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Sener publica acuerdo que frena inversión en energías limpias; la UE y Canadá alertan de impacto negativo

Los países de la Unión Europea y Canadá alertaron sobre los cambios en las leyes y políticas impulsadas desde la Secretaría de Energía.
Cuartoscuro
16 de mayo, 2020
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La Secretaría de Energía (Sener) publicó un acuerdo que frena la inversión privada en energías limpias o renovables.

Esta política frena todas las inversiones privadas en generación de electricidad, con lo que se privilegiará a las centrales de combustibles fósiles; también se frena la posibilidad de generar energía a menor precio.

El acuerdo había sido rechazado el pasado 12 de mayo para su publicación en el DOF por no contar con el análisis de impacto regulatorio por parte de la Comisión de Mejora Regulatoria (Conamer), pero ya fue publicado el viernes en la emisión vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF).

Lee: Energías renovables y protección de especies: AMLO presenta propuestas en materia ambiental

El “Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN)” que, entre otros aspectos, señala controles sobre Centrales Eléctricas con Energía Limpia Intermitente.

“Esta Política contribuirá en la Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del SEN, considerando la evolución productiva y tecnológica, así como el aumento ordenado de la generación con Energía Limpia Intermitente conectada y no conectada al SEN, supervisada por el Estado, a través de la Sener”, dice uno de sus capítulos.

El argumento expuesto en el acuerdo es que por la contingencia sanitaria, el Estado debe garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico nacional.

El 29 de abril, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), operador de la red eléctrica, emitió un acuerdo en el que argumenta que durante el tiempo de contingencia por COVID-19 se han dado fallas en la red eléctrica, y que la generación intermitente de las centrales eléctricas eólicas y fotovoltaicas afectan la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.

Por lo que anunció la suspensión de las pruebas preoperativas y las autorizaciones de nuevas centrales, es decir cerró la puerta a las renovables.

Sin embrago, en el acuerdo no se expone cómo las fallas de la red se relacionan con la generación intermitente de las centrales de renovables, “por lo que no hay justificación técnica para el desplazamiento temporal de los actores eólicos y fotovoltaicos”, de acuerdo con María Fernanda Ballesteros, coordinadora del programa de Regulación y Competencia Económica de México Evalúa.

Además destaca que el acuerdo no tiene temporalidad y tampoco se fija un plazo para la medida de emergencia.

El diario londinense Financial Times consideró que el gobierno mexicano daba un paso para volver a poner bajo control del Estado el sector de generación de energía.

Según  el rotativo, estas “nuevas reglas radicales” preocupan a empresas privadas de generación de energía que temen pueda significar el final de su participación en el mercado de la electricidad.

De acuerdo con Montserrat Ramiro, excomisionada en la Comisión Reguladora de Energía de 2014 a 2019, el gobierno federa está haciendo todo lo posible para limitar la inversión privada en el sector energético sin cambiar las leyes que lo regulan, aunque esto sea ilegal.

“Los responsables del sector energético quieren limitar la participación privada al pensar que eso beneficia a las empresas energéticas del Estado. Punto. Si para lograrlo hay que llevarse a las renovables entre las patas, pues ni modo”, señala Ramiro.

“Los generadores privados (de renovables o fósiles) representan una competencia para CFE. Las reglas del sistema eléctrico mexicano establecen que las plantas más eficientes deben despacharse antes (inyectar su energía a la red) y, por tanto, al prohibir el CENACE la operación de las plantas renovables permite que entren en operación las viejas plantas de combustóleo de la CFE. Así, mantiene artificialmente la participación del mercado de la comisión y, como un premio añadido, la da una salida al combustóleo que produce Pemex que, por contaminante, ya casi no tiene mercado. Otro caso más en el que el gobierno limita la participación privada en energía sin necesidad de cambiar las leyes”.

De acuerdo con Ramiro, al limitar la operación de plantas privadas, los costos de generación de la CFE van a aumentar, además de que el daño ambiental será enorme.

Los países de la Unión Europea y Canadá alertaron también sobre los cambios en las leyes y políticas impulsadas desde la Secretaría de Energía.

Lee: ¿Qué futuro construirá México?

Unión Europea 

La delegación de la Unión Europea (UE) en México indicó que la implementación del acuerdo causará un impacto negativo en 44 proyectos de energía limpia en 18 estados del país.

Ello conlleva el riesgo en las inversiones que diversas empresas europeas tienen en México por más de 6 mil 400 millones de dólares, advirtió en una carta dirigida a Rocío Nahle, titular de la Sener.

Señaló que esto se suma a una serie de preocupaciones que los inversores europeos tienen sobre el futuro de sus empresas ante el constante cambio en las políticas energéticas del gobierno mexicano.

De igual forma, apuntó, necesitan conocer cuánto tiempo se extenderán las nuevas restricciones a la participación extranjera en el sector y con ello medir el impacto sobre la inversión nacional y extranjera.

Canadá

La Embajada de Canadá en México alertó que la entrada en vigor del acuerdo pone en riesgo inversiones canadienses por 450 millones de dólares y la creación de más de mil empleos.

En una carta dirigida a Rocío Nahle, secretaria de Energía, el embajador Graeme Clark, afirma que la implementación de esta nueva política energética altera la operación y continuidad de proyectos de energías renovables de empresas canadienses en el país.

“Empresas como ATCO, Canadian Solar, Cubico Sustainable Investments y Northland Power, han confiado en México como un país para sus inversiones, sin embargo, las medidas tomadas ponen un riesgo a corto plazo inversiones de aproximadamente 450 millones de dólares, así como la creación de más de mil empleos”, advierte.

Con información de Reforma y Notimex 

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Stealthing: la nueva legislación de California que prohíbe el retiro no consensuado del condón durante el sexo

El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó hace unos días una ley bipartidista que prohíbe la extracción no consensuada del condón, una práctica conocida como "stealthing".
12 de octubre, 2021
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Hace unos 30 años, solo unos meses después de comenzar a trabajar como prostituta, Maxine Doogan quedó embarazada.

La joven había estado con un nuevo cliente en un salón de masajes en Anchorage, Alaska, cuando se dio cuenta de que el hombre se había quitado el condón subrepticiamente durante el acto sexual.

Conmocionada, corrió al baño. Cuando regresó, el cliente se había ido.

Doogan, que entonces tenía veintitantos años, fue a una clínica de salud cercana para una ronda de pruebas de infecciones de transmisión sexual y luego dio un agradecimiento en silencio por cada resultado negativo.

Seis semanas después, sin embargo, tuvo que practicarse un aborto.

Le costó alrededor de US$300 y, después del procedimiento, no pudo trabajar durante un mes.

Lo que hizo el cliente estuvo mal. Pero hasta donde ella sabía, no era ilegal.

“Simplemente no había recursos contra algo así”, dijo.

Ahora, en un estado de EE.UU. sí lo hay.

Nueva ley

El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó hace unos días una ley bipartidista que prohíbe la extracción no consensuada del condón, una acción conocida como “stealthing“.

La nueva legislación agrega la práctica a la definición civil estatal de agresión sexual, lo que convierte a California en el primer estado de EE.UU. en ilegalizarla.

La ley les da a las víctimas un remedio legal claro para el asalto que Doogan, quien ahora vive en San Francisco, sufrió hace décadas.

Y los defensores dicen que marca un cambio radical para otros sobrevivientes que, a diferencia de Doogan, ahora podrían tener su día en la corte.

“Queríamos asegurarnos de que no solo sea inmoral, sino ilegal”, dijo la asambleísta de California Cristina Garcia, quien presentó el proyecto de ley.

Cristina Garcia

Getty Images/BBC
Cristina Garcia llevaba años abogando por la ley.

Garcia ha estado trabajando versiones de esta legislación durante años.

En 2017 y nuevamente en 2018, presentó un proyecto de ley que habría convertido el stealthing en un delito penal y permitido a los fiscales pedir condenas de cárcel para los perpetradores.

Estos proyectos de ley murieron antes de nacer o no consiguieron una audiencia en el Congreso estatal.

Ahora, esta nueva versión, que enmienda solo el código civil, fue aprobada por los legisladores de California sin oposición.

El contenido

Los sobrevivientes pueden demandar a los infractores por daños, pero no se pueden presentar cargos penales.

“Sigo pensando que esto debería estar en el código penal”, le dijo Garcia a la BBC.

Si se rompió el consentimiento, ¿no es esa la definición de violación o agresión sexual?“, planteó.

Los analistas legislativos han dicho que el stealthing podría considerarse un delito menor de agresión sexual, aunque no se menciona explícitamente en el código penal.

Pero la nueva ley de Garcia elimina cualquier ambigüedad en los reclamos civiles que, según los expertos, facilitarán a los sobrevivientes la persecución de sus casos.

Alexandra Brodsky

Getty Images/BBC
Brodsky’s 2017 paper is now widely credited for bringing the term “stealthing” into popular use

“Podemos empezar a hablar de ello de una manera en la que tengamos un lenguaje común”, dijo Garcia.

La legisladora dice que se sintió inspirada para llevar el tema del stealthing a la Cámara después de leer un artículo de investigación de la Facultad de Derecho de Yale de 2017 de la entonces estudiante Alexandra Brodsky, a quien ahora se le atribuye ampliamente haber llevado el término al uso popular.

Brodsky, que ahora trabaja como abogada de derechos civiles y es autora de Sexual Justice, que analiza cómo responder de manera justa a la agresión sexual, detalló una serie de historias en su artículo de sobrevivientes en el contexto de relaciones románticas o sexuales consensuadas.

Sus relatos a menudo comenzaban de la misma manera: “No estoy segura de que esto sea una violación, pero…”.

Las narraciones detallaban el miedo de las víctimas a las infecciones de transmisión sexual y al embarazo, así como sus intensos sentimientos de violación y traición.

Pero las y los sobrevivientes con los que habló Brodsky, muchos de los cuales informaron haber sido violados anteriormente, no describieron el stealthing como equivalente a una agresión sexual.

La gente aún no estaba haciendo esa conexión, dice Brodsky.

“Creo que una gran parte del problema era que mucha gente pensaba que era la única persona a la que le había pasado”, agrega.

Graphic of a condom

Getty Images/BBC

Pero la investigación muestra que el stealthing es “deprimentemente común”, según el análisis del comité judicial del Senado de California al evaluar el proyecto de ley de Garcia.

Demoras

Un artículo de 2019 publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina encontró que el 12% de las mujeres de entre 21 y 30 años informaron haber experimentado el stealthing.

Ese mismo año, investigadores de la Universidad de Monash en Australia encontraron que una de cada tres mujeres y uno de cada cinco hombres que tienen sexo con hombres habían sido sometidos a la práctica.

Y otro estudio de 2019 encontró que casi el 10% de los hombres informaron que se quitaron un condón durante las relaciones sexuales sin consentimiento.

En su artículo, Brodsky citó a un conocido bloguero que usó su sitio ahora desaparecido para dar consejos a otros hombres sobre cómo quitarse los condones en secreto sin llamar la atención.

Es el deber de una mujer abrir las piernas, escribieron los comentaristas, y el derecho del hombre a “esparcir su semilla”.

Stock image of condoms

Getty Images/BBC

Pero si bien ha aumentado la conciencia sobre el stealthing, la respuesta legislativa se ha retrasado.

Incluso en países donde esta práctica se ha considerado una agresión sexual, incluidos Reino Unido, Nueva Zelanda y Alemania, rara vez se enjuicia, en parte debido a las dificultades para demostrar la intención.

Esta es la ventaja de las demandas civiles: la carga de la prueba es menor que en los casos penales, y la decisión de presentar una demanda recae en los sobrevivientes, no en los fiscales.

Y tanto Brodsky como García creen que hay un significado inherente en que el estado etiquete oficialmente el stealthing como un acto ilegal.

“Imagínese lo que se sentirá cuando ellos (los y las sobrevivientes) vean que el estado de California piensa que no merecen ser tratados de esta manera“, dice Brodsky

La ley

El proyecto de ley fue apoyado por el Proyecto Legal, Educativo y de Investigación de Proveedores de Servicios Eróticos (Esplerp), una organización de defensa fundada y dirigida por Doogan.

La ley permitirá a las trabajadoras sexuales demandar a los clientes que se quiten los condones, dijo, y con suerte allanará el camino para una mayor protección legal para las trabajadoras sexuales y otros grupos típicamente marginados por el sistema de justicia penal.

“ le puede pasar a cualquiera”, advierte Doogan.

Todavía existe el problema de que los casos de agresión sexual se aborden.

Aquellos que hacen estas afirmaciones a menudo se encuentran con “escrutinio y escepticismo”, según Brodsky.

Y cuando se trata de stealthing, esta respuesta se intensifica porque, “por definición, el daño ocurre después de que han dado su consentimiento para el sexo”.

Pero la medida ha sido celebrada como un primer paso importante, especialmente después de que fracasaran los esfuerzos recientes para aprobar una legislación similar en Nueva York y Wisconsin.

“Estoy orgullosa de que California sea el primero en la nación, pero estoy desafiando a otros legisladores estatales a seguirnos rápidamente”, dijo García.

“Un estado menos, quedan 49”.


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