La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió atraer un amparo contra el Congreso de Yucatán, quien rechazó la aprobación del matrimonio igualitario en la entidad en 2019.
De acuerdo con la organización que promovió el amparo, Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán, la resolución que haga el máximo tribunal del país puede determinar la aprobación del matrimonio igualitario en Yucatán.
Con tres votos a favor y dos en contra, la Primera Sala de la Suprema Corte atrajo el caso, en el que resolverá “si el Congreso de Yucatán violó el Pacto Federal al negarse a reconocer el matrimonio igualitario durante la votación de una iniciativa sobre el tema en 2019”, informó el colectivo.
Luego de que en abril de 2019, el Congreso de Yucatán rechazó la iniciativa de matrimonio igualitario, el colectivo interpuso un amparo argumentando que la decisión “violaba la jurisprudencia de la SCJN sobre la inconstitucionalidad de prohibir las uniones legales entre personas del mismo sexo”.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió atraer un amparo contra el Congreso de Yucatán, quien rechazó la aprobación del matrimonio igualitario en la entidad en 2019.
De acuerdo con la organización que promovió el amparo, Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán, la resolución que haga el máximo tribunal del país puede determinar la aprobación del matrimonio igualitario en Yucatán.
Con tres votos a favor y dos en contra, la Primera Sala de la Suprema Corte atrajo el caso, en el que resolverá “si el Congreso de Yucatán violó el Pacto Federal al negarse a reconocer el matrimonio igualitario durante la votación de una iniciativa sobre el tema en 2019”, informó el colectivo.
Luego de que en abril de 2019, el Congreso de Yucatán rechazó la iniciativa de matrimonio igualitario, el colectivo interpuso un amparo argumentando que la decisión “violaba la jurisprudencia de la SCJN sobre la inconstitucionalidad de prohibir las uniones legales entre personas del mismo sexo”.
“Esta es una oportunidad histórica, dado que podría ser el cierre de una lucha iniciada por distintas organizaciones en Yucatán desde 2008”, señaló Alex Orué, vocero del colectivo, y recordó que el propio ministro presidente Arturo Zaldívar publicó que la jurisprudencia es obligatoria para los estados y que no deben desobedecerla.
En tanto, Kalycho Escoffié, parte del equipo legal del Colectivo PTFY, indicó que este caso podría repercutir en otras entidades donde los congresos no han acatado esta jurisprudencia, “por lo que si se gana el amparo la Suprema Corte estaría confirmando que sus precedentes no solo obligan a jueces y juezas, sino también a poderes legislativos”.
De acuerdo con el Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán, el proyecto podría discutirse aproximadamente a finales de este año o a principios del 2021.
