La Casa de la Mujer Indígena (CAMI) La Paloma – Ju Wokkow, en Navojoa, Sonora, pidió un préstamo para poder operar mientras llegaba el presupuesto anual que otorga el gobierno a estas organizaciones comunitarias. Le correspondía poco más de un millón de pesos y solía entregarse en mayo de cada año, pero el pasado abril, se suspendió la convocatoria por la que se reparte el dinero con el argumento de que no era propicio dárselos con la pandemia de COVID-19, a pesar de que la atención a víctimas de violencia de género había sido declarada como actividad esencial.
Las CAMI se unieron para alzar la voz y exigir esos recursos que ya están etiquetados. Intervino la Secretaría de Gobernación (Segob) para que Hacienda liberara el dinero al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), que es el que lo reparte. Pero a pesar de las promesas hechas hace un mes, la semana pasada les informaron de que solo les darán 8.5 millones de pesos para las 35 Casas, menos del 30% de lo que tenían originalmente.
A La Paloma le tocaron 240 mil pesos, que es el 24% de lo que recibía, cuenta en entrevista su directora, Patricia Alonso. Con eso no le alcanza ni para cubrir lo que ya han invertido las 11 mujeres que trabajan ahí en estos primeros cinco meses del año, ni para pagar la deuda que adquirieron con una organización regional de microcréditos. Este año no han pagado el predial, porque la prioridad ha sido mantener la luz, el agua, teléfono e internet, y ya después verán cómo le hacen con ese gasto. Y ellas, por su labor, no cobrarán más que mil 800 pesos al mes.
Según sus cálculos, necesitan al menos 613 mil pesos para las atenciones que dan a mujeres indígenas embarazadas que llegan a tener su parto, víctimas de violencia que huyen de sus casas o requieren ayuda para denunciar, y las tareas de prevención e información en lengua indígena que suelen realizar.
Las CAMI aceptaron los 8.5 millones solo para no tener que cerrar sus puertas, pero advierten que no están dispuestas a que se les dé solo esa cantidad. La Red respondió con una propuesta en la que cada casa presentó un cálculo de cuánto es lo mínimo que necesita para sus actividades más esenciales: 14.8 millones de pesos, casi el doble de lo entregado. Solo para lo más esencial.
La Casa Nääxwiin del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, fue un poco más afortunada y recibió 300 mil pesos, el 30% del millón que solía tener asignado, porque cubre a ocho municipios de mixes y zapotecas, incluyendo Matías Romero, donde se ubica. Pero su cálculo es que necesitan 889 mil pesos como mínimo.
Su directora, Rubicelia Cayetano, cuenta que ellas no se endeudaron, pero recurrieron de urgencia a la ONG Fondo Semillas para conseguir un financiamiento, ante la falta de dinero público. De las 12 mujeres que dan atención regularmente, no todas recibían la “beca”, como le llaman a la partida que es para pagar a las trabajadoras de las CAMI, pero este año de plano están todas como voluntarias, sin haber cobrado un solo peso en estos cinco meses, a pesar de que con la contingencia han tenido más trabajo de partos, ya que los hospitales están llenos, de mujeres violentadas por sus parejas en el encierro, y de facilitar la información del coronavirus en lenguas indígenas.
Demandarán desvío de recursos si no reciben el presupuesto
Los recursos entregados a las 35 CAMI han sido de entre 24 y 30% de lo que originalmente tenían etiquetado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 y apenas les servirán para tres meses, aseguran. Por ello, directoras de varias Casas organizaron este miércoles una conferencia de prensa en la que advirtieron al Gobierno federal que si no se entrega el 100% del dinero, buscarán los mecanismos legales, incluso demandar internacionalmente, porque el Estado Mexicano está incurriendo en violencia institucional.
“Seguimos insistiendo en nuestro derecho de seguir luchando por el otro 75% que ya está presupuestado, y que por ley no debería de reducirse, no debería de desviarse. Y por eso estamos viendo otros mecanismos que pudiéramos utilizar, mecanismos legales y jurídicos”, señaló Alonso, directora de la CAMI de Navojoa.
Tuvieron información de que Hacienda liberó 12 millones de pesos, pero el INPI destinó 3.5 a promotoras comunitarias, en lugar de a las CAMI, que están organizadas desde hace 17 años e incluso son reconocidas internacionalmente como una buena práctica de atención a mujeres indígenas.
Durante 2019, atendieron a alrededor de 25 mil mujeres. Tan solo en esta cuarentena, sin recursos y con riesgos para su propia salud, han ayudado a mil 111 usuarias. Su reclamo es también que en lugar de cumplirse el decreto por el que la atención a mujeres víctimas de violencia era considerada esencial, ellas más bien quedaron fuera de cualquier plan de contingencia.
Además, tras alzar la voz como una Red Nacional de Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró el 22 de mayo que estaba en diálogos con embajadas de otros países y con la Unión Europea para conseguir fondos. Pero hasta ahora, no les han vuelto a hablar de esa promesa.
“No ha habido ningún avance en relación a esto, no nos han notificado cómo va ese asunto de la gestión. Entonces sí está dentro del compromiso de la Segob (…), pero hasta ahorita no hemos tenido ninguna respuesta, tal parece como que quedó al aire, como que fue un sueño. Es nada más un compromiso que no se está viendo en la realidad”, lamentó Nelsy Maricela Ku Chay, coordinadora de la Red Nacional.
Fuentes de la representación de la Unión Europea en México aseguraron a Animal Político que sí hay una negociación, pero no tienen fecha de cuándo podría concretarse este apoyo. Mientras que Segob no dio respuesta a la pregunta sobre qué avances hay en la búsqueda de recursos extranjeros para las mujeres indígenas mexicanas.
Las CAMI aseguraron que no dejarán de reclamar un presupuesto que les corresponde, y han juntado las firmas de 195 organizaciones y más de 500 ciudadanos a título personal que apoyan su reclamo.
