Una organización criminal originaria de Rumania, con ramificaciones en tres continentes, saqueó unos 1,200 millones de dólares de cajeros automáticos alterados que colocó en algunos de los principales destinos turísticos de México, revela una investigación conjunta de OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y la organización Quinto Elemento Lab.
Durante ocho meses, el equipo de periodistas revisó cerca de 15 mil páginas de documentos de autoridades rumanas y mexicanas, obtuvo registros de propiedad en cuatro continentes y realizó entrevistas con docenas de fuentes para reconstruir la trama del grupo criminal que tomó como su base de operaciones la Riviera Maya, pero que se extendió a la zona turística de Puerto Vallarta-Bahía de Banderas (Jalisco y Nayarit) y Baja California.
La operación de la banda rumana inició en marzo de 2014, cuando a través de una empresa fachada de nombre Top Life Servicios, firmó un contrato con banco Multiva para instalar cajeros automáticos de la marca Intacash en centros turísticos, los cuales fueron utilizados para clonar tarjetas de los turistas y robarles su dinero.
Multiva es parte de un conglomerado operado por Olegario Vázquez Aldir, miembro de una de las familias más adineradas de México y designado en 2018 en el consejo asesor empresarial del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Algunas de las tarjetas clonadas en México eran utilizadas para sacar el dinero en otros países. Los skimmers y recaudadores de la banda operaban en Indonesia, India, Barbados, Granada, Paraguay, Brasil, Japón, Corea del Sur y Taiwán.
“Controlamos alrededor de 100 cajeros con chips instalados en ellos… En promedio, cada máquina copiaba cada mes unas mil tarjetas. Retirábamos alrededor de 200 dólares de cada una de estas tarjetas. 20 millones de dólares retirados cada mes”, declaró un exintegrante de la banda que se convirtió en testigo de la fiscalía rumana.
Los ingresos anuales sumaban unos 240 millones de dólares. La estafa en los cajeros se extendió hasta mediados de 2019, por lo que el monto hurtado podría haber sumado 1,200 millones de dólares.
Para manejar los beneficios económicos, la banda rumana creó en 2015 la Inmobiliaria Investcun, la cual fue utilizada para comprar un terreno en una zona privilegiada de Cancún, donde se edificó una mansión de varios pisos con piscinas en la azotea y ascensores, además de estar involucrada en el desarrollo de un proyecto residencial y de golf en Puerto Morelos, un destino turístico entre Cancún y Playa del Carmen.
Autoridades de Estados Unidos, Rumania y México han identificado al empresario Florian Tudor “El Tiburón”, residente en Cancún, como el presunto líder de esta banda.
Pero Tudor niega las acusaciones y dice que todo forma parte de una campaña de difamación porque se negó a ser extorsionado por autoridades policíacas.
Javier Ocampo García, quien como delegado de la Fiscalía General de la República había iniciado en 2019 una investigación contra Tudor, aseguró que hay indicios y elementos que demuestran complicidad de autoridades de distintos niveles para proteger a la banda rumana.
Hay vínculos políticos de protección a Tudor, añadió Alberto Capella, secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, cargo que desempeña desde septiembre de 2018, cuando la banda ya tenía cuatro años operando en la Riviera Maya.
En la investigación periodística se logró documentar que personajes ligados a encumbrados políticos del PRI y del PAN, como gobernadores y secretarios de Estado, han hecho negocios o han colaborado con el presunto grupo criminal.
Javier Valadez Benítez, director de Multiva, dijo que el banco no tenía ni idea de quién era Tudor ni de su relación con Top Life hasta que fue arrestado el 30 de marzo de 2019 en Cancún, por portación de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
“En el momento que nos enteramos de que había un tema alrededor de Top Life y aparecía el nombre de este señor, aun cuando no lo conocíamos, lo que hicimos fue finiquitar dicho acuerdo comercial”.
Dijo que desconocían que autoridades rumanas, mexicanas y estadounidenses llevaban a cabo investigaciones contra la organización de Tudor, pues éstas nunca contactaron el banco.
