Autoridades de CDMX reconocen fallas en atención a niños y familias vulnerables
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Ni planes, ni datos: autoridades reconocen fallas en atención a niños y familias vulnerables

Aunque en 2014 se aprobó una ley enfocada a atender integralmente los niños y padres, en CDMX fue letra muerta por años. Especialistas advierten que tomará tiempo construir un sistema que funcione.
Cuartoscuro
9 de junio, 2020
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En México las niñas y los niños tienen derecho a vivir en un entorno familiar que les permita disfrutar de bienestar, alimentación, educación y protección. Si esto se ve en riesgo, el Estado debe intervenir para garantizarlo teniendo como prioridad no separar a los menores de su familia, a menos que por el propio interés del niño sea necesario.

Pero, aunque la Constitución y la ley contemplan lo anterior, la realidad es que en entidades como la propia Ciudad de México el sistema institucional responsable ha operado por años entre fallas, negligencias o de plano el total abandono, al punto en que no había ni registros de cuántos casos se habían atendido ni como se hizo en años pasados.

“No recibimos ni siquiera una base de datos de ejercicios anteriores en donde yo te pueda decir cuales o qué cantidad de niñas, niños y adolescentes llegaban a la Agencia 59 dedicada a los menores y que fueron canalizados a DIF. No había antecedentes de planes de restitución de derechos, no había nada” dijo Estela Damián, actual directora del DIF capitalino.

Estas graves deficiencias y rezagos fueron reconocidas por funcionarios del actual gobierno capitalino y de la Fiscalía General de Justicia, quienes argumentan que desde el año pasado y con el arranque del actual sexenio han comenzado a construir un sistema de atención integral partiendo prácticamente de cero.

No obstante, especialistas señalan que casos como el Ana María Ortiz, quien en marzo pasado se suicidó junto con uno de sus hijos de dos años en un contexto de precariedad social y falta de apoyo institucional, muestran que aún estamos lejos de construir un sistema que visibilice y atienda de manera integral a familias y niños que se encuentran en grave vulnerabilidad.

Lee: Ana María fue invisible para el Estado; agobiada y sin ayuda se suicidó en el Metro

Animal Político buscó a las autoridades del DIF y de la Procuraduría para la Defensa de las Niñas, Niños y Adolescentes de la administración pasada, a quienes los funcionarios actuales señalan de no haber implementado el sistema y los programas que la ley aprobada desde 2015 marcaba, pero no quisieron proporcionar ningún comentario

Asistencialismo, no protección

La falta de un sistema integral de apoyo para los menores de edad y las familias en situaciones vulnerables es un problema histórico en México. Por décadas, nuestro país operó bajo la premisa de que bastaba que los niños tuvieran alimento y un techo para estar protegidos.

Lo anterior trajo como consecuencia que, por ejemplo, si una niña o un niño llegaba a manos de la autoridad por cualquier situación precaria o conflicto legal en que se viera envuelta su familia, la prioridad fuera mantenerlo en un albergue o canalizarlo a una casa hogar sin pensar en otras necesidades vitales como, por ejemplo, procurar su desarrollo en un entorno familiar.

“Aquí en la Ciudad de México la vieja Procuraduría (hoy Fiscalía) se volvió literalmente en una guardería. Hubo niños que llegaban a permanecer hasta más de un año en los albergues que supuestamente eran temporales. Y ocurrieron casos lamentables como el de Casitas del Sur” dijo en entrevista la actual subprocuradora de Atención a Víctimas de la Fiscalía, Nelly Montealegre.

El caso Casitas del Sur, al que hizo referencia la funcionaria, consistió en la desaparición de casi 30 menores de edad en diversos estados que habían sido canalizados por las autoridades a casas hogar. Se presume que los menores terminaron en redes de tráfico de personas. Algunos, continúan desaparecidos hasta la fecha.

Este tipo de incidentes graves junto con una creciente exigencia social de elevar los estándares de derechos humanos en México a parámetros internacionales, finalmente sentaron las bases para una discusión que permitiera abandonar los enfoques tradicionales.

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“Se reconoció el reto de evolucionar a un esquema de protección integral y superar de forma definitiva este asistencialismo en el que se pensaba solo en que el niño tuviera que comer y donde dormir, pero no nos preocupábamos del tema de sus derechos, ni de construir un mecanismo coordinado o formal para proveerles a las niñas y niños de educación, y de un entorno y espacio adecuado” explicó la subprocuradora.

El cambio de enfoque se materializó finalmente con la expedición en diciembre de 2014 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que, entre otras cosas reconoció a las personas menores de 18 años como sujetos con más de 20 tipos de garantías que van desde el derecho a vivir en familia, hasta el derecho a la identidad, a la paz, a la protección de su salud, a la no discriminación, al desarrollo, entre toros.

Con el reconocimiento de todos estos derechos se sentaron las bases para que la norma ordenara a los poderes de todos los niveles de gobierno el impulso de nuevas políticas públicas y la creación de un nuevo diseño institucional que permitiera garantizar la protección integral de las niñas y los niños.

Y con ello nacieron, por ejemplo, las Procuradurías para la Defensa de las Niñas, Niños y Adolescentes que, entre otras cosas, son responsables de proponer y elaborar los programas integrales de restitución de derechos para apoyar a niños y sus familias que se encuentren en situaciones de riesgo.

Nueva ley, letra muerta

Con la expedición de la ley general se dio un plazo de 180 días a los estados para que pudieran adecuar sus normas locales y expedir sus propias leyes. Sin embargo, hubo retrasos como el de Ciudad de México, donde la ley local se expidió hasta noviembre de 2015, casi un año después.

Lo más grave, sin embargo, es que al menos en la capital del país el trabajo para materializar lo que señalaba la ley fue prácticamente inexistente. Y es que según las actuales autoridades de la ciudad no hay datos ni registros que detallen, por ejemplo, qué planes de restitución de derechos se crearon o se implementaron en beneficio de los menores.

“Si tu me preguntas si encontramos un padrón con todos los niños institucionalizados, y las causas, las fechas, el expediente… la respuesta es NO. No había nada o al menos no nos dejaron nada. El plan de restitución de derechos que es un procedimiento clave también se encontraba totalmente abandonado, no tenemos ninguna constancia o método de trabajo y no conocemos cuál era la atención y seguimiento” dijo Estela Damián, directora del DIF capitalino.

Lee: Salud mental, nutrición y resiliencia: así puede afectar el encierro a niños en México

La subprocuradora de Víctimas de la Fiscalía General de justicia, Nelly Montealegre, confirmó por separado que tampoco encontraron rastro de algún plan de restitución. “Lo que sí encontramos fue una saturación de carpetas de investigación y de casos, pero sin ninguna estrategia y sin ningún plan como lo marca la ley”, señaló.

Las funcionarias coincidieron en otro punto grave: la total falta de comunicación y de coordinación entre las instancias claves, como por ejemplo, entre la Agencia 59 del MP que se especializa en asuntos de menores de edad con la Procuraduría de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes del DIF.

“Nos encontramos con que en la agencia no había personal del DIF y peor que eso: no había siquiera la mínima comunicación. A la agencia llegaban niños en alguna situación de vulnerabilidad y el DIF ni se enteraba” dijo Montealegre.

Estela Damián explicó que al comenzar la administración fueron percatándose de que literalmente “estaban sucediendo cosas sin que nos diéramos cuenta”.  Había, por ejemplo, casos de menores desaparecidos que luego eran recuperados sin que la Procuraduría del DIF diseñada para protegerlos, se diera cuenta.

A la falta de acciones para concretar las nuevas disposiciones legales se suman carencias sistemáticas en las que tampoco había trabajo alguno para darle la vuelta.

Montealegre explicó, por ejemplo, que los centros de atención transitoria de la Fiscalía (antes Procuraduría General de Justicia) contaban con reglamentos de la década de los 80 que nunca fueron reformados y que, por ende, nada tenían que ver con la lógica de una nueva protección integral para los menores.

Y a ello se suma la falta de personas especializado y certificado en casi todas las áreas tanto de la Fiscalía, así como en el DIF. Esto, de nuevo, como consecuencia de inercias que nunca se atendieron.

“Tenemos a personal sindicalizado con plazas literalmente heredadas. Hay por ejemplo una funcionaria asignada a una de las estancias pero que no es educadora ni psicóloga si no que es química. Tenemos que lidiar con esto y tratar de certificar al personal, algo en lo que tampoco se había avanzado” dijo Montealegre.

Partir de cero

Desde el año pasado el gobierno capitalino y la Fiscalía General de Justicia comenzaron la puesta en marcha de una estrategia que, según las funcionarias consultadas, busca poner en marcha “desde cero” un sistema que garantice la protección integral para los niños y sus familias.

Un primer paso se dio en febrero de 2019 con la firma de convenio entre la hoy Fiscalía General de Justicia con el DIF Nacional y el DIF capitalino. Esto con el objetivo inicial de mejorar la comunicación entre instituciones e implementar políticas y acciones conjuntas.

Pero el objetivo principal, y uno de los más complicados según reconocieron las funcionarias, es tratar de poner punto final a la política asistencialista que si bien fue eliminada de la ley desde hace más de cuatro años, en la práctica continuó funcionando.

“Aun cuando se hizo este cambio a la ley se siguió operando con el mundo al revés. Se institucionalizaba a los niños por sistema, es decir, se les dejaba en los albergues y no se buscaba a su familia, o a otra familia que los acogiera. Hoy estamos tratando de darle la vuelta a eso porque el desarrollo en familia es de los pilares más importantes para los niños” dijo la subprocuradora Montealegre.

Un paso importante para materializar la anterior fue la firma de convenios tanto con UNESCO así como con la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar, para el diseño de estrategias que permitan ubicar con estándares seguros y profesionales a los niños en familia de acogida.

De acuerdo con Estela Damián esta asesoría ya ha dado resultados, pues en 2019 se consiguió reubicar con el apoyo de dichas organizaciones a 435 menores, ya sea con sus familias de origen o con familias de acogida, una cifra nunca registrada en la ciudad. Se trata de menores que, en años anteriores, seguirían en albergues o en el mejor de los casos en casas hogar, pero no en un contexto familiar.

“Es muy violento sacar a un menor de un entorno familiar a un entorno en el que psicológicamente sabe que no pertenece y que nadie de ese entorno es su familia la casa hogar debe ser el último mecanismo de todos. Son recomendaciones internacionales y antes era la práctica común hacer esto, lo era” dijo Damián.

Fue gracias a estos convenios como se consiguió ubicar previo a la pandemia de coronavirus a varios niños más que se encontraban en albergues de la Fiscalía, entre ellos a los dos hijos de Ana María Ortiz luego del suicidio de esta.

El reto más importante ahora, dijo la directora del DIF, es impulsarlos planes de restitución de derechos para menores en condición vulnerable y su familia que según Damián ya consiguieron ponerse en marcha en varios casos. Consisten en un paquete de once programas sociales enfocados tanto a los menores como a sus tutores.

Inercias persisten

Pese a las modificaciones que las actuales autoridades destacan, especialistas consultadas por Animal Político consideraron que hay inercias negativas que persisten en la atención a este tipo de problemáticas y para las cuales se requerirán tanto tiempo como cambios profundos.

Un ejemplo de ello fue el caso de Ana María Ortiz registrada en marzo pasado, quien se suicidó junto con su hijo de dos años luego de que el DIF se negará a entregarle a su hija de 9 años que mantenía bajo custodia, y de que tampoco le ofreciera un plan para proteger los derechos de sus otros dos hijos y de ella misma.

Adriana Segovia, terapeuta e investigadora del Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia A.C., sostuvo que el caso muestra que aun cuando los funcionarios desempeñen su trabajo, la respuesta institucional se queda lejos de ofrecer una atención integral a los menores y sus familias.

“El juicio aquí no es a las personas sino a las instituciones. Puede que incluso se actúe bien, pero la institución no da para más. Cambiar no es un proceso rápido. Requiere mucho trabajo e inversión en capacitación, en diseño de políticas públicas” dijo la especialista.

Margarita Griesbach Guizar, directora de la Defensoría de los Derechos de la Infancia, destacó que, si bien en las leyes se ha reemplazado la visión meramente “tutelar y anacrónica” que había sobre los derechos de la niñez, lo cierto es que en la Ciudad de México y en varios estados las actuaciones negligentes y hasta violatorias de derechos humanos persisten.

“Nosotros hemos promovido dos amparos ya en contra de esta procuraduría por omisiones en cuidado que tendrían que haber dado. Y el caso de Ana María debería investigarse porque ahí podría haber no solo omisiones sino hasta una negligencia criminal” dijo.

Sobre esto, la subprocuradora de víctimas Nelly Montealegre reconoció que se enfrenta un reto importante por delante.

“Creo que el caso de Ana María evidencia el gran reto que tenemos relativo a que las personas operadoras del sistema de protección actúen bajo el principio del interés superior” dijo.

 

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¿Puede Japón evitar que Juegos Olímpicos se conviertan en un evento de supercontagio?

Una medallista olímpica y experta en salud pública explica cómo es competir en los Juegos y cómo Tokio será diferente para combatir la propagación de covid-19.
23 de julio, 2021
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La covid-19, pese a las muchas precauciones tomadas, es el gran temor de estos Juegos Olímpicos.

En los últimos días, las noticias del número de contagios de covid-19 entre atletas y personas que hacen parte de la organización van en aumento.

Y las estadísticas acrecientan los temores de que las justas terminen siendo afectadas de manera definitiva con una alta concentración de infecciones en un grupo o, lo que es peor, que los Juegos terminen siendo un evento “supercontagiador”.

Si hay alguien que entiende el riesgo de recibir los Juegos Olímpicos durante una pandemia es la doctora Tara Kirk Sell.

Su carrera como nadadora de elite llegó a su cúspide cuando ganó la medalla de plata para EE.UU. en Atenas 2004. Después se dedicó a la investigación médica.

Ahora hace parte del equipo de seguridad en salud pública del Instituto Johns Hopkins.

Y le cuenta a la BBC, desde su experiencia como atleta y como experta en salud, lo que las autoridades de Japón están planeando para mantener seguros a los atletas.

Tara Kirk Sell saludando en un extremo de una piscina

Getty Images
Tara Kirk Sell ganó una medalla de plata como parte del equipo de relevos combinados de 4×100 metros femenino del equipo de EE.UU. en Atenas 2004.

Potencial de contagio

A los Juegos viajan más de 11.000 deportistas de 205 países, de todos los rincones del planeta. Eso lleva a los científicos a pensar que Tokyo 2020 podría permitir el contagio de las distintas variantes de covid-19 de manera muy efectiva.

“Cuando los atletas llegan al país, están siendo examinados”, anota la científica.

Este examen se suma al que tienen que hacerse todos los participantes por obligación antes incluso de subirse al avión que los lleva a Japón.

La mala noticia es que varios de los atletas que llegaron a la Japón ya han dado positivo en los exámenes de control del virus.

Creo que los procedimientos de testeo prácticamente garantizan que continuaremos viendo casos positivos a medida que lleguen más atletas”, anticipa Sell.

Una vez alojados en la villa olímpica, los aspirantes a medallas necesitan transportarse hacia sus lugares de entrenamiento y competencia, una labor logística que ha sido ambiciosa y caótica en el pasado.

Sell recuerda que una vez le tocó ir sentada en un bus repleto de atletas cuando estaba compitiendo en Atenas para poder llegar a tiempo a una de sus competencias.

Ahora, los desplazamientos por Tokio serán muy distintos a los de otras justas, como parte de las medidas de protección.

El transporte tendrá “más camionetas privadas pequeñas que grandes buses donde la gente vaya mezclada”, explica la académica.

Vida en la Villa Olímpica

Cercas y cola de gente fuera de la Villa Olímpica

Reuters
Hay estrictas medidas de seguridad en la Villa Olímpica.

Otra gran diferencia será la experiencia dentro de la villa olímpica.

“Estar en la villa olímpica es bastante impresionante. Tienes la oportunidad de ver a personas de todo el mundo y conocer a personas que no son como tú”, señala la nadadora.

“Estar cerca de otros atletas que viven en el mismo lugar, comer juntos, es una experiencia en la que aprendes sobre otras personas”.

Esto es totalmente lo opuesto de lo que las autoridades quieren que pase durante una pandemia.

“La mayoría de esas oportunidades para conocer a otros, para aprender de las culturas de los demás, se reducirá. Se supone que la mayoría de los atletas debe comer en sus dormitorios”, anota.

Aquellos que se aventuren al comedor encontrarán pantallas de plástico entre los asientos y toallitas con alcohol para limpiar la mesa después de que hayan terminado de comer.

Las restricciones de Covid son estrictas en todos los sitios olímpicos

BBC
Covid restrictions are tight across all the Olympic sites

Tampoco se venderá alcohol y las medidas de distanciamiento social afectarán sin duda cualquier posible romance entre los atletas.

Estarán allí para competir y representar a su país, eso es algo que no debemos olvidar”, señala la investigadora.

“Porque para mí, como atleta, esa fue sin duda la principal razón por la que estaba en los Juegos Olímpicos: no era para festejar, era para competir y hacer que el entrenamiento de los últimos cuatro años valiera la pena”, añade.

Y una vez que los atletas ingresen a la villa olímpica, competir será la única razón por la que se les permitirá salir hasta que vuelvan a casa.

“Los lugares de interés son parte del atractivo de los Juegos Olímpicos para la ciudad anfitriona: que la gente venga y puedas demostrar lo gran anfitrión que eres”, concluye Sell.

“Así que es una pena que Tokio no pueda hacer eso este año”.

Competencias

Tara Kirk Sell nadando haciendo braza

Getty Images
Además de ser medallista de los Juegos Olímpicos, Sell también rompió el récord mundial de carrera corta de 100 metros en 2004.

“Otro gran momento es cuando llegas al estadio y te reciben decenas de hinchas gritando tu nombre o el de tu país”, recuerda Sell.

Ese es tal vez el gran momento para cada deportista. Poder competir por tu país en unas olimpiadas es un gran honor y creo que nunca lo voy a olvidar”, anota.

Y una ciudad que aloja los Juegos Olímpicos y Paralímpicos normalmente recibe miles de turistas durante las competencias.

Estos Juegos serán diferentes porque no se permiten fanáticos. Los atletas estarán allí, el personal estará allí, habrá algo de prensa”, señala la médica. Pero no habrá aficionados.

Las autoridades organizadoras primero prohibieron la llegada de espectadores del extranjero y después la asistencia del público local a los escenarios, en un intento por evitar la propagación del virus.

Y la ciudad además fue declarada en estado de emergencia debido a que las tasas de infección habían aumentado.

El único apoyo va a venir de tus compañeros de equipo. Se va a sentir la ausencia de público”, señala Sell.

“Creo que podría estar bien para algunos atletas que ya están acostumbrados a lidiar con eso, pero otros que generalmente se alimentan de la multitud pueden no ser capaces de lograr los mismos resultados”, señaló.

¿Un evento supercontagiador?

Conos dispuestos para las líneas de prueba en un sitio olímpico

EPA
Habrá una gran cantidad de pruebas de Covid en los Juegos.

A pesar de todos los riesgos que traerá a Japón la celebración de un evento masivo como los Juegos Olímpicos, la doctora Sell sigue siendo optimista de que puede evitarse un escenario de supercontagio.

Tenemos que ver qué tan bien se implementa sobre el terreno, para ver qué tan exitoso es“, alerta.

“Ciertamente, si están examinando a todos, todos los días, hay una alta población de atletas vacunados y están poniendo a las personas en cuarentena rápidamente si presentan un caso positivo, creo que las recetas están allí para que sean capaces de controlar los casos cuando se los identifica”, agrega.

Aunque varios atletas hayan dado positivo, señala la analista, esto no significa que el sistema no esté funcionando.

“Es una buena cosa, el sistema está diseñado para detectar casos y eso es lo que está haciendo. Pero por otro lado, cada caso es una oportunidad para que las cosas salgan mal y se genere una transmisión adicional”, dice.

“La clave es: ¿se van a controlar estos casos? Yo creo que los japoneses tienen un buen plan para eso y tenemos que ver ahora si la implementación de sus medidas va a funcionar”.


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