

“Las autoridades no resguardan ni les dan importancia debida a estas áreas que son un importante pilar en nuestra lucha contra el cambio climático. Además de ser albergue de especies de flora y fauna, son una fuente importante para la activación económica de las comunidades ya que favorece la actividad turística”, indica el informe. 

Según los datos de Greenpeace, existen 43 granjas porcícolas en 4 áreas naturales protegidas del estado de Yucatán.

Animal Político buscó a la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno federal, al gobierno de Yucatán y a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), pero al cierre de la nota no había recibido respuesta. 

Una economía en auge

Las granjas porcícolas son uno de los principales activos económicos en la península de Yucatán. Según Greenpeace aquí se establece el 14% de las granjas porcícolas de la República y el 9% de la producción del país, con un crecimiento anual del 4,5%, solo por detrás de Jalisco y Sonora. 

Aunque las cifras no son claras, dice la organización ecologista. Juan Carlos Gamboa, representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) de Yucatán asegura que son 410 las granjas establecidas en el territorio, con una producción en 2019 de 2 millones 200 mil cerdos. 

En Yucatán, la principal empresa dedicada a la producción y comercialización de carne de cerdo es Grupo Porcícola Mexicano SA de CV, Kekén, que dispone tanto de granjas propias como de instalaciones explotadas en esquema de aparcería. Animal Político se puso en contacto con la empresa para solicitarle su participación en este reportaje pero al cierre de la nota no había enviado una respuesta. 

“Los datos públicos disponibles en fuentes gubernamentales como el registro público de derechos del agua (Repda), el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC), la Gaceta Ecológica de la Semarnat y el Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera presentan inconsistencias y omisiones graves”; denuncia el informe, que alerta que apenas presentan su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), ni reportes de emisiones y transferencia de contaminantes, lo que implica que “muchas de ellas operan fuera de la ley”. 

Según Greenpeace, esta industria provoca diversos daños en el medioambiente, como la pérdida de la biodiversidad. Por ejemplo, el 45% de las granjas están ubicadas sobre selva seca y el 31% del territorio que ocupa esta actividad fue deforestada, lo que implica que se haya arrasado con más de un diez mil hectáreas y 20 de las 200 especies de planta endémica estén en peligro.

La contaminación también pondría en riesgo el ecosistema de los cenotes, por el agua que podría filtrarse. Esto lo saben en comunidades como Homún, que en 2018 promovió un amparo que permitió frenar la construcción de una granja que iba a procesar a casi 50 mil cerdos. 

Pozos contaminados

“Hay nuevas enfermedades que no se daban acá. Diarreas, vómitos. Esta es una comunidad cerrada, no sabemos de dónde pudo venir”. William Abraham Paul Cajúm es comisariado municipal de la hacienda Kanachen, en el municipio de Maxcanú, 67 kilómetros al sur de Mérida. A menos de un kilómetro de la comunidad, que apenas tiene 400 habitantes, está ubicada la granja Gary 7. Se trata de una de estas infraestructuras propiedad de un empresario de la zona pero que produce para Kekén. 

Para Paul Cajúm, el origen de estos males puede estar en la contaminación del agua. No en vano, las heces y los orines de los cerdos tienen un alto contenido de nitratos, nitritos y amonio.

“Nos dicen que la contaminación del agua entra dentro de los rangos, pero los estudios pueden estar manipulados. Con el agua se prepara el frijol, se utiliza para las milpas, se cocina. Si nos hacemos la vista gorda, la ignorancia nos va a decir que no sabemos y cuando nos demos cuenta estamos enfermos”, explica.

A finales de enero, comunitarios se levantaron contra la granja. A la contaminación que creen que está provocando se le suman los daños en la carretera. Así que organizaron un paro e impidieron que los camiones de la compañía llegasen a la granja. “Queremos que hagan un verdadero estudio de agua. Que se comprometan”, explica. 

Un equipo formado por integrantes de Greenpeace e investigadores de la Universidad Autónoma de Yucatán realizaron una investigación en cinco pozos y un cenote cercanos a cinco granjas (Gary 7, Kekén, Santa María, Maxcanú y Gary 6). También se analizaron dos descargas directas en dos puntos en los que las granjas Santa María y Gary 7 vierten sus aguas. El objetivo era determinar las concentraciones de nitrógeno, amonio, nitritos, nitratos y coliformes fecales, para “establecer el posible impacto de los desechos de las granjas porcinas en la calidad de las aguas subterráneas”.

Los resultados se compararon con la norma 001 de Semarnat, que establece los límites máximos de contaminantes en las descargas de aguas residuales. “Cinco de las muestras rebasaban lo permitido, a pesar de que esta ley es obsoleta y permite más de lo que ahora aceptan los estándares internacionales”, dice Viridiana Lázaro. Además, también se comparó el resultado con la norma la 127 de la Secretaría de Salud, que establece la calidad que debe tener un agua para que sea considerada apta para el consumo humano. “Encontramos contaminación en la mayoría de las muestras”, asegura.

El informe advierte que “todas las muestras exceden los límites recomendados de amonio, nitritos y nitratos para garantizar la salud de las personas en México” según la legislación. Aunque el agua de pozo no es la que el gobierno abastece a la población, existe una tradición amplia para su uso.

A las irregularidades en la gestión de los desechos, el informe añade tres de las cinco granjas estudiadas ni siquiera contaban con Manifiesto de Impacto Ambiental, por lo que solicita la verificación de la Semarnat. 

“Lo que pasa es que sueltan los excrementos y llegan hasta aquí a San Fernando. Nos está afectando el olor y no sabemos qué ocurrirá en el futuro, si puede traer enfermedades”, dice Rosa María Canul, vecina de la comunidad de San Fernando, también en Maxcanú. Hace un año que se instaló una granja a menos de un kilómetro de la zona en la que reside desde hace casi 30 años. Se muestra molesta por el tráfico, por los olores y por una cuestión clave: nadie les preguntó si querían una granja porcina cerca de su municipio.

“Aquí siempre nos hemos consultado las cosas”, afirma. 

Según el informe de Greenpeace, el 86% de las granjas identificadas se ubican en territorios indígenas. Sin embargo, en muchas ocasiones se viola el derecho a la consulta previa, libre e informada según determina el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

A pesar de la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19, muchas de las granjas siguen operativas, según denuncian algunos de los vecinos. 

“Esto es parte de un sistema agroalimentario enfermo que está provocando daños”, dice Viridiana Lázaro. En opinión de Greenpeace, es trabajo del gobierno federal desarrollar políticas públicas para cambiar el modelo. “Este está dañando a las personas y al medio ambiente”. “Estas prácticas son un foco, un caldo de cultivo para el surgimiento de nuevas enfermedades. Por eso pedimos un cambio profundo en el modelo agroalimentario”, afirma.

Nota del Editor: Tras la publicación de este reportaje, Keken envío a este medio su postura, la cual se reproduce íntegra. 

En relación con la información difundida, Kekén reitera que la sustentabilidad es parte fundamental de su modelo de negocio. La gestión empresarial con enfoque social y ambiental ha sido factor clave de éxito para garantizar actividades económicas sustentables que contribuyan al desarrollo económico y social de nuestro estado.

Kekén es una empresa orgullosamente yucateca que apoya el crecimiento económico en el sureste.  Somos uno de los empleadores más importantes de la región. Creamos más de 7 mil empleos directos. informa que la transparencia y ética en los negocios son una prioridad. 

Nuestro modelo de negocio ha permitido por casi 30 años que pequeñas, medianas y grandes empresas que se han asociado con nosotros logren sus objetivos siendo socios estratégicos y aliados, integrando en nuestra cadena de valor su experiencia y valor. En este sentido contamos con: 

  • Plantas de tratamiento de agua residual 
  • Generación de energía limpia 
  • Áreas protegidas de conservación para investigación de flora y fauna de la región
  • Modelo inclusivo que incorpora a campesinos y empresarios a su producción, con instalaciones en 47 comunidades en Yucatán
  • Desarrollo comunitario con programas de salud y educación. 
  • Programas en infraestructura, emprendimiento y desarrollo productivo local.

Para el tratamiento de aguas residuales utilizamos la más avanzada tecnología con estándares internacionales, por encima de lo que establece la normatividad local. No existen desagües de aguas negras en ninguna de las instalaciones de la empresa. El agua tratada que emana de nuestras operaciones es utilizada como riego forestal sin que exista ninguna afectación a la flora y fauna local. Por el contrario, este riego ayuda evitar la mortandad de las especies locales en época de sequía.

Además, para establecer el área de riego, se realizaron una serie de estudios Geo hidrológicos de Suelos y topográficos en el objetivo de elegir la zona idónea de riego y prevenir cualquier impacto al manto freático. Adicionalmente, se sigue un plan de riego sobre una vasta extensión de terreno, lo cual establece una delgada lámina de riego que asegura una dispersión homogénea, conserva la vegetación y previene cualquier tipo de impacto al ambiente. Todos estos procesos han sido ratificados por la autoridad correspondiente. 

En Kekén, estamos abiertos a resolver cualquier duda o necesidad de información que se requiera. Como lo hemos afirmado en ocasiones anteriores, seguiremos actuando con total transparencia y en apego estricto a la normatividad en cada una de nuestras operaciones para continuar siendo un factor clave para el desarrollo sostenible de Yucatán.

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Colombia: por qué está en un escenario sin precedentes (y qué puede significar para su futuro)

A pesar de la violencia, Colombia fue un país reconocido por su estabilidad económica y política. Pero todo esto parece haber cambiado.
6 de mayo, 2021
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Estaciones de policía y transporte quemadas. Carreteras cortadas durante días. Desabastecimiento de productos. Un número desconocido de muertos y desaparecidos. Un estado de incertidumbre y nerviosismo agudo.

Colombia ha vivido muchos momentos delicados al largo de su traumática historia, pero ahora parece estar recorriendo un camino desconocido en al menos tres ámbitos distintos: la protesta social, la economía y la representación política.

Hubo momentos en el pasado que rompieron la historia en dos como la ola de violencia que antecedió a la firma de la Constitución de 1991 o las revueltas de 1948 tras el asesinato del candidato Jorge Eliécer Gaitán que dieron origen a las guerrillas.

El desenlace de la crisis actual es desconocido y por eso es difícil entrar en comparaciones sobre su relevancia histórica.

Lo que parece evidente, según los expertos consultados por BBC Mundo, es que la actual es una situación sin precedentes. Y que mucho se explica porque el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016 abrió una caja de pandora de demandas y problemáticas antes prohibitivas por cuenta de la guerra.

“Yo tengo 74 años y le digo que nunca vi una élite política tan incapaz de llegar a resoluciones“, dice el historiador Carlos Caballero Argáez.

El gobierno de Iván Duque ha lanzado una nueva mesa de negociación para rebajar la tensión y buscar salidas consensuadas. Es lo que hizo en noviembre de 2019, cuando las protestas eran más pacíficas y puntuales y la situación del país menos grave.

Hoy el mandatario tiene desafíos por donde se mire: en su partido, en las calles, dentro de las fuerzas armadas, en materia fiscal y en lo político.

Dentro de exactamente un año Colombia estará celebrando elecciones generales y presidenciales: todo desarrollo en este momento tiene una clave electoral.

Mientras la violencia sigue siendo la principal preocupación de los colombianos, BBC Mundo habló con varios expertos para hacer un ejercicio de distancia que permita entender lo que está ocurriendo.

Un paro sostenido y amplio

Un primer elemento nuevo de esta crisis es la dimensión de la protesta social.

“La cobertura y la sostenibilidad han sido inéditos”, dice Mauricio Archila, experto en movimientos sociales.

Una manifestación en Colombia

Getty Images
Las protestas en Colombia han sido masivas y se han extendido a muchas ciudades y poblados del país.

Las protestas esta vez llegaron a pequeños y medianos municipios. Fueron convocados por jóvenes, pero cuentan con el apoyo de adultos mayores y poblaciones minoritarias. Han paralizado la producción, el abastecimiento y el transporte en rincones inesperados.

Este paro ha llegado a lugares donde antes no se solía protestar y se ha mantenido por varios días sin dar tregua”, añade Archila.

Y concluye: “Soy muy escéptico de las comparaciones, y no quiero entrar a hablar del Bogotazo (1948) ni el paro cívico de 1977, pero es cierto que este paro ha producido una alianza obrero-campesina-indígena que tal vez nunca había estado tan equilibrada”.

En efecto, al Paro Nacional es un movimiento heterogéneo plagado de contradicciones y conflictos internos. Su líder no es claro y en su interior hay representaciones de casi todos los sectores. Su futuro depende de cómo logra sortear esa diversidad.

“Pero lo que sí es evidente es que la fuerza del Paro sorprendió a toda la clase política”, opina Daniel Hawkins, investigador de la Escuela Nacional Sindical.

“En la mitad de la tercera y más fuerte ola de contagio y luego de la orden del tribunal de Cundinamarca que prohibió aglomeraciones, los políticos nunca creyeron que la gente iba para la calle de forma masiva”, apunta Hawkins.

Una protesta en Colombia

Getty Images
Las protestas se han recrudecido tras las confrontaciones con las fuerzas de seguridad pública.

Las protestas ya lograron dos efectos inesperados en un país donde la movilización social, que era esporádica y tachada de “subversiva”, rara vez tuvo consecuencias políticas: las retirada de la reforma tributaria y la caída del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

Lo que es difícil de pronosticar es si este movimiento, que en origen se mostró fresco y novedoso, terminará en una situación que sí tiene precedentes en Colombia: la de una violencia desbordada.

Una economía desestabilizada

La economía colombiana ha sido durante décadas la más estable de América Latina: la que menos recesiones tuvo en el siglo XX, la que no presentó hiperinflación y la que no incumplió sus compromisos de deuda en 80 años.

Pero ahora la situación es distinta.

“Pocas veces —por no decir nunca— había visto al país en una situación tan difícil como la que estamos viviendo hoy“, escribió en su columna el prestigioso economista y exministro Mauricio Cárdenas.

Iván Duque

EPA
Duque ha dicho que su prioridad es lograr una reforma fiscal.

Y Caballero Argáez añade: “La última vez que se cuestionó la responsabilidad fiscal del país fue durante la crisis de la deuda latinoamericana (principios de los 80), pero ahí Colombia consiguió refinanciar la deuda y un acuerdo de monitoreo con el FMI que nos permitió ser el único país latinoamericano que no entró en recesión ni tuvo que reestructurar deuda”.

Hoy los bonos colombianos son calificados como “basura” en los mercados internacionales, el peso está alcanzando récords de devaluación y por primera vez en años la capacidad de pago y emisión de deuda del país están cuestionados.

“Colombia tienen un problema de recaudo (fiscal) cada vez que hay una crisis, porque su recaudo en tiempos normales siempre ha sido bajo”, dice la politóloga Mónica Pachón.

“Pero eso siempre lo habían podido solucionar con reformas tributarias de crisis con impuestos transitorios que lograban sacarnos del problema”.

“La diferencia ahora es que nunca una reforma nunca había generado semejante nivel de oposición, mucho menos sin entrar al Congreso, y su caída nos puso en un lugar incómodo”, explica la decana de Ciencia Política de la Universidad del Rosario.

Un enfrentamiento entre policías y manifestantes en Colombia

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El número de fallecidos y heridos por los enfrentamientos en las protestas ha ido en aumento.

Duque ha dicho que su prioridad es lograr una reforma cuanto antes que se pueda aprobar en el Congreso. Los economistas dudan que no se logre una resolución que probablemente recaude menos impuestos, pero al menos saque al país de la crisis.

Sin embargo, el famoso modelo de la estabilidad neoliberal y ortodoxo de Colombia mostró grietas por primera vez en su historia.

Una política radicalizada

Así como estable en lo económico, Colombia ha sido un país sin muchos altibajos en lo político: salvo durante un pequeño periodo en los años 50, la democracia en su sentido más formal —elecciones cada cuatro años y transiciones de poder sin problemas— se ha mantenido intacta.

Aunque la violencia no ha dejado de ser un problema desde los años 50, el bipartidismo entre liberales y conservadores (que llegaron a alternarse en el poder por convenio) permitió que se generara la idea de que las instituciones democráticas no estaban en peligro.

Colombia siempre fue considerada, al menos en el exterior, como una democracia estable.

Pero en esta crisis la clase política se ha visto incapaz de llegar a resoluciones, apuntan los analistas. Duque llamó a los militares a controlar la situación (aunque varios alcaldes se opusieron); algunos incluso barajan escenarios de golpes de Estado y el líder en las encuestas para las elecciones de 2022 es un candidato de izquierda que militó en las guerrillas, Gustavo Petro.

Una vigilia en Colombia

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Muchos colombianos denuncian que el Estado ha sido represor.

“La violencia de las protestas, que además es seguida por la gente desde sus redes sin entrar a entender ni profundizar, hace que la política sea más polarizada y más ideológica, con la consecuencia de que llegar a soluciones es muchos más difícil”, explica Pachón.

Uno de los efectos del proceso de paz de 2016 fue el estatuto de oposición, un mecanismo que da garantías a los críticos del Ejecutivo, pero también aumenta su capacidad de entorpecerle sus iniciativas.

“Le sumas a eso que Duque es un presidente débil incluso dentro de su partido y tienes el caldo de cultivo de la desgracia“, dice Pachón.

En Colombia, como en toda América Latina, siempre ha habido una crisis de representación política, pero quizás nunca antes se había hecho tan evidente la desconfianza de la población sobre la clase política.

“Lo que estamos viendo es un descontento generalizado y quizá irremediable, es casi una situación pre revolucionaria”, dice Caballero.

Una vigilia en Colombia

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Los escuadrones antidisturbios han sido culpados de varios fallecimientos durante las protestas.

Las consecuencias pueden ser muchas: desde la renuncia del presidente, inédita en Colombia desde los años 50, hasta la elección de un candidato, de izquierda o derecha, que rompa con las hasta ahora estables instituciones democráticas del país.

“Esto se soluciona con un candidato que pueda generar confianza entre las diferentes poblaciones al mismo tiempo que pueda incluir al establishmentpolítico”, dice Pachón.

“Pero me temo que eso, ahora, está más lejos que nunca”.


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