La Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León, actual Fiscalía General del Estado, extravió el expediente original de las averiguaciones previas sobre la masacre de Cadereyta, en la que 49 torsos fueron hallados el 13 de mayo de 2012.
Un comunicado emitido por la propia FGE reconoce que el 3 de enero de 2018 envió la documentación a la entonces Procuraduría General de la República, en la Ciudad de México, mediante la empresa de paquetería Redpack.
El envío fue siguiendo la recomendación 8VG/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que instruyó para que fuese la PGR la que se hiciese cargo de la investigación. La empresa nunca llegó a entregar el expediente y, por causas que se desconocen, terminó destruyéndolo, según dice el comunicado de la fiscalía.
Según la versión de la FGE de Nuevo León, “la paquetería no entregó dicho expediente y reportó posteriormente haberlo considerado como paquete abandonado, supuestamente por no encontrar al destinatario”.
Posteriormente, esta misma empresa “informó a la ahora FGR, de manera extraoficial, que los paquetes abandonados son destruidos por procedimiento interno, sin tener evidencia de que eso haya ocurrido”.
“La FGR reportó a la FGE no haber recibido el expediente, por lo que se hizo la reposición del mismo con las constancias certificadas que se encontraban como constancia del mismo”, dice el comunicado, que asegura que la reposición fue recibida el 24 de mayo de 2019.
El extravío de los documentos fue denunciado el 13 de mayo por la Fundación por la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que representa a nueve de las víctimas, migrantes hondureños que fueron identificados en 2013. Ese día se cumplían ocho años de la masacre.
Dos semanas después, la FGE reconoce que las averiguaciones previas 121/2012-I-1 fueron destruidas.
La pregunta que se hace Ana Lorena Delgadillo, directora de la fundación, es si fue repuesto todo lo que se había enviado. “Cuando hay una pérdida de un expediente hay una obligación de reponer. Pero una cosa son las constancias que están escritas y otra cosa es qué enviaron”, dice.
Según denuncia Delgadillo, en el lugar de los hechos apareció una manta y otras evidencias. “No sabemos qué ocurrió con ellas”, dice.
Animal Político consultó a la FGR y, al cierre de la nota, la confirmación era que el expediente está en su poder. Sin embargo, queda la duda de qué pudo destruirse en el proceso.
Fuentes de la FGE aseguraron que se repuso todo el expediente y no de forma parcial. Sin embargo, el oficio 1202/D.11/2019 del 22 de marzo, suscrito por Luis Enrique Orozco Suárez, vicefiscal del Ministerio Público de la FGJE, habla tanto del expediente como de “objetos relacionados”.
“Una cosa es el expediente en sí y otra es la evidencia. Esto puede caer en evidencia penal”, dijo Delgadillo.
La Fundación ha presentado una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y espera recibir el informe de fiscalía para iniciar una solicitud de investigación a asuntos internos “para definir la responsabilidad administrativa y penal”.
“Nosotros no vamos a dejar de hacer todas las diligencias. Queremos que se haga justicia con nuestras familias. Decir que destruyeron me hace suponer quién ordena esta destrucción”, dijo José Dolores Suazo Mejías, hermano de Fabricio, identificado como uno de los 49 cuerpos hallados en Cadereyta en 2012. El hermano de la víctima mostró su extrañeza porque el expediente de la investigación se enviase a través de una empresa de paquetería.
El 13 de mayo de 2012 fueron hallados 49 torsos en Cadereyta, Nuevo León. A día de hoy únicamente 17 han sido identificados. Hasta el momento no hay ninguna persona señalada por la masacre.
