CDMX pasará de hacer mil pruebas diarias de COVID a 2,700
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2,700 pruebas diarias y búsqueda de casos en la calle, nueva estrategia de CDMX ante COVID

Si bien dijo que no hay conexión técnica científica entre el número de pruebas realizadas y el éxito del control de la epidemia, López-Gatell defendió que la estrategia de la capital sí funcionará porque es integral y clara.
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10 de junio, 2020
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La Ciudad de México pasará de hacer mil pruebas diarias para confirmar o descartar casos del nuevo coronavirus a hacer casi el triple de ese número: 2,700. Esto como parte de su nuevo Programa de Detección, Protección y Resguardo de Casos Covid-19 y sus Contactos.

Los cinco ejes de esta estrategia son: identificación temprana de casos graves, incremento de pruebas y reducción de tiempos para tener los resultados, cortar la cadena de contagios y detectar y aislar a personas asintomáticas.

Durante la conferencia vespertina sobre Covid-19, la secretaria de Salud de la CDMX (Sedesa), Olivia López Arellano, informó que la identificación temprana de casos que puedan volverse graves se hará por medio del sistema SMS (51515 Covid), el contacto telefónico, a través de Locatel, y la búsqueda en campo, con brigadas en territorio.

El programa contará con una campaña casa por casa, en la que 5 mil brigadistas llevarán a la población información sobre las reglas básicas para protegerse frente al Covid-19, los síntomas asociados con la enfermedad y qué hacer si se presenta alguno, los cuidados a la población de riesgo y dónde consultar información sobre hospitales.

Se buscará además dar atención temprana a los pacientes: se capacitará a médicos generales y enfermeras, incluidos los de farmacias y consultorios privados. “Vamos a capacitar a los médicos que están trabajando en primer contacto para que sepan identificar datos de alarma y dar seguimiento a los casos”, aseguró la secretaria de Salud local.

En las unidades de salud públicas y privadas será obligatorio el sistema SMS de tamizaje automatizado, para poder brindar atención temprana a los casos que puedan volverse graves, especialmente en personas con comorbilidades.

En los kits que la CDMX está otorgando a las personas que son casos sospechosos de COVID se va a incluir, además del termómetro y el paracetamol, un oxímetro para que puedan vigilar su nivel de oxigenación en sangre, puesto que un dato de alama es tener un nivel menor a 90, en esos casos hay que ir a una unidad de salud para la atención temprana, señaló López Arellano.

Además, se van a incrementar las pruebas. “En este momento se están haciendo mil al día, la propuesta es duplicar el número en los centros de salud, no va a ser solo la toma de muestra a enfermos graves y personal de salud, es toma de muestra a personas que tienen síntomas leves y a los contactos”, precisó la funcionaria.

Para la detección de casos, pruebas y rastreo se usarán los datos de diferentes fuentes, sistemas SMS, Locatel y test virtual. Una vez identificadas las personas y sus posibles contagios, se les canalizará a uno de los 117 centros de salud de Sedesa para que se puedan realizar la prueba.

Sobre la estrategia del gobierno de la CDMX de incrementar el número de test para identificar casos positivos de Covid-19, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, que en repetidas ocasiones ha señalado que esto no es efectivo para frenar la epidemia, aseguró que es una estrategia pertinente.

“Por semanas ha persistido una idea no fundamentada, como el mito de que el número de pruebas que hizo Corea le llevo al éxito del control. No, no funciona así. No hay conexión técnica científica lógica automática entre el número de pruebas y el éxito del control, porque todo depende de cómo se usan las pruebas, con qué objetivo, en qué momento, a qué personas y qué decisión deriva de la prueba. Si yo hago las pruebas y no hago nada más, puedo hacerle pruebas a todas las personas y eso no va a llevar al control epidemiológico”, explicó.

Sin embargo, resalto, que “este programa (de la CDMX) nos parece oportuno por su lógica técnica clara e integral que se basa en un modelo de atención primario de la salud, cada prueba tiene un significado relevante, porque cada una se le hace a una persona para que tenga una consecuencia. Es un programa estructurado y razonado con objetivos claros y una combinación de intervenciones. Agregar pruebas para ampliar y hacer más efectivo un modelo bien planeado es bueno, hacer pruebas por haber pruebas no tiene sentido alguno”, subrayó.

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Por qué la reforma exprés de la Ley de Seguridad de México desafía a Estados Unidos

El Congreso mexicano aprobó nuevas regulaciones para la presencia de agentes extranjeros en México. La ley fue criticada por EE.UU., el país que sería más afectado por las nuevas y más estrictas normas.
17 de diciembre, 2020
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Para el gobierno de México, significa la defensa de la “independencia y soberanía” nacional. Para el de Estados Unidos, “solo beneficia a las violentas organizaciones criminales transnacionales”.

Una reforma a la Ley de Seguridad Nacional que aprobó de forma exprés el Congreso mexicano este martes establece nuevos controles para la presencia de agentes extranjeros en el país.

Pese a que no está dirigida a ningún país en específico, diversos analistas coincidieron al señalar que está claramente enfocada hacia las agencias de inteligencia y combate al narcotráfico de Estados Unidos como consecuencia del reciente caso del general Salvador Cienfuegos.

El exsecretario de la Defensa Nacional fue detenido en octubre en Los Ángeles por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), acusado de vínculos con el narcotráfico, cargos que el general negó. El arresto tuvo lugar luego de una investigación de más de un año de la que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que nunca había sido informado.

“Esta iniciativa de ley fue una especie de desagravio para el ejército mexicano, porque siempre han tenido una muy mala relación con la DEA desde el caso del agente Enrique Camarena (agente de la DEA asesinado en México en 1985). Hay una desconfianza mutua”, le dice a BBC Mundo el analista en seguridad Salvador García Soto.

Tras la detención de Cienfuegos “vino una reacción muy fuerte de las Fuerzas Armadas, que le dijeron al presidente López Obrador que tomara cartas en el asunto, que no permitiera que un extitular de la Defensa fuera tratado de esa manera, de la forma en que lo detuvieron, el trato y las acusaciones”, opina.

El general Salvador Cienfuegos durante un evento militar en Ciudad de México en septiembre de 2016.

Reuters
El exsecretario de la Defensa mexicano fue arrestado en Los Ángeles por agentes de la DEA.

Estados Unidos, por su parte, criticó que esta reforma a la ley implica un retroceso en la cooperación entre ambos países en el combate a los grupos criminales y el narcotráfico, tal y como dijo la semana pasada el fiscal general estadounidense William Barr (quien anunció que dejará su cargo antes de fin de año).

“La aprobación de esta legislación solo puede beneficiar a las violentas organizaciones criminales transnacionales y otros criminales que estamos combatiendo conjuntamente”, dijo Barr en un comunicado cuando el Senado mexicano aprobaba de manera urgente la reforma promovida por el presidente López Obrador.

En respuesta, el líder de la mayoría del partido Morena, de López Obrador, consideró infundados los temores expresados por Barr.

“Al contrario, contar con protocolos claros de intercambio de información hará posible que ahora ambos países puedan tener mayor cantidad de insumos para desarrollar estrategias conjuntas que permitan fortalecer la seguridad nacional en ambos lados de la frontera”, dijo al diario El Sol de México.

Una vista del Senado mexicano

EPA
El Congreso mexicano aprobó en menos de 10 días la reforma propuesta por el Ejecutivo.

Tras recibir luz verde en el Congreso, la ley deberá ahora ser promulgada por el Ejecutivo para que entre en vigor, pero analistas como García Soto advierten desde ya que su formulación podría afectar a los acuerdos de cooperación de México y EU en materia de combate al narcotráfico.

¿Qué cambia en la ley?

La Ley de Seguridad Nacional es la norma que, entre otros aspectos, regula la presencia de los agentes extranjeros que tienen actividades en México.

Durante décadas, agencias estadounidenses como la DEA, el FBI, la ATF o la CIA han operado en México a través de agentes que realizan labores de inteligencia e investigación sobre grupos delictivos.

Pero el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en 1985 a manos del cartel de Guadalajara, aumentó de manera notable la presencia de estos agentes en México. Y su poder se incrementó más en años recientes, explica García Soto.

“En los gobiernos anteriores, principalmente el de Felipe Calderón (2006-2012), hubo una apertura muy amplia a la participación de este tipo de agentes en el país. Se sabía que la DEA coordinaba operativos en México, tenía asignadas unidades de la Secretaría de Marina para detener a narcotraficantes. Prácticamente ellos controlaban una parte de la lucha contra la delincuencia bajo el gobierno de Calderón”, señala el experto.

Un agente de la DEA

Getty Images
La presencia de agentes extranjeros está regulada por la Ley de Seguridad Nacional.

Pero el caso de Cienfuegos, del que el gobierno de México asegura que no supo nada hasta que prácticamente fue detenido, sacudió de nuevo la relación de los dos países.

Ahora, la reformada Ley de Seguridad Nacional obligará a los agentes de otros países desplegados en México a compartir información sobre sus investigaciones con las autoridades mexicanas.

Les prohíbe hacer detenciones, les exige solicitar una autorización para portar armas y establece que no tienen inmunidad judicial en caso de verse involucrados en la comisión de delitos o infracciones, lo cual fue señalado como una de las modificaciones más controvertidas.

Además, garantiza el soporte legal para la expulsión de las agencias que no cumplan con la ley en México.

“Aunque engloba a cualquier otro gobierno que tenga agentes en México, parece que va dedicada especialmente a los agentes de la DEA. Ni siquiera a los de la CIA u otras agencias. Es una dedicatoria expresa para tratar de controlarlos, de regularlos y de tener control de las investigaciones que están realizando”, considera García Soto.

El factor Cienfuegos

Al ser cuestionado sobre el motivo de la reforma, López Obrador dijo que se trataba de una iniciativa para la defensa de la soberanía nacional, pues en el caso del general Cienfuegos “existen acuerdos que no se cumplieron”, señaló.

“Antes, los agentes del gobierno de Estados Unidos entraban, salían y hacían lo que querían y se les permitía todo porque no se defendía el principio de independencia y soberanía de nuestra nación”, apuntó la semana pasada.

López Obrador

EPA
López Obrador dice que esta ley finalmente regulará las actividades de agentes de otros países en México.

Este lunes, la embajadora de México en EU, Martha Bárcena, dijo que “hubo un abuso de confianza” de los estadounidenses al investigar y detener al general sin informar primero a su gobierno.

Para García Soto, es claro que se cometieron excesos en el pasado reciente.

“Tuvieron una especie de manga ancha estas agencias, por encima de la Constitución y de la soberanía. Y ese es el argumento del presidente y de Morena (su partido) para regularlos. Pero también tiene motivaciones políticas”, explica.

“ tiene que ver con una especie de revancha sobre cómo la DEA hizo esto de detener al general y tratarlo como lo trataron, incluida a su familia en la detención. Para poner límites a estas agencias para que no cometan este tipo de actos, lo cual va a ser muy polémico”, pronostica.

Pese a que el caso del Departamento de Justica de EU contra Cienfuegos por presunto narcotráfico estaba listo y en la antesala de un juicio en Nueva York, el mes pasado fue entregado a México tras una negociación con las autoridades estadounidenses.

Cuando pidieron a un juez federal en Nueva York que desestimara los cargos contra el general Cienfuegos, los fiscales estadounidenses citaron “consideraciones sensibles e importantes de política exterior” que, según dijeron, “superaron” el interés del gobierno en continuar con la acusación.

“Si se cometieron crímenes, ahora está en las manos de la fiscalía general (mexicana) investigar, substanciar y sostenerlos”, dijo entonces el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.

Salvador Cienfuegos en un dibujo de la corte

Reuters
El exgeneral Salvador Cienfuegos negó todos los graves cargos en su contra.

“Cuando se negoció la entrega, arguyó razones de seguridad nacional de México”, explica García Soto.

Y esas razones, opina el analista, “eran la rebelión en las Fuerzas Armadas: los mandos militares plantearon que si no había una explicación de EU, o si no se presentaban pruebas contra el general Cienfuegos, o en su defecto lo regresaran, el ejército se saldría de la operación de seguridad del país en el tema del narcotráfico”, añade.

El presidente López Obrador negó haber recibido presiones de las Fuerzas Armadas.

¿Qué consecuencias puede tener la nueva ley?

El fiscal Barr fue enfático al rechazar la reforma de ley mexicana. “Tendría el efecto de dificultar la cooperación entre nuestros países. Haría menos seguros a los ciudadanos de México y EU”, aseguró.

Ante los señalamientos de México sobre cómo se trató el caso de Cienfuegos, el fiscal general dijo que su entrega a la Justicia mexicana demuestra cómo se colabora “dentro del marco de larga data diseñado para abordar de manera conjunta nuestros desafíos compartidos”.

Un agente de la DEA

Getty Images
Los agentes de la DEA han estado en México durante décadas.

Por su parte, el exagente de la DEA Mike Vigil dijo a la emisora Milenio que pese a que hay “muy buenos elementos” mexicanos en materia de combate al narcotráfico, las agencias de EU se reservan información sobre sus operaciones por cuestiones de confianza.

“Hay algunos que son corruptos y entonces es muy difícil compartir toda la información, porque nunca se sabe si va a haber un flujo de información a los narcotraficantes que va a comprometer a agentes de EU, informantes, operativos e investigaciones”, declaró.

Por su parte, el analista en seguridad e inteligencia Ramón Celaya dijo a la agencia EFE que “si no fuera por la información de las agencias americanas en México, no se hubiera logrado la detención del 80% de los capos en los últimos 20 años“.

Para García Soto, esta reforma podría incluso “trastocar convenios internacionales” sobre protección a agentes extranjeros, en particular por el hecho de que pierden la inmunidad de la que han gozado y pueden enfrentar acusaciones en tribunales.

Todo esto entra en juego con la nueva ley.


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