La Secretaría de Energía (Sener) publicó un acuerdo que frena la inversión privada en energías limpias o renovables.
Esta política frena todas las inversiones privadas en generación de electricidad, con lo que se privilegiará a las centrales de combustibles fósiles; también se frena la posibilidad de generar energía a menor precio.
El acuerdo había sido rechazado el pasado 12 de mayo para su publicación en el DOF por no contar con el análisis de impacto regulatorio por parte de la Comisión de Mejora Regulatoria (Conamer), pero ya fue publicado el viernes en la emisión vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF).
El “Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN)” que, entre otros aspectos, señala controles sobre Centrales Eléctricas con Energía Limpia Intermitente.
“Esta Política contribuirá en la Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del SEN, considerando la evolución productiva y tecnológica, así como el aumento ordenado de la generación con Energía Limpia Intermitente conectada y no conectada al SEN, supervisada por el Estado, a través de la Sener”, dice uno de sus capítulos.
El argumento expuesto en el acuerdo es que por la contingencia sanitaria, el Estado debe garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico nacional.
El 29 de abril, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), operador de la red eléctrica, emitió un acuerdo en el que argumenta que durante el tiempo de contingencia por COVID-19 se han dado fallas en la red eléctrica, y que la generación intermitente de las centrales eléctricas eólicas y fotovoltaicas afectan la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.
Por lo que anunció la suspensión de las pruebas preoperativas y las autorizaciones de nuevas centrales, es decir cerró la puerta a las renovables.
Sin embrago, en el acuerdo no se expone cómo las fallas de la red se relacionan con la generación intermitente de las centrales de renovables, “por lo que no hay justificación técnica para el desplazamiento temporal de los actores eólicos y fotovoltaicos”, de acuerdo con María Fernanda Ballesteros, coordinadora del programa de Regulación y Competencia Económica de México Evalúa.
Además destaca que el acuerdo no tiene temporalidad y tampoco se fija un plazo para la medida de emergencia.
El diario londinense Financial Times consideró que el gobierno mexicano daba un paso para volver a poner bajo control del Estado el sector de generación de energía.
Según el rotativo, estas “nuevas reglas radicales” preocupan a empresas privadas de generación de energía que temen pueda significar el final de su participación en el mercado de la electricidad.
De acuerdo con Montserrat Ramiro, excomisionada en la Comisión Reguladora de Energía de 2014 a 2019, el gobierno federa está haciendo todo lo posible para limitar la inversión privada en el sector energético sin cambiar las leyes que lo regulan, aunque esto sea ilegal.
“Los responsables del sector energético quieren limitar la participación privada al pensar que eso beneficia a las empresas energéticas del Estado. Punto. Si para lograrlo hay que llevarse a las renovables entre las patas, pues ni modo”, señala Ramiro.
“Los generadores privados (de renovables o fósiles) representan una competencia para CFE. Las reglas del sistema eléctrico mexicano establecen que las plantas más eficientes deben despacharse antes (inyectar su energía a la red) y, por tanto, al prohibir el CENACE la operación de las plantas renovables permite que entren en operación las viejas plantas de combustóleo de la CFE. Así, mantiene artificialmente la participación del mercado de la comisión y, como un premio añadido, la da una salida al combustóleo que produce Pemex que, por contaminante, ya casi no tiene mercado. Otro caso más en el que el gobierno limita la participación privada en energía sin necesidad de cambiar las leyes”.
De acuerdo con Ramiro, al limitar la operación de plantas privadas, los costos de generación de la CFE van a aumentar, además de que el daño ambiental será enorme.
Los países de la Unión Europea y Canadá alertaron también sobre los cambios en las leyes y políticas impulsadas desde la Secretaría de Energía.
Unión Europea
La delegación de la Unión Europea (UE) en México indicó que la implementación del acuerdo causará un impacto negativo en 44 proyectos de energía limpia en 18 estados del país.
Ello conlleva el riesgo en las inversiones que diversas empresas europeas tienen en México por más de 6 mil 400 millones de dólares, advirtió en una carta dirigida a Rocío Nahle, titular de la Sener.
Señaló que esto se suma a una serie de preocupaciones que los inversores europeos tienen sobre el futuro de sus empresas ante el constante cambio en las políticas energéticas del gobierno mexicano.
De igual forma, apuntó, necesitan conocer cuánto tiempo se extenderán las nuevas restricciones a la participación extranjera en el sector y con ello medir el impacto sobre la inversión nacional y extranjera.
Canadá
La Embajada de Canadá en México alertó que la entrada en vigor del acuerdo pone en riesgo inversiones canadienses por 450 millones de dólares y la creación de más de mil empleos.
En una carta dirigida a Rocío Nahle, secretaria de Energía, el embajador Graeme Clark, afirma que la implementación de esta nueva política energética altera la operación y continuidad de proyectos de energías renovables de empresas canadienses en el país.
“Empresas como ATCO, Canadian Solar, Cubico Sustainable Investments y Northland Power, han confiado en México como un país para sus inversiones, sin embargo, las medidas tomadas ponen un riesgo a corto plazo inversiones de aproximadamente 450 millones de dólares, así como la creación de más de mil empleos”, advierte.
La delegación de la @UEenMexico 🇪🇺 y la Embajada de Canadá 🇨🇦 en 🇲🇽, enviaron una carta a la secretaria de energía @SENER_mx @rocionahle en la que muestran su preocupación por el acuerdo del @CenaceMexico que pone en riesgo las inversiones en energías renovables en el país. pic.twitter.com/3k6jlDCodb
— Susana Sáenz Arelle (@SuSaenz) May 16, 2020
Con información de Reforma y Notimex
