En tres meses, 53 periodistas fueron atacados por su cobertura del COVID-19
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Cuartoscuro

En tres meses, 53 periodistas fueron atacados por su cobertura del COVID-19 en México

Del 12 de marzo al 16 de mayo, Artículo 19 documentó alrededor de 120 agresiones contra periodistas, de las cuales el 43.33% ocurrieron durante la cobertura de la pandemia.
Cuartoscuro
9 de julio, 2020
Comparte

En México, las contradicciones y ataques de los gobiernos estatales y federal hacia la cobertura mediática del COVID-19, así como la desinformación, han perjudicado la libertad de expresión y el derecho de información de la ciudadanía.

Así lo concluyó la organización Artículo 19, en su informe especial Coronavirus Opacidad Violencia Impunidad y Desinformación (COVID).

De acuerdo con el informe, en México y Centroamérica, la pandemia por COVID evidenció la precariedad y falta de garantías laborales que enfrenta el periodismo, “y exacerbó los ánimos autoritarios de gobiernos que, hasta el momento, se consideraban democráticos”.

Dicho autoritarismo se vio reflejado, según la organización, al momento en que las autoridades estatales y federales “mostraron un preocupante recelo ante el escrutinio público” y cuestionaron “un sinnúmero de veces la capacidad de la prensa para hacer su trabajo”.

Lee: Ley en CDMX protege el Secreto Profesional de periodistas: no tendrán que revelar sus fuentes

En el documento también se expone la intolerancia de funcionarios públicos de diversos niveles de gobierno y su falta de voluntad para brindar información útil a la población más vulnerable. 

Violencia contra la prensa

El informe señala que en el marco de la emergencia sanitaria, en la que el acceso a la información es una necesidad, las agresiones contra periodistas no han frenado. 

Del 12 de marzo al 16 de mayo, Artículo 19 documentó alrededor de 120 agresiones contra periodistas, de las cuales 52 (43.33%) ocurrieron durante la cobertura de la pandemia.

Según el documento, durante la contingencia, el Estado ha sido “el mayor perpetrador de la violencia contra la prensa”. 

De las 52 agresiones ocurridas durante la cobertura de la pandemia, 36 fueron cometidas por agentes del Estado. 

Los tipos de agresión más comunes perpetrados por las autoridades fueron: bloqueos o alteración de información (27.8%); intimidación y hostigamiento (22.2%); privación de la libertad (19.4%); uso ilegítimo del poder público (16.7%), y ataques físicos (13.9%).

“En México, las autoridades han aprovechado la crisis como una excusa para censurar y estigmatizar las voces disidentes (…) Los individuos en general, han retomado el discurso estigmatizante para intimidar y evitar la cobertura de su propio manejo de la emergencia sanitaria”. 

Para ejemplificar los ataques y la estigmatización por parte del Estado, el informe cita la ocasión en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador usó calificativos negativos contra la columnista Denise Dresser. 

 El 1 de abril, Dresser dirigió un tuit al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en el que cuestionaba al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, sobre las proyecciones oficiales para el número de muertos en México. 

La también académica preguntó por el modelo usado en México. “Urge saber para entender la magnitud de la crisis del COVID-19 y cómo encararla mejor”, escribió. 

Un día después el presidente López Obrador declaró: “Ayer estaba viendo un mensaje de una periodista pidiendo que digamos cuántos muertos va a haber. Esto me hace pensar…, es posible decir que estamos viviendo en temporada de zopilotes”. 

Artículo 19 señala que “comparar a una periodista con animales carroñeros es sumamente grave pues, por un lado, vulnera y desacredita a la persona y su labor y, por el otro, desdibuja la importancia que tiene el derecho a informar, al tiempo que inhibe la libertad de expresión”. 

Lee: 2019 registró el mayor número de ataques contra periodistas de la última década: Artículo 19

Esa no fue la única vez que el presidente ha usado calificativos negativos para referirse a la prensa en torno al tema de COVID. 

El 22 de abril, el mandatario dividió a la prensa al categorizar entre “periodistas buenos y malos”, argumentando que los primeros “son quienes se apegan a los discursos oficiales sin criticar y los malos quienes disienten”. 

Esto “alimenta la creciente polarización del país y contraviene los estándares internacionales sobre libertad de expresión”, señala en el informe. 

Autoridades contribuyen a la desinformación 

Las notas falsas y la desinformación han sido una constante durante la pandemia por COVID. 

Según el informe en México son tres los factores que propician la ambigüedad, la confusión y el escepticismo para reconocer la gravedad y el alcance del virus:  

– Los mensajes contradictorios y la falta de información, de una postura clara y de coordinación de las autoridades en torno al COVID-19. 

– El flujo masivo de información y contenidos relacionados con el tema, disponibles tanto a través de los medios tradicionales como de los digitales. 

– La falta de rigor de periodistas y medios de comunicación, que ha llevado a no informar con precisión o a contribuir a la generación de narrativas discriminatorias. 

En lo que corresponde a la desinformación, el informe señala que muchas veces las noticias no verificadas se propagan rápidamente debido a que es difundido inicialmente por figuras públicas a las que se les concede alguna autoridad, o porque provienen de fuentes oficiales, por ejemplo, determinados funcionarios públicos.

El documento cita algunos casos en los que medios de comunicación, en su mayoría impresos, han difundido información sin verificar que alarma a la población, como fotografías de hospitales saturados de pacientes que no corresponden al contexto real. 

En el caso de los funcionarios, el informe cita el caso del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, quien el 25 de marzo afirmó en conferencia de prensa que el COVID-19 ataca principalmente a gente “acomodada” y que “los pobres son inmunes”.

Lee: ‘Solo los ricos tienen riesgo de contagiarse de COVID-19, los pobres somos inmunes’: Barbosa

“Hay mucha gente de las cuarenta personas; algunos son padres de familia, sí; la mayoría son gente acomodada, ¿eh?, sí lo saben, ¿o no? Si ustedes son ricos, tienen el riesgo; si ustedes son pobres, no; los pobres estamos inmunes”, dijo el gobernador. 

Artículo 19 reprueba declaraciones como esta ya que Barbosa, en su papel de gobernador, tiene más bien “la responsabilidad y obligación de proveer información oficial y datos de manera oportuna y eficaz para combatir la desinformación, los rumores y el miedo”. 

La organización señala que esa no fue la única vez que el gobernador de Puebla compartió información “sin validez científica y contradiciendo las directrices de la Secretaría de Salud y de la OMS”. 

El 14 de marzo declaró: “Me dijeron que la vacuna que ya se descubrió en contra del coronavirus es un plato de mole de guajolote. Vamos nosotros a echarnos un plato de vacuna contra ese virus que atenta contra el mundo”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador también es mencionado en este apartado del informe por ciertas actitudes que “pueden ser consideradas también como una fuente de desinformación y de contradicción con la información difundida por la Secretaría de Salud”. 

El informe señala que algunas de las declaraciones del presidente contradicen las recomendaciones del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

Un ejemplo es la declaración del 4 de marzo en su conferencia matutina, cuando afirmó: “Miren, lo del coronavirus, eso de que no se puede uno abrazar… Hay que abrazarse, no pasa nada”. 

Un consejo que va en contra de las medidas de distanciamiento social para evitar contagios, por las autoridades federales de Salud. 

El 18 de marzo de 2020, el presidente volvió a contradecir a Salud cuando dijo que el escudo protector contra el COVID era el “ ‘detente’, la honestidad, el no permitir la corrupción” e, incluso, mostró amuletos protectores contra el virus diciendo que eran sus “guardaespaldas”. 

Afirmaciones sin sustento científico que además de causar confusión en la población, pueden propiciar que la gente reste importancia a la gravedad del virus. 

Poblaciones indígenas en el olvido

El gobierno federal no adoptó medidas para informar y proteger los grupos de mayor vulnerabilidad, como las comunidades indígenas; personas en condición de pobreza; migrantes, o personas sin hogar.

Sectores que deben recibir especial atención al tener un menor acceso a medidas y artículos preventivos, entre ellos, los cubrebocas y desinfectantes. 

Pero la falta de información no fue una falla solo a nivel federal.    

Para el 21 de abril, fecha en que inició la fase 3 de la pandemia en México, “algunos gobiernos estatales no habían publicado información oficial completa y oportuna sobre la atención a la emergencia sanitaria”. 

Según el informe, en esa fecha, estados como Campeche, Tabasco y Nayarit ni siquiera habían informado en sus páginas oficiales sobre las medidas de salud que debía tomar la población. 

Al 15 de mayo Ciudad de México, Tabasco y Yucatán aún no publicaban información estadística sobre el comportamiento del virus. 

También se acusa que “ha habido una falta evidente de comunicación oportuna y adecuada a las comunidades indígenas”. 

En este sentido, diversas instancias han fallado en la generación de una estrategia de transparencia proactiva que haga llegar información pertinente y de manera constante a las comunidades. 

En entrevistas hechas por Artículo 19 en comunidades indígenas de Chiapas y Yucatán se supo que hasta finales de marzo, el gobierno federal generó por primera vez información en algunas lenguas, “pero su difusión se limitó principalmente a contenidos en formato de texto, a través de internet, en páginas oficiales y redes sociales, demostrando, una vez más, la falta de pertinencia cultural y la difusión tardía de la misma”.

Si bien a la fecha la información básica ya ha sido traducida por el gobierno federal a las lenguas indígenas, “sigue siendo insuficiente, ya que existe otro tipo de información primordial para que los pueblos indígenas estén debidamente al tanto y puedan adoptar medidas a nivel individual, familiar y comunitario”. 

Otro aspecto que dificulta el cuidado de estas comunidades son las condiciones de pobreza que les imposibilitan la compra de insumos de higiene y cuidado como el gel antibacterial.

“Los obstáculos que persisten para que los pueblos indígenas tengan acceso a la información son una muestra de que su condición actual de vulnerabilidad es ocasionada por un cúmulo de epidemias de mayores dimensiones: la pobreza, la desigualdad y la discriminación”, dice el informe.

Ante este contexto, Artículo 19 pide al Estado garantizar a todas las personas el acceso a información clara, oportuna y significativa, apegándose a la máxima publicidad.

Así como asegurar que el gobierno federal y los gobiernos estatales tengan una mayor y mejor coordinación a la hora de recopilar información y compartirla con la población.

El informe completo puede consultarse aquí.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal

'Solo sí es sí': en qué consiste la nueva ley de consentimiento sexual en España

La recién aprobada Ley de Libertad Sexual exige un consentimiento claro antes de toda interacción sexual, lo que ha generado críticas de algunos sectores.
27 de agosto, 2022
Comparte

Se llama Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, aunque es más conocida como Ley de Libertad Sexual y, sobre todo, como ley de “solo sí es sí”.

Tras más de un año de trámites, fue aprobada este jueves por el Congreso de los Diputados de España con 205 votos a favor y 141 en contra.

Una vez la firme el rey, se inscribirá en el Boletín Oficial del Estado y previsiblemente entrará en vigor en cuestión de semanas.

La coalición de izquierda que gobierna España asegura que es una de las leyes más vanguardistas del mundo en favor de los derechos de las mujeres.

Sus críticos, sin embargo, creen que vulnera la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley.

A continuación las claves del “solo sí es sí”.

Su origen: una violación en grupo

La ley tiene sus raíces en el polémico caso de “la manada”.

Así se llamaba el grupo de WhatsApp en el que interactuaban los cinco hombres que violaron a una joven de 18 años en un portal durante las fiestas de San Fermín en Pamplona en 2016.

José Ángel Prenda de la manada

Getty Images
José Ángel Prenda es quizá el miembro más conocido de “la manada”, cuyo juicio ha sido uno de los más mediáticos de la historia de España.

La justicia española los condenó por abuso sexual al entender que no hubo violencia ni intimidación, pero más tarde rectificó y el Tribunal Supremo acabó elevando las penas de 9 a 15 años de prisión por violación.

El caso generó manifestaciones en todo el país y la exigencia de parte de la sociedad española de reformar las leyes para proteger a las mujeres de ataques sexuales y endurecer los castigos para quienes los perpetren.

El actual gobierno español, declarado abiertamente feminista, comenzó entonces a diseñar la nueva ley, que implica importantes cambios en el tratamiento de los delitos sexuales y la atención a las víctimas.

El consentimiento

“Solo sí es sí” hace referencia al más importante y también el más polémico de los postulados de esta ley: el consentimiento antes de cualquier interacción sexual.

“Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona”, expone el texto legal.

Así, las conductas sexuales sin consentimiento se considerarán agresiones y se castigarán con diferentes penas en dependencia de las circunstancias y los agravantes del caso.

Esto supone que una agresión sexual no implica necesariamente el uso de la fuerza o que la víctima haya tratado de resistirse ya que, por ejemplo, su pasividad podría estar condicionada por una intimidación ambiental o por la ingesta de alcohol u otras sustancias.

Ninguna mujer va a tener que demostrar que hubo violencia o intimidación en una agresión para que sea considerada como agresión. Reconocemos todas las agresiones como violencias machistas”, declaró a los medios la ministra española de Igualdad, Irene Montero.

Irene Montero, la ministra de Igualdad de España

Getty Images
Irene Montero, la ministra de Igualdad, es conocida por su defensa del feminismo de izquierda.

Eliminado el abuso

La nueva ley elimina la actual distinción entre abuso y agresión sexual.

Así, toda interacción sexual sin el consentimiento de la otra persona será una agresión y se castigará con una pena de prisión de 1 a 4 años.

También se introduce el agravante por sumisión química.

Usar fármacos o drogas para reducir o anular la voluntad de la víctima, algo considerado hasta ahora abuso, pasará a ser agresión.

Asesinatos, acoso callejero y más

En su apartado de asesinatos por violencia sexual, la ley del “solo sí es sí” busca diferenciar el homicidio de mujeres vinculado a la violencia sexual de otro tipo de crímenes con muerte.

El “feminicidio sexual” se considerará “la violación más grave de los derechos humanos vinculada a las violencias sexuales, que debe ser visibilizada y a la que se ha de dar una respuesta específica”.

El acoso callejero pasará a ser penado como delito leve y la justicia podrá perseguirlo a petición de la persona que lo sufra.

Hombre acosa a mujer en la calle

Getty Images

Este tipo de actitudes se castigarán con entre 5 y 30 días de localización permanente, trabajos comunitarios durante el mismo periodo o multa.

También se perseguirá la violencia sexual digital, que se refiere a la extorsión sexual a través de las redes o la pornografía no consentida.

El apartado referente a la prohibición de la publicidad pornográfica consiste, por un lado, en vetar los anuncios que muestren una imagen vejatoria o discriminatoria de las mujeres utilizando su cuerpo o partes del mismo, o asociada a comportamientos estereotipados que se consideren ofensivos.

Mujer en una ventana

Getty Images
Imágenes como esta podrían ser censuradas en la publicidad, según la nueva ley.

Esta previsión también servirá para prohibir los anuncios que promocionen la prostitución o que puedan considerarse racistas, homofóbicos o discriminatorios.

Apoyo a las víctimas y educación sexual

Para las víctimas de agresiones sexuales que ganen menos del salario mínimo (14.000 euros anuales en la actualidad) la ley contempla generosas ayudas económicas y prioridad de acceso a vivienda pública.

También prevé establecer en toda España al menos 50 centros de crisis 24 horas en los que las víctimas, familiares y allegados podrán recibir atención psicológica, jurídica y social.

Actualmente existen dos -uno en Madrid y otro en Asturias, en el norte del país- gobierno español ya ha destinado 66 millones de euros (US$65,7 millones) a este proyecto.

Con la nueva Ley de Libertad Sexual la educación sexual será obligatoria en todas las etapas educativas, así como en las carreras universitarias vinculadas a la docencia, el ámbito sanitario y el judicial.

Por último, los agresores sexuales también tendrán que recibir educación sexual de forma obligatoria.

Las críticas a la ley

Desde que se iniciaron los trámites hace más de un año, la ley del “solo sí es sí” ha recibido críticas desde la derecha, así como de jueces y parte de la sociedad a través de las redes.

Los 21 magistrados del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de la justicia española, aprobaron en 2021 por unanimidad un informe que cuestionaba aspectos claves de la ley.

Los jueces consideraron que podría verse en peligro el principio de presunción de inocencia: definir qué es consentimiento -en lugar de qué no lo es- obliga al acusado a demostrar que la víctima le dio el “sí” antes del encuentro sexual.

Esta es la misma preocupación que ha expresado el principal partido de la oposición, el Partido Popular (PP), que votó en contra en el Congreso.

Mientras, el partido de extrema derecha Vox considera la ley “ideológica y sectaria” y cree que “abre la puerta a utilizar denuncias falsas” para lograr beneficios, como la regularización en caso de inmigrantes ilegales.


Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=eeaQ5uu_L_4

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.