En México las niñas y los niños tienen derecho a vivir en un entorno familiar que les permita disfrutar de bienestar, alimentación, educación y protección. Si esto se ve en riesgo, el Estado debe intervenir para garantizarlo teniendo como prioridad no separar a los menores de su familia, a menos que por el propio interés del niño sea necesario.
Pero, aunque la Constitución y la ley contemplan lo anterior, la realidad es que en entidades como la propia Ciudad de México el sistema institucional responsable ha operado por años entre fallas, negligencias o de plano el total abandono, al punto en que no había ni registros de cuántos casos se habían atendido ni como se hizo en años pasados.
“No recibimos ni siquiera una base de datos de ejercicios anteriores en donde yo te pueda decir cuales o qué cantidad de niñas, niños y adolescentes llegaban a la Agencia 59 dedicada a los menores y que fueron canalizados a DIF. No había antecedentes de planes de restitución de derechos, no había nada” dijo Estela Damián, actual directora del DIF capitalino.
Estas graves deficiencias y rezagos fueron reconocidas por funcionarios del actual gobierno capitalino y de la Fiscalía General de Justicia, quienes argumentan que desde el año pasado y con el arranque del actual sexenio han comenzado a construir un sistema de atención integral partiendo prácticamente de cero.
No obstante, especialistas señalan que casos como el Ana María Ortiz, quien en marzo pasado se suicidó junto con uno de sus hijos de dos años en un contexto de precariedad social y falta de apoyo institucional, muestran que aún estamos lejos de construir un sistema que visibilice y atienda de manera integral a familias y niños que se encuentran en grave vulnerabilidad.
Animal Político buscó a las autoridades del DIF y de la Procuraduría para la Defensa de las Niñas, Niños y Adolescentes de la administración pasada, a quienes los funcionarios actuales señalan de no haber implementado el sistema y los programas que la ley aprobada desde 2015 marcaba, pero no quisieron proporcionar ningún comentario
Asistencialismo, no protección
La falta de un sistema integral de apoyo para los menores de edad y las familias en situaciones vulnerables es un problema histórico en México. Por décadas, nuestro país operó bajo la premisa de que bastaba que los niños tuvieran alimento y un techo para estar protegidos.
Lo anterior trajo como consecuencia que, por ejemplo, si una niña o un niño llegaba a manos de la autoridad por cualquier situación precaria o conflicto legal en que se viera envuelta su familia, la prioridad fuera mantenerlo en un albergue o canalizarlo a una casa hogar sin pensar en otras necesidades vitales como, por ejemplo, procurar su desarrollo en un entorno familiar.
“Aquí en la Ciudad de México la vieja Procuraduría (hoy Fiscalía) se volvió literalmente en una guardería. Hubo niños que llegaban a permanecer hasta más de un año en los albergues que supuestamente eran temporales. Y ocurrieron casos lamentables como el de Casitas del Sur” dijo en entrevista la actual subprocuradora de Atención a Víctimas de la Fiscalía, Nelly Montealegre.
El caso Casitas del Sur, al que hizo referencia la funcionaria, consistió en la desaparición de casi 30 menores de edad en diversos estados que habían sido canalizados por las autoridades a casas hogar. Se presume que los menores terminaron en redes de tráfico de personas. Algunos, continúan desaparecidos hasta la fecha.
Este tipo de incidentes graves junto con una creciente exigencia social de elevar los estándares de derechos humanos en México a parámetros internacionales, finalmente sentaron las bases para una discusión que permitiera abandonar los enfoques tradicionales.
“Se reconoció el reto de evolucionar a un esquema de protección integral y superar de forma definitiva este asistencialismo en el que se pensaba solo en que el niño tuviera que comer y donde dormir, pero no nos preocupábamos del tema de sus derechos, ni de construir un mecanismo coordinado o formal para proveerles a las niñas y niños de educación, y de un entorno y espacio adecuado” explicó la subprocuradora.
El cambio de enfoque se materializó finalmente con la expedición en diciembre de 2014 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que, entre otras cosas reconoció a las personas menores de 18 años como sujetos con más de 20 tipos de garantías que van desde el derecho a vivir en familia, hasta el derecho a la identidad, a la paz, a la protección de su salud, a la no discriminación, al desarrollo, entre toros.
Con el reconocimiento de todos estos derechos se sentaron las bases para que la norma ordenara a los poderes de todos los niveles de gobierno el impulso de nuevas políticas públicas y la creación de un nuevo diseño institucional que permitiera garantizar la protección integral de las niñas y los niños.
Y con ello nacieron, por ejemplo, las Procuradurías para la Defensa de las Niñas, Niños y Adolescentes que, entre otras cosas, son responsables de proponer y elaborar los programas integrales de restitución de derechos para apoyar a niños y sus familias que se encuentren en situaciones de riesgo.
Nueva ley, letra muerta
Con la expedición de la ley general se dio un plazo de 180 días a los estados para que pudieran adecuar sus normas locales y expedir sus propias leyes. Sin embargo, hubo retrasos como el de Ciudad de México, donde la ley local se expidió hasta noviembre de 2015, casi un año después.
Lo más grave, sin embargo, es que al menos en la capital del país el trabajo para materializar lo que señalaba la ley fue prácticamente inexistente. Y es que según las actuales autoridades de la ciudad no hay datos ni registros que detallen, por ejemplo, qué planes de restitución de derechos se crearon o se implementaron en beneficio de los menores.
“Si tu me preguntas si encontramos un padrón con todos los niños institucionalizados, y las causas, las fechas, el expediente… la respuesta es NO. No había nada o al menos no nos dejaron nada. El plan de restitución de derechos que es un procedimiento clave también se encontraba totalmente abandonado, no tenemos ninguna constancia o método de trabajo y no conocemos cuál era la atención y seguimiento” dijo Estela Damián, directora del DIF capitalino.
La subprocuradora de Víctimas de la Fiscalía General de justicia, Nelly Montealegre, confirmó por separado que tampoco encontraron rastro de algún plan de restitución. “Lo que sí encontramos fue una saturación de carpetas de investigación y de casos, pero sin ninguna estrategia y sin ningún plan como lo marca la ley”, señaló.
Las funcionarias coincidieron en otro punto grave: la total falta de comunicación y de coordinación entre las instancias claves, como por ejemplo, entre la Agencia 59 del MP que se especializa en asuntos de menores de edad con la Procuraduría de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes del DIF.
“Nos encontramos con que en la agencia no había personal del DIF y peor que eso: no había siquiera la mínima comunicación. A la agencia llegaban niños en alguna situación de vulnerabilidad y el DIF ni se enteraba” dijo Montealegre.
Estela Damián explicó que al comenzar la administración fueron percatándose de que literalmente “estaban sucediendo cosas sin que nos diéramos cuenta”. Había, por ejemplo, casos de menores desaparecidos que luego eran recuperados sin que la Procuraduría del DIF diseñada para protegerlos, se diera cuenta.
A la falta de acciones para concretar las nuevas disposiciones legales se suman carencias sistemáticas en las que tampoco había trabajo alguno para darle la vuelta.
Montealegre explicó, por ejemplo, que los centros de atención transitoria de la Fiscalía (antes Procuraduría General de Justicia) contaban con reglamentos de la década de los 80 que nunca fueron reformados y que, por ende, nada tenían que ver con la lógica de una nueva protección integral para los menores.
Y a ello se suma la falta de personas especializado y certificado en casi todas las áreas tanto de la Fiscalía, así como en el DIF. Esto, de nuevo, como consecuencia de inercias que nunca se atendieron.
“Tenemos a personal sindicalizado con plazas literalmente heredadas. Hay por ejemplo una funcionaria asignada a una de las estancias pero que no es educadora ni psicóloga si no que es química. Tenemos que lidiar con esto y tratar de certificar al personal, algo en lo que tampoco se había avanzado” dijo Montealegre.
Partir de cero
Desde el año pasado el gobierno capitalino y la Fiscalía General de Justicia comenzaron la puesta en marcha de una estrategia que, según las funcionarias consultadas, busca poner en marcha “desde cero” un sistema que garantice la protección integral para los niños y sus familias.
Un primer paso se dio en febrero de 2019 con la firma de convenio entre la hoy Fiscalía General de Justicia con el DIF Nacional y el DIF capitalino. Esto con el objetivo inicial de mejorar la comunicación entre instituciones e implementar políticas y acciones conjuntas.
Pero el objetivo principal, y uno de los más complicados según reconocieron las funcionarias, es tratar de poner punto final a la política asistencialista que si bien fue eliminada de la ley desde hace más de cuatro años, en la práctica continuó funcionando.
“Aun cuando se hizo este cambio a la ley se siguió operando con el mundo al revés. Se institucionalizaba a los niños por sistema, es decir, se les dejaba en los albergues y no se buscaba a su familia, o a otra familia que los acogiera. Hoy estamos tratando de darle la vuelta a eso porque el desarrollo en familia es de los pilares más importantes para los niños” dijo la subprocuradora Montealegre.
Un paso importante para materializar la anterior fue la firma de convenios tanto con UNESCO así como con la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar, para el diseño de estrategias que permitan ubicar con estándares seguros y profesionales a los niños en familia de acogida.
De acuerdo con Estela Damián esta asesoría ya ha dado resultados, pues en 2019 se consiguió reubicar con el apoyo de dichas organizaciones a 435 menores, ya sea con sus familias de origen o con familias de acogida, una cifra nunca registrada en la ciudad. Se trata de menores que, en años anteriores, seguirían en albergues o en el mejor de los casos en casas hogar, pero no en un contexto familiar.
“Es muy violento sacar a un menor de un entorno familiar a un entorno en el que psicológicamente sabe que no pertenece y que nadie de ese entorno es su familia la casa hogar debe ser el último mecanismo de todos. Son recomendaciones internacionales y antes era la práctica común hacer esto, lo era” dijo Damián.
Fue gracias a estos convenios como se consiguió ubicar previo a la pandemia de coronavirus a varios niños más que se encontraban en albergues de la Fiscalía, entre ellos a los dos hijos de Ana María Ortiz luego del suicidio de esta.
El reto más importante ahora, dijo la directora del DIF, es impulsarlos planes de restitución de derechos para menores en condición vulnerable y su familia que según Damián ya consiguieron ponerse en marcha en varios casos. Consisten en un paquete de once programas sociales enfocados tanto a los menores como a sus tutores.
Inercias persisten
Pese a las modificaciones que las actuales autoridades destacan, especialistas consultadas por Animal Político consideraron que hay inercias negativas que persisten en la atención a este tipo de problemáticas y para las cuales se requerirán tanto tiempo como cambios profundos.
Un ejemplo de ello fue el caso de Ana María Ortiz registrada en marzo pasado, quien se suicidó junto con su hijo de dos años luego de que el DIF se negará a entregarle a su hija de 9 años que mantenía bajo custodia, y de que tampoco le ofreciera un plan para proteger los derechos de sus otros dos hijos y de ella misma.
Adriana Segovia, terapeuta e investigadora del Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia A.C., sostuvo que el caso muestra que aun cuando los funcionarios desempeñen su trabajo, la respuesta institucional se queda lejos de ofrecer una atención integral a los menores y sus familias.
“El juicio aquí no es a las personas sino a las instituciones. Puede que incluso se actúe bien, pero la institución no da para más. Cambiar no es un proceso rápido. Requiere mucho trabajo e inversión en capacitación, en diseño de políticas públicas” dijo la especialista.
Margarita Griesbach Guizar, directora de la Defensoría de los Derechos de la Infancia, destacó que, si bien en las leyes se ha reemplazado la visión meramente “tutelar y anacrónica” que había sobre los derechos de la niñez, lo cierto es que en la Ciudad de México y en varios estados las actuaciones negligentes y hasta violatorias de derechos humanos persisten.
“Nosotros hemos promovido dos amparos ya en contra de esta procuraduría por omisiones en cuidado que tendrían que haber dado. Y el caso de Ana María debería investigarse porque ahí podría haber no solo omisiones sino hasta una negligencia criminal” dijo.
Sobre esto, la subprocuradora de víctimas Nelly Montealegre reconoció que se enfrenta un reto importante por delante.
“Creo que el caso de Ana María evidencia el gran reto que tenemos relativo a que las personas operadoras del sistema de protección actúen bajo el principio del interés superior” dijo.
