Enfrentamientos y 100 muertos en una semana: la crisis en Guanajuato
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Amenazas, enfrentamientos y 100 asesinatos en una semana: la crisis de violencia en Guanajuato

El estado atraviesa la mayor crisis de violencia de la que haya registro en medio de la guerra entre grupos del crimen organizado. Ya suman 40 policías caídos en lo que va del año, mientras que los homicidios se han disparado 448% en cinco años.
Cuartoscuro
4 de junio, 2020
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Guanajuato atraviesa momentos críticos. En los últimos siete días casi 100 personas han sido asesinadas en el estado, entre ellas cuatro policías, en medio de enfrentamientos, emboscadas, ataques directos, atentados con granadas, y amenazas de grupos criminales de extender su guerra hasta las últimas consecuencias.

La crisis de violencia se ha generalizado en la entidad. Los partes oficiales de la Fiscalía General de Justicia estatal arrojan, tan solo en esta semana, asesinatos y atentados en 14 municipios distintos de todas las regiones de Guanajuato.

Leer más: Asesinan a balazos a 8 personas en Apaseo el Alto, Guanajuato

El 80% de los homicidios, de acuerdo con estimaciones del Gabinete de Seguridad Federal, están directamente relacionados con el crimen organizado y en concreto con la disputa entre cárteles rivales. Apenas el lunes pasado uno de esos grupos colocó mantas gigantes en 13 alcaldías para amenazar a sus contrarios y a todos los que los apoyen.

David Saucedo, analista y consultor de seguridad en Guanajuato, dice que el estallido de violencia tiene su origen en 2014, cuando integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CNJG) irrumpieron en la entidad, quebrando una especie de tregua que existía entre carteles locales. A partir de ahí la escalada de violencia no se ha detenido.

Los datos oficiales lo confirman. De 2015 a 2020 la cifra de asesinatos se ha disparado casi 448%. Es un incremento de la violencia homicida, sostenido año con año, que no se ha presentado en ningún otro estado.

Hay municipios, dice el especialista, que están totalmente cooptados por el crimen organizado con todo y gobiernos municipales. “Los cárteles ponen y quitan a los funcionarios, no solo manejan actividades delictivas” advirtió.

 ¿Y las autoridades de seguridad? Las fuerzas locales registran 40 policías asesinados en lo que va del año, mas que ningún otro estado. Son superadas en numero de efectivos y en poder de fuego por las organizaciones criminales.

A nivel federal, en tanto, el despliegue no ha tenido mayor incidencia lo que ya originó molestia en los niveles mas altos del gabinete. Hace unas semanas se ordenó el cambio de los jefes de la zona militar y de Guardia Nacional en un intento por darle un giro a la estrategia.

Tiempos violentos

Las cifras sobre seguridad que a diario publica el gabinete de seguridad muestran que entre el 27 de mayo y el 2 de junio fueron asesinadas 93 personas en Guanajuato. Si se toma en cuenta que al ser un conteo en tiempo real tiene un subregistro de 10 a 20%, la cifra de homicidios es superior a los 100 casos en este lapso.

Tan solo el pasado martes 2 de junio se registraron en la entidad 20 asesinatos en el conteo preliminar, lo que ubica a este día entre los cinco mas violentos de lo que va del año.

De acuerdo con los partes oficiales, entre los ataques registrados el martes pasado se encuentra una agresión en el exterior de una vulcanizadora sobre la carretera panamericana entre Celaya y Salamanca en la que se detonaron granadas que generaron un incendio y se accionaron armas de fuego. El saldo fue de dos personas muertas.

Esta no es la primera vez que se utilizan este tipo de explosivos en ataques en el estado. Apenas la noche del pasado 23 de marzo un comando atacó el establecimiento “Negros Bar” en Celaya con armas de fuego y al menos dos granadas. El saldo en aquel día fue de cuatro muertos y seis personas heridas.

La madrugada del 2 de enero también se registró otro multihomicidio. Seis personas que se encontraban comiendo en un puesto de alimentos en la carretera 2190 a la altura del municipio de San Luis de la Paz fueron asesinadas a balazos por sujetos armados que simplemente llegaron y les dispararon.

Entre las víctimas de las agresiones registrados en la última semana también ha habido policías. El 1 de junio, tres agentes de la Policía Ministerial de la entidad que se encontraban en una diligencia encalles de la colonia Fraccionamiento del Bosque, en Celaya, fueron emboscados por varios sujetos que les dispararon en múltiples ocasiones.

El saldo de dicho ataque fue de dos policías muertos por heridas en la cabeza, mientras que una tercera gente de 26 años también resultó herida, pero sobrevivió, y se le trasladó a un hospital donde se encuentra estable. El ataque fue tal que dos camionetas que se encontraban en el punto fueron alcanzadas por varios impactos.

Un día antes, en el mismo municipio de Celaya, dos policías municipales fueron atacados con múltiples disparos mientras se encontraban dentro de un automóvil modelo Jetta, color negro, con placas de Ciudad de México, en la avenida Irrigación. Ninguno de ellos sobrevivió.

En total, la Fiscalía del Estado reportó tan solo en la última semana distintos hechos de violencia en 14 municipios: León, Celaya, Irapuato, Silao, Acámbaro, Uriangato, Dolores Hidalgo, San Luis de la Paz, Jerécuaro, Salamanca, Moroleón, Victoria, San Diego de la Unión y San Miguel de Allende.

Entérate: En plena pandemia los homicidios suben en 18 estados y suman más de 6 mil los asesinatos

Por otra parte, cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) arrojan que en el primer cuatrimestre de 2020 se reportaron 1 mil 534 víctimas de homicidio doloso en Guanajuato, cifra que equivale a un crecimiento de casi 448% de asesinatos en un periodo de cinco años.

La curva de la violencia homicida ha sido ascendente y sostenida. Mientras en el primer cuatrimestre de 2015 se reportaban 280 víctimas de homicidio doloso, para 2016 la cifra creció a 297; en 2017 crecieron hasta los 455 casos; en 2018 se dispararon hasta los 1 mil 4. Para 2019, los homicidios de enero a abril continuaron en ascenso con 1 mil 237 casos.

El nivel de violencia en 2020 en Guanajuato es tal que los 1 mil 534 asesinatos registrados en el primer cuatrimestre representan el 13% de todos los asesinatos cometidos en el país, al menos 1 de cada 10 homicidios cometidos en México ocurren en Guanajuato.

Entre las víctimas que ha cobrado la violencia en el estado se encuentran decenas de policías. Datos de la organización Causa en Común indican que hasta el pasado 31 de mayo 38 agentes de seguridad publica y de investigación locales habían sido asesinados. A los que ya se suman dos mas registrados el 1 de junio.

Se trata, y por mucho, del estado que registra la mayor cantidad de policías locales asesinados en 2020. Le siguen Chihuahua con 20 policías caídos en el cumplimiento de su deber, y Veracruz con 19.

La narcoguerra, sus etapas y el cambio de mando

Este 3 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció en su habitual conferencia de prensa que los homicidios son un problema de seguridad que el gobierno aun no logra resolver, pero destacó a Guanajuato como el foco rojo. Prueba de ello, dijo, es que dicho estado concentró el 28% de los homicidios del 2 de junio.

El presidente atribuyó dicha violencia al enfrentamiento entre grupos criminales que no mencionó por su nombre, pero que dijo mantienen una fuerte disputa por el territorio, conflicto heredado desde el sexenio pasado.

Los hechos y los especialistas le dan la razón al presidente. Apenas el pasado lunes el grupo criminal denominado Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) colocó mantas en 13 municipios distintos —entre ellos Celaya, Irapuato, Silao y Salamanca— en donde advierten que asesinarán a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a todos aquellos que les brinden apoyo.

Estimaciones del gabinete de seguridad federal arrojan que al menos 8 de cada 10 homicidios que a diario se comenten en Guanajuato están vinculados con el crimen organizado, mas que en ningún otro estado.

“Lo que hay aquí es una guerra, una guerra que ha sido muy prolongada que inició hace mas de cinco años pero que se ha ido agravando. Una guerra en donde las autoridades locales han sido infiltradas y rebasadas, mientras que las federales han fracasado en ponerle un alto”, dice el consultor de seguridad David Saucedo.

El experto explica que este conflicto ha pasado por tres fases. La primera inició cuando el CJNG decidió a finales de 2014 comenzar una agresiva expansión en el país, lo que en Guanajuato se tradujo como una invasión a territorios que, en ese momento, eran controlados por grupos locales que mantenían un pacto de no agresión. Entre esos grupos estaban, por ejemplo, el CSRL, la “Unión de León”, remanentes de los Caballeros Templarios, de Los Zetas, entre otros.

Saucedo explica que las autoridades locales optaron por una especie de “repliegue”, a la espera de que un grupo tomara el control y ganara la disputa, lo que en otros estados como Guerrero ha traído un descenso de homicidios. El problema es que en Guanajuato eso no ocurrió:  las disputas entre grupos continuaron sin un claro vencedor y los homicidios comenzaron a escalar.

La segunda fase de “la guerra” comenzó en 2019 cuando el actual gobierno federal definió como prioridad el combate al robo de combustible, actividad criminal que en Guanajuato estaba bajo control casi exclusivo del CSRL liderado por José Antinio Yepez, el Marro. Ello provocó que la ofensiva oficial se enfocara en contra de ese grupo en específico, lo que fue aprovechado por sus rivales para expandirse.

Y el nuevo problema, subraya Saucedo, es que el gobierno falló también en desarticular al CSRL y detener a “El Marro”, al tiempo en que se empoderó el CJNG en la entidad. 

Para 2020 el conflicto en Guanajuato llega a una tercera fase donde las fuerzas federales ahora intentan combatir al menos a los dos grandes cárteles, lo que a su vez ha sido aprovechado por el CSRL para pasar de una posición defensiva a una renovada ofensiva. Y recuperar así territorios.

En los hechos, detalla Saucedo, los grupos criminales en Guanajuato no son mas débiles que hace unos años, sino al contrario. Explica, por ejemplo, que el CSRL tiene presencia en 20 municipios del estado, y en ocho de ellos su presencia es hegemónica al punto de tener control de puestos clave en los gobiernos

“Controla a las direcciones de policía, maneja los presupuestos de obra pública y designa funcionarios de alto rango de los gobiernos municipales. La disposición de los alcaldes a ‘trabajar’ bajo este esquema es irrelevante. Algunos lo hacen bajo términos de amenaza y otros bajo una alianza mutuamente beneficiosa”, concluye el experto.

¿Cuál es el panorama que viene para Guanajuato? Saucedo dice que se requiere una nueva estrategia y pronto. Si bien desde el año pasado se ha incrementado la presencia de fuerzas armadas y de Guardia Nacional, hasta ahora no ha tenido repercusión alguna para frenar la violencia. Ni siquiera la contingencia sanitaria tuvo algún efecto.

Una buena señal es el cambio reciente de los mandos federales en el estado. En mayo fue removido el comandante en Jefe de la Guardia Nacional en el estado José Martin Luna, y en su lugar fue designado el comisario Héctor Ortiz Caletty. De la misma forma se designó al general Norberto Cortes Rodriguez, como nuevo comandante de la XII Región Militar en Guanajuato.

“Estos cambios confirman que todas las acciones implementadas en 2019 y en el arranque de este año fueron un fracaso. Esperemos que haya ahora una nueva estrategia porque derrotar a los cárteles no es una cosa inmediata, se requieren de dos o tres años. El panorama no es alentador”, concluyó.

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Bukele contra las maras: policías denuncian que los obligan a cumplir cuotas de detenciones en la guerra contra las pandillas

Representantes del gremio policial advierten que la detención masiva de pandilleros es una “bomba de tiempo” para un sistema carcelario que ya está sobrepoblado.
19 de abril, 2022
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Los policías capturaron a dos mujeres sospechosas de colaborar con las pandillas en El Salvador. Cuando las trasladaban en una patrulla, el inspector dijo a los agentes que incluyeran en su reporte a tres personas arrestadas en otros operativos como parte del régimen de excepción que aprobó el Congreso a finales de marzo para combatir a las maras.

Los agentes se negaron. El inspector advirtió que si no acataban la orden de presentar a los cinco detenidos dentro de un mismo procedimiento, serían enviados al otro extremo de El Salvador.

Finalmente fueron trasladados y los agentes lo denunciaron en un informe enviado a Marvin Reyes, secretario general del Movimiento de Trabajadores de la Policía, y al que tuvo acceso BBC Mundo.

Reyes explica a BBC Mundo que ese incidente fue el detonante que llevó al sindicato de la policía salvadoreña a denunciar que los jefes policiales exigen cuotas diarias de arrestos a sus agentes en un momento en el que el gobierno del presidente Nayib Bukele se propone capturar a 20.000 miembros de pandillas.

Bukele reclamó al Congreso que aprobara un régimen de excepción, que entra en su cuarta semana, y a modificar el código penal tras el aumento de homicidios el último fin de semana de marzo.

Esas medidas forman parte de lo que Bukele llama “guerra contra las pandillas” y por la que asegura que ya han sido detenidas 10.000 personas.

El sindicato policial asegura haber recibido 15 denuncias de imposición de cuotas de detención en seis de los 14 departamentos que conforman el país.

En BBC Mundo hablamos con Marvin Reyes, que denuncia las presiones pero comparte las medidas impulsadas por Bukele y el Congreso, de mayoría oficialista, contra las maras.

BBC Mundo solicitó al gobierno de Bukele y al comisionado de la Policía, Mauricio Arreaza Chicas, un comentario sobre la denuncia pero hasta el momento de la publicación no obtuvo respuesta.


Marvin Reyes

Marvin Reyes
Marvin Reyes es el secretario general del movimiento de trabajadores de la Policía Nacional Civil de El Salvador.

¿Qué está pasando con las detenciones de los pandilleros durante el régimen de excepción?

Algunos oficiales que dirigen unidades policiales en diferentes partes del país están imponiendo cuotas de detenidos por día. Por ejemplo, en el municipio de Ciudad Delgado, en San Salvador, le están imponiendo a cada patrulla seis detenidos por día. Los compañeros que están en esa zona dicen que no pueden llegar a veces a ese número porque ya no hay pandilleros allí, han huido a otros sectores para esconderse.

No estamos en una competencia para ver qué unidad policial captura más pandilleros. El objetivo de esto es sacar de circulación a aquellos delincuentes que están vinculados a las pandillas. Para eso hay mecanismos, los aparatos de inteligencia ya tienen identificadas las estructuras de las pandillas, los que colaboran con ellos.

Los esfuerzos de los agentes de la policía están enfocados hacia esta gente, pero no para generar un aspecto de presión para que lleguen a un determinado número. En eso no estamos de acuerdo, porque se está empujando al policía a que capture incluso a alguien que no tenga que ver con pandillas, y para llenar ese cupo, meterlo ahí junto con los demás.

¿Qué dicen los jefes policiales? ¿Qué han respondido después de estas denuncias?

Absolutamente nada. No responden, ignoran las denuncias que se están haciendo. Y el director de la policía, el comisionado Mauricio Arreaza Chicas, tampoco responde. Él no está intercediendo por la gente, simplemente está ignorando las acciones que están cometiendo jefes territoriales. El director debería interceder y evitar que se generen estos traslados.

Nayib Bukele

Getty Images
El presidente Nayib Bukele pidió al Congreso aprobar la medida del régimen de excepción.

¿Es verdad que recibieron la orden de detener a los pandilleros de la MS-13 y no a los de Barrio 18?

Es verdad. Hemos recibido muchas denuncias de varios departamentos del país donde los oficiales le han dicho al personal que tienen bajo su mando que no detengan a pandilleros de Barrio 18, no importa si es la facción sureña o revolucionaria. Que se enfoquen en los de la pandilla MS.

No sabemos cuál es el motivo. Los oficiales dicen al personal que son órdenes superiores. Eso es lo único que hasta el momento hemos podido recabar porque no hemos encontrado una razón.

¿Es factible detener a más de 10.000 personas en dos semanas, como ha informado el gobierno?

Sí, porque la policía lleva sus registros de personas detenidas con lujo de detalles.

Manos esposadas.

Getty Images
Los hombres que llevan tatuadas marcas de las pandillas son detenidos en El Salvador.

¿Qué diferencia hay entre el régimen de estado de excepción y otros operativos de seguridad anteriores que se han aplicado para combatir a las pandillas?

El código penal ha sido modificado para que la sola pertenencia a las pandillas sea motivo de delito. Para un miembro de pandillas son 30 años de cárcel. Para un colaborador son 15. Eso no existía antes. Era muy difícil establecer que un sujeto pertenecía a una pandilla, había que reunir alrededor de 12 requisitos por cada pandillero. Ahora es más rápido.

Sabemos que un tipo que anda tatuado claramente pertenece a la pandilla y va preso. Mediante los aparatos de inteligencia de la policía, entrevistas y otros parámetros, se tienen que establecer indicios para determinar la pertenencia a la pandilla de quienes no están tatuados y aplicar la ley.

Aquí hay mucha gente que ha estado colaborando con las pandillas.

Mucha gente ha vivido a expensas de estas colaboraciones y tienen carros y casas lujosas. No se tatúan y pasan como personas normales, pero están colaborando directamente con las pandillas. Esta gente también va presa y lleva 15 años de cárcel.

¿Existe el riesgo de que por ser ahora un proceso más expedito metan presa gente inocente?

Eso es lo que no se debe hacer. En la policía no debe existir el margen de error porque no podemos estar metiendo gente inocente a la cárcel. Es el cuidado que se tiene que tener para establecer plenamente aquellos que no están vinculados a la pandilla.

El Salvador

Getty Images

¿En cuánto se estima la población pandillera de El Salvador?

Estimamos que son alrededor de 70.000 pandilleros solo de la MS a nivel nacional. Hay que multiplicar los colaboradores por cinco o seis. Sobre la 18 hablamos de unos 20.000 a nivel nacional. Hablamos aproximadamente de unos 100.000 pandilleros diseminados por todo el territorio de El Salvador.

¿Qué impacto pueden tener estas detenciones masivas en la población carcelaria?

Esto es una bomba de tiempo. Ya había una sobrepoblación, quizás del 200% o 300% en casi todas las cárceles del país. Y meter a esta gran cantidad de detenidos va a generar más problemas de los que ya tiene el régimen carcelario. Las cárceles no tienen la capacidad ni están diseñadas para albergar a esa gran cantidad de población. Se va a sobresaturar el sistema.

Las autoridades de centros penales tendrán que buscar un mecanismo para contener a toda esta gente. Buscar algún edificio temporal que puedan adecuar rápidamente para mover a tanta gente. Las bartolinas de la policía, las cárceles pequeñas preventivas dentro de cada base policial, son limitadas. Las más grandes pueden contener 125 personas máximo.

Hombre detenidos en una prisión en El Salvador

Getty Images
Marvin Reyes asegura que las detenciones agravarán el hacinamiento carcelario en El Salvador.

¿Es posible que las pandillas aprovechen las cárceles como un espacio para encontrarse y reorganizarse?

Podría ser. Es una gran posibilidad porque el delincuente siempre está buscando la manera de contrarrestar o superar las acciones de las autoridades, sobre todo los planes de seguridad y los métodos carcelarios. Lógicamente ellos van a tratar de causar inestabilidad dentro del sistema penitenciario.


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