A 11 años de la Guardería ABC: cero detenidos y familias sin reparación
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A 11 años de la Guardería ABC: cero detenidos, cien familias sin reparación, y una ley incompleta

Víctimas y abogados acusan que pese a los cambios de gobierno los años pasan y la impunidad persiste. Acusan que, aunque AMLO lo prometió, el fiscal Gertz no ha querido recibirlos.
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5 de junio, 2020
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Un día como hoy, pero del 2009, 49 niñas y niños murieron y más de cien resultaron heridos a causa de un incendio en la Guardería ABC, una estancia infantil subrogada del IMSS en Sonora. Han pasado 11 años, sin embargo, a la fecha no hay personas detenidas, ni se le ha reparado el daño a mas de cien familias.

Incluso, la ley que se promulgó para que hechos como estos no se repitieran, no ha terminado de aplicarse con su reglamento en todos los estados.

“En resumen no hay justicia. Lo que hay es impunidad y un desinterés de todos los gobiernos y las fiscalías que han pasado para resolver el caso, incluyendo la actual. Al fiscal General (Alejandro Gertz) no lo hemos visto una sola vez”, señala José Francisco García Quintana, padre de uno de los niños fallecidos y vocero del Movimiento 5 de Junio, que agrupa a varias de las familias afectadas.

Entre los varios pendientes que existen en el caso a más de una década de distancia, el que más duele a los padres de las niñas y niños afectados, según García, es la falta de castigo a los responsables pese a que ya se han dictado sentencias, así como las deficiencias en las indagatorias que persisten hasta la fecha.

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En 2016 un juez penal dictó sentencias condenatorias en contra de 19 personas – entre exfuncionarios del IMSS y particulares – por los delitos de homicidio y lesiones no intencionales, e impuso penas de prisión que fueron de los 14 hasta 30 años de prisión.

Un año mas tarde, y tras revisar varios recursos de apelación, el Tercer Tribunal Unitario en Sonora ratificó las penas de prisión en contra de todos los detenidos. 

Sin embargo, los implicados no fueron detenidos ni encarcelados ya que promovieron diversos juicios de amparo alegando que la sentencia impuesta fue excesiva. Por su parte, las victimas también promovieron amparos para que no se revirtieran los procesos.

Ante la trascendencia del caso, los tribunales federales determinaron que debería ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que lo analizara, por lo que en 2018 le enviaron los expedientes.

El Máximo tribunal aceptó la competencia del caso y los proyectos fueron repartidos en las ponencias de los ministros Jorge Mario pardo Rebolledo y Juan Luis González Alcántara.

Pero hasta ahora no se ha resuelto ninguno de los amparos. Apenas el pasado miércoles 3 de junio se volvió a aplazar la resolución de uno de ellos pese a que ya estaba enlistados.

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“La Corte tiene estos 15 amparos al menos que no ha resuelto desde hace mas de dos años. Y es triste decirlo, pero se suma a la cadena de incompetencias que ha habido hasta la fecha. Y aquí lo mas importante son que las penas se apliquen. Que sepas que lo que pasó tuvo consecuencias. Mientras la Corte no se pronuncie las sentencias no estarán firmes y por lo tanto no hay nadie en la cárcel. No hay castigo a los responsables y continua la impunidad”, dice García Quintana.

El vocero de los padres agregó que la definición de la Corte es importante, además de las sentencias, por el mensaje que los ministros pueden enviar hacia el resto de las autoridades que, hasta ahora, no han cumplido con una respuesta acorde al tamaño de la tragedia.

Un crimen de Estado… que no importa

En 2010 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que lo ocurrido en la Guardería ABC era un caso de graves violaciones a los derechos humanos en el que había responsabilidad de autoridades de los tres niveles de gobierno, y que como tal debería ser indagado de forma exhaustiva y hasta sus últimas consecuencias.

A partir de esa fecha y a lo largo de los años tanto las autoridades locales, así como la entonces PGR hoy Fiscalía General de la República (FGR), han hablado de explorar nuevas líneas de investigación, entre ellas, la relacionada con que el incendio pudo ser provocado con la finalidad de eliminar documentos del gobierno estatal que se encontraban en una bodega contigua a la guardería.

La ultima vez fue en septiembre del año pasado, cuando el director del IMSS Zoé Robledo ofreció a los padres ampliar la denuncia presentada por el caso, con la finalidad de que la indagatoria alcance al exgobernador del estado Eduardo Bours y a otros 13 funcionarios que no han sido parte del proceso, así como a diversos particulares.

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“Pero todo ha sido una burla en estos años. Una tomada de pelo. Llevamos ya cinco procuradores distintos y ahora un fiscal a nivel federal y lo único que han mostrado es que no les importa. Este crimen ocurrió en una guardería subrogada del IMSS, hay funcionarios implicados. Es un crimen de Estado, pero no les importa” dice García Quintana.

El vocero de los padres de la guardería dijo que temen que varios de los delitos ya estén prescritos y por lo tanto no pueda hacerse nada, situación que tendría que ser aclarada por el fiscal General, Alejandro Gertz Manero. El problema es que no ha querido hablar con ellos.

“No lo hemos podido ver ni una sola vez desde que está en el cargo. La verdad es que este caso parece no interesarle pese a que también es un crimen de Estado. En diciembre (de 2019) el presidente López Obrador nos dijo que el sería el puente con el fiscal para que nos atendiera. Pero ni aun con eso ha pasado” señaló García Quintana.

Cien familias sin reparación; ley incompleta

Otro de los grandes pendientes a 11 años de la tragedia en la Guardería ABC es el de la reparación del daño. Más de cien familias han promovido igual número de amparos en contra de jueces penales y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) por esta situación, algunas de las cuales también han llegado a la Corte, sin que hayan sido resueltas.

La abogada Reyna Velasco resume este problema en dos aristas principales. Una de ellas tiene que ver con la condena que un Tribunal federal ratificó en 2017 en contra de los implicados, pero en la que no se fijó un monto de reparación del daño, sino que se delegó esa facultad a otro juez previa realización de nuevos estudios a los familiares.

La litigante dijo que lo anterior es revictimizante y una artera violación al derecho de una justicia pronta y expedita, además de que retrasa innecesariamente la entrega de apoyos a familias que ya han esperado demasiado.

Por otro lado, están las indemnizaciones que deben recibir las familias de niños que fallecieron, así como los programas de apoyo para las familias con niños lesionados, todo ello en su calidad de victimas de violaciones graves a derechos humanos. En este caso toca a la CEAV fijar los montos, pero en todos los casos lo ha hecho de forma incorrecta, lo que ha obligado a promover amparos.

“El problema es que las resoluciones no han sido satisfactorias para las victimas, pues como los mismos jueces lo han señalado cuando la CEAV realiza el plan de reparación deja de observar algunos aspectos específicos, lo que trae como consecuencia que no se pueda considerar que se ha reparado el daño” dice la litigante.

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Otro pendiente relevante tiene que ver con la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil popularmente conocida como “Ley 5 de Junio”, promulgada en 2011 por el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón, peor que hasta la fecha aun no termina de implementarse.

José Francisco García Quintana dijo que hasta antes de la tragedia en la guardería solo existían mas que normas de referencia para la operación de guarderías o de asilos. Con la “Ley 5 de Junio” lo que se buscó fue establecer una regulación completa respecto al funcionamiento de las guarderías que por un lado prevengan que hechos como los del caso ABC se repitan, y por otro lado impulsen el desarrollo integral de los menores.

Se trata, añade García Quintero, de una buena norma pero que casi una década de distancia aún no termina por ser aterrizada a nivel estatal. Hay dos entidades que aun no armonizan sus legislaciones locales con la Ley General, y varios estados siguen sin emitir los reglamentos de estas, lo que complica su aplicación,

En ese contexto el movimiento de padres de la Guardería ABC, con apoyo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro están promoviendo desde hace varios años que el caso sea admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que, a la postre, pueda llegar a la Corte Internacional  y conseguir así que la actuación del Estado mexicano sea examinada y, en su caso, juzgada.

 

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Quiénes eran las Panteras Negras, el grupo radical de los años 60 en EU que aún tiene integrantes en prisión

La Corte Suprema de Nueva Jersey anunció esta semana que otorgaba la libertad condicional a Sundiata Acoli, el exintegrante de las Panteras Negras de mayor edad que aún queda en la cárcel. El grupo de izquierda reivindicaba los derechos de la minoría afroestadounidense en los 60.
15 de mayo, 2022
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Por casi medio siglo, ha vivido detrás de la rejas en una prisión de Nueva Jersey. Ahora, a sus 85 años, volverá a respirar la libertad.

La Corte Suprema de ese estado anunció esta semana que decidió liberar a Sundiata Acoli, el exintegrante de mayor edad de las Panteras Negras que aún queda en la cárcel. Se trata del controvertido grupo de izquierda que reivindicaba los derechos de la minoría afroestadounidense a finales de 1960.

Acoli era elegible para libertad condicional desde hace 29 años, pero cada vez que sus abogados la solicitaron, se le negó.

Fue considerado sistemáticamente una “amenaza pública”, pese a que su salud, los años y diversos reportes médicos y psiquiátricos sugerían lo contrario.

Lo habían condenado a cadena perpetua en 1974, luego de un extraño incidente un año antes en el que un policía terminó muerto.

Acoli viajaba con Assata y Malik Shakur, otros dos integrantes de las Panteras Negras, cuando dos oficiales pararon el carro para una inspección rutinaria en la autopista de peaje de Nueva Jersey: llevaban una luz rota.

Lo que siguió después nunca ha quedado claro: hubo un tiroteo, Malik y un policía murieron, Acoli y otro agente resultaron heridos.

Acoli y Assata huyeron, pero fueron detenidos pocos días después y condenados a pasar el resto de su vida tras las rejas.

En una de las fugas más memorables de las cárceles de Estados Unidos, Assata logró escapar y se refugió años después en Cuba, donde se cree que todavía vive (sigue aún en la lista de los más buscados del FBI).

Acoli ha pasado su vida en la cárcel, pero no es el único.

Al menos 12 miembros del movimiento siguen todavía presos, con condenas que se acercan o superan los 50 años de cárcel.

Sus sentencias son todavía el testimonio de una época controvertida de luchas por los derechos civiles en EU y una muestra de la brechas raciales y sociales de la sociedad en que se generó.

Pero, ¿qué fue este grupo y por qué sigue generando polémica más de medio siglo después?

El partido

Boinas negras y chaquetas de cuero negro, puños cerrados y pistolas en mano… las Panteras Negras crearon su propia moda que era, a la vez, su símbolo.

Propugnaban la autodefensa armada, especialmente contra la policía, y se definían como un “partido socialista” en una época en la que el comunismo era visto como el mayor enemigo de EU.

El partido fue creado en 1966 por Huey Newton y Bobby Seale, quienes se habían hecho conocidos unos años antes por protestar en un acto en California que obvió el legado negro en la colonización del oeste americano.

Huey Newton y Bobby Seale

Getty Images
El partido fue creado en 1966 por Huey Newton y Bobby Seale.

Desde entonces, se habían envuelto en el activismo político pero hubo dos hechos que los llevaron a dar un paso más allá.

En febrero de 1965, fue asesinado el líder de los derechos civiles Malcom X y, un año después, la policía de San Francisco mató a tiros a un adolescente negro desarmado: Matthew Johnson.

Fue entonces cuando decidieron crear el Partido Pantera Negra para la Autodefensa, cuyas principales metas en un inicio eran monitorear las actividades policiales contra las comunidades negras en Oakland y otras ciudades.

Su activismo y carisma muy pronto multiplicaron la popularidad del grupo: del monitoreo pasaron a crear programas sociales, incluyendo desayunos gratuitos para niños o personas con anemia, a la vez que se involucraron en actividades políticas.

En un par de años, las filiales del grupo se habían multiplicado en más de 30 estados.

En su libro Black Against Empire: The History and Politics of the Black Panther Party, Joshua Bloom y Waldo E. Martin estiman que para 1969 ya tenía más de 5 mil miembros y sus ideas eran populares tanto en comunidades pequeñas como en grandes ciudades, desde Los Ángeles y Chicago hasta Nueva York o Filadelfia.

A diferencia de otros grupos por los derechos civiles de los afroaestadounidenses, las Panteras Negras portaban armas y defendían el derecho a la autodefensa con ellas.

Bloom y Martin señalan en su libro que era una respuesta activa ante la violencia policial que vivía la población negra y que buscaba “empoderar a la comunidad negra frente a un sistema racista”.

Sin embargo, su desafío a las autoridades y su uso de armas fue visto como desafiante y en ocasiones se les describía como pandillas o grupos violentos, algo que sus líderes negaban.

El peligro marxista

Las Black Panthers eran parte de un grupo todavía mayor, el llamado Black Power, que defendía el orgullo negro y la unidad por los derechos de las minorías raciales.

Sin embargo, Newton y Seale no se conformaron con la ideología de esa organización y se basaron en el marxismo.

Creían fervientemente en la “lucha de clases” y pensaban que la organización representaba “la batalla de la vanguardia proletaria contra el capitalismo”.

Fueron estas ideas en las que basaron su plataforma política, a la que llamaron Programa de Diez Puntos, en el que pedían, entre otras cosas, el fin inmediato de la brutalidad policial, empleos para los afroestadounidenses y mayor acceso a tierra, vivienda y justicia para todos.

Su cercanía al marxismo, el enfoque nacionalista negro y una serie de actos violentos que cometieron entonces los pusieron en la mira de las autoridades, en especial del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Edgar Hoover.

El FBI, de hecho, creó un programa secreto de contrainteligencia, COINTELPRO, solo para seguir de cerca a los miembros de las Panteras Negras.

panteras negras

Getty Images

Fue solo el comienzo.

Para 1969, el FBI los declaró una “organización comunista” y “enemiga del gobierno”, y Hoover llegó incluso a considerarlas “una de las mayores amenazas para la seguridad interna de la nación”.

Las rivalidades con la policía

El libro de Joshua Bloom y Waldo E. Martin cuenta cómo la creciente persecución de las autoridades llevó a una rápida radicalización del grupo.

Los enfrentamientos con la policía se hicieron frecuentes y varios agentes murieron en tiroteos que implicaban a las Panteras Negras. El grupo, sin embargo, siempre aseguró que solo usaban las armas como método de autodefensa y que solo respondían a la policía si esta los agredía.

La organización también se volvió un foco de la violencia policial.

En uno de los casos más sonados, en 1969, la policía de Chicago disparó más de 100 tiros a dos miembros del partido que dormían en su apartamento.

panteras negras

Getty Images

Las autoridades aseguraron que había ocurrido un feroz intercambio de disparos, pero luego se demostró que solo una bala provino del arma de uno de miembros del grupo.

En el libro The Black Panther Party , el historiador Charles E. Jones asegura que fue tanta la persecución a la que se vieron sometidos los miembros del grupo que una especie de paranoia colectiva comenzó también a manifestarse entre sus miembros… y a dividirlos.

Esto llevó no solo a numerosas discusiones y temores, sino que hubo también denuncias de que algunas “panteras negras” asesinaron o golpearon a otros del mismo grupo que creían que eran informantes de la policía.

Ciertas partes del movimiento fueron también asociadas con actividades delictivas y una ruptura interna entre sus principales líderes y organizadores pronto los debilitó como fuerza política.

Para mediados de los 70, las Panteras Negras siguieron perdiendo seguidores y popularidad, aunque hicieron esfuerzos por sobrevivir a la debacle, incluyendo crear una rama armada, el Ejército Negro de Liberación.

En las décadas siguientes, el nombre del grupo pasó a quedar como un asunto para investigaciones académicas y libros de historia, mientras algunos de sus principales activistas morían, escapaban a otros países o consumían sus vidas en la cárcel.


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