La epidemia de coronavirus trajo consigo el incremento de residuos infecciosos, desde gasas y cubrebocas, hasta jeringas y fluidos que pueden poner en riesgo a quien esté en contacto con ellos.
Desde que inició la epidemia, hasta el pasado 8 de junio, al menos 7.5 toneladas de basura COVID-19 han sido abandonadas o mal manejadas en el país.
Estos desechos son parte de los residuos peligrosos biológico-infecciosos (RPBI), generados principalmente por hospitales, así como por laboratorios.
De acuerdo con datos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) consultados por Animal Político, estas 7.5 toneladas fueron localizadas en dos puntos.
El más grande, de casi seis mil metros cúbicos de residuos, en un centro de acopio en Cuautinchán, Puebla, el pasado 18 de mayo.
Las autoridades clausuraron el este establecimiento (dedicado a la disposición de residuos) por hacer un mal uso de los desechos, pues las cajas de refrigeración no funcionaban y hallaron bolsas con basura COVID-19 fuera del almacén a cielo abierto, “con presencia de derrames de líquido hemático (sangre) y otros líquidos corporales”.
Sobre este caso, la Profepa respondió que “de manera coordinada con la Fiscalía General de la República (FGR), en materia administrativa y penal, se está en busca de una sede para dar tratamiento o disposición final de casi seis mil metros cúbicos de residuos peligrosos biológico-infecciosos (RPBI), que, al estar almacenados de manera inadecuada, generan un riesgo potencial en la salud de la población”.
El resto de los desechos, 3.5 toneladas, fueron abandonados en los parajes de Las Cebadillas y El Cabro del municipio de Nicolás Romero, en el Estado de México, parte de ellos calcinados, por lo que Profepa tuvo que contratar a una empresa para recolectar, transportar y disponer finalmente estos residuos de COVID-19.
Supervisa @PROFEPA_Mx la recolección y disposición final de los residuos hospitalarios abandonados en el municipio de Nicolás Romero. https://t.co/g8G9k7BGQC pic.twitter.com/9jwSRxXZVj
— PROFEPA (@PROFEPA_Mx) May 18, 2020
Por este hallazgo, la Procuraduría presentó una denuncia ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales de la Fiscalía General de la República (FGR).
La autoridad confirmó a Animal Político que hay dos investigaciones abiertas por estos casos contra dos empresas, cuyos nombres no puede dar a conocer por razones legales, sin embargo, explicó que hay un procedimiento administrativo contra las personas que “fueron identificadas durante la diligencia que se llevó a cabo en el Municipio mencionado, como presuntas responsables del abandono de dichos residuos hospitalarios”.
También aseguró que ya buscan identificar a empresas que “sólo de forma parcial, cumplen con sus obligaciones ambientales, así como a los que decidieron dejar de evidenciar su funcionamiento de manera responsable en el manejo adecuado de esos residuos”.
¿Qué se hace con los residuos de COVID-19?
De acuerdo con Keith Alverson, director del Centro Internacional de Tecnología Ambiental (IETC) del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), clasificar estos desechos puede reducir drásticamente el volumen de residuos que requieren un tratamiento especializado.
Sin embargo la clasificación, etiquetado, señalización, manipulación, transporte, almacenamiento, tratamiento y disposición final requieren capacitación, planificación, presupuesto, monitoreo, evaluación, documentación y mantenimiento continuo, por lo que advierte que “el proceso para formalizar un buen sistema de gestión de residuos sanitarios es complejo”.
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, explicó el pasado 15 de mayo durante la conferencia de prensa diaria, que México tiene dos normas para el tratamiento de residuos peligrosos de origen biológico-infecciosos, la Norma Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002, de protección ambiental que clasifica los residuos biológicos infecciosos, y la NOM-045-SSA2-2005, para la vigilancia epidemiológica y control de infecciones de hospitales.
¿Quemarlos o enterrarlos?
La norma mexicana establece 5 categorías de residuos peligrosos biológico-infecciosos (RPBI): sangre y sus componentes en forma líquida; cultivos y cepas de agentes biológico-infecciosos; patológicos; no anatómicos, y objetos punzocortantes.
De estos, solo los residuos patológicos deben ser “incinerados o inhumados”, excepto aquellos que se usen para fines terapéuticos, de investigación, como las muestras biológicas para análisis químico.
En caso de ser enterrados, deben realizarse en lugares autorizados por la propia Secretaría de Salud, según las normas vigentes.
En los residuos patológicos entra la mayoría de los desechos que los hospitales están generando en la epidemia de COVID-19, pues contemplan los recipientes que contengan sangre; todo material de curación y con líquidos corporales; materiales desechables que puedan contener agentes infecciosos (como los cubrebocas), así como objetos punzocortantes.
Este sábado 13 de junio, el subsecretario López-Gatell insistió en que todo material que se usa en la atención de personas con COVID-19 debe considerarse de riesgo, y que para su tratamiento “existen protocolos técnicos, no es un protocolo específico de COVID ni es específico del IMSS, hay lineamientos técnicos formalmente establecidos”.
Sobre este tratamiento, el funcionario también detalló que “generalmente las unidades de salud contratan a empresas privadas que son especializadas precisamente en la recolección, disposición y desaparición de los RPBI”.
Según la norma oficial, las empresas contratadas por hospitales o por el gobierno deben cubrir con disposiciones de: identificación, envasado, almacenamiento temporal , recolección y transporte externo, tratamiento, y disposición final.
Irregularidades y multas por malos manejos antes del COVID-19
De acuerdo con Profepa, en lo que va de la actual administración y antes de la epidemia, inspeccionaron a 320 generadores de RPBI, de los cuales tres terminaron clausurados: dos en Chiapas y uno en Nuevo León.
Del total, en 239 se encontraron irregularidades por “incumplimiento a la gestión documental”, lo que ha derivado en multas por casi 2.9 millones de pesos, mientras que en 78 no se encontraron incumplimientos a la regulación ambiental.
En cuanto a empresas que prestan sus servicios para el manejo de residuos peligrosos, Profepa ha inspeccionado a ocho, de los cuales uno fue clausurado en Puebla, y se multó a cinco más con 225 mil pesos; el resto no incumplió normas, según la Procuraduría Ambiental.
