Veracruz: la desaparición forzada de 6 jóvenes que sigue impune
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Caso Formando Hogar: la desaparición forzada de 6 jóvenes en Veracruz que sigue impune

La SCJN analiza la actuación de las autoridades en este caso y el incumplimiento de México obligaciones internacionales en materia de desapariciones forzadas. El próximo 15 de junio se estrena un cortometraje documental del caso.
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14 de junio, 2020
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La colonia Formando Hogar cerca del centro del Puerto de Veracruz alberga una historia de corrupción y otra de terror.

En sus calles se encuentran los domicilios de más de una decena de empresas fantasma a través de las cuales se desviaron miles de millones de pesos en el gobierno de Javier Duarte. Sus habitantes de bajos recursos fueron convertidos en falsos empresarios para culminar el fraude.

Pero la misma colonia también fue el escenario en el que hace casi siete años, en diciembre de 2013, seis jóvenes fueron detenidos en un operativo coordinado a cargo de elementos de la policía ministerial de Veracruz y de la Secretaría de Marina. ¿La razón de esa detención? Desconocida, pero fue la última ocasión en que dichos jóvenes fueron vistos con vida.

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La desaparición forzada de Víctor Álvarez Damián, Pablo Darío Miguel Hernández, José Ignacio Cruz González, José Armando Cortés Arrioja, Yonathan Isaac Mendoza Berrospe y Marco Antonio Ramírez Hernández es un crimen y una violación grave a los derechos humanos que hasta el día de hoy continua impune. Pese a que ya ha habido tres cambios de gobierno y de fiscales, las carpetas de investigación siguen abiertas, pero sin ningún avance.

Ni siquiera las acciones urgentes ordenadas en este caso por el Comité Contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas han ayudado. De hecho, la Fiscalía de Veracruz decidió ignorarlas. Tampoco han servido de mucho los amparos ganados por los familiares para agilizar el caso.

En su momento, altos mandos de la policía de Veracruz fueron detenidos y procesados por otras desapariciones, pero varios han quedado libres. En contra del propio Javier Duarte hay una orden de aprehensión por desaparición forzada que no ha podido ejecutarse pues se encuentra atorada en el trámite, de acuerdo con los datos a los que Animal Político tuvo acceso.

Entérate: Las sedes de la red de empresas de Veracruz son casas, tienditas y lotes baldíos

El “Caso Formando Hogar”, como se le conoce a la desaparición de los seis jóvenes señalados, está ahora en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El Máximo Tribunal decidió atraer el expediente no solo para revisar de fondo las fallas en la investigación, sino además la desatención del Estado mexicano a instancias internacionales como el comité para las desapariciones de Naciones Unidas.

“Lo que ha pasado aquí es que México ratifica instrumentos internacionales que luego no respeta. Y esto debería ser una obligación. Mas aun en el tema de desapariciones forzadas, pues es el segundo país en el mundo con mas acciones urgentes emitidas por el Comité de Naciones Unidas en la materia. Por eso la resolución que la Corte tome puede sentar un precedente no solo para este caso sino todos los demás”, dijo Jérémy Renaux, subdirector de I(DH)EAS, organización civil que promovió junto con los familiares los amparos.

Un cortometraje documental titulado “Abrir la Tierra” dirigido por Alejandro Zuno, que retrata la historia de uno de los jóvenes desaparecidos y la lucha de su madre por encontrarlo, será exhibido en el programa de cine en línea del Festival Internacional de cine de Morelia a partir de 15 de junio.

Los seis desaparecidos ¿Quiénes eran?

Entre el 6 y el 11 de diciembre de 2013, agentes ministeriales y marinos implementaron operativos en la colonia Formando Hogar para detener a una docena de jóvenes. De acuerdo con testigos, los policías llevaban consigo fotografías de las personas que estaban buscando. Las detenciones fueron arbitrarias desde un inicio. No había ordenes de aprehensión y no se estaban cometiendo delitos en flagrancia.

Una parte de los detenidos fueron liberados, pero hubo seis jóvenes que nunca regresaron. Su estatus oficial es de desaparecidos porque tampoco se han encontrado cuerpos o restos que coincidan con ellos. Hay testigos que, en su momento, afirmaron haberlos visto en comisarias de policía, pero por temor a amenazas nunca lo declararon oficialmente. Las víctimas son:

Víctor Álvarez Damián. El joven tenía 16 años cuando desapareció el 11 de diciembre de 2013. El día de los hechos los policías lo sacaron de la “Aceitera Remy” donde trabajaba debido a una supuesta denuncia por robo interpuesta por su jefe. Era mentira. La denuncia no existía y el joven nunca llegó a agencia alguna del Ministerio Público.

Pablo Darío Miguel Hernández. El joven le había dicho a su madre que quería ser misionero y que pronto trabajaría para comprarle una casa. Fue una de las últimas charlas que tuvieron. A las 9:30 de la noche del 6 de diciembre se encontró con los agentes cuando caminaba a una tienda de autoservicio. Nunca más volvió a ser visto.

Yonathan Mendoza Berrospe: Al joven le gustaba el deporte y la música. Participaba en los festivales de la zona. El 11 de diciembre de 2013, aproximadamente a las 2:30 de la tarde, los policías irrumpieron en el domicilio donde vivía con su madre y lo sacaron arrastrando. Su madre, Angélica, le gritó que lo buscaría. Hasta hoy lo sigue haciendo.

José Armando Cortes Arrioja: El joven tenía 23 años y trabajaba en la empresa Astilleros de México. La noche del 6 de diciembre se reunió con dos amigos y acudió al bar “El Partido” que visitaban con frecuencia. “Pensé que mi hijo regresaría pronto, como siempre, pero esa fue la última vez que pude verlo”, dice su madre.

Marco Antonio Ramírez Hernández: El joven trabajaba habitualmente con su papá como cargador de escombros transportados en camiones de volteo. Trabajaba horas extra para poder vestir y alimentar a su hija de 4 años. En uno de sus descansos, en la tarde del 11 de diciembre, los agentes vestidos de civil lo sometieron mientras platicaba con una amiga y lo metieron a una camioneta con logos de la Fiscalía. No se supo más de él hasta la fecha.

José Ignacio Cruz González: El joven desapareció junto con los demás la tarde del viernes 6 de diciembre cuando se encontraba cerca de un establecimiento comercial. Su familia intentó denunciar el hecho la mañana del sábado siguiente en el Ministerio Público local pero les dijeron que “era fin de semana y estaba cerrado”. Tuvieron que esperar hasta el lunes para que se iniciara la averiguación previa.

Impunidad bajo juicio

Tras la desaparición de los jóvenes y la denuncia de los familiares, la Fiscalía General de Justicia del estado de Veracruz inició diversas averiguaciones previas que se terminaron acumulando en el expediente 1293/2013/I/VER/12 por el presunto delito de desaparición forzada. El objetivo de la indagatoria era dar con el paradero de las víctimas, así como identificar y proceder penalmente en contra de los responsables.

Pero seis años y medio de distancia los resultados son inexistentes. La investigación se mantiene abierta, sin ningún tipo de determinación.

En 2018, al resolver una demanda de amparo promovida por las víctimas, un juez federal analizó la actuación de la Fiscalía y confirmó que ésta había violado los derechos constitucionales de las víctimas a una justicia pronta, eficaz y expedita.

“Al integrar la indagatoria la autoridad no ha logrado establecer líneas de investigación que le permitan abordar el problema planteado y determinar puntualmente el objeto de la investigación, es decir, no ha establecido los patrones teniendo en cuenta el contexto en que ocurrieron los hechos (una desaparición múltiple), desatendiendo su deber de realizar una investigación inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial”, señala la resolución judicial.

En su sentencia, el juez repasa múltiples indicios en el caso a los que la Fiscalía no les dio correcto seguimiento y que van desde el nulo análisis de datos obtenidos a través de la geolocalización de los teléfonos celulares de las víctimas, hasta la falta de cruces de muestras de ADN recabadas a los familiares con muestras de otros casos en Veracruz y en otras entidades.

Las irregularidades en el caso llegaron al punto en que la fiscalía se negó a entregarle a las víctimas copias de las indagatorias iniciadas, pese a que se trata de un derecho básico.

Ante la falta de avance de esta indagatoria, el 15 de marzo de 2017 el Comité Contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas emitió el oficio AU 281/2016 para que se implementaran una serie de acciones urgentes para agilizar las indagatorias, recabar y resguardar las pruebas del caso, dar protección a las víctimas y posibles testigos, entre otros.

Pero nada de lo anterior ocurrió y, de hecho, la Fiscalía incluso omitió dar respuesta al oficio. Este fue el punto que detonó que el expediente haya sido atraído y asumido por la SCJN dado que podría representar una violación a convenciones internacionales que nuestro país está obligado a respetar.

Jérémy Renuax, subdirector de I(DH)EAS Litigio Estratégico, organización que ha acompañado a los familiares en estas demandas, dice que la intervención de la Corte en el caso es trascendental, porque podría marcar una línea clara en torno a las obligaciones que tiene México de respetar y acatar la jurisdicción del derecho internacional.

En el tema específico de las desapariciones forzadas esto es aun de mayor relevancia, dado que de acuerdo con los registros del Comité Contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas México es el segundo país del mundo al cual se le han dirigido mas acciones urgentes con un total de 361, solo detrás de Irak que acumula 463.

En ese contexto la Primera Sala de la SCJN atrajo el caso. La ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena está a cargo de la elaboración de resolución del proyecto que se prevé sea presentado en las próximas semanas.

¿Y Javier Duarte?

En 2018 un juez penal de Veracruz giró una orden de aprehensión en contra de Javier Duarte por el delito de desaparición forzada. Esto a petición de la Fiscalía de Justicia local que acusó al gobernador de encubrir por acción u omisión las desapariciones sistemáticas perpetradas por las fuerzas de seguridad durante su gobierno.

Pero dicha orden de aprehensión sigue sin ejecutarse hasta la fecha debido a un proceso diplomático que ha resultado lento y burocrático. El obstáculo surge a partir de que Duarte fue detenido en Guatemala y extraditado a México solo por delitos de corrupción, por lo que ahora se requiere un permiso especial del país centroamericano para sumarle un nuevo proceso.

De inicio México se tardó un año en presentar, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la solicitud formal a Guatemala para que se autorice el procedimiento. Desde ahí no habido una resolución.

En febrero pasado la SRE informó a Animal Político través del oficio CTA-018/2020 que el gobierno de Guatemala continuaba con el estudio de la solicitud presentada por nuestro país.

“Abrir la Tierra”

A partir del próximo 15 de junio, en el marco del programa de cine en línea del Festival Internacional de Cine de Morelia se comenzará a proyectar el cortrometraje documental “Abrir la Tierra” que retrata la desaparición de los jóvenes de la colonia Formando Hogar en Veracruz.

La obra del director Alejandro Zuno aborda esta tragedia a partir del caso de Víctor Álvarez Damián y de la lucha de su madre, Perla Damián Marcial, por localizar a su hijo. Es esa batalla la que la llevará a conocer a otras madres en la misma situación y a fundar el “Colectivo Solecito” que, hasta la fecha, no solo impulsa movilizaciones para exigir respuestas de las autoridades, sino también la búsqueda activa lo que incluso ha derivado en hallazgos de fosas clandestinas.

El documental forma parte además de la selección del “Literally Short Fil Festival” que estaba programado para llevarse a cabo en la ciudad de Houston, Texas del 3 al 17 de junio, pero que debido a la contingencia sanitaria se está realizando en línea.

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La mujer chilena que quiere que le dejen interrumpir su embarazo tras tomar anticonceptivos defectuosos

Más de 170 mujeres quedaron embarazadas luego de que el sistema de salud público chileno les diera anticonceptivos defectuosos. Esta es la historia de una de ellas.
20 de marzo, 2021
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Fue en octubre del año pasado cuando Javiera*, de 32 años, descubrió que estaba embarazada.

La noticia le resultó sorprendente. Hacía tres años que tomaba anticonceptivos.

Sin embargo, el test salió positivo.

La mujer descubrió entonces que no era la única.

Ella y otras 170 mujeres en Chile habían sido víctimas de un escándalo que ha golpeado fuertemente al sistema de salud público de ese país: la administración, por error, de anticonceptivos defectuosos a miles de mujeres.

La pastilla se llama Anullete CD, del Laboratorio Silesia S.A, y, hasta hace siete meses era repartida a más de 300.000 personas acogidas al programa de planificación familiar del Estado.

El Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile alertó de esta situación en agosto del año pasado, solicitando el retiro del mercado de estos anticonceptivos.

Pero la medida llegó demasiado tarde. El comprimido había estado en circulación por más de un año y las denuncias sobre embarazos no deseados aumentaban todos los días.

A pesar de que la mayoría de esas 170 mujeres ha optado por continuar con sus embarazos, Javiera decidió solicitar un aborto.

Así, el 17 de diciembre del año pasado, la joven se dirigió al Centro de Salud Familiar (Cesfam) donde la atendían y presentó su petición.

mujer embarazada

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La mayoría de las chilenas afectadas por los anticonceptivos defectuosos han decidido continuar con sus embarazos.

En Chile, la interrupción del embarazo está permitida bajo tres causales: la inviabilidad del feto, peligro de la vida de la madre o violación. Para las dos primeras, no hay límite en las semanas de gestación del embarazo.

Javiera se acogió a la segunda causal, argumentando que, producto de la situación en la que se encuentra, estaba sufriendo un importante daño psicológico y, en consecuencia, su vida estaba en peligro.

El Cesfam no respondió a su solicitud y entonces Javiera decidió acudir a los tribunales.

Argumentos del recurso de protección

Desbalance en su salud psíquica, crisis de pánico, angustia, falta de apetito, síntomas de desánimo e incluso carencia de motivación que le han impulsado a tener “ideas suicidas” fueron parte del cuadro de salud que la mujer esgrimió ante la justicia chilena.

La joven aseguró además que no cuenta con medios económicos ni redes de apoyo para cuidar a un hijo o hija, pues recién está dando los primeros pasos para ejercer su profesión técnica.

movimiento feminista chile

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El movimiento feminista en Chile ha abogado fuertemente por los derechos reproductivos de la mujer.

El recurso de protección presentado ante los tribunales por la defensa de Javiera -quien hoy ya tiene 23 semanas de embarazo-, plantea que el Cesfam donde se atendía tuvo un “actuar ilegal y arbitrario” al omitir la solicitud de aborto y solicita que se evalúe su estado psíquico con el fin de optar a una interrupción del embarazo.

Un fallo “significativo” para los derechos de las mujeres en Chile

Este miércoles, la Corte de Apelaciones de San Miguel, en Santiago, acogió el requerimiento de la joven, marcando un importante precedente para los derechos reproductivos de las mujeres en Chile.

En un fallo unánime, el tribunal resolvió que en el caso de Javiera hubo vulneración al derecho a la vida, integridad física y psíquica de la mujer, como también una vulneración a su derecho a la igualdad ante la ley.

Además, la sentencia concluyó que al no responder a la solicitud inicial de la mujer, el Cesfam había actuado, en efecto, no solo de forma “caprichosa” y “arbitraria” sino también “ilegal”.

La Corte de Apelaciones ordenó que dentro del plazo de cinco días el Centro de Salud Familiar evalúe a la mujer para determinar si se puede o no acoger a la causal de interrupción del embarazo.

De acuerdo con el dictamen, el Estado de Chile tiene una “obligación proactiva de cuidar la vida y la integridad física y psíquica de las personas” y “abandonó esta obligación desde que entregó anticonceptivos defectuosos”.

Los jueces, además, afirmaron que “la falta de medios físicos, espirituales, económicos y sociales” en un embarazo no deseado representa un riesgo vital en sí mismo, que muchas veces “perpetúa la precariedad de las mujeres”.

aborto manifestaciones

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En Chile, el aborto es legal solo en tres causales.

“Este fallo es muy significativo en la posibilidad de avanzar, tanto en términos jurídicos como sociales, en los derechos reproductivos de las mujeres en Chile”, dice a BBC Mundo la abogada Laura Dragnic, de la Corporación Miles, que representó a Laura en el requerimiento.

La abogada, además, asegura que la sentencia marca un precedente respecto a la ley de aborto en el país sudamericano.

“El fallo habla de la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho legal. Y eso es importante porque en general la interpretación de la ley de aborto en Chile es para circunstancias de extrema necesidad”, señala.

“Hasta ahora no se ha comprendido como un derecho propiamente. Y eso es muy significativo, sobretodo considerando las discusiones que se avecinan en cuanto al aborto legal dentro del proceso constituyente”, agrega.

Pero a Javiera todavía le queda camino por recorrer. La Cesfam deberá pronunciarse respecto a su salud y, luego, se resolverá si puede interrumpir o no su embarazo.

De todas maneras, la demora en el proceso no la ha ayudado. Con 23 semanas de embarazo, un aborto no es lo más recomendado.

Al respecto, Laura Dragnic afirma que la decisión la tomará una vez que exista una resolución final por parte del Cesfam.

*La organización querellante solicitó mantener la confidencialidad respecto al verdadero nombre de Javiera, con el fin de resguardar su privacidad.


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