Veracruz: la desaparición forzada de 6 jóvenes que sigue impune
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Caso Formando Hogar: la desaparición forzada de 6 jóvenes en Veracruz que sigue impune

La SCJN analiza la actuación de las autoridades en este caso y el incumplimiento de México obligaciones internacionales en materia de desapariciones forzadas. El próximo 15 de junio se estrena un cortometraje documental del caso.
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14 de junio, 2020
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La colonia Formando Hogar cerca del centro del Puerto de Veracruz alberga una historia de corrupción y otra de terror.

En sus calles se encuentran los domicilios de más de una decena de empresas fantasma a través de las cuales se desviaron miles de millones de pesos en el gobierno de Javier Duarte. Sus habitantes de bajos recursos fueron convertidos en falsos empresarios para culminar el fraude.

Pero la misma colonia también fue el escenario en el que hace casi siete años, en diciembre de 2013, seis jóvenes fueron detenidos en un operativo coordinado a cargo de elementos de la policía ministerial de Veracruz y de la Secretaría de Marina. ¿La razón de esa detención? Desconocida, pero fue la última ocasión en que dichos jóvenes fueron vistos con vida.

Lee: Fábrica de empresas fantasma desvió más de 3 mil 617 mdp de Veracruz

La desaparición forzada de Víctor Álvarez Damián, Pablo Darío Miguel Hernández, José Ignacio Cruz González, José Armando Cortés Arrioja, Yonathan Isaac Mendoza Berrospe y Marco Antonio Ramírez Hernández es un crimen y una violación grave a los derechos humanos que hasta el día de hoy continua impune. Pese a que ya ha habido tres cambios de gobierno y de fiscales, las carpetas de investigación siguen abiertas, pero sin ningún avance.

Ni siquiera las acciones urgentes ordenadas en este caso por el Comité Contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas han ayudado. De hecho, la Fiscalía de Veracruz decidió ignorarlas. Tampoco han servido de mucho los amparos ganados por los familiares para agilizar el caso.

En su momento, altos mandos de la policía de Veracruz fueron detenidos y procesados por otras desapariciones, pero varios han quedado libres. En contra del propio Javier Duarte hay una orden de aprehensión por desaparición forzada que no ha podido ejecutarse pues se encuentra atorada en el trámite, de acuerdo con los datos a los que Animal Político tuvo acceso.

Entérate: Las sedes de la red de empresas de Veracruz son casas, tienditas y lotes baldíos

El “Caso Formando Hogar”, como se le conoce a la desaparición de los seis jóvenes señalados, está ahora en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El Máximo Tribunal decidió atraer el expediente no solo para revisar de fondo las fallas en la investigación, sino además la desatención del Estado mexicano a instancias internacionales como el comité para las desapariciones de Naciones Unidas.

“Lo que ha pasado aquí es que México ratifica instrumentos internacionales que luego no respeta. Y esto debería ser una obligación. Mas aun en el tema de desapariciones forzadas, pues es el segundo país en el mundo con mas acciones urgentes emitidas por el Comité de Naciones Unidas en la materia. Por eso la resolución que la Corte tome puede sentar un precedente no solo para este caso sino todos los demás”, dijo Jérémy Renaux, subdirector de I(DH)EAS, organización civil que promovió junto con los familiares los amparos.

Un cortometraje documental titulado “Abrir la Tierra” dirigido por Alejandro Zuno, que retrata la historia de uno de los jóvenes desaparecidos y la lucha de su madre por encontrarlo, será exhibido en el programa de cine en línea del Festival Internacional de cine de Morelia a partir de 15 de junio.

Los seis desaparecidos ¿Quiénes eran?

Entre el 6 y el 11 de diciembre de 2013, agentes ministeriales y marinos implementaron operativos en la colonia Formando Hogar para detener a una docena de jóvenes. De acuerdo con testigos, los policías llevaban consigo fotografías de las personas que estaban buscando. Las detenciones fueron arbitrarias desde un inicio. No había ordenes de aprehensión y no se estaban cometiendo delitos en flagrancia.

Una parte de los detenidos fueron liberados, pero hubo seis jóvenes que nunca regresaron. Su estatus oficial es de desaparecidos porque tampoco se han encontrado cuerpos o restos que coincidan con ellos. Hay testigos que, en su momento, afirmaron haberlos visto en comisarias de policía, pero por temor a amenazas nunca lo declararon oficialmente. Las víctimas son:

Víctor Álvarez Damián. El joven tenía 16 años cuando desapareció el 11 de diciembre de 2013. El día de los hechos los policías lo sacaron de la “Aceitera Remy” donde trabajaba debido a una supuesta denuncia por robo interpuesta por su jefe. Era mentira. La denuncia no existía y el joven nunca llegó a agencia alguna del Ministerio Público.

Pablo Darío Miguel Hernández. El joven le había dicho a su madre que quería ser misionero y que pronto trabajaría para comprarle una casa. Fue una de las últimas charlas que tuvieron. A las 9:30 de la noche del 6 de diciembre se encontró con los agentes cuando caminaba a una tienda de autoservicio. Nunca más volvió a ser visto.

Yonathan Mendoza Berrospe: Al joven le gustaba el deporte y la música. Participaba en los festivales de la zona. El 11 de diciembre de 2013, aproximadamente a las 2:30 de la tarde, los policías irrumpieron en el domicilio donde vivía con su madre y lo sacaron arrastrando. Su madre, Angélica, le gritó que lo buscaría. Hasta hoy lo sigue haciendo.

José Armando Cortes Arrioja: El joven tenía 23 años y trabajaba en la empresa Astilleros de México. La noche del 6 de diciembre se reunió con dos amigos y acudió al bar “El Partido” que visitaban con frecuencia. “Pensé que mi hijo regresaría pronto, como siempre, pero esa fue la última vez que pude verlo”, dice su madre.

Marco Antonio Ramírez Hernández: El joven trabajaba habitualmente con su papá como cargador de escombros transportados en camiones de volteo. Trabajaba horas extra para poder vestir y alimentar a su hija de 4 años. En uno de sus descansos, en la tarde del 11 de diciembre, los agentes vestidos de civil lo sometieron mientras platicaba con una amiga y lo metieron a una camioneta con logos de la Fiscalía. No se supo más de él hasta la fecha.

José Ignacio Cruz González: El joven desapareció junto con los demás la tarde del viernes 6 de diciembre cuando se encontraba cerca de un establecimiento comercial. Su familia intentó denunciar el hecho la mañana del sábado siguiente en el Ministerio Público local pero les dijeron que “era fin de semana y estaba cerrado”. Tuvieron que esperar hasta el lunes para que se iniciara la averiguación previa.

Impunidad bajo juicio

Tras la desaparición de los jóvenes y la denuncia de los familiares, la Fiscalía General de Justicia del estado de Veracruz inició diversas averiguaciones previas que se terminaron acumulando en el expediente 1293/2013/I/VER/12 por el presunto delito de desaparición forzada. El objetivo de la indagatoria era dar con el paradero de las víctimas, así como identificar y proceder penalmente en contra de los responsables.

Pero seis años y medio de distancia los resultados son inexistentes. La investigación se mantiene abierta, sin ningún tipo de determinación.

En 2018, al resolver una demanda de amparo promovida por las víctimas, un juez federal analizó la actuación de la Fiscalía y confirmó que ésta había violado los derechos constitucionales de las víctimas a una justicia pronta, eficaz y expedita.

“Al integrar la indagatoria la autoridad no ha logrado establecer líneas de investigación que le permitan abordar el problema planteado y determinar puntualmente el objeto de la investigación, es decir, no ha establecido los patrones teniendo en cuenta el contexto en que ocurrieron los hechos (una desaparición múltiple), desatendiendo su deber de realizar una investigación inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial”, señala la resolución judicial.

En su sentencia, el juez repasa múltiples indicios en el caso a los que la Fiscalía no les dio correcto seguimiento y que van desde el nulo análisis de datos obtenidos a través de la geolocalización de los teléfonos celulares de las víctimas, hasta la falta de cruces de muestras de ADN recabadas a los familiares con muestras de otros casos en Veracruz y en otras entidades.

Las irregularidades en el caso llegaron al punto en que la fiscalía se negó a entregarle a las víctimas copias de las indagatorias iniciadas, pese a que se trata de un derecho básico.

Ante la falta de avance de esta indagatoria, el 15 de marzo de 2017 el Comité Contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas emitió el oficio AU 281/2016 para que se implementaran una serie de acciones urgentes para agilizar las indagatorias, recabar y resguardar las pruebas del caso, dar protección a las víctimas y posibles testigos, entre otros.

Pero nada de lo anterior ocurrió y, de hecho, la Fiscalía incluso omitió dar respuesta al oficio. Este fue el punto que detonó que el expediente haya sido atraído y asumido por la SCJN dado que podría representar una violación a convenciones internacionales que nuestro país está obligado a respetar.

Jérémy Renuax, subdirector de I(DH)EAS Litigio Estratégico, organización que ha acompañado a los familiares en estas demandas, dice que la intervención de la Corte en el caso es trascendental, porque podría marcar una línea clara en torno a las obligaciones que tiene México de respetar y acatar la jurisdicción del derecho internacional.

En el tema específico de las desapariciones forzadas esto es aun de mayor relevancia, dado que de acuerdo con los registros del Comité Contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas México es el segundo país del mundo al cual se le han dirigido mas acciones urgentes con un total de 361, solo detrás de Irak que acumula 463.

En ese contexto la Primera Sala de la SCJN atrajo el caso. La ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena está a cargo de la elaboración de resolución del proyecto que se prevé sea presentado en las próximas semanas.

¿Y Javier Duarte?

En 2018 un juez penal de Veracruz giró una orden de aprehensión en contra de Javier Duarte por el delito de desaparición forzada. Esto a petición de la Fiscalía de Justicia local que acusó al gobernador de encubrir por acción u omisión las desapariciones sistemáticas perpetradas por las fuerzas de seguridad durante su gobierno.

Pero dicha orden de aprehensión sigue sin ejecutarse hasta la fecha debido a un proceso diplomático que ha resultado lento y burocrático. El obstáculo surge a partir de que Duarte fue detenido en Guatemala y extraditado a México solo por delitos de corrupción, por lo que ahora se requiere un permiso especial del país centroamericano para sumarle un nuevo proceso.

De inicio México se tardó un año en presentar, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la solicitud formal a Guatemala para que se autorice el procedimiento. Desde ahí no habido una resolución.

En febrero pasado la SRE informó a Animal Político través del oficio CTA-018/2020 que el gobierno de Guatemala continuaba con el estudio de la solicitud presentada por nuestro país.

“Abrir la Tierra”

A partir del próximo 15 de junio, en el marco del programa de cine en línea del Festival Internacional de Cine de Morelia se comenzará a proyectar el cortrometraje documental “Abrir la Tierra” que retrata la desaparición de los jóvenes de la colonia Formando Hogar en Veracruz.

La obra del director Alejandro Zuno aborda esta tragedia a partir del caso de Víctor Álvarez Damián y de la lucha de su madre, Perla Damián Marcial, por localizar a su hijo. Es esa batalla la que la llevará a conocer a otras madres en la misma situación y a fundar el “Colectivo Solecito” que, hasta la fecha, no solo impulsa movilizaciones para exigir respuestas de las autoridades, sino también la búsqueda activa lo que incluso ha derivado en hallazgos de fosas clandestinas.

El documental forma parte además de la selección del “Literally Short Fil Festival” que estaba programado para llevarse a cabo en la ciudad de Houston, Texas del 3 al 17 de junio, pero que debido a la contingencia sanitaria se está realizando en línea.

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El duro testimonio de Matthew, el niño estadounidense que amenazó a Trump en un video de Estado Islámico

Matthew todavía recuerda cuando su vida cambió: la noche en que su madre y su padrastro cruzaron con él hacia territorio de Estado Isámico.
24 de noviembre, 2020
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Matthew todavía recuerda el momento en que su vida cambió: la noche en que su madre y su padrastro cruzaron con él las fronteras de Turquía hacia el territorio del autodenominando Estado Isámico (EI) en Siria.

“Corrimos por una zona muy oscura, llena de alambres… No pasaba mucho por mi cabeza, excepto, ‘necesito correr'”, recordó al contar por primera vez su terrible experiencia al programa Panorama de la BBC y a Frontline, de la emisora pública estadounidense PBS.

Matthew, nacido en EE.UU., fue llevado a Siria cuando tenía 8 años y su cara se hizo conocida cuando los militantes de EI lo utilizaron en un video en el que amenazaba al presidente Donald Trump.

Ahora con 13 años, está de vuelta en su país y vive con su padre, luego de que el ejército de Estados Unidos lo rescatara y lo llevara a casa en 2018.

Dice que es un “dulce alivio” estar de vuelta.

“Lo que pasó, pasó. Todo quedó atrás”, cuenta a la BBC.

“Era tan pequeño que no entendía lo que estaba sucediendo”, agrega.

Camino al infierno

Fue en abril de 2015 cuando una aparentemente común familia estadounidense cruzó al territorio de EI desde la provincia fronteriza turca de Sanliurfa.

En Raqqa, la ciudad reivindicada por los combatientes islamistas como su capital, el padrastro de Matthew, Moussa Elhassani, fue enviado a recibir entrenamiento militar y se convirtió en francotirador.

A sus 8 años, Matthew hizo todo lo posible para darle sentido a su nuevo hogar.

“Cuando estuvimos por primera vez en Raqqa, nos quedábamos en la ciudad. Era bastante ruidosa por los disparos. De vez en cuando se escuchaba una explosión, pero era lejana. Así que no teníamos mucho de qué preocuparnos”, recuerda.

Matthew in the US, aged 13

BBC
Matthew tiene 13 años actualmente.

A principios de 2017, la madre de Matthew, Samantha Sally, le envió un correo electrónico a una hermana en EE.UU.

Le pedía dinero de forma desesperada para ayudar a la familia a escapar.

Adjunto, le envió también algunos videos extremadamente inquietantes sobre Matthew.

En uno, el padrastro Moussa Elhassani, obligaba a Matthew a armar un cinturón suicida.

El niño, que seguía las instrucciones, recreaba cómo daría la bienvenida a posibles rescatadores estadounidenses, para luego matarlos detonando los explosivos.

En otro video, se le veía desmontando un AK-47 cargado, desafiado por su padrastro a hacerlo en menos de un minuto.

La pesadilla

Una noche, a medida que la coalición liderada por Estados Unidos intensificaba sus ataques aéreos contra Raqqa, una bomba golpeó una casa vecina, que se derrumbó sobre el lugar donde vivía Matthew con su familia.

El niño se salvó de milagro: logró salir a tientas entre los escombros y el polvo.

Poco después, en agosto de 2017, Raqqa estaba en ruinas, pero Estado Islámico todavía estaba seguro de su victoria.

Matthew aged 10 in a still from the IS propaganda video in which he was made to recite a message to Donald Trump

BBC
Matthew fue utilizado en varios videos de propaganda de EI.

Fue entonces cuando el grupo utilizó a Matthew para grabar un video de propaganda en el que amenazaba a Trump.

“Mi mensaje para Trump, el títere de los judíos: Alá nos ha prometido la victoria y te ha prometido la derrota“, dijo el niño, recitando el mensaje que le habían hecho aprender de memoria.

“Esta batalla no va a terminar en Raqqa o Mosul. Va a terminar en tus tierras… Así que prepárate, porque la lucha acaba de comenzar”.

Años después, el niño recuerda que fue su padrastro quien lo obligó a grabar el video y que durante la filmación lo amenazaba.

“Estaba empezando a perder el control, como si hubiera tenido problemas mentales”, cuenta.

Matthew on a fishing trip with his father, Juan

BBC
Matthew vive actualmente con su padre.

Poco después, Elhassani murió en un presunto ataque con drones.

“Me alegré porque no me agradaba, obviamente”, dijo Matthew.

“No creo que debería haber estado feliz porque una persona murió, pero lo estaba. Todos estábamos llorando…de alegría”.

El rescate

Tras la muerte del padrastro, la madre de Matthew, Samantha Sally, le pagó a unos traficantes de personas para que ella y sus cuatro hijos salieran del territorio de Estado Islámico.

Matthew fue escondido dentro de un barril en la parte trasera de un camión para poder pasar por los puestos de control.

Cuando llegaron al territorio controlado por los kurdos, fueron retenidos en un campo de detención, y fue allí en el invierno de 2017 donde la BBC comenzó a hablar con Sally.

La mujer contó que su marido la había engañado para que llevara a su familia a Siria y que no tenía idea de lo que estaba planeando.

Samantha Sally in a detention camp in Syria

BBC
Samantha Sally comenzó a hablar con la BBC en 2017.

Una vez en Raqqa, dijo, el hombre se había vuelto violento con ella.

La estadounidense reconoció que durante su estancia allí habían comprado a dos adolescentes yazidíes como esclavas y que su marido las violaba con regularidad.

Las pruebas

Tras su regreso a EE.UU., mientras estaba en la cárcel en espera de juicio, Sally continuó defendiendo su versión de que había sido engañada por su marido.

Aunque lo había apoyado “en sus estúpidas empresas“, insistió en que no era culpable de que se uniera al EI.

Sin embargo, la investigación de la BBC y de PBS descubrió pruebas que socavaron esta historia.

Un miembro de la familia Elhassani dijo que Moussa se había obsesionado con EI en los meses previos a la salida de la familia de EE.UU. y que lo había visto viendo propaganda del grupo, incluidos videos de ejecuciones, en la casa de la familia.

Una amiga de Sally también recordó una conversación con ella en la que le había dicho que su esposo sentía un llamado para unirse a “la guerra santa”.

La investigación también reveló que Sally había hecho una serie de viajes a Hong Kong en las semanas antes de que la familia dejara EE.UU. y que había depositado al menos US$30.000 en efectivo y oro en cajas de seguridad.

Después de casi 12 meses tras las rejas, Sally cambió su historia y se declaró culpable de financiar el terrorismo como parte de un acuerdo de culpabilidad.

Las pruebas mostraron después que Sally había ayudado a filmar los videos de su hijo con el cinturón suicida y el AK-47.

De acuerdo con los fiscales, es probable que nunca se sepa por qué ayudó a su esposo a unirse a Estado Islámico, aunque su defensa argumenta que fue coaccionada por el marido controlador.

Desde su regreso a EE.UU.. Matthew ha recibido asesoramiento para ayudarlo a lidiar con los traumas de todo lo que le sucedió.

Según sus médicos, ha mejorado y lo está haciendo bien.


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