Los policías torturaron por horas a Giovanni porque él intentó grabarlos
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Cuartoscuro

A Giovanni lo torturaron por tres horas; los policías se ensañaron porque intentó grabarlos con su celular

Ya existían al menos 2 antecedentes de abuso policial en el mismo municipio, según Fiscalía. Datos oficiales prueban que el uso excesivo de la fuerza es una realidad generalizada en el país.
Cuartoscuro
5 de junio, 2020
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Familiares de un testigo que fue detenido en compañía de Giovanni López denunciaron que, la noche del 4 de mayo, el joven de 30 años de edad fue torturado a golpes por los policías que lo detuvieron frente a su domicilio ubicado en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

La supuesta tortura se dio por espacio de tres horas en la comandancia municipal, hasta donde fue trasladado Giovanni, de acuerdo con el testimonio de los familiares ofrecido al periodista  jalisciense de Milenio, Jorge Martínez.

Narraron que el único error de Giovanni fue tratar de grabar con su celular como los policías intentaban detener a uno de sus vecinos que no llevaba cubrebocas.

“A él más bien lo agarraron porque se acercó con el celular a grabar…Le quisieron arrebatar el celular pero (Giovanni) se lo pasó a una vecina”.

Los familiares del testigo, quienes también presenciaron la detención, aseguraron que el joven era un muy tranquilo y que ese día no fue excepción.

El testimonio de la familia coincide con el comentario que hizo un hermano y una tía de Giovanni a los policías que lo detuvieron, de acuerdo con un video difundido por el medio LatinUs, grabado el día de los hechos.

En este video el hermano y la tía mencionaron a gritos que Giovanni se encontraba tranquilo, sentado en la banqueta, cuando los policías llegaron y lo agredieron.

Lee: Alfaro acusa a infiltrados y a Morena de provocar violencia durante protestas de #JusticiaParaGiovanni en Jalisco

“Él estaba tranquilo ustedes lo golpearon”, gritó los policías a manera de reclamo, el hermano de Giovanni, quien se encontraba dentro del patio de su casa.

En medio del forcejeo se escuchaban los gritos desesperados de Giovanni quien intentaba zafarse de los policías, por lo que su hermano Christian le advirtió a uno de los oficiales: “Si lo matas ya sabemos”.

En un testimonio ofrecido al mismo medio que difundió el video grabado por la familia, Christian dijo que los policías llegaron a su barrio a “hacer una redada” para detener gente “que no trajera cubrebocas”.

“Íbamos a ir a cenar y llegaron y nos agredieron. A mi hermano lo agarraron como diez policías, a mí también, pero yo me alcancé a zafar y a él lo estaban golpeando, torturando, ahorcando ahí. Yo en ese momento empecé a grabar”.

Los testigos ubicaron a por lo menos cuatro patrullas en el lugar. En cada patrulla iban por lo menos dos policías. Una de estas unidades era la M36.

En el video de la familia de Giovanni se observa a cuatro policías dándole de rodillazos en las piernas al joven y apretándolo de la garganta para someterlo, así como una mujer policía con arma larga caminando y un supuesto comandante encabezando el operativo con camiseta de civil.

Uno de estos policías retó verbalmente al hermano de Giovanni para salir de la casa. El uniformado, quien traía tapado el rostro con un cubrebocas y portaba uniforme negro, primero le hizo una seña con la mano para pedirle que saliera y luego le dijo: “órale pinchi joto”, mientras la tía le gritaba a Giovanni: tranquilo Vanni (como le decían de cariño a su sobrino)… vamos a ir por ti”.

Una vez que los suben a la patrulla, Giovanni y su vecino fueron llevados a la comisaría. De acuerdo con los familiares del segundo detenido, a Giovanni lo golpearon en el trayecto en brazos, torax, cara y piernas. Le dejaron un ojo amoratado e hinchado.

En la comisaria, sin embargo, de acuerdo con los testimonios narrados, a Giovanni lo volvieron a golpear y torturar por tres horas.

“Fue una salvajada”, sostiene uno de los dos testigos, quien dijo sentirse decepcionado con el actuar de la policía que “supuestamente esta para proteger al pueblo no para que lo agredan”.

En conferencia de prensa del 3 de junio, un mes después de los hechos y luego que la familia hiciera público su video, el fiscal de Justicia de Jalisco, Gerardo Octavio Solís, y el titular de la Coordinación de Seguridad, Macedonio Tamez Guajardo, aseguraron que en ningún reporte policial se mencionó que Giovanni fuera detenido por la falta de cubrebocas.

Lee:#JusticiaParaGiovanni: Agentes de Jalisco responden con gas, golpes y 26 detenciones a protesta contra abuso policial

El fiscal narró que Giovanni fue ingresado a las celdas de la cárcel municipal, de ahí se llevó al área de atención médica “falleciendo en el trayecto”.

Además, dijo que la autopsia practicada al cuerpo del joven arrojó que se encontraron “lesiones que por su naturaleza llevan a una gravedad extrema, que pueden propiciar la muerte”.  

Por estos hechos son investigados los policías municipales y el alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos, Eduardo Cervantes Aguilar, quien este viernes comparecerá ante la Fiscalía General de Jalisco para explicar lo que sabe sobre la muerte del joven.

Los delitos que se investigan son homicidio y abuso de autoridad. 

Versiones oficiales de la captura, también difieren

Las versiones vertidas por distintas autoridades sobre la detención de Giovanni López también registran diferencias. Originalmente se dijo que fue detenido por no usar un cubrebocas, versión que incluso fue replicada oficialmente en un comunicado emitido ayer por la Secretaría de Gobernación.

Pero en el video de la detención que se difundió en redes sociales los policías implicados señalan, por su parte, que la captura obedecía “a que se estaba oponiendo” a alguna instrucción de la autoridad, según dice el que parece ser el comandante.

La Fiscalía de Justicia de Jalisco ha insistido que según los informes de la policía municipal el joven fue detenido porque mostraba “una conducta agresiva”. Y finalmente el gobernador Enrique Alfaro dijo en su cuenta de Twitter que Giovanni fue detenido “por supuestamente agredir a los policías municipales”.

Las supuestas acciones que las autoridades de Jalisco atribuyen a Giovanni representan un delito contemplado en el Código Penal de Jalisco. El artículo 129 de dicho código lo contempla como ilícito que se sanciona con una pena de hasta cinco años de prisión, el que “con la fuerza, amenaza o amago se oponga a la autoridad competente”.

Lo anterior significa que el joven tendría que haber sido puesto a disposición de una agencia del Ministerio Público si ese hubiera sido el caso, peor ello no ocurrió.

En cambio, el joven fue trasladado a una cárcel municipal, y de ahí a los Servicios Médicos Municipales donde llegó ya sin vida.

Estas son las circunstancias que la Fiscalía General de Justicia de la entidad se encuentra investigando. La dependencia reveló que el caso de Giovanni López es la tercera carpeta de investigación que se inicia por presuntos abusos de autoridad en donde se encuentra implicada la fuerza de Seguridad Municipal.

Historial de abusos… y desconfianza

El uso de la fuerza, la tortura y las detenciones arbitrarias de parte de las fuerzas de seguridad son un problema endémico en México. Por años se han documentado casos y datos que lo muestran en todo el país.

Por ejemplo, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad del Inegi, casi el 64% de las personas arrestadas entre 2010 y 2016 sufrieron algún tipo de agresión física, y la mayoría de ellos de diversa índole.

El 59% dijo haber recibido golpes y puñetazos, el 37% lesiones por aplastamiento, el 19% descargas eléctricas, el 6.5% quemaduras, entre otros.

Además, el 35% de las personas arrestadas señalaron que les impidieron respirar libremente, ya sea sofocándola, asfixiándola y sumergiendo su cara en el agua.

En muchos casos los abusos también se presentan en el Ministerio Público. Por ejemplo, según la misma encuesta, el 49% de los detenidos reporta haber sido incomunicado, mientras que el 39% asegura haber sufrido algún tipo de lesión física.

Un informe de la Organización de las Naciones Unidas publicado en mayo de 2019 acusó que las detenciones arbitrarias, la tortura y la impunidad persistían en México pese a múltiples recomendaciones. Y reveló que tan solo entre 2013 y 2018 un total de 2 mil 531 personas detenidas en cárceles estatales y 220 en cárceles federales murieron en posibles condiciones de violencia.

Casos de todas dimensiones que han trascendido públicamente dan cuenta de los abusos. Apenas el pasado 28 de febrero circuló un video en el que se aprecia a policías de Tijuana sometiendo a una persona que posteriormente perdió la vida.

En 2017 otro video mostró como un hombre murió en una estación de policía de Ciudad Juárez tras ser sometido por más de cinco uniformados. Ese mismo año, pero en Zimapán, Hidalgo, un detenido murió tras ser golpeado por policías municipales.

Han habido casos de fuerzas de seguridad implicadas en graves violaciones a derechos humanos de forma sistemática. En Veracruz, por ejemplo, la Fiscalía del estado documentó la participación de la Policía Estatal en múltiples desapariciones forzadas. En febrero de 2018 se cumplimentaron 19 órdenes de aprehensión en contra de mandos y elementos de esa corporación.

Pese a que por años organismos internacionales insistieron a México la necesidad de regular adecuadamente el uso de la fuerza policial, fue apenas el 27 de mayo de 2019 cuando se expidió la Ley Nacional de Uso de la Fuerza y ello gracias al proceso de negociación para que se aprobara la creación de la Guardia Nacional.

Otro gran pendiente que enfrenta la policía en México es su depuración. Aunque desde hace mas de una década entro en vigor la Ley Nacional del Sistema Nacional de Seguridad Pública que establece que todo policía en activo debe tener una acreditación vigente que pruebe que es confiable, la realidad es distinta.

Datos oficiales prueban que hasta abril de este año estaban en activo en el país 24 mil 839 policías a pesar de que reprobaron los controles de confianza y que por ley deben ser despedidos.

Las policías municipales son las que registran los mayores retrasos en esta materia.

Por ejemplo, en el caso de Jalisco las policías municipales (entre la que se encuentra la de Ixtlahuacán de los Membrillos implicada en el caso de Giovanni) 1 de cada 4 policías en activo carece del control de confianza vigente y no debería de estar laborando. 

Con información de Francisco Sandoval y Arturo Ángel.

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Reuters

Conficto en Chihuahua: El tratado por el que México le debe millones de metros cúbicos de agua a EU

Un acuerdo firmado entre ambos países en 1944 está en el centro de la polémica en el norte de México, cuyo presidente dijo temer que pueda utilizarse como arma electoral durante la actual campaña en EU.
Reuters
18 de septiembre, 2020
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Un tratado firmado en 1944 entre México y Estados Unidos está detrás de que miles de personas lleven meses en pie de guerra en el lado mexicano de la frontera.

El acuerdo regula cómo los dos países deben repartirse el agua de los ríos Bravo y Colorado, que forman parte del límite territorial entre ambos.

El gobierno de México tiene poco más de un mes para entregar a su vecino del norte la parte que le corresponde. Para ello, asegura que debe utilizar la almacenada en la presa la Boquilla, en el estado de Chihuahua, en el norte del país.

Y aunque afirma que el suministro está garantizado para la población, los agricultores de la zona se niegan a la extracción porque aseguran que los dejaría sin el recurso suficiente para poder cultivar tras haber sufrido una pronunciada sequía.

La tensión aumentó a ritmo vertiginoso en la última semana con graves enfrentamientos entre miembros de la Guardia Nacional y campesinos, que tienen desde entonces tomada la presa para evitar el desfogue.

Una mujer agricultora fue asesinada el 8 de septiembre tras participar en las protestas. Según testigos, fue alcanzada por disparos de guardias nacionales. La Fiscalía estatal investiga lo sucedido.

El propio presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, responsabilizó a “grupos políticos” de las protestas y mostró su preocupación por el hecho de que este conflicto impida cumplir con el tratado firmado con EU y por cuál podría ser su reacción.

De hecho, el mandatario aseguró este jueves que el gobernador de Texas -estado fronterizo con Chihuahua- envió una carta al secretario de Estado de EU, Mike Pompeo, “reclamando que México no está cumpliendo con el pago del agua y haciendo algunas propuestas”.

Protesta en La Boquilla

Reuters
La Fiscalía de Chihuahua investiga la muerte de una mujer agricultora tras participar en una de las protestas. Según testigos, fue abatida por disparos de la Guardia Nacional.

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, acusó por su parte a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de ocultar a quienes “se aprovechan de manera irregular” desde dentro del organismo robando agua de la zona, una práctica que ya ha sido bautizada como “huachicoleo de agua” o “aguachicoleo”.

Mientras, varios diputados de Chihuahua consideran precisamente que el tratado en cuestión es la base del problema y anunciaron que acudirán a tribunales internacionales para pedir que el acuerdo sea revisado y pueda así garantizar el abastecimiento de agua a los productores del estado.

¿Qué dice el tratado?

De alguna manera, se podría decir que el llamado Tratado de la Distribución de las Aguas Internacionales firmado por México y EU en 1944 tiene su origen de algún modo en otro acuerdo alcanzado casi un siglo antes.

El Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo (más conocido como Tratado de Guadalupe Hidalgo), firmado en 1848 al final de la guerra entre ambos países iniciada por la disputa de Texas, fue el que estableció que México cedería a EU más de la mitad de su territorio en aquel entonces.

Pero además, también fijó la frontera entre ambos países en el río Bravo -conocido como río Grande por los estadounidenses- y cuyas aguas son hoy centro del conflicto en Chihuahua.

La ubicación estratégica del río hacía necesario un plan de distribución entre ambos actores. Tras años de negociación y varias propuestas fallidas, México y EU firmaron en Washington el tratado vigente en la actualidad.

Mapa

BBC

Según el acuerdo, México se queda con dos tercios de la corriente principal del Bravo y cede a su vecino el resto, que no podrá ser menor de unos 432 millones de metros cúbicos (Mm3) anuales.

Como contraparte, EU cede a México cada año 1.850 Mm3 del río Colorado, que en su mayoría se encuentra en suelo estadounidense pero que también pasa por la frontera entre ambos países hasta desembocar en el golfo de California, entre los estados mexicanos de Baja California y Sonora.

“Es un tratado que no fue nada fácil de negociar y en el que se tuvieron que hacer muchísimas proyecciones de ingeniería porque define los límites entre los dos países y esta distribución de las aguas”, le dice a BBC Mundo Roberto Velasco, director general para América del Norte del gobierno mexicano.

También establece que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), un organismo binacional, es el encargado de resolver las posibles diferencias en materia de límites.

Firma del tratado en Washington en 1944

IBWC
Representantes de México y EU firmaron el tratado en Washington en 1944.

El pacto estipula que EU cumplirá con su entrega de agua cada año, mientras que México podrá hacerlo en períodos de cinco años.

“Es de los mejores acuerdos que se han logrado en la historia con relación a EU”, afirmó López Obrador la semana pasada.

Pero el quinquenio actual concluye el próximo 24 de octubre y, según el gobierno de México, aún le faltan 378 Mm3 de agua para poder cumplir su parte del acuerdo.

¿Cuál es la situación actual?

El centro del conflicto está en la presa La Boquilla del río Conchos, el afluente del Bravo más voluminoso de los seis tributarios que tienen que aportar agua para el cumplimiento del tratado.

Según los agricultores, desfogar líquido de este punto supondría comprometer su capacidad de riego y poner en grave peligro el futuro de unas 20.000 familias que viven del campo en la región.

“En agosto tuvimos el mes más seco de los últimos 90 años, no hay agua. No podemos ser el único estado semidesértico que exporta agua con una precipitación media anual de 250 mm”, le dice a BBC Mundo Salvador Alcantar, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego de Chihuahua.

Presa La Boquilla

Reuters
La extracción del agua de la presa la Boquilla está en el centro del conflicto en Chihuahua.

Conagua aseguró que el riego para el ciclo agrícola 2019-2020 ya fue garantizado y que solo resta por entregar a los campesinos unos 100 Mm3 de la presa la Boquilla, lo que critica no puede completarse debido a la toma de las instalaciones.

Según datos oficiales, esta presa contaba el 16 de septiembre con 920Mm3 de agua almacenada. Es poco más del 32% de su capacidad máxima.

Para los campesinos, la situación actual pone en evidencia que será extremadamente difícil garantizar que pueda haber agua suficiente para el ciclo agrícola del año próximo y creen que Chihuahua “ha hecho más de lo que le corresponde” para que México pueda cumplir con su compromiso internacional.

“Prescindimos de uno de los dos cultivos que antes teníamos por ciclo y también se vendieron derechos de más de 7.000 hectáreas. Lo hicimos para que las presas funcionen como una alcancía, para cuidar la poquita agua que hay ahora, o no sembraremos un solo metro el año que entra”, dice Alcantar.

Protesta en La Boquilla

Reuters
Agricultores de Chihuahua aseguran que contribuyeron al ahorro de agua para su almacenamiento en la Boquilla de cara al próximo período de cultivo.

Velasco reconoce que 2020 ha sido un año seco, pero el gobierno confía en que siga lloviendo y asegura que unos 780 Mm3 almacenados “es la disponibilidad adecuada” para garantizar el próximo ciclo de riego.

“Nos podrían decir que hay que garantizar los siguientes 40 ciclos, pero la realidad es que eso no funciona así sino con concesiones anuales”, responde.

¿Qué alternativas hay para cumplir el tratado?

Los agricultores no entienden por qué hay que “pagar por adelantado” y proponen como alternativa aguardar a final de octubre para esperar a posibles escurrimientos de agua y evaluar entonces la cantidad debida a EU.

En caso de que haya déficit por parte de México, proponen que el agua se extraiga de alguna de las presas internacionales construidas y gestionadas por ambos países.

“¿Por qué nomás el Conchos? Hay otros tributarios que deben aportar agua para cumplir con las asignaciones del tratado, y nomás voltean a ver a Chihuahua”, critica Alcantar.

Mapa presas Río Bravo

Conagua
El río Conchos es el afluente del Bravo más voluminoso de los seis tributarios que tienen que aportar agua en México para el cumplimiento del tratado.

Pero después de que México cerrara el quinquenio pasado debiendo agua que tuvo que devolver después, Velasco asegura que las reglas acordadas entre las dos secciones internacionales de la CILA no permiten que el país vuelva a terminar un período con deuda.

Sobre la propuesta de que sean las presas internacionales las que aporten el agua faltante, Velasco la califica de “irresponsable”, ya que se utilizan sobre todo para el consumo humano en ciudades del norte de México y la cantidad almacenada actualmente hace “muy difícil” destinarla a otros fines.

Presa internacional La Amistad

CILA México
Agricultores creen que presas internacionales como la Amistad, gestionada por México y EU, podrían contribuir con el agua faltante.

Según cifras del gobierno, el río Conchos debería aportar el 54% del agua contemplada en el tratado, aunque en lo que va de ciclo solo ha contribuido con el 44%.

“En Chihuahua se está cargando lo que se tiene que cargar. En este momento, toda la atención está sobre ellos porque el resto de tributarios ya hicieron su parte”, asegura Velasco.

¿Cómo podría reaccionar EU?

El enfrentamiento ha escalado a lo más alto de la esfera política en México.

Tanto el gobernador de Chihuahua como alcaldes de la zona mostraron su apoyo a los agricultores, mientras que el presidente López Obrador no ha ocultado su preocupación por las posibles consecuencias de que el país no cumpla con el acuerdo.

“Es muy delicado que en estos 45 día de campaña (electoral en EU) se vaya a utilizar que no estamos cumpliendo con el tratado y se tomen medidas unilaterales que afecten a México”, alertó días atrás.

AMLO

Gobierno de México
AMLO pidió a los agricultores de Chihuahua confiar en que el agua para regadío estará garantizada.

El mandatario insistió en pedir la confianza de los agricultores de Chihuahua. “No se van a quedar sin agua. Si no, (…) le hablaría al presidente Trump para decirle: ‘¿Sabe qué?, dennos una prórroga, ayúdennos en esto porque no vamos a poder cumplir con el compromiso'”.

Aunque reconoce que no se ha recibido ninguna advertencia formal de EU en caso de que México no entregue su parte, Velasco también coincide en que la campaña electoral provoca en el país vecino un clima más crispado ante el que se deben extremar precauciones.

Dice que lo que pretenden evitar es que el país vecino pudiera imponer sanciones como respuesta, “que empiecen a apretar los flujos comerciales o a establecer aranceles a mercancías provenientes de Chihuahua”.

Protesta en La Boquilla

Reuters
El gobierno mexicano expresó su preocupación por la reacción de EU ante Chihuahua en caso de que México no cumpla con su parte del tratado.

“Sí nos han expresado su preocupación de que el gobierno de Chihuahua, que además es vecino de Texas y su principal socio, no esté cooperando para buscar una solución en algo que es en interés de los dos países”, revela el funcionario de la Cancillería mexicana.

Alencar rechaza que el gobierno federal utilice esta posible reacción como medida de presión para que permitan la extracción de agua de la Boquilla.

“Que no nos traten de asustar diciendo que si no se cumple, se suspenderán las relaciones comerciales entre ambos países. Para que haya que pagar, debe haber una exigencia de EU, y yo no he visto ninguna nota diplomática donde les estén pidiendo el agua”, responde.

¿Debería reformarse el tratado?

Reformar o actualizar las condiciones de un tratado que fue firmado hace 76 años podría ser una de las opciones para tratar de solucionar este conflicto.

Tratado de 1944

IBWC
AMLO definió el tratado de aguas como uno de los mejores en la relación de México y EU.

Pero Alencar cree que hay alternativas suficientes para evitar llegar a ese punto. Y el gobierno mexicano tampoco apoya la idea, al considerar que tanto los litros de agua acordados como la posibilidad de entregar su parte cada cinco años en lugar de anualmente son ventajas que el país no debería perder.

Otra de las pocas cosas en las que coinciden ambas partes es cuando aseguran estar abiertas al diálogo para llegar a un acuerdo, aunque los campesinos critican que el gobierno federal no está atendiendo sus demandas.

“Estamos abiertos, pero no a un diálogo donde se busque poner el interés de unos grupos sobre otros, sino que tenga su centro en el interés nacional (…). El agua no es de Chihuahua ni de un grupo de personas, es de un río transfronterizo“, recuerda Velasco.

El vocero de los agricultores alerta por su parte de cuál es su mayor temor si, como prevén, el año que viene no tienen agua suficiente para el riego.

“En 1995 no se abrieron las presas para sembrar y hubo una migración masiva desde nuestros municipios. Los hombres en edad productiva se marcharon para dar sustento a la familia, fue una desintegración familiar fuerte que aún estamos sufriendo”, recuerda.

“Y ese es el problema social que podemos volver a ver si no sembramos el año próximo”.


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