Una de las consecuencias del aislamiento por el COVID-19 es que hay más mujeres y niñas que viven violencia en sus casas. Si ya era una emergencia antes de la pandemia, ahora se ha, por lo menos, duplicado. Sin embargo, pese a que sabemos que las mujeres y niñas con discapacidad viven hasta 10 veces más violencia (según datos del Fondo de Población de Naciones Unidas) hay muy pocas o casi ninguna alternativa, sobre todo para aquellas que son sordas o tienen una discapacidad psicosocial.

La titular de Inmujeres, Nadine Gasman, lo aceptó este lunes 27 de abril en una entrevista que tuvo con Javier Risco en su programa “La Nota Dura” de El Financiero Televisión cuando le preguntó sobre si hay alternativas para mujeres con discapacidad: “estamos haciendo todo lo posible por crear formas, digamos, de acceso. La Conapred está trabajando de cerca con el 911 buscando alternativas. Las organizaciones de la sociedad civil también han desarrollado, buscado alternativas y estamos trabajando también con los refugios para asegurarnos que en el modelo se cumple con la protección de todos los derechos humanos.

“Sin duda es una asignatura pendiente, un área que tenemos que mejorar, pero estamos trabajando junto con la Conapred para este tipo de… para hacer más accesibles los servicios”.

¿No estás sola? Sí, lo estás

Una de los pocos mensajes dirigidos a la comunidad sorda, por ejemplo, la hizo la Red Nacional de Refugios. Un mensaje con Lengua de Señas Mexicana:

https://www.facebook.com/RedNacionaldeRefugiosAC/videos/vb.528291560520383/1286864741515331/?type=2&theater

Y si piden ayuda, no se las dan o no les creen

Pero fuera de eso no hay nada y sí muchas discriminaciones como lo ha estudiado y registrado Ana Pecova, la directora ejecutiva de Equis, Justicia para las mujeres con la que hablé del tema. Destaca que no sólo no hay datos de mujeres con discapacidad que viven violencias, sino que se ve “hasta un esfuerzo por invisibilizar, borrar”, siendo que están en un mayor riesgo de vulnerabilidad también por su condición.

Preguntaron cuántas mujeres con discapacidad tenían y la respuesta fue ridícula. Había muy pocos casos. Entonces, se preguntaron cómo fue que definen la discapacidad. “Desde ahí inicia la bronca. Ven discapacidad como la falta de capacidad para hacer algo o sólo la física, la que se puede ver. Está ausente del radar de las autoridades todas las demás discapacidades y sospecho que pasa con todas las autoridades, no solo las penitenciarias. No contemplan temas de salud mental que tienen impacto incluso años después de prisión”.

Si las mujeres con discapacidad ni se cuentan, tampoco se pueden trazar medidas y se agrava también su acceso a la justicia, por la falta de visibilidad.

“Por supuesto que las mujeres con discapacidad viven violencia. Tenemos políticas que están pensadas en un solo tipo de mujer y ese es un gran problema. Es una oportunidad de reflexión adentro del movimiento feminista, cómo hemos dejado fuera la diversidad de las propias mujeres”.

Pecova adelanta que en Equis van a sacar un estudio del tema de mujeres internadas contra su voluntad, sobre todo por el uso de sustancias, como drogas (y que pueden tener discapacidad psicosocial no diagnosticada).

“Los índices de violencia sexual antes de que entren al centro o después del centro son altísimas: 45%. Pero se duda de su palabra. En muchos casos son mujeres que no han recibido ninguna respuesta a pesar de que denunciaron”, agrega.

Equis también hizo solicitudes de acceso a la información pública a los Centros de Justicia para las mujeres y preguntaron sobre atención a mujeres con discapacidad. La respuesta es la que siempre se recibe, como por ejemplo en las escuelas que deben incluir pero no lo hacen: “no estamos preparadas, requieren otro tipo de atención”. Sigue Pecova: “Las mandan a centros psiquiátricos, pero no se les da ahí (en los Centros de Justicia) una respuesta. No se hace un esfuerzo para garantizar su acceso a la justicia. Pasa también con las mujeres indígenas”.

De 44 Centros de Justicia a quienes les hicieron preguntas, sólo 9 aceptaban a mujeres que fueran usuarias de alcohol o ¡hasta tabaco! Y sólo si estaban ya en un proceso de desintoxicación.

La especialista cuenta un caso particular que lo ejemplifica. No sólo no se les atiende sino se les niega la justicia:

“Nos hizo reflexionar mucho el caso de una mujer indígena con discapacidad. La violó alguien de su comunidad, cercano a su familia. Se acercaron con la autoridad para pedir medidas que lo alejaran y no se tomó ninguna acción. Fue violada una segunda vez por la misma persona. Se embarazó en las dos ocasiones y también se le negó el derecho al aborto. El juez dijo y cito: ‘No se trata de una persona normal, que pueda distinguir entre lo bueno y lo malo. Se dejó copular y eso no es violación’”.

Equis, en un informe alternativo que hizo junto con otras organizaciones y entregó a la ONU, hizo una dura crítica de la casi nula de capacitación en el Poder Judicial para que jueces y juezas puedan juzgar con perspectiva de género y discapacidad.

“Han invertido 70 millones de pesos a lo largo de 2 años en temas de derechos humanos o género pero discapacidad, en 19 tribunales fueron cero pesos, en lo que sí se gastó fue en una charla de 40 minutos”.

A Pecova le preocupa la “compartimentalización”. “O eres mujer o indígena o tienes discapacidad. No puedes ser mujer, indígena con discapacidad. Hay un comité de género, de grupos indígenas, de discapacidad. ¿Con quién veo este caso? Hay que pensar en políticas de no discriminación que abran el panorama. Lo tomo como una autocrítica al movimiento feminista, si bien hemos construido en contra de los prejuicios, muchos de estos mismos prejuicios los aplicamos en las políticas. Tampoco tomamos en cuenta que a raíz de la violencia también se adquieren discapacidades”.

Se podría dar información, pero… ¿quién las recibiría?

“El tema no es crear información accesible”, dice Pecova. Eso se puede hacer de manera relativamente fácil como lo hizo la Red Nacional de Refugios en el video con Lengua de Señas Mexicana. El reto es que, una vez que puedan comunicarse, existan opciones para que las reciban y atiendan, de manera integral en refugios, centros, casas seguras que puedan recibir a estas mujeres en peligro.

Y ni Ana Pecova, que lleva años trabajando en esto, sabe dónde hay una.

Tampoco Nadine Gasman, la titular de Inmujeres, por lo dicho en la entrevista antes citada.

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