Descuidos y negligencia de pacientes y directivos disparan COVID en doctores
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Cuartoscuro

Descuidos y negligencia de pacientes y directivos disparan contagios de COVID en doctores

El tema de los contagios de COVID en personal médicos es más complicado que reducirlo a una falta de insumos.
Cuartoscuro
Por Manu Ureste y Andrea Vega
23 de junio, 2020
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La doctora Arely dice que, a ciencia cierta, no sabe cómo se infectó de coronavirus. Quizá fue un descuido, admite: un día entró a pedir unos informes al área COVID y se le olvidó la careta y el cubrebocas N95.

No está segura, insiste. Pero en su interior algo le dice que, ese día, tiró por la borda todo lo aprendido en las pláticas de capacitación que, desde febrero, muy al inicio de la pandemia en México, le dieron en el hospital sobre cómo usar el equipo de protección para evitar contagios.

Menos de una semana después, Arely comenzó a sentir un fuerte y constante dolor de cabeza, acompañado de un intenso dolor de cuerpo.

“Me sentía muy débil todo el tiempo”, relata la doctora, que pide no revelar su verdadero nombre, pero cuya identidad, cargo, y hospital, fue corroborado por este medio.

Los síntomas no fueron suficientes para que su clínica le hiciera la prueba COVID.

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“La enfermedad se manifestó de una manera muy atípica. Tenía dolor de cabeza y de cuerpo, pero sin fiebre, tos seca, ni dificultad para respirar. Y por eso, aunque era un caso sospechoso, no era candidata para la toma de muestra”, explica Arely, que optó por hacer el estudio por su cuenta.

A los pocos días, del laboratorio, le dieron dos noticias: la mala y la peor.

La mala: tenía el virus. La peor: llevaba días trabajando infectada.

Arely recalca que, desde que sintió los síntomas, extremó el uso del N95 “para no contagiar a nadie”. Pero, aún así, concede que es imposible saber si esos días que laboró infectada no contagió a otros doctores o a pacientes.

“Es cierto -admite la médica-. Fue un riesgo muy alto”.

Lee más: Contratados por Insabi ante emergencia de COVID denuncian retraso en pagos, desorganización y falta de seguro

Como ‘moscas’

En abril, cuando comenzaron a ser recurrentes las notas sobre brotes entre el personal médico, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, lanzó una sentencia polémica: “los médicos están cayendo como moscas”.

Desde entonces, y hasta ahora, las autoridades sanitarias llevaron a cabo varias medidas para revertir esa situación denunciada por Bonilla y por los médicos, quienes criticaron que los mandaron a la ‘guerra’ sin ‘armas’.

Por ejemplo, a finales de marzo, IMSS e ISSSTE compraron insumos por 2 mil 309 millones de pesos para tratar COVID- 19, mientras que Cancillería anunció otra inversión por más de 1 mil 200 millones de pesos en la compra a China de mascarillas N95, caretas, guantes, y trajes quirúrgicos. A la par se inició la reconversión de hospitales para separar a médicos COVID de los que atienden otras enfermedades y así evitar contagios.

Pero las medidas de contención parecen no tener efecto: de acuerdo con cifras oficiales, la tasa de médicos contagiados es del 20.9%; cifra muy próxima a la reportada por España, 21.3%, uno de los países más golpeados en el mundo por la pandemia.

El infectólogo veracruzano, Uri Torruco, advierte que este dato puede estar “sesgado”. La razón: en México se hacen pocas pruebas a la población general y muchas a los médicos. Y por eso, la tasa puede estar “inflada”.

Sin embargo, hay más cifras oficiales que reflejan la gran dimensión de los contagios. De acuerdo con el informe presentado por Salud el pasado martes, tan solo en la primera mitad de junio los casos positivos entre el personal médico aumentaron en 12 mil 171; un crecimiento del 60%. Y otro dato: en solo una semana, la que va del 9 al 16 de junio, hubo 6 mil 722 casos nuevos de médicos infectados; 960 cada 24 horas.

Es decir, tres meses después de la polémica sentencia de Bonilla, los médicos mexicanos se siguen contagiando a un ritmo muy alto.

¿Pero, por qué? Animal Político entrevistó a médicos que superaron el virus. La mayoría señaló que la falta de insumos, o la mala calidad de estos, es una parte de la respuesta, pero no explica todo el problema.

De hecho, muchos admitieron un grado importante de responsabilidad en los contagios, debido a descuidos, exceso de confianza, desidia, o por un mal uso de los equipos de protección. “Muchas veces, los médicos no hacemos bien las cosas”, aseguran.

Cubrebocas, escasos y defectuosos

El doctor Guillermo García Hernández es director del Hospital 30 del IMSS de Mexicali, Baja California. Comenzó a dirigirla después de que en abril se produjera un brote COVID que infectó a por lo menos 19 médicos, entre ellos varios residentes y el exdirector.

El tema de los contagios, opina, es más complicado que reducirlo a una falta de insumos. Por ejemplo, en el caso de su clínica, dice que los médicos se infectaron “a pesar de que contaban con un equipo de protección”. Así que los motivos pudieron ser múltiples.

Uno de esos motivos, cree, es que los doctores del área No COVID atienden a pacientes que no tienen síntomas aparentes, o que son asintomáticos, o que no les avisan que tienen síntomas por miedo a que los confinen en el área COVID. Y esto los pone en riesgo porque, si bien llevan cubrebocas y otros insumos, no utilizan los equipos de alta protección como los que se utilizan en el área COVID.

Eso le sucedió a Israel, nombre ficticio para proteger su identidad, quien se contagió de COVID hace poco más de un mes y apenas lleva unas semanas de vuelta en el Hospital Rubén Leñero, de la Secretaría de Salud capitalina.

Su hospital también es ‘híbrido’, como el de Mexicali. Y como en el caso de la clínica bajacaliforniana, él también cree que se enfermó por atender en el área No COVID a una persona que se suponía no tenía síntomas, pero que, poco después, se confirmó que estaba contagiada.

Entérate: Médicos del ISSSTE protestan en CDMX por material ante epidemia COVID-19

“Muchas veces, se ven a los pacientes sin la protección al 100% porque se supone que no son COVID y no hay tanto riesgo”, explica el doctor que añade que, otras veces, tampoco los atienden con la protección adecuada porque los insumos escasean, a pesar de las compras del gobierno y de las donaciones de la ciudadanía y de la sociedad civil.

“Casi siempre solo traigo el cubrebocas quirúrgico, el tricapa. También nos dieron de los N95, pero solo me han dado cuatro. Hasta ahora, no nos han dicho que los reusemos, pero tampoco nos dicen cuándo darán otros”.

Desde el inicio de la pandemia, la escasez de insumos de protección ha sido una constante en México, y también en muchos otros países, como España, Brasil, Ecuador, y Estados Unidos, donde médicos y personal de enfermería han salido -y aún salen- a las calles a protestar.

En México, la escasez ha sido tal que algunos médicos han recurrido a la justicia. Así lo hizo José Alberto Beverido de la Huerta, quien cuenta que por medio de un amparo fue como consiguió que el hospital del ISSSTE donde labora, en Córdoba, Veracruz, le entregue a diario un N95.

“Si no es porque los obligué con un amparo, no me habrían dado nada”, recalca el doctor, que no fue el único en recurrir a la justicia. La organización civil Renace San Luis también ha presentado amparos colectivos para defender a médicos de Oaxaca, Guanajuato, y Jalisco, que denunciaron que trabajan en áreas COVID sin los equipos necesarios.

Pero, además de escasos, el doctor Israel apunta que los N95 que les entregan son de mala calidad: ha hecho varias pruebas con ellos, como rociarlos de agua, y el líquido atraviesa el filtro de protección. Por lo que supone que el virus también puede pasar con facilidad.

Por su parte, el infectólogo Rodrigo Ville, que labora en el hospital COVID que se instaló temporalmente en el centro Citibanamex de la Ciudad de México, suma otro problema: los N95 chinos están diseñados para ajustarse al tamaño y forma del rostro de personas asiáticas.

“Por eso, muchas veces no nos quedan bien. Porque no se ajustan y no hacen el sello que deberían”, advierte.

Apatía

La doctora Arely dice que, en su caso, ella sí recibe con regularidad caretas, cubrebocas N95, guantes y gafas protectoras. Y destaca que, al menos en su clínica del IMSS, sí les dan capacitación constante sobre cómo usar esos equipos y, sobre todo, cómo retirárselos sin riesgo de contagio.

“Desde febrero, cuando se dio el primer caso, ya empezaron a darnos los cursos”, expone la médica. “Y no es un curso de que si quieres vas. No, es obligatorio y tienes que firmar de que estás recibiendo la capacitación”.

“El problema -añade- es que muchas veces entras al curso y si tenían que estar 30 o 40 personas, pues ves que solo hay 10. Es decir, también hay cierta apatía en una parte del personal médico. Aunque también se puede deber a que son cursos que, por lo general, son fuera del horario de trabajo, y, claro, hay que hacer un sacrificio. Y mucha gente que tiene otras obligaciones familiares, o incluso otros empleos, no puede hacerlo”.

El doctor Graciano López es jefe de Pediatría en el Hospital General del IMSS de Tijuana, en Baja California, donde en marzo registraron los primeros casos de doctores infectados, entre ellos propio Graciano.

Para el médico, la capacitación es fundamental. Aunque cree que la respuesta inicial fue tardía porque “la pandemia nos agarró por sorpresa”.

“No estábamos conscientes de la magnitud”, dice el médico, que divide responsabilidades. “Por un lado, como personal de la salud debe haber un compromiso de conocer todo sobre este nuevo virus”, plantea. “Pero, por otro, también está la obligación de hacer del conocimiento del personal cuáles son las medidas necesarias a tomar. Probablemente, se da una vez, pero, a veces, no basta para comprender la magnitud del problema”.

En cuanto al uso de los equipos de protección, el doctor admite que, desde el inicio de la pandemia, las autoridades de Salud han publicado manuales, lineamientos, y reglamentos, pero opina que tampoco ha sido suficiente.

“Hay una gran cantidad de papeles publicados, es cierto. Pero, en la práctica, no alcanza el tiempo para enseñar a todo el personal cómo ponerse el material y quitárselo. Y eso es un problema porque, sin la capacitación necesaria, la contaminación es muy fácil”.

“Piensen que no se van a enfermar”

El infectólogo veracruzano Uri Torruco también divide responsabilidades.

Por un lado, critica que hay “mucho desconocimiento” entre los doctores, en cuanto al uso de los insumos. Incluso, cree que “el miedo al contagio” ha provocado que se “sobreestime la necesidad de material de protección”.

“Es increíble que los mismos trabajadores de la salud no tengamos conocimiento de cuándo está indicado ponerse un traje impermeable y cuándo no, y lo mismo con los cubrebocas de alta eficacia, que solo deben usarse en procedimientos muy específicos”, plantea.

Una crítica que comparte personal de otras clínicas, como la Unidad Médica Familiar 22 de Atotonilco, en Jalisco, o el Hospital General 30 de Iztacalco, en Ciudad de México, quienes por medio de un escrito enviado a este medio en respuesta a una solicitud de entrevista hicieron un resumen de cuáles son, en su experiencia, las causas de los contagios. Entre esas causas, mencionan que “la mayoría del personal” desconoce el tipo de cubrebocas que “evita la infección”. E, incluso, añaden: “Muchos lo eligen por el dibujo y no por la seguridad”.

Por otro lado, el doctor Torruco critica que, a pesar de que desde febrero las autoridades dieron instrucciones para atender la pandemia, desde los despachos de los hospitales se cometen negligencias por improvisación o desconocimiento, como no segmentar de inmediato las clínicas, una mala separación de las instalaciones de las áreas COVID, no reducir las consultas desde los primeros casos, o no hacer pruebas constantes a los médicos.

Como resultado de esas negligencias, el doctor opina que se produjeron brotes como el de la clínica 7 del IMSS de Monclova, en Coahuila, donde un paciente con los síntomas COVID permaneció 10 días sin hacerse la prueba junto a otras personas en  urgencias, infectando a 22 médicos.

“No solo la falta de insumos te pone en riesgo. Te arriesga más pertenecer a un sistema de salud que hace aguas. Y con un sistema tan deteriorado, claro que llega una pandemia y te hace pedazos”, sentencia Torruco.

José Alberto Beverido señala que la falta de insumos y la improvisación –“se nos avisó que venía una pandemia y no se tomaron medidas”-, explican los contagios tanto como la mala actuación de algunos directivos.

“Nos tratan como personal desechable”, dice el doctor, que, para ejemplificar la sentencia, cuenta un caso. Un paciente diabético llegó a urgencias de su clínica; el hombre se sentía mal, pero como el hospital es solo de primer nivel, se le dio atención básica para canalizarlo. El problema es que lo revisaron “sin protocolo COVID”. Es decir, “a mano limpia”. Sin guantes, cubrebocas, caretas. Nada. A los dos días, el paciente falleció por COVID. Entonces, el médico de urgencias y las dos enfermeras que lo atendieron fueron con sus superiores a expresarles su preocupación.

“Yo estaba en la dirección y lo que les respondieron fue: ‘está comprobado que la mente es muy poderosa. Ustedes piensen que no se van a infectar’. Y eso fue todo. No los mandaron a cuarentena ni les hicieron pruebas, y así siguieron trabajando”, cuenta el doctor, que señala a “los secretismos” al interior del gremio como otro factor que explica los contagios.

“Estos compañeros debieron comunicar la situación al resto para prevenirnos -añade Beverido-. Pero muchos se prestan al juego de ‘mejor no digas nada, porque te van a tratar como apestado, o como el doctor problemático’. Y eso también nos pone en riesgo a todos”.

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La carrera contrarreloj de Alemania por llevar ante la justicia a los últimos criminales nazis

La justicia alemana intenta ajustar cuentas con los últimos responsables vivos del Holocausto, todos ellos mayores de 90 años de edad.
Por BBC
14 de febrero, 2021
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Tienen más de 90 años de edad y el dudoso honor de ser considerados como los últimos criminales nazis en enfrentar la justicia.

No formaron parte del alto mando militar de Adolf Hitler, ni comandaron algún escuadrón de las SS. Eran guardias de seguridad, secretarias o empleados administrativos que trabajaron en los campos de exterminio del Tercer Reich y ahora, más de 75 años después del final de la II Guerra Mundial, finalmente están enfrentando a la justicia.

El martes pasado, fiscales en Alemania acusaron a un hombre de 100 años de edad por ayudar en el asesinato de 3.518 personas que fallecieron mientras él trabajaba como guardia de la SS en el campo de concentración de Sachsenhausen, ubicado a unos 35 kilómetros de Berlín.

La semana anterior, una mujer de 94 años de edad que trabajó como secretaria en el campo de concentración de Stutthof (Polonia) fue imputada como cómplice en 10.000 casos de asesinato e intento de asesinato por su trabajo en apoyo a las atrocidades que se cometieron allí.

Aunque ahora es nonagenaria, dado que era menor de 21 años cuando ocurrieron esos hechos, es probable que esta mujer termine siendo juzgada ante una corte juvenil.

Entrada del campo de exterminio de Auschwitz.

Getty Images
Las investigaciones recientes han logrado imputar a varios exfuncionarios del campo de exterminio de Auschwitz.

Sus casos forman parte de un pequeño grupo de empleados de bajo nivel del régimen nazi que en los últimos años han estado siendo investigados por las autoridades alemanas en un último esfuerzo por ajustar las cuentas pendientes con el pasado nazi: una carrera contrarreloj pues cada vez quedan menos sobrevivientes de aquella época.

Persiguiendo los crímenes del Tercer Reich

Pero, ¿por qué se está investigando ahora a exfuncionarios que ni siquiera tenían puestos de mando durante el Holocausto?

Las indagaciones sobre las atrocidades cometidas por el Tercer Reich comenzaron formalmente en 1943, cuando se creó una comisión internacional para investigar los delitos cometidos por las potencias del Eje. Su trabajo llegó a la imputación de 36.000 funcionarios alemanes y japoneses, de los cuales al menos 10.000 fueron condenados en juicios realizados hasta 1948.

Imagen de los juicios de Nuremberg.

Getty Images
Muchos de los principales líderes nazis fueron condenados en los juicios de Nuremberg.

Al mismo tiempo, entre 1945 y 1949, los tribunales en la zona de Alemania occidental dictaron unas 4.600 condenas por crímenes del nazismo.

Sin embargo, tras el establecimiento de la República Federal Alemana (RFA) en 1949, decayó el interés de seguir persiguiendo los crímenes nazis y, de hecho, se dictaron numerosas amnistías e incluso se aprobó una legislación que permitió que antiguos soldados nazis accedieran a cobrar pensiones.

“Durante la década de 1950, en Alemania occidental no había mucho deseo de perseguir los crímenes nazis, lo que resultó en un verdadero escándalo en el resto del mundo. Alemania oriental, en particular, impulsó una campaña de propaganda que destacaba cómo había antiguos líderes nazis en posiciones destacadas tanto en el sector privado como en el sector público. Eso fue verdaderamente embarazoso para el gobierno de la RFA”, explica Devin Pendas, profesor del Boston College especializado en la historia de los juicios contra los nazis tras la II Guerra Mundial.

La respuesta de la RFA fue la creación en 1958 de la Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo, que es la instancia que hasta ahora se sigue encargando de indagar sobre estos temas.

Ficha de Adolf Hitler en la la Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo.

Getty Images
La Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo tiene un archivo con más de 1,7 millones de fichas de personas y eventos relacionados con los crímenes del Tercer Reich.

Algunos expertos han señalado que esta agencia gubernamental hizo un muy buen trabajo durante las décadas siguientes, mientras otros destacan que había mucha resistencia de parte de las autoridades judiciales alemanas ante estas investigaciones, Pendas cree que estos dos hechos coexistieron.

“Claramente, muchos jueces y fiscales estaban renuentes en las décadas de 1950, 1960 y 1970 de procesar con fuerza los crímenes nazi, en parte, porque muchos de ellos habían estado trabajando en el Poder Judicial durante el Tercer Reich pero también porque no querían lavar ante el mundo los paños sucios de su país”, dice Pendas a BBC Mundo.

“Pero también es cierto que la Oficina Central y muchos fiscales y jueces individuales se tomaron esto muy en serio, sacando a la luz mucha evidencia y prestando un gran servicio al llevar ante las justicia muchas de estas atrocidades”, agrega.

El trabajo de la Oficina Central se vio limitado además por varias cuestiones legales como el hecho de que las leyes alemanas no contenían disposiciones específicas para procesar crímenes de guerra y por las normas vigentes entonces sobre prescripción de los delitos, que dificultaban que muchos de los casos pudieran ser llevados a juicio después de 1960.

Una fila de mujeres prisioneras en el campo de concentración nazi de Auschwitz.

Getty Images
Se estima que más de un millón de personas, la mayoría judíos europeos, murieron en el campo de Auschwitz.

Esta dependencia gubernamental sufrió además un fuerte revés cuando, en 1969, la Corte Suprema revocó la condena de un antiguo miembro de las SS que trabajó como dentista en el campo de Auschwitz (Polonia) con el argumento de que trabajar en un campo de exterminio no era un crimen en sí mismo.

Como resultado de ese dictamen, la Oficina Central debió abandonar una investigación sobre la Oficina Central de Seguridad del Reich, una dependencia del ministerio de Interior controlada por las SS que era la principal responsable para ejecutar la política de asesinatos masivos de Hitler.

A estas limitaciones hay que sumar el hecho de que la Oficina Central es una entidad pequeña, dotada de poco personal y solamente tiene la potestad para investigar los casos, pues una vez que encuentra evidencias de posibles hechos punibles debe pasar los expedientes a los fiscales que son los responsables finales de llevar a juicio a los presuntos criminales.

El impulso del 11 de septiembre

Todas estas restricciones redujeron la capacidad de acción de la Oficina Central durante muchos años.

Pero las cosas cambiaron a partir de 2007, cuando un tribunal alemán condenó a 15 años de cárcel al marroquí Mounir el Motassadeq por haberle transferido dinero a Marwan al Shehhi, el presunto responsable de estrellar el vuelo 175 de United Airlines en contra de la torre sur del World Trade Center en Nueva York, según la Comisión que investigó los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Mounir el Motassadeq

Getty Images
Mounir el Motassadeq fue condenado a prisi[on por haber enviado dinero a uno de los atacantes del 11-S.

Este precedente impulsó al entonces fiscal de la Oficina Central Thomas Walther a buscar el enjuiciamiento de guardias y otros funcionarios de los campos de concentración, aunque no hubieran participado directamente de estos crímenes.

Siguiendo esta argumentación se logró que en 2011 un tribunal alemán condenara a John Demjanjuk, un antiguo guardia del campo de exterminio de Sobibor (Polonia), por colaborar con el asesinato de las 28.000 personas que fueron muertas allí.

“Se volvió más fácil conseguir una condena. Hasta entonces tenías que demostrar que alguien había estado involucrado directamente en una muerte. En este caso, la Fiscalía argumentó que -y el tribunal estuvo de acuerdo- que dado que estos campos eran centros de exterminio, cualquiera que hubiera pertenecido al personal nazi que estaba allí contribuyó con esas muertes. Ya no tenías que demostrar que un guardia mató a alguien en ese campo, basta con demostrar que había sido un guardia que trabajó allí”, explica Pendas.

Justicia e historia

La condena de Demjanjuk le dio un nuevo impulso al trabajo de la Oficina Central, que durante la última década ha remitido a los fiscales más de 200 casos para su imputación.

Thomas Walther

Getty Images
El abogado Thomas Walther impulsó el enjuiciamiento de exfuncionarios de bajo nivel que trabajaron en los campos de concentración nazis.

No se trata de una cifra menor cuando se considera que esta agencia gubernamental solamente cuenta con un puñado de investigadores, que para armar los casos tienen que buscar información en distintas partes del mundo y que, por su avanzada edad, muchas veces los presuntos criminales mueren antes de que el expediente esté concluido.

Sin embargo, hasta ahora, solamente se han producido un puñado de condenas, incluyendo la de Oskar Groening, un exmiembro de las SS conocido como el “contador de Auschwitz”, pues trabajó en las oficinas de este campo de exterminio y, entre otras cosas, se encargaba de contar el dinero robado a las víctimas.

En 2015, Groening, quien entonces tenía 94 años de edad, fue sentenciado en 2015 a cuatro años en prisión por haber facilitado el asesinato de 300.000 prisioneros. Sin embargo, falleció en 2018 sin haber ingresado en prisión a la espera del resultado de sus apelaciones.

Oskar Groening

Getty Images
Oskar Groening, el llamado “contador de Auschwitz” falleció sin pagar su condena.

Reinhold Hanning fue condenado en 2016 -a los 95 años de edad- por cooperar con la muerte de 170.000 personas en Auschwitz, donde trabajó como guardia de las SS. Aunque durante el juicio dijo estar avergonzado por haber presenciado las muertes sin hacer nada para evitarlas, negó ser culpable de las mismas y apeló la sentencia. Murió al año siguiente sin haber ido a la cárcel.

En 2020, una corte de Hamburgo sentenció a Bruno Dey, un exguardia del campo de concentración de Stutthof, por haber colaborado con el asesinato de las 5.230 personas fallecidas en ese centro mientras él trabajó allí.

Sin embargo, como él era adolescente cuando ocurrieron los hechos fue procesado por un tribunal juvenil y fue recibió una sentencia suspendida de dos años de cárcel.

Bruno Dey.

Getty Images
Bruno Dey intentó ocultar su rostro usando carpetas en las audiencias del juicio en el que fue condenado por colaborar en el asesinato de 5.230 personas.

Aunque han tenido mucha visibilidad, el hecho de que se trate de juicios contra exfuncionarios de bajo rango que ahora están tan mayores y que, hasta ahora, no han cumplido sus sentencias de forma efectiva ha llevado a algunos críticos a cuestionar si tiene sentido seguir con estos procesos.

“Creo que no hay ninguna razón para que una persona tenga inmunidad ante la justicia criminal debido a que era un funcionario de bajo rango”, dice Todd Buchwald, exembajador y coordinador especial de Justicia Criminal Global de Estados Unidos, a BBC Mundo.

Indica que estos juicios tienen muchos objetivos incluyendo llevar a la justicia a algunos de los responsables de las terribles atrocidades que se cometieron, crear un registro histórico de lo que ocurrió y fortalecer el mensaje disuasorio para todos aquellos funcionarios de bajo nivel que en el futuro se encuentren en una situación en la que se vean tentados a pensar que por su bajo rango no pagarán por estos crímenes.

“No está bien ayudar a perpetuar semejantes atrocidades, así que conviene reforzar el mensaje disuasorio de cara al futuro”, señala Buchwald.

“Los crímenes que se cometieron en Alemania fueron tan devastadores que entiendo bien el esfuerzo por intentar llevar ante la justicia a quienes tuvieron responsabilidad en lo ocurrido”, concluye.

 

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