La falta de pruebas impide saber el impacto de COVID-19 en las cárceles
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La falta de pruebas impide saber el impacto de COVID-19 en las cárceles

No hay un registro oficial a nivel federal sobre la población penitenciaria afectada por COVID-19; "hay completa omisión de los casos, de lo que está ocurriendo, de cuánta gente se está muriendo”, acusa Saskia Niño de Rivera, directora de Reinserta.
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Por Alberto Pradilla y Gonzalo Ortuño
2 de junio, 2020
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Arnulfo Albarrarán, de 50 años, lleva dos semanas durmiendo en la calle, en el exterior del Hospital General de Cholula, en el Estado de Puebla. “Aquí estoy, a la intemperie todo el día”, dice, en conversación telefónica.

Padece hambre y frío, pero no está dispuesto a moverse. Ahí dentro, en el centro médico, está su hermano Adán, contagiado de COVID-19 y con pronóstico reservado. Le han regalado una tienda de campaña para que mantenga su vigilia ante el nosocomio.

“Mi hermano es víctima de una negligencia”, denuncia Arnulfo.

Adán Albarrarán tiene 44 años y lleva cuatro encerrado en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Huejotzingo desde 2016. Está acusado del robo de un vehículo y desde entonces permanece en prisión preventiva. Ni siquiera tiene fecha para que se emita su sentencia.

El pasado 18 de mayo fue trasladado al Hospital General del Sur, Puebla, para tratarle de una complicación de la cirrosis hepática que padece. Dos días después, su hermano recibió una notificación del Cereso en la que le comunicaban que Adán dio positivo a la prueba de COVID-19.

Entérate: Ley de Amnistía solo sacará de la cárcel a 7% de presos y las liberaciones tardarían meses

“Se contagió en la cárcel o en el hospital”, dice Albarrarán. “Si fue en el hospital, se trata de una negligencia en el traslado. Y si fue en la cárcel, ¿cuántas personas más están contagiadas en el Cereso?”, se pregunta.

En un primer momento, el área jurídica del Cereso de Huejotzingo rechazó tener casos de COVID-19 dentro de su población penitenciaria. Sin embargo, luego reconoció que el preso había sido trasladado a un hospital que únicamente atiende a pacientes con coronavirus. Días después, el gobernador Miguel Barbosa reconoció ante medios locales el contagio. “Está siendo atendido, sí. Registramos el caso, está en el hospital general de San Andrés Cholula y está siendo atendido. Y, bueno, estamos tomando medidas en todos los reclusorios de sanitización”, dijo.

La opacidad envuelve el caso de Adán Albarrarán. Animal Político se puso en contacto con la Secretaría de Salud del Estado de Puebla, pero al cierre de la nota no había obtenido respuesta.

Aunque la dirección del reclusorio negó en un primer momento que sufriese un brote de coronavirus, el monitoreo diario que realiza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que 21 internos están contagiados. Solo uno de ellos, Adán Albarrarán, permanece hospitalizado.

Según el informe de la CNDH, Puebla, con 89 casos, es el segundo estado con más casos de coronavirus en sus prisiones solo superado por Jalisco, que tiene 99. A finales de mayo, el gobierno de Miguel Barbosa habilitó el primer centro penitenciario destinado exclusivamente a reclusos que han contraído la COVID-19.

En total, 299 presos fueron diagnosticados de COVID-19 y se registraron 43 muertes.

A Adán Albarrarán le hicieron una prueba porque su estado empeoró y tuvo que ser hospitalizado. Sin embargo, él es una excepción. Fuentes de la Tercera Visitaduría de la CNDH lamentan que la escasez de pruebas hace imposible conocer hasta qué punto se ha extendido la enfermedad en los centros penitenciarios.

Albarrarán denuncia que el contagio de su hermano dentro de la cárcel se debió a las negligencias dentro del Cereso. Presentó una queja ante la CNDH y un juez decretó la suspensión de plano debido a la urgencia de un amparo que presentó. El mandato judicial le obliga a las instituciones penitenciarias a restablecer la salud de su hermano. Aunque él es pesimista.

“Quiero que se determine una investigación de quién, cómo y en dónde lo contagiaron y las negligencias del sistema penitenciario. Hubo omisión de vigilar el actuar de los servidores públicos por el manejo de un interno del Cereso. Por tan solo un drenado de líquido abdominal por retención de líquidos por cirrosis hoy está sentenciado a muerte por haberse contaminado con Covid-19”, afirma.

“Hemos hablado para solicitar al centro penitenciario información sobre su caso, pero no hemos recibido respuesta. Este es un reflejo de la situación del sistema penitenciario en nuestro país”, dice Noemí Suárez, abogada de Documenta, una ONG que asesoró a Arnulfo para que este promoviese amparos ante las autoridades.

“Hemos recibido muchas quejas. Sobre todo, que no están recibiendo información. No les dan datos sobre cómo están sus familiares”, explica.

Casos en 17 estados, según CNDH

El caso de Adán Albarrarán es solo la punta del iceberg de un sistema penitenciario hacinado, en el que apenas hay datos sobre cuántas personas están contagiadas y donde la falta de pruebas impide hacer una radiografía real de la situación. Su hermano Arnulfo lo sabe bien. El pasado 15 de abril fue liberado del Reclusorio Oriente, donde permaneció casi cinco años y medio por robo de vehículo. Él fue uno de los primeros presos cuya excarcelación anunció la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en el contexto de la pandemia. Él, sin embargo, alega que interpuso un amparo un año antes y que su expediente se retrasó por irregularidades en la institución.

Hasta ahora, no hay un registro oficial a nivel federal sobre la población penitenciaria afectada por el COVID-19, ni sobre las preliberaciones que los sistemas penitenciarios de los estados han otorgado para evitar contagios dentro de las prisiones en el país.

En las conferencias del sábado 23 y el domingo 24 de mayo, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, se comprometió a ofrecer datos sobre contagios al interior de las prisiones. Finalmente, estas cifras no se hicieron públicas, aunque el funcionario aseguró que “se ha logrado segmentar a la población para evitar más riesgos y contagios”.

Esta es una visión excesivamente optimista para las organizaciones civiles que trabajan con presos. “Desde nuestro monitoreo en redes así como conversaciones con familiares y personas privadas de libertad en distintos puntos del país, es complicada de respaldar”, dijo en un comunicado Asistencia Legal para los Derechos Humanos AC, Asilegal.

La única fuente oficial que hasta el momento ha ofrecido datos sobre contagios es la CNDH. Su informe registra 299 casos y 43 fallecimientos, con Puebla y Jalisco como estados más afectados, seguidos por el Estado de México, la Ciudad de México y Sinaloa.

Solo 17 de los 32 estados mexicanos reportaron casos de COVID-19 en sus prisiones, según el informe de la CNDH. Entre los que aseguran no tener un solo caso en sus reclusorios están Tamaulipas, Veracruz, Coahuila o Michoacán.

“Es un botón de muestra de lo que está pasando al interior de los penales, pero no hay suficiente elementos”, dice la organización México Evalúa.
La ONG Reinserta hizo su propio monitoreo a través de solicitudes de acceso a la información. Únicamente seis estados respondieron: Nuevo León, Yucatán, San Luis Potosí, Nayarit y Baja California. El informe revela falta de insumos como desinfectante, mascarillas, cubrebocas y guantes, “principalmente por falta de recursos”.

“La situación está muy complicada. Hay completa omisión de los casos, de lo que está ocurriendo, de cuánta gente se está muriendo”, dice Saskia Niño de Rivera, directora de Reinserta.

“No se están haciendo pruebas”, denuncia.

Animal Político contactó con las autoridades sanitarias de algunos los estados con mayor número de casos en sus prisiones: Puebla, Jalisco, Ciudad de México y Baja California. También con la secretaría de Seguridad Pública del Gobierno federal. Al cierre de la nota no había recibido respuesta.
Escasez de insumos

“Hay poca información y pocos medios”, dijo un preso encerrado en el Reclusorio Oriente y que habló a condición de anonimato.

Según denunció, únicamente recibieron cubrebocas en una ocasión. “Fue a principios de mayo, nos dieron uno por recluso y eran de muy baja calidad”, dice. Además, señala que hubo dificultades con el gel antibacterial. En principio está prohibido, ya que contiene alcohol. Sin embargo, las autoridades fueron flexibles y permitieron su ingreso, pero hubo internos que lo ingirieron, así que se volvió a impedir su uso.

Las autoridades han adecuado el dormitorio 1 para aquellos reclusos que tienen síntomas de COVID-19. Por otro lado, el Centro de Observación y Clasificación se ha habilitado para los contactos de aquellos que son casos sospechosos y el dormitorio 9 está reservado para las personas mayores de 60 años.

Según este preso, “la gente oculta los síntomas para evitar el aislamiento”.
“Uno de los grandes problemas es el hacinamiento. Hay celdas en las que duermen hasta 30 personas. Duermen parados, en hamacas o sentados en el piso”, explica. Unas condiciones que hacen imposible respetar la sana distancia para evitar que la enfermedad se propague.

Liberaciones para evitar los contagios

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México anunció que estarían analizando 5 mil 500 casos de posibles liberaciones, pero solo ha confirmado 250.

Mientras que el Edomex inició un programa de preliberación de adultos mayores y mujeres embarazadas, con una meta de 5 mil personas a beneficiar, de las cuales solo ha liberado a 1,894 personas; 59 ya obtuvieron total libertad y 1,836 salieron con brazaletes electrónicos bajo vigilancia y seguimiento de su conducta.

México Evalúa también reportó la liberación de 39 personas en Coahuila, ante la emergencia sanitaria.

El monitoreo de la organización Equis: Justicia para las Mujeres recabó, hasta el 24 de mayo y utilizando reportes de prensa y de CNDH, que en el país 150 personas privadas de la libertad han contraído COVID-19; 98 más son sospechosas; 31 han fallecido por la enfermedad, y 61 se han recuperado.

“Hemos detectado que, al menos, hay tres posibilidades: una es que haya 171 contagios y 22 defunciones; otra es 184 contagios y 13 defunciones, y una última sobre 330 contagios y 15 defunciones. Cada escenario varía dependiendo de las fuentes periodísticas que incluyes/excluyes. Sin embargo, la gran variación demuestra que no tenemos una forma de validarlo con datos oficiales porque no se presentan, en el caso de la Secretaría de Salud, o no dicen cómo registran, en el caso de la CNDH”, explica la organización.

La organización también reporta que se han liberado a entre 2,100 y 2,390 personas, pero que las únicas cifras validadas son las dadas a conocer por Ciudad de México y Estado de México

Equis Justicia también identificó tres riñas en el Edomex, Quintana Roo y Tabasco, así como siete eventos violentos que han surgido tras protestas de las personas internas, y que han sido reprimidas por agentes de la fuerza pública.

Arnulfo Albarrarán inicia su tercera semana en el exterior del hospital de Cholula. Dice que recientemente recibió la llamada de una autoridad penitenciaria que le afeó su campaña pública de denuncia. “Uno hace lo que tiene que hacer. ¿Qué haría si fuera su hermano?”

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La impresionante (y costosa) operación del Kremlin para proteger a Putin del coronavirus

Desde el inicio de la pandemia, las autoridades rusas han hecho enormes esfuerzos para proteger al presidente Vladimir Putin de la COVID-19.
7 de abril, 2021
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Desde el mismo comienzo de la pandemia de coronavirus, las autoridades rusas han hecho todo lo posible para proteger al presidente Vladimir Putin de la infección. Pero ¿cómo se organiza una cuarentena al estilo del Kremlin y cuánto ha costado?

Durante el último año, cientos de personas han tenido que ponerse en cuarentena en Rusia, antes de estar cerca de Vladimir Putin. Algunos tuvieron que aislarse incluso si no estaban en contacto directo con el presidente, sino como precaución porque estaban en contacto con otras personas que tenían previsto reunirse con él.

El 25 de marzo de 2020, el presidente Putin se dirigió a la nación y anunció que el 1 de abril marcaría el comienzo de una “semana no laboral”, mientras el coronavirus se propagaba rápidamente en Rusia.

Más tarde, en abril, se introdujo un confinamiento completo con el cierre de tiendas no esenciales y la prohibición de reuniones masivas, mientras una gran proporción de la población comenzó a trabajar desde casa.

Al mismo tiempo, 60 miembros de la tripulación de vuelo especial de la aerolínea Rossiya, al servicio del presidente Putin y de otros altos funcionarios del gobierno ruso, fueron puestos en cuarentena por primera vez el 26 de marzo de 2020 en un hotel no lejos de Moscú.

Desde entonces, cientos de pilotos, médicos, conductores y otro personal de apoyo, así como visitantes del mandatario, han pasado tiempo en cuarentena en una docena de hoteles en toda Rusia para proteger al presidente Putin de la infección.

Recientemente, se informó que el mandatario recibió una vacuna desarrollada en Rusia, aunque no se ha especificado cuál, pero los contratos con varios hoteles de “cuarentena” parecen estar vigentes hasta bien entrado el próximo año.

El servicio ruso de la BBC ha calculado que la Dirección del Presidente de la Federación Rusa, un órgano ejecutivo responsable del buen funcionamiento del equipo presidencial, recibió del presupuesto estatal unos US$84 millones para medidas de lucha contra la pandemia.

Los hoteles del Kremlin

Vladimir Putin en una pantalla.

Getty Images
El Kremlin ha hecho grandes esfuerzos económicos y logísticos para mantener a Putin a salvo de la enfermedad.

El servicio ruso de la BBC ha hallado que, al menos, 12 hotelesse han utilizado para las cuarentenas del Kremlin. Estos lugares de hospedaje se encuentran en Moscú y en su región circundante, la Crimea anexada, así como en una ubicación no muy lejos de la ciudad sureña de Sochi, el escenario de los Juegos Olímpicos de invierno de 2014 y uno de los lugares favoritos del presidente Putin.

En la lista de cuarentena no había hoteles privados: todos los lugares donde los visitantes y el personal de servicio pasaron tiempo pertenecen a la Dirección Presidencial. Algunas de las reservas están hechas hasta marzo de 2022.

Los miembros de la tripulación de vuelo de Rossiya parecen ser los principales ocupantes de estos hoteles. La tripulación sirve a funcionarios, incluido el propio presidente Vladimir Putin, así como al primer ministro Mikhail Mishustin y otros ocho ministros del gabinete.

El servicio ruso de la BBC pudo saber que el presidente Putin pasó gran parte del año pasado trabajando desde su residencia de Sochi.

Una fuente familiarizada con las condiciones de la cuarentena dijo que decenas de pilotos y otro personal aéreo tuvieron que ponerse en confinamiento cerca de Sochi para proporcionar transporte al mandatario, así como para el primer ministro, el ministro de Relaciones Exteriores y muchos otros. Entre los que se pusieron en cuarentena se encontraban pilotos de aviones y helicópteros.

Confinarse para ver a Putin

Vladimir Putin en un escenario.

Getty Images
Antes de que Putin asista a actos públicos se toman numerosas medidas para minimizar el riesgo de que se contagie.

El 75º aniversario de la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial debería haber sido una celebración importante en Rusia.

El recuerdo de esa guerra y el papel de Rusia en la derrota del nazismo son partes clave de la narrativa patriótica del gobierno de Putin. La celebración habría tenido lugar en la Plaza Roja el 9 de mayo, el Día de la Victoria de Rusia.

En lugar de ello, la conmemoración se trasladó al 24 de junio de 2020 y se realizó en una escala mucho menor, aunque todavía incluía un desfile militar. Los veteranos de guerra y las celebridades estrecharon la mano del presidente Putin y recibieron premios para conmemorar el aniversario.

Bloomberg informó que antes de reunirse cara a cara con el presidente, más de 200 personas, incluidos 80 veteranos de guerra de entre 80 y 90 años, tuvieron que ponerse en confinamiento durante dos semanas.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó antes del desfile de junio que “un grupo de veteranos” estaba en cuarentena “en excelentes condiciones”, aunque destacó que esto se hacía como precaución por su bien.

El presidente Putin colocando flores sobre una tumba.

Kremlin.ru
Detrás de las apariciones de Putin en público hay toda una operación para asegurar que no corre riesgo de infectarse con el coronavirus.

Las agencias de noticias estatales rusas TASS y RIA-Novosti publicaron historias idénticas, describiendo cómo “uno de los hoteles de Moscú” había sido equipado para la cuarentena de unos 20 periodistas.

Se quedaron en habitaciones individuales, dejándolas solo mientras las limpiaban. No podían hablar entre ellos cara a cara y solo podían comunicarse virtualmente.

No se les permitió fumar ni beber alcohol. Los paquetes y las encomiendas que recibían de fuera del hotel de cuarentena solamente les eran entregados después de ser inspeccionados y desinfectados.

Los reporteros que se encontraban en aislamiento eran alimentados tres veces al día, dejando sus comidas y bebidas fuera de sus habitaciones, junto con cubiertos desechables. Cualquiera que entrara en contacto con ellos usaba trajes de protección personal completos.

También hubo informes sobre funcionarios del gobierno regional que se aislaron antes de las visitas del presidente Putin. Por ejemplo, en la ciudad de Sarov, en la región de Nizhny Nóvgorod, las autoridades locales asignaron US$13.000 para medidas “destinadas a prevenir la propagación de la infección por coronavirus durante la visita del presidente de la Federación de Rusia”.

El servicio ruso de la BBC se enteró de que alrededor de 20 miembros del personal de la administración local de Sarov estaban aislados en una pensión para veteranos de guerra. Los gastos de su estancia incluyeron camas de madera “de nogal”, juegos de ropa de cama, plancha y cuatro cajas fuertes de seguridad.

La BBC le preguntó al portavoz del Kremlin sobre las precauciones amplias y de larga escala tomadas para proteger al presidente Putin y si, en su conocimiento, otros países tenían prácticas similares en vigor. Dmitry Peskov declinó hacer comentarios.


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