Corte discute despenalizar aborto en Veracruz y da esperanza a 'ola verde'
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Corte discute despenalización del aborto en Veracruz y da esperanza a la 'ola verde'

Ministros de la Suprema Corte decidirán hoy si obligan al Congreso de Veracruz a hacer las reformas legales necesarias para despenalizar la interrupción del embarazo, lo que tendrá consecuencias en todo el país.
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29 de julio, 2020
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La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá este miércoles un proyecto de sentencia que de ser aprobado obligaría al Congreso de Veracruz a modificar el Código Penal local y despenalizar la interrupción del embarazo, bajo cualquier causa, antes de las 12 semanas, o en cualquier momento si es producto de una violación o una inseminación artificial no consentida.

Esto impactaría no solo en Veracruz, sino que allanaría el camino para que todas las entidades modifiquen su marco legal a favor del aborto.

Entérate: Derecho a decidir, cinco mitos sobre el aborto a la luz de la evidencia

En el proyecto de sentencia, elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, se señala que todas las entidades están obligadas a cumplir con los tratados internacionales de los que México es parte, entre ellos la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará).

En el contexto de estos dos tratados se entiende por violencia contra la mujer lo que anule o menoscabe el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos fundamentales, como los reproductivos y sexuales.

Si el Estado mexicano, dice Alcantará Carrancá en el documento, “ratificó la Cedaw, el 23 de marzo de 1981, y la Convención de Belem do Pará, el 12 de noviembre de 1998, a la luz del derecho internacional, las obligaciones recién señaladas eran exigibles de inmediato tanto para la Federación, como para las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias”.

Ahí radica la importancia para todo el país de esta sentencia que se va a discutir en el pleno de la Corte, explica Esmeralda Lecxiur, abogada y asesora legal de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (Mexfam). “Si se emite, va a sentar un precedente, porque lo que está diciendo es que el legislativo veracruzano tuvo que armonizar el Código Penal con esos tratados y todas las entidades que no lo hayan hecho están en la misma circunstancia de omisión”.

Si los congresos de los estados no legislan para armonizar sus leyes con los tratados internacionales, entonces, precisa Lecxiur, las organizaciones de derechos humanos o los ciudadanos pueden interponer amparos, que llegarían a la Corte y se tendrían que resolver en el mismo sentido que el que originó este proyecto de sentencia.

¿Cómo empezó todo?

“Han sido cuatro años de batalla porque los poderes del estado de Veracruz se han negado a hacer las modificaciones necesarias al marco legal para que las mujeres puedan decidir si continúan o no con un embarazo, y por eso hay incluso mujeres y niñas que han sufrido violación a quienes no se les garantiza el acceso a la interrupción legal”, dice María de la Luz Estrada, coordinadora del área de Violencia y Derechos Humanos de Católicas por el Derecho a Decidir.

La activista asegura que tan solo en 2015 documentaron que a más de 400 niñas se les negó el aborto, pese a que su embarazo era producto de una violación.

A esto había contribuido no solo que el Código Penal del estado prohíbe la interrupción –excepto cuando hay una violación o cuando la vida de la madre está en peligro o el producto presenta un daño grave– sino que en 2016, el entonces gobernador Javier Duarte envió al congreso local una iniciativa para modificar la Constitución del estado.

Justo un 28 de julio, pero de 2016, el poder legislativo de Veracruz aprobó la reforma a la Constitución para establecer que quedaba protegida la vida desde el momento de la concepción.

Hasta en el ámbito propio de la salud, las mujeres experimentaron barreras para acceder a sus derechos sexuales y reproductivos, explica María de la Luz Estrada, “Hasta el 90% de los médicos de Veracruz se han declarado objetores de conciencia (que sus creencias no les permiten realizar un aborto)”.

Organizaciones de la sociedad civil solicitaron entonces la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) por agravio comparado, es decir, por no garantizar los derechos sexuales y reproductivos, en específico el acceso a la interrupción del embarazo, cuando estos sí están garantizados en tratados internacionales.

El 13 de diciembre de 2017, la Secretaría de Gobernación, por medio de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), decretó esta alerta.

Como parte de la AVG, un grupo de trabajo integrado por académicas, activistas y autoridades elaboró un informe sobre la situación en el estado de esta falta de derechos. En ese informe se incluyeron una serie de recomendaciones para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, entre ellos el de reformar el Código Penal para despenalizar la interrupción del embarazo.

Una esperanza que necesita tres votos

La diputada Tanya Carola Viveros Chazaro junto con otras diputadas y diputados presentaron una iniciativa de reforma a los artículos 149, 150 y 154 de ese Código, en cumplimiento a las recomendaciones señaladas por el grupo de trabajo de la AVG.

Estos artículos son los que establecen la prohibición del aborto, lo clasifican como delito, establecen las sanciones y delimitan cuando no es punible.

Sin embargo, el Congreso del estado declaró improcedente dictaminar de manera positiva la iniciativa de reforma, bajo el argumento de que contravenía la Constitución local, y violentaba el proceso legislativo.

Ocho organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Mexfam; Católicas por el Derecho a Decidir; Justicia, Derechos Humanos y Género; Academia, Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos, interpusieron entonces un recurso de amparo por lo que consideraron la omisión legislativa de modificar el marco normativo.

El Juez 18avo de Distrito, con sede en Xalapa, resolvió el caso otorgando el amparo a las solicitantes y reconoció las violaciones a los derechos humanos y la omisión del Congreso.

Pero el legislativo del estado impugnó la resolución mediante recurso de revisión, tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, ante el que después solicitó que fuera la Suprema Corte la que atrajera y resolviera el caso.

“Es el Congreso del estado el que solicita la atracción de la Corte, pensando en dilatar el proceso y en que la resolución en esa instancia les sería favorable, después de que un juez ya había resuelto un amparo en contra de ellos y bajo el argumento de que no tienen porqué cumplir con tratados internacionales a los que se apega la federación”, explica Esmeralda Lecxius de Mexfam.

El 19 de junio de 2019, la Primera Sala de la SCJN resolvió atraer el RECURSO DE REVISIÓN 278/2018 relacionado con el amparo indirecto 1191/2018 otorgado a las organizaciones solicitantes de la alerta, por el Juez 18 de Distrito con residencia en Xalapa, Veracruz.

El proyecto de sentencia elaborado por González Alcántara Carrancá señala que la Primera Sala de la Corte determinó que el juez de distrito correctamente identificó la existencia de una omisión legislativa (en Veracruz).

“Al amparo de la Cedaw y de la Convención Belém do Pará, dice el documento, en virtud de ambos artículos, se obliga al poder legislativo local a modificar los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal para el Estado de Veracruz, al ser normas discriminatorias y/o constitutivas de violencia contra la mujer que debieron haber sido reformadas sin dilación por esa entidad”.

Este miércoles, cinco ministros de la Corte discutirán y votarán el proyecto de sentencia para confirmar el amparo del juez de Xalapa. Se necesitan tres votos a favor para aprobarlo.

“No sabemos qué va a pasar, es posible que se apruebe el proyecto, que en general confirma la omisión legislativa de reformar el Código Penal de Veracruz para despenalizar el aborto, aunque se puede aprobar con modificaciones y en la sentencia se establecerán los plazos para que el legislativo cumpla con lo ordenado por la Corte”, explica Esmeralda Lecxius.

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"Pasaron 12 semanas y aún sigo sin fuerzas": qué es el síndrome de fatiga crónica en recuperados de COVID

Como el COVID-19 es una enfermedad nueva, aún no se ha podido estudiar cuánto demora recuperarse de ella, y cuáles pueden ser sus implicaciones a largo plazo.
18 de junio, 2020
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Doce semanas después de que se tuviera los primeros síntomas de covid-19, Callum O’Dwyer, un escocés de 28 años, sigue sintiéndose mal.

En buena forma y sano, este joven no padecía ninguna condición preexistente antes de contagiarse con el virus.

Sin embargo, tras cinco semanas de luchar contra los principales síntomas, no pudo seguir valiéndose por sí mismo y tuvo que mudarse con sus padres.

La recuperación le ha tomado mucho más tiempo de lo que imaginaba y, debido a los síntomas que aún persisten, sigue sin poder vivir solo o trabajar.

Los médicos le han dicho a O’Dwyer que padece fatiga crónica (también llamada encefalomielitis miálgica, enfermedad sistémica por intolerancia al esfuerzo y en algunos casos síndrome de fatiga postviral), una consecuencia del coronavirus que está afectando a muchos sobrevivientes.

Enfermedad poco comprendida

El síndrome de fatiga crónica es una condición debilitante de largo plazo en la que la persona afectada experimenta una serie de síntomas. El más importante es un agotamiento que no mejora ni con el sueño ni con el descanso y que afecta al paciente en todos los aspectos de su vida cotidiana.

Mujer cansada

Getty Images
El cansancio que provoca el síndrome de fatiga crónica no se pasa con el descanso ni el sueño.

Otros síntomas comunes son el dolor, la falta de claridad mental y problemas con la memoria y el sueño.

Se desconocen las causas de esta poco entendida condición, pero una de las teorías apunta a que puede originarse después de una infección viral.

Según explica la página del Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS, por sus siglas en inglés), el síndrome puede también afectar la salud mental y emocional, con un efecto negativo en la autoestima del paciente.

Tampoco hay un tratamiento específico: éste se centra, básicamente, en aliviar los síntomas.

“Nunca me había sentido así”

O’Dwyer empezó a sentirse enfermo unas pocas horas antes que decretaran la cuarentena en Escocia, el 23 de marzo.

Callum O'Dwyer

Callum O’Dwyer
Callum O’Dwyer comenzó a experimentar los primeros síntomas de covid-19 el 23 de marzo.

“Recogí un par de cosas para llevarme a casa y trabajar desde allí”, le cuenta el joven a la BBC.

“Me sentía muy cansando, con náuseas, y hora tras hora aparecían nuevos síntomas: empecé a tener fiebre y luego surgieron más cosas”.

“Por 10 días fue como si tuviese una gripe muy, muy fuerte. Nunca había estado así de enfermo. Desde el principio, sospeché que probablemente fuera covid”.

Otro síntoma que desarrolló fue una falta de aire persistente y, en dos ocasiones, tuvo que llamar a emergencias porque no podía respirar.

Racionamiento de energía

Dos semanas después de que desaparecieran la mayoría de los síntomas, seguía sintiendo falta de aire, fatiga y debilidad muscular.

Paciente con covid

Getty Images
Para algunos pacientes que han estado internados, la recuperación puede ser muy lenta.

Estos últimos eran severos y su médico le dijo que había entrado en la fase post-viral en su proceso de recuperación.

“Me quedaba descansando en la cama por seis u ocho horas al día y me costaba levantar cualquier cosa. Y soy un tipo de 28 años que hasta hace poco corría carreras”, dice.

“Tenía una botella de agua de un litro cerca de mí y me costaba levantarla. Así de débil estaba”.

O’Dwyer racionaba su energía para poder lavar los platos o su ropa. Cuenta que no podía hablar por teléfono sin sentir un dolor en el abdomen por el esfuerzo de hablar.

Y, mentalmente, el no poder conversar con nadie lo hacía sentir muy mal.

Como no mejoraba, aceptó que no podía valerse por sí mismo y, dado que no tenía el virus, se mudó a la casa de sus padres, a unos pocos kilómetros de la suya.

“Estaba muy deprimido. El primer día que llegué allí tenía dificultades y sentía dolor al subir la escalera”.

Después de tres meses, el estado de salud O’Dwyer ha mejorado, pero la falta de aire cada que vez que hace un esfuerzo no ha desaparecido.

“Es muy frustrante. He tenido tantas falsas esperanzas. Actualmente no puede vivir de forma independiente ni trabajar”.

“Cuando hablamos de covid, hablamos de vida y muerte, no se habla de la gente que se ve afectada mucho después”, dice.

Recuperación lenta

Como la covid-19 es una enfermedad nueva, aún no se ha podido estudiar cuánto demora recuperarse de ella, y cuáles pueden ser sus implicaciones a largo plazo.

Según Geraldine McGroarty, un cirujana escocesa que atraviesa una experiencia similar a la de O’Dwyer, “investigaciones muestran que aquellos que han tenido una forma severa de covid, sobre todo aquellos que han estado hospitalizados en cuidados intensivos, tienen a ser más susceptibles a sufrir esta condición postviral, cuyo síntoma más común es la fatiga”.

“Y si miramos estudios hechos en países que se vieron afectados antes que nosotros, podemos esperar que dure hasta unos seis meses en algunos casos, con una recuperación muy lenta”, señala McGroarty.

Enlaces a más artículos sobre el coronavirus

BBC


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