Colapso en CEAV: despedirán a 60% del personal y no hay ni para la renta
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Colapso en Comisión de Víctimas por recorte: despedirán a 60% del personal y no hay ni para la renta

Tan solo ayer se anunció a más de 100 funcionarios que se quedaban sin trabajo. En riesgo no solo está la asistencia sino el resguardo de los datos personales del Registro Nacional de Víctimas, pues no hay dinero para sistemas informáticos.
Cuartoscuro
2 de junio, 2020
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El recorte al presupuesto anunciado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), órgano central en la atención a victimas de delitos y de graves violaciones a derechos humanos en el país, al borde del colapso.

Casi el 60% del personal de la CEAV perderá su trabajo en los próximos días ante la falta de recursos para pagarles. Funcionarios de la propia comisión indicaron a Animal Político que tan solo el día de ayer se notificó a mas de 100 colaboradores que ya no hay dinero para sus sueldos.

Lee: Comisión de Víctimas, con personal insuficiente y 476 denuncias por maltrato y acoso

Además, no hay recursos para pagar ni la renta de la sede central, ni los servicios básicos de sus instalaciones en todo el país. Por ende, tampoco existirá sitio para atender a más de 7 mil 200 victimas que se reciben mensualmente, ni para tramitar los apoyos de otras cinco mil.

Incluso, al no haber dinero para mantener sistemas informáticos, se perderá el alojamiento y resguardo del Registro Nacional de Víctimas con los datos personales de más de 34 mil personas.

“La CEAV informa que el Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad, que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicado el 23 de abril de 2020 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), frenará sus actividades esenciales y paralizará su funcionamiento”, advirtió hoy el organismo en un comunicado.

La CEAV reconoce que este nivel de afectación tiene su origen en el mal diseño con el que fue construido el organismo hace unos años. Se trata de un organismo que carece de inmuebles propios, donde la gran mayoría de sus servicios son subcontratados y donde dos terceras partes del personal es eventual o de contratación “outsourcing”.

Debido a esto, la nómina de esos colaboradores, las rentas y servicios esenciales se cubren justamente con las partidas 2000 y 3000 de servicios generales que el gobierno decidió recortar a un 75%. La Comisión subrayó que explicó esta situación a la Secretaría de Hacienda, pero fue inútil y se ordenó la reducción.

“Se autorizó sin considerar que esta institución tiene la obligación de garantizar, promover y proteger los derechos humanos de las personas víctimas de violaciones a derechos humanos, así como de delitos como desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, detención arbitraria, feminicidio y trata, entre otros”, dijo la CEAV.

Algunas de las consecuencias que traerá consigo este recorte al presupuesto del organismo son los siguientes:

*La pérdida de los puestos de trabajo de casi el 60% del personal de las áreas centrales, que equivalen al menos a 230 funcionarios que se quedan sin trabajo.

*No se cubrirá el pago de renta, agua, luz ni internet de las oficinas centrales ni de los 32 centros de atención estatal. La deuda tan solo por estos servicios supera los 120 millones de pesos.

*Perdida de todos los equipos de cómputo incluyendo impresoras que también son subcontratados, así como del sistema que aloja y preserva los datos de 34 mil 215 víctimas inscritas en el Registro Nacional de Víctimas.

*incumplimiento de 43 contratos por 121 millones de pesos, lo que previsiblemente detonará múltiples demandas judiciales contra la institución.

*Se pierde el área de traslados lo que imposibilitará la asistencia para 9 mil 862 victimas en el país a las que se apoya con traslados para servicios jurídicos, médicos, sicológicos entre otros.

*No habrá sitio para atender a 7 mil 200 victimas a las que se brinda apoyo en los centros estatales, y tampoco se contará con personal para tramitar servicios a cinco mil victimas mensuales en promedio.

*El área jurídica quedara sumamente debilitada por lo que no se podrán atender más de 453 juicios de amparo promovidos por víctimas en contra de la propia CEAV.

*Se perderá por completo la Unidad de Género, lo que dejará sin seguimiento programas de sensibilización y prevención de acoso y hostigamiento sexual al interior de la propia Comisión.

Entérate: ¿Y las víctimas? El abandono de la CEAV

Desaparición inminente

Una funcionaria de la CEAV cuyo nombre se resguarda a petición de ella, dijo a Animal Político que ayer se les notificó vía videoconferencia que ya no había dinero para pagarle a más de 100 colaboradores “outsourcing”, situación que generará un impacto inmediato en todas las direcciones de la comisión.

“Nos dijeron que la situación era muy grave, que se debe la renta del propio edificio. Y que tan mal está que no hay dinero para pagar las computadoras, ni el mantenimiento. Nos pidieron que tratáramos de aguantar sin sueldo, pero la verdad es muy difícil”, dijo la funcionaria.

Añadió que les explicaron que la propia titular de la CEAV, Mara Gómez Pérez, estaba lista para presentar su propia renuncia, pues estos recortes, en los hechos, significan la inminente desaparición de la Comisión.

La funcionaria confirmó que, en efecto, la Comisión opera con diseño inadecuado en el que muchas plazas claves incluidas las de los especialistas que atienden a las víctimas en los Centros de Atención Integral, no son de estructura, sino que corresponden a trabajadores eventuales o subcontratados por “outsourcing”.

“En todas las direcciones hay personal contratado de esta forma. Y aun así todos teníamos contrato hasta diciembre; por eso esta decisión es sorpresiva y nos perjudica mucho, a los que nos quedamos sin trabajo, pero a la propia CEAV también”, dijo la funcionaria.

Este hecho viene a agravar una situación critica en la que de por si ya se encontraba la Comisión de Víctimas. En enero pasado Animal Político publicó que la CEAV operaba con personal que era insuficiente, sobrecargas de trabajo inmanejables, e incluso denuncias de maltratos y acoso.

Dicha situación se origina en la inconclusa construcción del Sistema Nacional de Victimas, el cual ha sido ignorado tanto por la administración del presidente Enrique Peña Nieto, así como por el actual gobierno del presidente López Obrador.

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'Arriesgo mi vida para tratar a pacientes de covid-19 pero mañana puedo ser deportado a México'

Como enfermero en una unidad de cuidados intensivos en un hospital de Carolina del Norte, Jonathan Vargas Andrés trata a pacientes con covid-19 todos los días. Pero pronto puede encontrarse con una orden de deportación.
13 de mayo, 2020
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Guillermo y Jonathan Vargas Andrés

Jonathan Vargas
Guillermo y Jonathan Vargas Andrés llevan 18 años en Estados Unidos.

La Corte Suprema de Estados Unidos está revisando un caso que podría poner en riesgo de deportación a miles de personas que llegaron de forma ilegal al país cuando eran niños.

La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, aprobada en 2012) les dio a estos jóvenes la oportunidad de trabajar y estudiar legalmente en EE.UU., pero el presidente Donald Trump quiere revocarla.

Y muchos de los que están en riesgo son trabajadores de la salud que se enfrentan a la pandemia de coronavirus.

A principios de abril, una larga fila de autos de policía rodeó un hospital en Winston-Salem, en Carolina del Norte, con sus luces azules parpadeando.

Era un tributo, dijeron, a los trabajadores sanitarios que arriesgan sus vidas para tratar a los pacientes de covid-19.

Pero al mexicano Jonathan Vargas Andrés, un enfermero de la unidad de cuidados intensivos que trata a pacientes de coronavirus en ese hospital, le parecen, de alguna manera, gestos vacíos.

Lleva cuatro años trabajando en la misma unidad que su esposa y su hermano, también enfermeros, y la semana pasada ha visto un aumento en el número de casos.

Jonathan también es indocumentado y en las próximas semanas sabrá si el país por el que está arriesgando su vida decidirá deportarlo.

“Trato de no pensar en eso, porque si lo pienso mucho me canso”, dice Jonathan en su suave acento sureño. “Básicamente, tuve que desconectar por mi propia salud”.

“Es el miedo más que nada”.

El programa DACA

Jóvenes protestando frente a la Corte Suprema en apoyo al programa DACA.

Getty Images
La mayoría de los beneficiados por el programa DACA son de América Latina, pero también hay de otras partes del mundo.

Jonathan se benefició del programa DACA, una norma de la era Obama que protegía de la deportación a los jóvenes que fueron traídos ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños y que les proporcionó permisos de trabajo y estudio.

Jonathan llegó de México cuando tenía 12 años.

En 2017, Donald Trump detuvo el programa y actualmente está siendo revisado por la Corte Suprema estadounidense.

En cualquier momento, a Jonathan se le podría decir que ya no tiene derecho a trabajar o vivir en Estados Unidos.

Hay aproximadamente 800.000 beneficiarios de DACA en Estados Unidos. El Centro para el Progreso Americano, un think tank de izquierda, estima que 29.000 de ellos son trabajadores de atención médica en primera línea (médicos, enfermeros, paramédicos) y otros 12.900 se desempeñan en otros sectores de la industria de la salud y el cuidado.

Jonathan describe su trabajo como una vocación.

Le encanta ser enfermero a pesar de enfrentar una pandemia a los cuatro años de haber iniciado su carrera.

“Obviamente, da miedo cuando estás allí”, dice. “Te vuelves muy, muy, muy paranoico con lo que tocas”.

“Pero tienes que dejar ese pensamiento de lado, porque estás allí para ayudar a estas personas. No se trata de ti”.

Su hospital tiene suficientes equipos de protección personal. Los están usando con moderación, lo que lo pone nervioso, pero lo que es más difícil, cuenta, es tener que ver a la gente morir sola.

“Es muy triste, muy deprimente ver a las familias tener que despedirse a través de un iPad”, dice.

“No solo es estresante, sino emocionalmente agotador“.

Al menos en la unidad hay solidaridad, pero a veces siente que está viviendo una doble vida.

“Cuando voy a trabajar y hablo con mis compañeros de trabajo, ellos no saben sobre mi estatus”, dice.

“Pero luego regreso a casa y me doy cuenta de que, ya sabes, estoy viviendo fuera del radar”.

“Ni siquiera sabes si algo de lo que estás haciendo para ayudar a tu país será apreciado. Y en un par de meses, podría ser deportado“.

Cambio de vida

Protesta de "Dreamers" afuera de la Corte Suprema en noviembre.

Getty Images
El programa DACA está actualmente bajo revisión por la Corte Suprema de EE.UU.

Jonathan nació en México, en un pequeño pueblo cerca de Puebla, en 1990.

Su padre manejaba un autobús para ganarse la vida, pero apenas podía mantener a la familia.

Él recuerda la casa en la que vivían: no tenía ventanas, el piso era de tierra, y no había agua corriente.

Su padre se fue primero a Estados Unidos, en el año 2000, y trajo a su familia dos años después.

Junto con su hermano y su madre, Jonathan cruzó el río que separa a México de Estados Unidos y el desierto, entrando a territorio estadounidense ilegalmente.

Hasta 2012, toda la familia vivía fuera del radar. Como niños indocumentados, podían asistir a la escuela pública, pero no a las universidades públicas ni a las universidades privadas, que eran demasiado caras.

Cuando terminó la escuela secundaria, consiguió trabajos ocasionales. Trabajaba reparando neumáticos cuando se anunció el programa DACA.

“Fue un cambio de vida”, dice. “No sé cómo describirlo. Saber que iba a tener la oportunidad de trabajar legalmente y tener la posibilidad de ir a la universidad”.

Llevaba en Estados Unidos 10 años en ese momento y aunque dice que se sentía estadounidense, no tenía la documentación para demostrarlo.

Cuando se aprobó el programa DACA, él y su hermano inmediatamente intentaron inscribirse en el ejército, pero fueron rechazados por su estatus de ciudadanía.

Su deseo de servir los llevó a la enfermería.

“Vuelve a cruzar el río”

Aunque le encanta su trabajo, los últimos cuatro años han sido un período de mucha ansiedad.

Jonathan ha comenzado a apretar la mandíbula mientras duerme. A veces lo hace tanto que la articulación se hincha y le duele cuando come o habla. Es una condición que generalmente está vinculada al estrés.

“He estado lidiando con este estrés desde 2015, cuando Donald Trump anunció que se postulaba para presidente y lo primero que hizo fue atacar a los mexicanos“.

“Se volvió muy, muy real cuando asumió el cargo”.

Desde entonces, dice que ha sentido más animosidad hacia él y ha experimentado un racismo manifiesto. Cree que algunas personas ahora se sienten con el derecho a mostrar intolerancia.

Describe un incidente fuera de su gimnasio, antes de la cuarentena, en el que un hombre le gritó improperios racistas y le dijo que “volviera a cruzar el río” porque había estacionado incorrectamente.

Una joven con la solicitud para el programa DACA en 2012.

Getty Images
El derecho a trabajar de Jonathan depende del programa DACA.

Camuflaje

Jonathan se casó hace dos años y su esposa es ciudadana estadounidense. Ha solicitado una green card -residencia temporal-, pero no es un hecho que se la vayan a dar.

Su entrada ilegal al país siendo niño podría jugar en su contra.

Si un niño indocumentado no abandona Estados Unidos en el año antes de cumplir su mayoría de edad, asume la responsabilidad legal de su ingreso.

Y si la decisión de la Corte Suprema detiene el programa DACA, podría perder su derecho a trabajar.

Jonathan está tratando de no pensar en lo que sucederá si la decisión va en su contra. Dice que no volverá a México, ya que no cree que la profesión de enfermería sea valorada allí, pero él y su hermano han estado investigando para mudarse a Canadá.

Tendría que dejar a sus padres y su vida de los últimos 18 años atrás. Actualmente está estudiando a tiempo parcial para obtener una calificación adicional en enfermería, y es posible que también tenga que dejarlo.

Aunque el miedo a la covid-19 y la decisión de la Corte Suprema se ciernen sobre él todos los días, tiene una sensación de seguridad dentro de su uniforme de color azul oscuro.

“A veces siento que mi uniforme de trabajo es un tipo de camuflaje”, dice.

“La gente me ve con la bata y asumen que soy de los ‘buenos’ o que estoy aquí legalmente”.

“Pero tan pronto como me cambio, no hay forma de que sepan que soy enfermero, así que me vuelvo un ‘espalda mojada’ como suponen sobre todos los demás que parecen hispanos”.

Enlaces a más artículos sobre el coronavirus

BBC

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https://www.youtube.com/watch?v=3FlrsNfKguk&t=35s

https://www.youtube.com/watch?v=85PHSOeDz2Y

https://www.youtube.com/watch?v=QZ9JbrioTiw

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