Tribunal confirma condena de 9 años a Duarte, pero frena decomiso de bienes
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Cuartoscuro Archivo

Tribunal confirma condena de 9 años de cárcel a Javier Duarte, aunque frena decomiso de bienes

El exgobernador perdió la apelación con la que intentaba que el Tribunal revocara el proceso en el que fue condenado por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.
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18 de mayo, 2020
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Un Tribunal federal confirmó la sentencia de 9 años de prisión impuesta desde 2018 al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, tras considerar que el proceso penal en el que aceptó declarase culpable fue totalmente legal.

En la resolución de la que Animal Político tiene copia, la magistrada Isabel Porras Odriozola – titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal de Ciudad de México – concluyó que las pruebas ofrecidas por la entonces PGR fueron idóneas para sostener que Duarte participó en un entramado criminal que a través de empresas fantasma y prestanombres consiguió desviar recursos del erario.

Entérate: Fiscalía General investiga presunto soborno y arreglo judicial de PGR con Javier Duarte

No obstante, la magistrada revocó el decomiso de más de 40 propiedades supuestamente ligadas a Duarte que se había ordenado como parte de la condena, pues señaló que se trata de bienes de otros procesados que aun no son condenados, y por lo tanto debe esperarse hasta el cierre total de caso.

Esta resolución del Tribunal federal es resultado de una apelación que Duarte promovió en contra de la sentencia condenatoria que se le dictó desde el 26 de septiembre de 2018. El procedimiento se alargó más de un año debido a que el exgobernador tuvo que recurrir a un amparo para que se le permitiera solicitar la revisión del procedimiento.

Originalmente Duarte fue sentenciado en una audiencia preliminar, en la que el exgobernador priista se declaró culpable y renunció a su derecho de ir a un juicio, en lo que se conoce como “procedimiento abreviado”. A cambio, consiguió que se le dictara la pena mínima y que, gracias a un acuerdo previo con la PGR, se le retirara el delito más grave que era el de delincuencia organizada.

Pero después la defensa del exgobernador argumentó que las pruebas bancarias en las cuales se sostenía la acusación de lavado de dinero habían sido obtenidas por la Procuraduría, sin el aval de un juez, lo que incluso ha provocado que otros procesados del mismo caso terminen absueltos.

Sin embargo, la magistrada subrayó que fue el propio Duarte el que aceptó renunciar a su derecho de defenderse en un juicio y de combatir las pruebas del Ministerio Público, quitándose él mismo la posibilidad de haber entrado al fondo de su asunto.

“La sentencia se funda en los hechos y las pruebas aceptadas por el acusado (…) Es inadmisible que en la apelación se analicen aspectos que ya fueron previamente convenidos y expresamente aceptados ante el juez de control, en cuanto al delito y la responsabilidad. Lo único exigible ante el juez y luego ante el tribunal, es que los datos de prueba sean suficientes e idóneos”, concluye la magistrada.

Proceso correcto, pruebas suficientes

Para llegar a la conclusión ya señalada, la magistrada Porras Odriozola analizó dos aspectos centrales: que el proceso abreviado se hubiera desarrollado conforme marca la ley, lo que incluye que Duarte conociera las consecuencias; y que las pruebas referidas por la PGR tuvieran la suficiente lógica para sustentar la presunción de que se cometieron los delitos.

En cuanto al tema de la forma en cómo se llevó el proceso abreviado, la magistrada consideró que fue correcto dado que el juez a cargo del caso (Marco Antonio Fuerte Tapia) explicó detenidamente al exgobernador de qué se trataba un proceso abreviado, y de los derechos a los que renunciaba si no llegaban a juicio.

Los audios originales de cómo se llevó a cabo la audiencia y cómo se realizó este procedimiento ya fueron publicados por Animal Político. En síntesis, el juez le pregunta a Duarte si accede a declararse culpable sin ir a juicio y dejando de lado la posibilidad de combatir con sus propias pruebas los señalamientos en su contra, lo que el exgobernador acepta.

En cuanto al tema de los datos de prueba presentados por la PGR, y que ya no fueron desahogados pues no se llegó a juicio, la magistrada considera que estos son idóneos para sostener la acusación consistente en que Javier Duarte “durante los años 2011 a 2016 dirigió una organización criminal” que a partir de compañías fachada y prestanombres desvió recursos del erario de Veracruz, para luego ser aprovechados con fines personales.

En la resolución la magistrada enumera 46 distintas pruebas entre las que se encuentran dictámenes periciales, operaciones financieras, actas notariales, documentos de otros tipos, y las declaraciones y confesiones de personas ligadas a las operaciones irregulares que participaron o conocieron de los hechos.

Uno de esos testimonios es el del extesorero de Veracruz y exdiputado federal del PRI Antonio Tarek Abdalá, quien sostuvo que pagó a empresas fantasma por órdenes de Duarte. Cabe señalar que la defensa de Karime Macías, esposa del exgobernador, ya ha denunciado a Tarek por falsedad de declaraciones.

Por su lado los defensores del exgobernador intentaron argumentar que varias de las pruebas presentadas por la PGR tendrían que ser desestimadas porque se obtuvieron violando los derechos humanos del exgobernador, y también argumentaron que el juez había valorado de forma incorrecta los delitos.

La magistrada negó lo anterior no por el hecho de que fuera o no cierto lo dicho por la defensa, sino porque dijo que se trataba de valoraciones sobre datos y pruebas que ya no son procedentes, pues el propio exgobernador de Veracruz rechazó combatirlas y aceptarlas para obtener la pena reducida.

Multa sí, decomisos no

En su resolución la magistrada también consideró como correcta la multa de 58 mil 890 pesos que se le impuso a Javier Duarte por los dos delitos, así como la amonestación verbal que se le dictó para no incurrir de nuevo en estas actividades, y la pérdida de sus derechos políticos durante el tiempo en que dure la condena.

Lo que sí revocó – al menos temporalmente – fue el decomiso de los bienes dictados en la sentencia original, pues se trata de propiedades ligadas a otras personas que siguen en proceso o no han sido detenidos, y en donde hay que esperar a la resolución de dichos procesos.

Se trata de aproximadamente 41 propiedades entre las que se encuentran 21 terrenos ejidales en Campeche y 20 casas y departamentos ubicados en Veracruz, Ciudad de México, Estado de México y Guerrero

¿Qué sigue para Duarte?

La resolución del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal deja en firme la condena impuesta de 9 años de cárcel a Javier Duarte. Como dicho periodo comenzó a computarse desde que fue detenido en abril de 2017, al exgobernador le restarían casi seis años para recuperar su libertad.

Duarte y sus abogados cuentan aun con algunas alternativas como promover una demanda de amparo directo en contra de la condena, en la que podría argumentar violaciones a sus derechos constitucionales. Además, una vez que cumpla más de la mitad de su pena podrá iniciar los tramites para que su liberación se lleve a cabo de forma anticipada, aunque eso depende de que los jueces lo avalen.

Cabe recordar que en contra de Duarte hay otros casos pendientes pero esta condena es la única que lo mantiene hoy privado de su libertad.

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Escándalos con la vacuna del coronavirus: cómo la lucha contra el COVID-19 desnuda viejos vicios de América Latina

El desarrollo de vacunas para combatir el coronarios ilusionó a la región, golpeada con especial dureza por la pandemia. Después surgieron los problemas.
27 de febrero, 2021
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En Argentina, Ecuador y Perú, los escándalos tumban a ministros de Salud. En Brasil, hubo al mismo tiempo escasez y desperdicio de vacunas. Y en otros países de la región recién llegan las primeras dosis.

La vacunación contra el COVID-19 se volvió de pronto un espejo flamante de viejos problemas del subcontinente como la corrupción, el favoritismo, la falta de planificación o la incapacidad para resolver grandes desafíos.

Cuando México protestó la semana pasada en Naciones Unidas por el “acaparamiento” de vacunas en los países ricos, puso el foco sobre algo reconocido por la Organización Mundial de la Salud: la alarmante brecha en la distribución global de las dosis.

Pero el rezago de la vacunación en Latinoamérica respecto a otras regiones se debe también a deficiencias propias, advierten expertos.

Por ejemplo, la carencia de materiales elementales como viales o filtros en México retrasó el envase y la distribución de millones de dosis de la “vacuna latinoamericana” producida en Argentina tras un acuerdo con la farmacéutica AstraZeneca.

“Hay una cuestión de dependencia externa, pero esa dependencia también es un fallo de América Latina: no tenemos la capacidad de producir esas vacunas, mientras que India o China, que eran tan subdesarrollados como nosotros hace 30 años, logran hacerlo”, dice Miguel Lago, director ejecutivo del Instituto de Estudios para Políticas de Salud (IEPS) en Brasil, a BBC Mundo.

“Terminemos con la payasada”

Con cerca de un cuarto de las muertes por COVID-19 en el mundo, pese a tener 8,5% de la población global, América Latina ha sido golpeada con especial dureza por la pandemia.

La región también sufrió el año pasado el peor desplome económico mundial tras la llegada del coronavirus, con una contracción de 7,4% del PIB según estimaciones del Fondo Monetario Internacional.

Exministro ecuatoriano de Salud, Juan Carlos Zevallos

Getty Images
El ministro ecuatoriano de Salud, Juan Carlos Zevallos, renunció tras un escándalo por el envío de vacunas a un geriátrico donde estaba su madre.

En este contexto, el descubrimiento de las vacunas contra el coronavirus ilusionó a los latinoamericanos con ver pronto la luz al final del túnel.

Sin embargo, los esfuerzos de vacunación regional han estado marcados por polémicas, demoras y frustraciones.

Las renuncias de los ministros de Salud en Argentina, Ecuador y Perú ocurrieron después que en sus países se denunciara favoritismo en el acceso a las vacunas que escasean para la población en general.

El ministro ecuatoriano de Salud, Juan Carlos Zevallos, dimitió a su cargo este viernes, en medio de investigaciones por el envío de parte de las primeras dosis de vacunas a un geriátrico privado donde estaba su madre.

En Argentina y Perú se reveló que funcionarios, exgobernantes o personas influyentes también se vacunaron de forma preferencial, sin seguir las reglas puestas al resto de la población.

Durante una visita a México esta semana tras pedir la dimisión de su ministro, el presidente argentino, Alberto Fernández, buscó enterrar el escándalo: “Terminemos con la payasada”, dijo.

El presidente argentino, Alberto Fernández, durante una visita a su par mexicano Andrés Manuel López Obrador.

Getty Images
El presidente argentino, Alberto Fernández, se refirió a la polémica por “vacunas VIP” en su país durante una visita a su par mexicano López Obrador.

El mandatario aludió a la investigación judicial abierta sobre el caso denominado “Vacunatorio VIP” en su país y sostuvo que “no hay ningún tipo penal en Argentina que diga ‘será castigado el que vacune a otro que se adelantó en la fila'”.

Pero otros creen que estos casos son síntomas de antiguos vicios de la región, como el irrespeto a las normas o el uso de recursos públicos para beneficio de algunos.

“En todos los países donde saltan escándalos se repite una práctica bastante común: eludir las estructuras formales del Estado para canalizar las vacunas sin planes y protocolos claros y transparentes de atención a las poblaciones vulnerables. Más bien lo contrario: protejo y atiendo a los míos”, escribió Felipe Burbano de Lara, sociólogo, politólogo y columnista del diario El Universo de Ecuador.

Chile es el país de la región donde el proceso de inoculación avanza de forma más aceitada: casi 17% de su población de 19 millones fue vacunada en febrero.

Plan de vacunación masiva en Chile.

Getty Images
En Chile la campaña de vacunación masiva avanza con rapidez.

El caso chileno es visto como una prueba de que en la región es posible vacunar a tasas similares o incluso superiores al mundo desarrollado gracias a una robusta red de atención de salud que falta en otros países, además del poder adquisitivo y la rapidez del gobierno para comprar millones de dosis.

Pero tampoco Chile ha estado libre de polémicas en su campaña de vacunación: al menos 37.000 personas en ese país se adelantaron a su turno sin tener factores de riesgo, según datos oficiales.

“Ninguna fuerza”

Otro país latinoamericano que evidencia los contratiempos de vacunación en la región es Brasil, donde menos de 4% de la población ha recibido dosis hasta ahora.

Además de tener sus propias denuncias de irregularidades en el acceso a las vacunas, Brasil experimenta una escasez de dosis que expertos atribuyen a errores de planificación del gobierno de Jair Boslonaro.

Grandes ciudades brasileñas como Río de Janeiro, Porto Alegre o Salvador llegaron a suspender las inoculaciones por falta de vacunas, mientras también se reportaban en el país desperdicios de dosis abiertas que perdieron validez antes de ser inyectadas.

Vacuna en Rio de Janeiro

EPA/ANTONIO LACERDA
La primera etapa de vacunación en Brasil tuvo al mismo tiempo escasez y desperdicio de dosis.

Los países más rezagados de América Latina en la carrera de la vacunación contra el COVID-19 son Guatemala, Honduras, Nicaragua y Uruguay, que apenas importaron sus primeras dosis esta semana, mientras Cuba aún busca desarrollar sus propias vacunas.

Algunos observan que otra característica histórica de la región, como la falta de unidad y coordinación entre los países, también afectó sus posibilidades de demandar más vacunas al resto del mundo.

“América Latina no negocia como bloque, sino que cada país negocia como puede, entonces claro que no tiene ninguna fuerza”, señala Lago.

Se estima que, sin acelerar su ritmo actual de vacunación, varios países latinoamericanos podrían tardar años en alcanzar los niveles de inmunidad necesarios en sus poblaciones para volver a la normalidad.

Ciudad de Panamá

Getty Images
La lentitud de la vacunación en América Latina puede profundizar viejos problemas sociales de la región, como la desigualdad.

Como si se tratara de un círculo vicioso, esto amenaza a su vez con profundizar problemas sociales de una región que ya era considerada la más desigual del mundo.

Nora Lustig, una profesora de economía en la Universidad de Tulane, advierte que los efectos podrían llegar incluso a largo plazo por el cierre de escuelas para niños de familias de bajos recursos.

“En la medida que no tengas la capacidad de crear un espacio de normalidad a través de un proceso de vacunación más rápido”, dice Lustig a BBC Mundo, “vas a tener un impacto sobre la economía, la desigualdad y la pobreza”.


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