Expertos evalúan cómo ha informado Salud sobre COVID-19 en México
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Cuartoscuro Archivo

'Los vigilantes': expertos en datos evalúan la forma en que Salud ha informado sobre COVID-19 en México

La comunidad experta en datos ha encontrado aciertos de Salud federal al informar sobre la pandemia, pero también errores y 'huecos' de información.
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5 de mayo, 2020
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La batalla contra la enfermedad COVID-19 también se da con tablas de Excel, mapas, gráficas y cálculos matemáticos. La comunidad de científicos de datos ha peleado para obtener la mayor cantidad de información sobre la pandemia, desde su inicio en México, para procesarla y convertirla en conocimiento útil, que sirva para que tanto autoridades como ciudadanos tomen las mejores decisiones.

Y también para que se pueda evaluar la actuación del gobierno federal y las administraciones locales, ante la emergencia sanitaria.

Armados con su conocimiento sobre Matemáticas y la Ciencia de Datos, Geografía y Demografía, los analistas han hecho un seguimiento diario desde el 27 de febrero de los datos que presenta Salud federal. Tanto en conferencias a las 19:00 horas como en reportes con miles de datos que son publicados en páginas oficiales.

En el camino han encontrado aciertos del gobierno en su forma de informar sobre la pandemia, pero también errores, ‘huecos’ de información que tardan en llenarse y ‘áreas de oportunidad’ para presentar reportes con mayor calidad, transparentes y que no dejen espacio a la suspicacia.

“Al principio había cierta incertidumbre”, relata Josué Baruch, geógrafo de la UNAM, quien acumuló decenas de retuits y likes al ser de los primeros en publicar en Twitter un mapa del municipio de residencia de las personas que dieron positivo en la prueba de COVID-19. Sus mapas los publica de forma independiente, sin financiamiento de alguna institución pública.

Durante cerca de mes y medio a partir del inicio de la pandemia en México, apunta Baruch, Salud federal y la Dirección General de Epidemiología publicaron los datos sobre casos confirmados y sospechosos en el país, muertes y hospitalizaciones por COVID-19… pero en formato PDF. 

Un formato ‘nada amigable”, que dificulta el trabajo de datos y que incluso incrementa el riesgo de errores en su procesamiento, coincidieron todos los analistas consultados para este reportaje.

El reclamo ‘antiPDF’ rindió frutos el 13 de abril, cuando Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud del gobierno federal, lanzó el anuncio en Twitter de que ya estarían disponibles los datos abiertos, para descarga libre en formato CSV.

Son los datos en bruto, de caso por caso, no un resumen o una diapositiva en Power Point presentada en conferencia de prensa.

Datos listos para que analistas o periodistas los organicen y también para que comiencen a identificar en ellos alguna inconsistencia o hecho en que las autoridades no habían hecho énfasis, por decisión propia o porque no se habían percatado de ello.

“Hubo un gran movimiento por parte de ciudadanía, personas independientes, ONG y grupos académicos, para decir que la información era muy limitada”, que eran necesarios los datos abiertos, dice Fernando Alarid-Escudero, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 

Los académicos aplaudieron este primer gran cambio en la presentación de los datos, que también les permitió identificar el número de casos y defunciones por COVID-19 a nivel municipal, y no solo a nivel estatal, como había sido en la ‘era PDF’.

Pero no se detuvieron ahí, siguieron empujando a Salud federal para que mejorara. El 19 de abril, esa presión volvió a rendir frutos cuando Salud federal agregó en sus tablas de datos abiertos un “identificador único”, que permite dar seguimiento al desarrollo de un caso de COVID-19, sin importar que de un día para otro se sumen miles de casos más en las tablas.

Ana Rolón, líder en el proyecto Verificovid, que también ha hecho de forma independiente un seguimiento de las cifras, destaca que las autoridades de Salud han tenido la disposición de escuchar las peticiones ciudadanas y entonces hacer ajustes a su presentación de datos.

Aunque también señala que en muchas ocasiones no han hecho énfasis en explicar estos cambios, y los propios analistas independientes han tenido que ubicarlos y entenderlos por su cuenta, algo que para el ciudadano común, que no es experto en manejar miles de datos, resultaría muy difícil de hacer.

“Ha sido una tarea en la que han ido mejorando constantemente, hasta donde tengo entendido, este proceso ha sido muy complejo”, dice Sebastián Garrido, coordinador de la Unidad de Ciencia de Datos del CIDE, sobre las dificultades que ha tenido Salud federal para recabar información sobre COVID-19 considerando lo heterogéneo del sistema de salud mexicano, donde cada estado aplica una metodología distinta y a su vez cada entidad o institución de salud local tiene carencias específicas para recabar los datos.

Aunado a lo anterior, Garrido ha apuntado en sus redes sociales los problemas y limitaciones que tienen los datos sobre COVID-19, no solo en México, sino a nivel internacional, sobre todo en aspectos como el número de contagios.

Entérate: Coronavirus, las muertes de miles de ancianos que no están siendo contabilizadas en Europa

En general, comenta el científico del CIDE, la información que presenta México sobre los casos es muy completa, en comparación con otros países, aunque Salud federal ha tenido un proceso de aprendizaje y corrección, y aún falta tener más datos para tener un cuadro más preciso sobre la pandemia en el país.

¿Se oculta información?

Los analistas consultados para este reportaje coinciden en que no tienen elementos para sustentar o comprobar que Salud federal haya ocultado información sobre el impacto real de COVID-19 en México.

Sin embargo, sí señalan fallas o al menos carencias en el proceso de recopilación y de divulgación de los datos, atribuibles a diferentes factores, entre ellos la falta de experiencia.

“Muchas veces áreas de gobierno, como Epidemiología, no tenían claro lo que significaba tener un área de datos”, comenta Baruch. “Los agarraron con esas deficiencias y han tenido que aprender sobre la marcha”.

Además de las fallas iniciales de divulgación de datos en PDF y el no incluir un identificador único de casos, el geógrafo de la UNAM refiere que Salud federal tardó en explicar que utiliza el modelo Centinela, con el que no se pretende registrar con prueba de laboratorio cada caso de COVID-19 en el país, sino que a partir de una muestra se estima cuántos casos puede haber realmente en México.

El 8 de abril, 41 días después del inicio de la epidemia en México, el subsecretario Hugo López-Gatell tomó gran parte de la conferencia nocturna para explicar que se usa dicho modelo, y dijo que en el país la estimación era que había más de 26 mil infectados. Antes en las conferencias solo se habían dado atisbos sobre este esquema. 

“De repente, en un punto de la fase 2, surge esta explicación sobre la muestra y la estimación de casos con el modelo Centinela”, dice Baruch. “La explicación debió darse desde el principio”.

Si bien se dio la presentación de López-Gatell el 8 de abril, hasta la fecha el matemático Arturo Erdely reclama que no ha logrado localizar en ninguna página oficial del gobierno el modelo matemático o metodología utilizada por Salud federal para realizar las proyecciones o estimados de casos que hay realmente en el país.

La semana pasada, el gobierno de la Ciudad de México publicó el modelo matemático que utiliza, “ya solo falta el localizar el modelo utilizado a nivel nacional, agradeceré cualquier orientación al respecto”, tuiteó Erdely (en la conferencia del 3 de mayo, solo aparecería fugazmente una diapositiva de seis puntos con un esbozo de la metodología).

“La pregunta más importante para mí: ¿Cuándo publicarán la metodología mediante la cual calculan el factor? Es la única forma de disipar tantas dudas, de acabar con la controversia y, es más, en caso de haber errores, hay muchísima gente dispuesta a ayudarlos”, comentó el estudiante de pregrado de la Facultad de Medicina de la UNAM, Andrés Tapia.

Este sábado 2 de mayo, una reportera de Reforma insistió en preguntar a López-Gatell cómo debían calcularse en este punto de la pandemia, con el Modelo Centinela, los casos que existen realmente en el país, y López-Gatell le dijo que al día siguiente haría una aclaración.

El domingo 3 de mayo, López-Gatell se enfocó en ello y dio el estimado de que hasta 104 mil 562 personas habrían tenido un cuadro leve de infección de COVID-19 en el país, cifra que se sumaría a los miles de casos con mayor gravedad reportados en el comunicado técnico diario. 

Sin embargo, generó dudas e incluso reclamos en redes sociales que también mencionara que en este momento de la pandemia, en fase 3, el Modelo Centinela enfocado en calcular los casos leves y ambulatorios que ‘flotan’ en el país ya no era un elemento principal de información, y que ahora la atención debía centrarse en los hospitalizados. 

Cuando muchos aún hacían el esfuerzo de entender cómo funcionaba el modelo, y seguían solicitando datos como el ‘factor de expansión’ para hacer el estimado de casos, López-Gatell dijo que ya no era relevante. 

“Urge que expliquen por qué el Modelo Centinela no funcionará para fase 3”, tuiteó el comisionado presidente del INAI, Francisco J. Acuña. 

“El cambio constante de indicadores que presentan para medir la evolución de la pandemia me genera mucha ansiedad. Nada es replicable, pocas variables son consistentes en el tiempo, y no se responden preguntas puntuales”, opinó en Twitter Ricardo FuentesNieva, director Ejecutivo de Oxfam México.

El politólogo José Ignacio Lanzagorta incluso comentó en Twitter en torno a López-Gatell que a estas alturas de la pandemia -después de dar más de 60 conferencias a las 7 de la noche como principal vocero de la estrategia del gobierno ante el coronavirus-, ya tiene “un desgaste importante -sobre todo para sí mismo- de la figura que ha representado”.

Otras ‘lagunas’

Rodrigo Serrano, de Verificovid, menciona que también han registrado discrepancias entre la forma en que distintas fuentes oficiales presentan los datos públicos. Lo que se reporta en el tablero de Conacyt, los datos abiertos que difunde Salud federal y el comunicado técnico diario, y los que aparecen en la página del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral (Sisver).

“Conacyt está reportando muertes por estado de residencia, mientras que en el Comunicado Técnico se están reportando las muertes considerando dónde está la unidad médica donde ocurrió el fallecimiento”, refiere Serrano.

“Si sumas los totales, son el mismo número de muertes en las dos plataformas, no se están escondiendo muertes en una, pero al haber discrepancia levanta sospecha”.

“En el mundo ideal, tanto casos positivos como decesos utilizarían la misma variable, ya sea por residencia como unidad médica”, señala Rolón.  

Además, menciona Serrano, han identificado discrepancias entre los números que reportan los gobiernos estatales y los números que reporta Salud federal. Esto, señala, puede deberse a que los estados utilizan una metodología distinta de registro de datos, pero hasta ahora no han tenido un reporte claro para sustentar esta hipótesis.

Sobre este punto, Baruch destaca la dificultad de hacer el registro de datos en un país tan heterogéneo, con condiciones tan disímiles entre estados, municipios y jurisdicciones sanitarias. 

No hay una base de datos perfecta, menciona, pero es importante que Salud federal explique los problemas que ha tenido en la recopilación de datos y también cuando hay correcciones, para no dejar huecos de información.

El investigador Alarid-Escudero dice que la información que ha presentado Salud federal no es “de la calidad ideal”, aunque debe tomarse en cuenta que desde antes de la pandemia el sistema tenía carencias de organización e incluso puede repercutir el ‘maltrato’ presupuestal que ha existido hacia el sector científico. 

“Están sacando lo que tienen, no creo que estén ocultando datos, simplemente no tienen más que la que están presentando”, dijo el científico.  

“Con base en la experiencia que he tenido con ellos, la información no ha sido la ideal, no ha sido la mejor, pero no creo que haya sido una situación de que no quieran revelarla, o falta de transparencia, simplemente no tienen una buena organización, y no se ha podido recolectar la información en la forma en que se debió haber hecho”. 

En el tema de las personas fallecidas, los especialistas mencionaron que en todo el mundo han existido problemas para definir la cifra real de muertos a causa de Covid-19, aunque en su momento habrá registros administrativos y otros datos que permitirán comparar el número de fallecimientos de años previos con los ocurridos en el periodo de esta epidemia, para tener un número más preciso sobre el impacto letal del virus en México. 

Los datos que faltan

Entre los datos que los especialistas quisieran tener para hacer un análisis más completo, pero que aún no aparecen en las bases descargables de Salud federal, Sebastián Garrido menciona el de la fecha en que los pacientes se hicieron la prueba de COVID-19 y la fecha en que obtuvieron el resultado.

Tampoco se ha proporcionado el dato de la cantidad de días de hospitalización de los pacientes, considerando la fecha de ingreso y egreso, y del mismo modo no se ha presentado el de la fecha en que los pacientes fueron intubados y cuándo se dieron las recuperaciones al estar en esa condición. 

Garrido, que durante la pandemia está haciendo análisis para el buró de investigación del canal ADN40, dijo que también sería útil tener datos abiertos sobre la capacidad hospitalaria federal, camas y ventiladores, y los médicos y enfermeras con los que se cuenta.

Sus mapas y hallazgos

En sus redes sociales, geógrafos y otros científicos han dado a conocer tendencias de la enfermedad COVID-19, a partir del análisis de los datos abiertos. 

Baruch publicó un mapa interactivo donde se pueden consultar los principales destinos y flujos de los pacientes con síntomas de COVID-19, entre la entidad donde residen y la entidad donde reciben atención médica.

El 27 de abril, identificó que la Ciudad de México había recibido 2,634 pacientes con síntomas de COVID-19 que residen en municipios del Estado de México, y 231 pacientes del resto de los estados.

En otro mapa, publicado el 26 de abril, identificó que de los habitantes de la alcaldía Iztapalapa casi el 50% de los casos confirmados eran hospitalizados, mientras que en el caso de las alcaldías Benito Juárez y Miguel Hidalgo, con un nivel socioeconómico más alto, no se había rebasado el 30%. 

“Si revisamos las cifras de hospitalizados y ambulatorios, me llama mucho la atención lo que está pasando en México. Tenemos un alto porcentaje de pacientes hospitalizados, en un nivel más alto que otros países”.

En esta web, Garrido tiene datos actualizados diariamente, con aspectos como el porcentaje de pacientes a los que se confirmó COVID-19 y murieron, en cada entidad. Hasta el 2 de mayo, en Chihuahua se tenía el porcentaje más alto, con 19.6%, 89 pacientes fallecidos de 453 confirmados. 

También se puede observar una gráfica del porcentaje de casos de pacientes confirmados de COVID-19 que han sido hospitalizados, de acuerdo con el tipo de comorbilidad. Hasta el 2 de mayo, la comorbilidad predominante de hospitalizados era la insuficiencia renal crónica.

En el caso de Alarid-Escudero, ha trabajado con los gobiernos de Hidalgo y Ciudad de México, para ayudarles en su modelo epidemiológico de estimación de casos y hospitalizados. Lideró al equipo del CIDE para colaborar con la Universidad de Stanford y desarrollar el modelo SC-Cosmo, con “proyecciones sobre los efectos de las distintas prácticas de mitigación sobre COVID-19, que permitirá a los líderes del sector salud tomar mejores decisiones”.

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La carrera contrarreloj de Alemania por llevar ante la justicia a los últimos criminales nazis

La justicia alemana intenta ajustar cuentas con los últimos responsables vivos del Holocausto, todos ellos mayores de 90 años de edad.
Por BBC
14 de febrero, 2021
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Tienen más de 90 años de edad y el dudoso honor de ser considerados como los últimos criminales nazis en enfrentar la justicia.

No formaron parte del alto mando militar de Adolf Hitler, ni comandaron algún escuadrón de las SS. Eran guardias de seguridad, secretarias o empleados administrativos que trabajaron en los campos de exterminio del Tercer Reich y ahora, más de 75 años después del final de la II Guerra Mundial, finalmente están enfrentando a la justicia.

El martes pasado, fiscales en Alemania acusaron a un hombre de 100 años de edad por ayudar en el asesinato de 3.518 personas que fallecieron mientras él trabajaba como guardia de la SS en el campo de concentración de Sachsenhausen, ubicado a unos 35 kilómetros de Berlín.

La semana anterior, una mujer de 94 años de edad que trabajó como secretaria en el campo de concentración de Stutthof (Polonia) fue imputada como cómplice en 10.000 casos de asesinato e intento de asesinato por su trabajo en apoyo a las atrocidades que se cometieron allí.

Aunque ahora es nonagenaria, dado que era menor de 21 años cuando ocurrieron esos hechos, es probable que esta mujer termine siendo juzgada ante una corte juvenil.

Entrada del campo de exterminio de Auschwitz.

Getty Images
Las investigaciones recientes han logrado imputar a varios exfuncionarios del campo de exterminio de Auschwitz.

Sus casos forman parte de un pequeño grupo de empleados de bajo nivel del régimen nazi que en los últimos años han estado siendo investigados por las autoridades alemanas en un último esfuerzo por ajustar las cuentas pendientes con el pasado nazi: una carrera contrarreloj pues cada vez quedan menos sobrevivientes de aquella época.

Persiguiendo los crímenes del Tercer Reich

Pero, ¿por qué se está investigando ahora a exfuncionarios que ni siquiera tenían puestos de mando durante el Holocausto?

Las indagaciones sobre las atrocidades cometidas por el Tercer Reich comenzaron formalmente en 1943, cuando se creó una comisión internacional para investigar los delitos cometidos por las potencias del Eje. Su trabajo llegó a la imputación de 36.000 funcionarios alemanes y japoneses, de los cuales al menos 10.000 fueron condenados en juicios realizados hasta 1948.

Imagen de los juicios de Nuremberg.

Getty Images
Muchos de los principales líderes nazis fueron condenados en los juicios de Nuremberg.

Al mismo tiempo, entre 1945 y 1949, los tribunales en la zona de Alemania occidental dictaron unas 4.600 condenas por crímenes del nazismo.

Sin embargo, tras el establecimiento de la República Federal Alemana (RFA) en 1949, decayó el interés de seguir persiguiendo los crímenes nazis y, de hecho, se dictaron numerosas amnistías e incluso se aprobó una legislación que permitió que antiguos soldados nazis accedieran a cobrar pensiones.

“Durante la década de 1950, en Alemania occidental no había mucho deseo de perseguir los crímenes nazis, lo que resultó en un verdadero escándalo en el resto del mundo. Alemania oriental, en particular, impulsó una campaña de propaganda que destacaba cómo había antiguos líderes nazis en posiciones destacadas tanto en el sector privado como en el sector público. Eso fue verdaderamente embarazoso para el gobierno de la RFA”, explica Devin Pendas, profesor del Boston College especializado en la historia de los juicios contra los nazis tras la II Guerra Mundial.

La respuesta de la RFA fue la creación en 1958 de la Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo, que es la instancia que hasta ahora se sigue encargando de indagar sobre estos temas.

Ficha de Adolf Hitler en la la Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo.

Getty Images
La Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo tiene un archivo con más de 1,7 millones de fichas de personas y eventos relacionados con los crímenes del Tercer Reich.

Algunos expertos han señalado que esta agencia gubernamental hizo un muy buen trabajo durante las décadas siguientes, mientras otros destacan que había mucha resistencia de parte de las autoridades judiciales alemanas ante estas investigaciones, Pendas cree que estos dos hechos coexistieron.

“Claramente, muchos jueces y fiscales estaban renuentes en las décadas de 1950, 1960 y 1970 de procesar con fuerza los crímenes nazi, en parte, porque muchos de ellos habían estado trabajando en el Poder Judicial durante el Tercer Reich pero también porque no querían lavar ante el mundo los paños sucios de su país”, dice Pendas a BBC Mundo.

“Pero también es cierto que la Oficina Central y muchos fiscales y jueces individuales se tomaron esto muy en serio, sacando a la luz mucha evidencia y prestando un gran servicio al llevar ante las justicia muchas de estas atrocidades”, agrega.

El trabajo de la Oficina Central se vio limitado además por varias cuestiones legales como el hecho de que las leyes alemanas no contenían disposiciones específicas para procesar crímenes de guerra y por las normas vigentes entonces sobre prescripción de los delitos, que dificultaban que muchos de los casos pudieran ser llevados a juicio después de 1960.

Una fila de mujeres prisioneras en el campo de concentración nazi de Auschwitz.

Getty Images
Se estima que más de un millón de personas, la mayoría judíos europeos, murieron en el campo de Auschwitz.

Esta dependencia gubernamental sufrió además un fuerte revés cuando, en 1969, la Corte Suprema revocó la condena de un antiguo miembro de las SS que trabajó como dentista en el campo de Auschwitz (Polonia) con el argumento de que trabajar en un campo de exterminio no era un crimen en sí mismo.

Como resultado de ese dictamen, la Oficina Central debió abandonar una investigación sobre la Oficina Central de Seguridad del Reich, una dependencia del ministerio de Interior controlada por las SS que era la principal responsable para ejecutar la política de asesinatos masivos de Hitler.

A estas limitaciones hay que sumar el hecho de que la Oficina Central es una entidad pequeña, dotada de poco personal y solamente tiene la potestad para investigar los casos, pues una vez que encuentra evidencias de posibles hechos punibles debe pasar los expedientes a los fiscales que son los responsables finales de llevar a juicio a los presuntos criminales.

El impulso del 11 de septiembre

Todas estas restricciones redujeron la capacidad de acción de la Oficina Central durante muchos años.

Pero las cosas cambiaron a partir de 2007, cuando un tribunal alemán condenó a 15 años de cárcel al marroquí Mounir el Motassadeq por haberle transferido dinero a Marwan al Shehhi, el presunto responsable de estrellar el vuelo 175 de United Airlines en contra de la torre sur del World Trade Center en Nueva York, según la Comisión que investigó los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Mounir el Motassadeq

Getty Images
Mounir el Motassadeq fue condenado a prisi[on por haber enviado dinero a uno de los atacantes del 11-S.

Este precedente impulsó al entonces fiscal de la Oficina Central Thomas Walther a buscar el enjuiciamiento de guardias y otros funcionarios de los campos de concentración, aunque no hubieran participado directamente de estos crímenes.

Siguiendo esta argumentación se logró que en 2011 un tribunal alemán condenara a John Demjanjuk, un antiguo guardia del campo de exterminio de Sobibor (Polonia), por colaborar con el asesinato de las 28.000 personas que fueron muertas allí.

“Se volvió más fácil conseguir una condena. Hasta entonces tenías que demostrar que alguien había estado involucrado directamente en una muerte. En este caso, la Fiscalía argumentó que -y el tribunal estuvo de acuerdo- que dado que estos campos eran centros de exterminio, cualquiera que hubiera pertenecido al personal nazi que estaba allí contribuyó con esas muertes. Ya no tenías que demostrar que un guardia mató a alguien en ese campo, basta con demostrar que había sido un guardia que trabajó allí”, explica Pendas.

Justicia e historia

La condena de Demjanjuk le dio un nuevo impulso al trabajo de la Oficina Central, que durante la última década ha remitido a los fiscales más de 200 casos para su imputación.

Thomas Walther

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El abogado Thomas Walther impulsó el enjuiciamiento de exfuncionarios de bajo nivel que trabajaron en los campos de concentración nazis.

No se trata de una cifra menor cuando se considera que esta agencia gubernamental solamente cuenta con un puñado de investigadores, que para armar los casos tienen que buscar información en distintas partes del mundo y que, por su avanzada edad, muchas veces los presuntos criminales mueren antes de que el expediente esté concluido.

Sin embargo, hasta ahora, solamente se han producido un puñado de condenas, incluyendo la de Oskar Groening, un exmiembro de las SS conocido como el “contador de Auschwitz”, pues trabajó en las oficinas de este campo de exterminio y, entre otras cosas, se encargaba de contar el dinero robado a las víctimas.

En 2015, Groening, quien entonces tenía 94 años de edad, fue sentenciado en 2015 a cuatro años en prisión por haber facilitado el asesinato de 300.000 prisioneros. Sin embargo, falleció en 2018 sin haber ingresado en prisión a la espera del resultado de sus apelaciones.

Oskar Groening

Getty Images
Oskar Groening, el llamado “contador de Auschwitz” falleció sin pagar su condena.

Reinhold Hanning fue condenado en 2016 -a los 95 años de edad- por cooperar con la muerte de 170.000 personas en Auschwitz, donde trabajó como guardia de las SS. Aunque durante el juicio dijo estar avergonzado por haber presenciado las muertes sin hacer nada para evitarlas, negó ser culpable de las mismas y apeló la sentencia. Murió al año siguiente sin haber ido a la cárcel.

En 2020, una corte de Hamburgo sentenció a Bruno Dey, un exguardia del campo de concentración de Stutthof, por haber colaborado con el asesinato de las 5.230 personas fallecidas en ese centro mientras él trabajó allí.

Sin embargo, como él era adolescente cuando ocurrieron los hechos fue procesado por un tribunal juvenil y fue recibió una sentencia suspendida de dos años de cárcel.

Bruno Dey.

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Bruno Dey intentó ocultar su rostro usando carpetas en las audiencias del juicio en el que fue condenado por colaborar en el asesinato de 5.230 personas.

Aunque han tenido mucha visibilidad, el hecho de que se trate de juicios contra exfuncionarios de bajo rango que ahora están tan mayores y que, hasta ahora, no han cumplido sus sentencias de forma efectiva ha llevado a algunos críticos a cuestionar si tiene sentido seguir con estos procesos.

“Creo que no hay ninguna razón para que una persona tenga inmunidad ante la justicia criminal debido a que era un funcionario de bajo rango”, dice Todd Buchwald, exembajador y coordinador especial de Justicia Criminal Global de Estados Unidos, a BBC Mundo.

Indica que estos juicios tienen muchos objetivos incluyendo llevar a la justicia a algunos de los responsables de las terribles atrocidades que se cometieron, crear un registro histórico de lo que ocurrió y fortalecer el mensaje disuasorio para todos aquellos funcionarios de bajo nivel que en el futuro se encuentren en una situación en la que se vean tentados a pensar que por su bajo rango no pagarán por estos crímenes.

“No está bien ayudar a perpetuar semejantes atrocidades, así que conviene reforzar el mensaje disuasorio de cara al futuro”, señala Buchwald.

“Los crímenes que se cometieron en Alemania fueron tan devastadores que entiendo bien el esfuerzo por intentar llevar ante la justicia a quienes tuvieron responsabilidad en lo ocurrido”, concluye.

 

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