“No se puede transformar una institución y atender eficazmente las responsabilidades que le competen si no cuenta con el apoyo necesario, tanto económico como institucional”, manifestó en una carta Mara Gómez Pérez, al presentar su renuncia como titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Afirmó que como titular de la CEAV encontró resistencias, amenazas, infundios y ataques de quienes quieren seguir lucrando económica y políticamente con el dolor de las víctimas.
La vocación humanista con la que fue creada la CEAV se pervirtió y “fue reemplazada por una formula clientelar, centrada en el reparto de recursos económicos, usando el dinero para pagar la falta de verdad y justicia”, se convirtió en un negocio de abogados particulares, manifestó en su misiva, dirigida a la senadora Mónica Fernández Balboa, titular de la Cámara de Senadores, y al presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Se pretendió convertir la reparación integral en sinónimo de dinero, repartido de forma discrecional, sin transparencia ni rendición de cuentas. No sorprende que en estas condiciones, también se haya querido hacer de la CEAV, patrimonio y botín de intereses políticos”, acusó.
Destacó que la CEAV nació de una forma improvisada y, tras años de existencia, no tiene un solo inmueble propio y que más de la mitad del personal está contratado de manera irregular y prácticamente todos sus servicios básicos para su funcionamiento son contratados a proveedores particulares.
“Esas deficiencias de origen permiten hacer negocio con la institución y son la fuente de su enorme vulnerabilidad institucional”.
Gómez Pérez presentó su renuncia a la CEAV tras seis meses de estar en el cargo y a más de dos semanas de protestas por parte de familiares de personas desaparecidas que exigían su destitución.
La renuncia de la titular de la CEAV también se da luego de que a inicios de junio la misma Comisión reclamará por el recorte presupuestal ordenado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El organismo advirtió que como consecuencia del recorte casi el 60% del personal perdería su trabajo, además de que se quedarían sin recursos para pagar la renta de la sede central y los servicios básicos de sus instalaciones en todo el país.
Tampoco existirá sitio para atender a más de 7 mil 200 victimas que se reciben mensualmente, ni para tramitar los apoyos de otras cinco mil.
