La Fiscalía del estado de Jalisco anunció este sábado que investigará a toda la Policía Ministerial por las detenciones arbitrarias de manifestantes que tuvieron lugar ayer viernes 5 de junio, y señaló que ya hay dos personas de la corporación detenidas por estos hechos.
Las detenciones ilegales se produjeron en las inmediaciones de la sede de la Fiscalía, en la calle 14 de Guadalajara, donde la Comisión Estatal de Derechos Humanos documentó que elementos policiacos de esta dependencia detuvieron de manera ilegal y arbitraria a personas que exigían justicia por el asesinato el pasado 4 de junio del joven Giovanni López.
El fiscal general, Gerardo Octavio Solís, admitió en conferencia de prensa virtual que policías ministeriales de su dependencia estuvieron involucrados en esas detenciones ilegales, aunque señaló que éstos actuaron por su cuenta.
Solís explicó que la instrucción a los elementos policiacos fue la de “no caer en provocaciones y mantenerse en calma”, algo que no sucedió, tal y como consta en múltiples videos publicados en redes sociales, medios de comunicación, y de los que también tiene registro la Comisión de Derechos Humanos.
Un grupo de policías ministeriales, subrayó el fiscal, desobedeció la orden y abandonó el inmueble a borde de vehículos oficiales, para hacer una serie de “detenciones arbitrarias sin la intervención de los ministerios públicos”.
Además, Octavio Solís señaló que los policías detuvieron con violencia a varios grupos de jóvenes, para posteriormente trasladarlos a celdas, pero sin registros de detención; lo cual, dijo, es una “flagrante violación a los derechos constitucionales”.
“Hubo abuso contra jóvenes afuera de estas instalaciones”, recalcó el fiscal, quien ofreció a la ciudadanía “una sentida disculpa” por la actuación de la policía ministerial.
Este sábado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco anunció que documentó que, en las protestas sociales de los pasados 4 y 5 de junio en Guadalajara por la muerte a manos de policías locales de Giovanni López, un joven de 30 años, elementos policiacos del estado cometieron “desapariciones forzadas” de manifestantes, además de “detenciones ilegales y arbitrarias”.
