A Alejandro lo detuvieron al filo de la medianoche. Iba en su auto cuando unos policías le pidieron que se detuviera porque tenía apagada una luz trasera. El obedeció, se orilló y dijo que iba para su casa. Pero a los agentes les pareció “sospechosa” su actitud: era tarde, dudó al responderles y, supuestamente, escondía un arma en el vehículo. Al menos eso fue lo que en el parte policial quedó asentado.
Por la fuerza, arrastrándolo, los policías lo bajaron del coche y lo trasladaron a la estación municipal. Alejandro se resistía. El forcejeo provocó que sus pantalones cayeran al piso. Los agentes le exigieron que se los subiera, pero el hombre, molesto, decidió ignorarlos.
Eso enfureció a los policías. Seis agentes lo tiraron al suelo y tres de ellos se le pusieron encima, uno a la altura del cuello, otro en el abdomen y el último pisándole las piernas. Alejandro hacia ruidos y tosía. Los agentes lo esposaron y le subieron el pantalón. Entre ellos reían. Otro dijo: “¡vuélveselo a bajar y cógetelo!”.
Cuando los policías se quitaron de encima Alejandro ya no se movía. Yacía boca abajo. Dos minutos después una doctora de la estación se acercó para reanimarlo. Fue inútil. Estaba muerto.
Estos hechos, que quedaron registrados en un video, ocurrieron el viernes 17 de febrero de 2017 en Ciudad Juárez, Chihuahua. El sitio y la fecha son lo menos importante. Pudo ser en cualquier estado y en cualquier parte del año.
Las detenciones arbitrarias (injustificadas) o abusivas son un cáncer en México para el cual no ha habido cura. Casos como el de Alejandro, o como el de Giovanni, ocurrido el pasado 5 de mayo en Jalisco, trascienden porque las victimas mueren y por que hay un video de algún momento del hecho. Pero estos abusos pasan, literalmente, todos los días.
Un estudio especial de la Comisión Nacional de los Derechos humanos (CNDH) revela que en un lapso de 17 años, entre 2001 y 2017, registró 13 mil 262 quejas por detenciones arbitrarias en todos los estados del país. En promedio, son al menos dos detenciones irregulares todos los días. Y esas son solo las que se reportaron ante la Comisión.
“Las detenciones arbitrarias constituyen una práctica cotidiana en México y son el primer momento de una cadena de graves violaciones a derechos humanos como la tortura, otros tratos crueles degradantes e inhumanos e incluso las desapariciones forzadas”, indica el informe.
El problema es añejo, pero las soluciones no llegan. Desde 2001 la CNDH alertó de esta situación en el país, tras documentar en aquel entonces mas de 300 casos de detenciones injustificadas. Eso en una época donde los teléfonos con cámara no existían y probar los casos requería mucha mas investigación.
A partir de ello emitió la Recomendación General 2/2001 dirigida a todas las procuradurías y secretarias de seguridad en donde se pedía, entre otras cosas, que cesaran de inmediato este tipo de prácticas, que se impartieran capacitaciones profundas sobre uso de la fuerza proporcional, y que se investigara y castigaran los abusos ya cometidos.
Casi dos décadas después ninguna de los 32 estados ha cumplido al cien por ciento con esa recomendación. De hecho, los avances fueron patéticos. Al menos hasta 2018 solo el 18 por ciento de las corporaciones locales y federales a las que se dirigió la recomendación cumplieron con ella satisfactoriamente.
“La recomendación ayudó en su momento a visibilizar las detenciones arbitrarias, no obstante, desde entonces lejos de reducirse se han agravado a la par de la descomposición de los cuerpos policiacos federales y estatales en el país. Los numerosos y profundos cambios normativos no han impactado en la contención y solución de la problemática”, indica la CNDH.
Cadena de arbitrariedades
La cadena de abusos que se llegan a cometer en las detenciones en México es muy amplia. Los casos documentados por CNDH y también por otras instituciones como Amnistía Internacional y organizaciones civiles, muestran que las irregularidades pueden ir desde maltratos físicos o emocionales, hasta retenciones excesivamente largas, tortura, siembra de evidencias, y en los casos mas graves desapariciones y muerte.
La mayor parte de estos hechos no llegan a conocerse, pero aun así son numerosos los que trascienden a la esfera pública. Ya vimos el caso de Alejandro referido al inicio de esta nota, así como el de Giovanni que volvió a poner en la luz pública el foco del problema.
Alejandro Hope, experto en temas de seguridad, hizo un recuento de algunos de los mas recientes que tuvieron un desenlace fatal:
*En enero de este año un hombre murió en las instalaciones de la policía de Ecapetec tras haber sido golpeado por agentes de dicha corporación en un supuesto altercado.
*En mayo de 2019 tres policías municipales de El Carmen, Nuevo León, presuntamente asesinaron a una persona encerrada en una cárcel local.
*En abril de 2019 cinco policías de la capital de Chihuahua fueron detenidos tras determinarse que habían matado por asfixia a una persona previamente arrestada en los separos municipales.
*En agosto de 2017 un hombre falleció por razones que no se esclarecieron dentro de la comandancia municipal de Santa Lucía del Camino en Oaxaca, justo un día después de haber sido detenido.
Una búsqueda rápida en fuentes abiertas permite encontrar casos mas recientes como el del un joven de 22 años que perdió la vida en los separos de una agencia del Ministerio Público en la alcaldía de Cuauhtémoc en abril pasado, luego de que según el parte oficial “simplemente se desvaneciera”.
Y hay casos donde hasta detenciones masivas han dado paso a graves abusos como el de cinco jóvenes detenidos por la policía estatal en Tierra Blanca, Veracruz, en enero de 2016; o el de los 43 normalistas de Ayotzinapa detenidos por policías de Iguala y Cocutla, Guerrero, en septiembre de 2014. Ninguno de ellos volvió a aparecer con vida, y hay indicios de que fueron asesinados.
Un estudio de la organización World Justice Project (WJP) a partir de datos recabados por Inegi arroja que el 78 por ciento de las personas que fueron detenidos entre 2010 y 2016 y hoy se encuentran en prisión sufrieron algún tipo de maltrato o de tortura. “La sistematicidad de la violencia ilegal cometida por agentes se agrava al considerar que las investigaciones iniciadas por este delito no alcanzan ni el 10 por ciento”, indica el informe.
La siembra de evidencia en una detención también es una forma de detención arbitraria, como lo señala CNDH. Casos de esos abundan en México. Uno que llamó la atención porque la victima logró que el hecho quedara en video fue el del abogado Paulo Diez, a quien agentes de la entonces PGR le sembraron un arma en su automóvil en 2015. La grabación permitió probar el hecho y hoy hay mas de una de agentes procesados por este caso.
De lo ilegal a lo “legítimo”: justicia videograbada
Las detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza son hechos ilegales en México. Hoy a diferencia de hace 20 años existen nuevas leyes que lo señalan con mayor claridad. Aun así, la Constitución y los tratados internacionales de los que nuestro país es parte condenan desde el siglo pasado este tipo de hechos.
Sin embargo, el uso excesivo de la fuerza para algunas corporaciones de seguridad es un recurso “legítimo”, señala en entrevista con Animal Político, Carlos Silva Forné, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es decir, aunque la ley condena este tipo de actos, en los hechos son aceptados o incluso alentados como algo correcto o necesario para “combatir” a la delincuencia, o para “castigar” a los supuestos criminales.
“Son mecanismos ilegales, pero no ilegítimos. Son muchas las instituciones de seguridad que informalmente validan estas practicas. Son medios para alcanzar distintos objetivos que la organización busca alcanzar día con día”, señala el experto.
Silva Forné explica que en México los datos relacionados con detenciones arbitrarias, torturas y maltratos son escasos, sobretodo desde la esfera oficial. No obstante, las mediciones e informes de las comisiones de derechos humanos y de organizaciones independientes, así como los casos que se conocen públicamente, confirman que se trata de abusos cotidianos.
Contrario a esta realidad, destaca el especialista, llama la atención el bajo número de sentencias por abusos que se cometen como la tortura. Ello que significa que la gran mayoría de las detenciones arbitrarias y abusivas quedan impunes, situación que alienta que este tipo de abusos se cometan.
¿En qué casos sí llegan a haber sanciones? Generalmente los que se hacen públicos y cobran notoriedad. Es aquí donde se vuelve relevante los numerosos teléfonos móviles con cámara con los que se cuenta en la actualidad, que hasta hace dos décadas eran prácticamente inexistentes.
El caso de Giovanni es el mejor ejemplo de esto. El joven murió el 5 de mayo tras ser detenido por policías municipales en Jalisco, pero es hasta que el video del incidente fue publicado en redes sociales – un mes más tarde – cuando cobró enorme notoriedad, y las indagatorias se aceleraron hasta terminar con tres detenciones anunciadas el viernes.
Animal Político publicó que una versión apunta a que Giovanni realmente fue detenido y torturado porque intentó grabar a los agentes con su teléfono.
“Lo importante es evitar que estas cosas se hagan públicas. De ahí el recelo que existe de las corporaciones para evitar a que sus elementos sean grabados. Es el temor a lo público porque parece que esa es la única manera en que puede haber consecuencias”, dice Silva Forné.
Tanto los informes de CNDH como el especialista entrevistado coinciden en que, en términos normativos, los avances de los ultimo años han contribuido a reducir en alguna medida los abusos. El nuevo sistema penal con jueces de control, la Ley Nacional de Uso de la Fuerza aprobada en 2019, y el Registro Nacional de Detenciones que se puso en marcha este año, son ejemplo de recursos que pueden contribuir a aminorar los abusos.
“Pero aun hay mucho por mejorar. Necesitamos mecanismos de control y rendición de cuentas mas fuertes. Unidades de Asuntos Internos que tienen que ser autónomas para que no sean tapadera de los abusos. En las corporaciones mas grandes debe haber además instancias externas de control especializadas. Hay que invertir en modelos policiales donde los controles y la cultura institucional estén realmente alineados con una policía de un Estado democrático”, concluyó.
