Hospitales públicos no atendieron a menor y ahora sus padres deben $100 mil
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Hospitales públicos dejan sin atención a menor, padres lo llevan a privado y ahora deben más de 100 mil pesos

La deuda contraída es imposible de pagar para los padres de Iñaki, pues uno de ellos se quedó sin trabajo por la crisis de COVID-19.
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22 de julio, 2020
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Jacqueline Ramírez apenas podía correr con su hijo Iñaki, de dos años y siete meses en los brazos, el cobertor con el que lo cubría y la maleta donde llevaba recetas, medicamentos, y otros enseres del pequeño. Como pudo alcanzó la puerta de salida de urgencias del Instituto Nacional de Pediatría (INP), de la Secretaría de Salud federal, donde su esposo, Alejandro Sandoval, la esperaba para ir a buscar otro lugar donde sí atendieran al menor.

Era la segunda vez en menos de cuatro días que la mujer salía de ahí con su pequeño en los brazos sin conseguir atención médica. Tampoco la consiguieron en el Hospital Materno Pediátrico Xochimilco, de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

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Los padres terminaron con su hijo en un hospital privado, donde le practicaron una cirugía de emergencia por una apendicitis fase 3, que estuvo a punto de ser peritonitis, de acuerdo con las notas médicas de las que Animal Político tiene copia.

El pequeño fue dado de alta y se encuentra estable, pero sus padres se han quedado con una deuda de más de 100 mil pesos. Tuvieron que conseguir dinero prestado para pagar los gastos en el hospital particular y los servicios médicos. La deuda llega justo cuando Alejandro se encuentra desempleado a causa de la pandemia de COVID-19.

Para los padres de Iñaki el peregrinaje buscando atención para su hijo empezó al final del sábado 4 de julio.

Jacqueline cuenta que en la noche de ese día, el semblante y el ánimo del niño cambiaron. “Él es muy activo siempre y de pronto se puso pálido y como tristón. No se veía bien”.

Los padres se preocuparon. Eran alrededor de las 11 de la noche de un sábado y no lograron localizar a su pediatra. En Uber llegaron hasta el Hospital Materno Pediátrico Xochimilco, en la alcaldía donde ellos viven. Justo en ese momento, el pequeño vomitó.

Por la contingencia sanitaria por COVID-19 el acceso en ese hospital estaba restringido y el policía de la entrada indicó que sólo podía pasar uno de los dos papás. Alejandro ya llevaba al niño en brazos así que entró él.

Después de esperar unos minutos, de acuerdo al relato que el padre hizo a Animal Político, una doctora, que no se identificó con nombre, los hizo pasar a uno de los consultorios. Preguntó por qué acudían a consulta, pesó al menor, le tomó la temperatura, le revisó el estómago y quiso saber si había algún familiar o alguien con COVID con el que Iñaki hubiera convivido.

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El padre respondió que no,  y que ellos llevaban el resguardo domiciliario estricto y casi obligado, desde hacía tres meses, cuando Alejandro tuvo que dejar de ir a trabajar al Sky Zone de Lomas Verdes, donde se empleaba y que cerró por la epidemia de COVID.

La doctora, cuenta el padre de Iñaki, le dio al pequeño unos mililitros de medicamento, según dijo para bajarle la fiebre, y los despachó, sin darles receta ni ningún papel. Solo indicó mantener al menor en observación, recomendó administrarle Tempra en caso de más fiebre, y advirtió de que si lo del niño resultaba ser COVID ellos ahí no atendían la enfermedad.

Cuando salieron del hospital de Xochimilco, Jacqueline insistió en buscar otra opción. Se fueron al Instituto Nacional de Pediatría (INP).

Lo que vivieron ahí fue muy similar a lo del otro hospital. Los mandaron a la entrada de urgencias y les dijeron que solo podía pasar uno de los dos papás. Esta vez decidieron que sería Jacqueline.

También allá los recibió una doctora que preguntó por síntomas de COVID, le revisó la panza al niño y dijo que no encontraba nada malo. Los mandó a casa con una receta de Espaven, un medicamento para malestares estomacales y reflujo.

A partir de ahí los papás empezaron a peregrinar de un médico a otro, de un hospital privado a otro, con el pequeño sufriendo de diarrea, vómito  y fiebre. La pediatra del niño a la que localizaron el lunes sospechó de un recargón por embutidos. Le recetó medicamentos que no lo mejoraron.

Para el miércoles, los papás decidieron llevarlo a un hospital privado, en Álvaro Obregón, con un pediatra que una prima le recomendó a Jacqueline. Para entonces el niño ya iba con dolor en el abdomen.

Ahí quisieron hacerle al menor varios estudios que incluían el de orina. Esperaron por horas sin que Iñaki hiciera pipí. Así que se fueron con diagnóstico de una infección urinaria, que no podían precisar, y una receta de antibiótico.

La pareja abordó un Uber para volver a casa con el niño. “Llevábamos unos 10 minutos de camino, cuando Iñaki se empezó a quejar de más dolor en el estómago, flexionaba ya sus piernas. Vomitó. Tenía los ojos hundidos y la boca seca. Le dije a mi esposo que no me iba a regresar así a la casa. Teníamos el INP cerca y le pedimos al conductor ir para allá”, relata Jacqueline.

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“Nos hemos quedado con esa deuda enorme” 

Al llegar al instituto, otra vez solo dejaron entrar a uno. Pasó Jacqueline. Le preguntaron si el niño llevaba síntomas de COVID.

“Estaba una médica joven, residente quizá. Me preguntó qué tenía el niño y me mandó a la caja a pedir por una cita de urgencias y a pagar 35 pesos. No tenían cambio. Se pusieron a buscar cómo cambiar el billete. Me dan una tarjeta y me mandan con esa a administración, me dicen que me siente y que ahorita me atienden”, cuenta Jacqueline.

La madre se fue a sentar. “Ahí estaba yo, en eso la mujer de la caja le dijo a la residente que había mandado mal mi orden de cita, que todas las mandaba mal y se empezaron a reír. Llegó entonces una chica, de unos 17 años, la doctora le preguntó qué tenía, la muchacha le dijo que Lupus, le dijo: pásate. La atendió a ella primero cuando yo estaba antes, solo porque se equivocaron con la cita. Para entonces Iñaki ya estaba inmóvil, apenas podía tener los ojos abiertos y cuando lo lograba solo me miraba. Me puse a llorar”.

La desesperación de la madre llamó la atención de otra doctora que se acercó a ver qué pasaba. Pero ese acercamiento solo derivó en una reprimenda para la residente por no revisar al bebé antes de pedir la cita de urgencias y en un “ahorita te atienden”, que pasaría por una nueva ida a la caja y administración.

Jacqueline se salió corriendo con su hijo en brazos. Alejandro la esperaba afuera. No sabían a dónde ir. Acabaron en otro hospital privado, donde le practicaron al menor una cirugía de emergencia, le drenaron toda la pus que ya tenía en el abdomen y le quitaron el apéndice.

“El médico nos dijo que un poco más y le da una peritonitis a Iñaki”, dice Jacqueline.

Ahora el niño ya está en casa, pero los papás quedaron con una deuda enorme para ellos. El total en el hospital fue de 140 mil pesos. Amigos, familiares y conocidos se movieron: sacaron ahorros, pidieron prestado, primero para cubrir el depósito que pedían para iniciar la atención al menor, después para liquidar la cuenta.

“Una amiga nos prestó 26 mil pesos; mi abuela 40 mil y así. Es dinero que debemos pagar porque las personas que nos lo prestaron van a necesitarlo. Nos hemos quedado con esa deuda enorme ahora”.

Para la familia las cosas ya se habían puesto mal desde antes de la enfermedad de Iñaki. Cuando cerraron el Sky Zone donde Alejandro trabajaba, en abril, le bajaron el sueldo 75% y le quitaron las prestaciones. Le estaban pagando solo mil pesos cada quince días. Después ya no le pagaron nada. La familia se quedó sin ingreso y sin Seguro Social. En esa situación los encontró la enfermedad del menor.

“No sabemos cuándo pueda regresar Alejandro al trabajo. Y yo me estaba dedicando a cuidar al niño. Los ahorros que teníamos nos han servido para irla pasando y pagar la renta. Ahora no tenemos con qué saldar la deuda que adquirimos con medio mundo para liquidar el hospital. Hasta hemos abierto una página en Donadora para recaudar apoyo”, dice Jacqueline.

Animal Político solicitó una entrevista a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para saber por qué no se le brindó atención al pequeño en el Hospital Materno Pediátrico de Xochimilco.

El área de comunicación de Sedesa solicitó los datos de los padres y el menor. Al inicio aseguraron  que no tenían en el hospital registro de la visita de Iñaki y sus padres, pero después informaron que se encontró un registro de entrada del niño, por lo que el hospital  se comprometió a hacer un recuento de hechos, apoyado en los testimonios de los padres y los trabajadores de la unidad para saber qué sucedió y por qué no se le brindó la atención al niño.

Además se comprometieron a garantizar los servicios de salud que requiera el menor.

Este portal también solicitó al área de comunicación de la Secretaría de Salud federal  saber por qué no se le había dado atención a Iñaki en el INP. Hasta el cierre de esta edición no hubo ninguna respuesta.

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Código de las Familias: el referendo para legalizar el matrimonio igualitario en Cuba

En lo que es solo el tercer referendo en la historia del país desde la Revolución del 59, los cubanos decidirán si aprueban o no el matrimonio igualitario, en un país que hace décadas mandó a los homosexuales a campos de trabajos forzados.
25 de septiembre, 2022
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Los cubanos no votan para elegir a su presidente pero sí podrán hacerlo este domingo para aprobar, o rechazar, el marco legal que regirá sus relaciones familiares.

“¿Está usted de acuerdo con el Código de las Familias?” es la pregunta única que se formulará a los electores, con “sí” y “no” como opciones de respuesta en este inusual referendo, el tercero en la historia reciente del país tras los que ratificaron las constituciones de 1976 y 2019.

El matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción de hijos por parte de éstas o la gestación subrogada son algunas de las propuestas más destacadas y polémicas del documento de 104 páginas que busca reemplazar una normativa de 1975.

El plebiscito llega en un momento de profunda crisis económica en Cuba, donde la principal preocupación entre sus más de 11 millones de habitantes es capear la escasez de todo tipo de productos, desde alimentos y medicinas hasta artículos de aseo o ropa, y los cada vez más frecuentes apagones.

Hombre en Cuba junto a un cartel favorable al código de las familias.

Getty Images
La cada vez más difícil lucha diaria por la supervivencia en Cuba ha hecho que, para gran parte de la población, el referendo sobre las familias sea un asunto secundario.

Los principales cambios

El nuevo Código de las Familias se sometió a una consulta popular entre febrero y abril de este año en la que participaron 6,5 millones de cubanos, según el gobierno..

Además del llamado “matrimonio igualitario”, la posibilidad de que parejas del mismo sexo adopten niños o la “gestación solidaria” -subrogada sin fines de lucro-, el código contempla otros cambios en las interacciones familiares.

Por ejemplo, abre vías para penalizar a los agresores domésticos en aspectos como la custodia de sus niños, reparto de bienes o herencia; protege la comunicación entre los menores y sus abuelos en caso de divorcio, e incorpora legalmente a madrastras y padrastros como tutores.

También permite que los padres puedan elegir el orden de los apellidos de sus hijos y amplía -al menos sobre el papel, ya que esto requiere de recursos materiales- la protección de adultos mayores o discapacitados.

Otro punto destacado es la posibilidad de que los abuelos adquieran responsabilidad parental, algo importante teniendo en cuenta que en los últimos meses decenas de miles de cubanos de mediana edad han emigrado, en muchos casos dejando a sus progenitores al cuidado de los menores de la casa.

El “sí” contra el “no” al código

El gobierno ha emprendido una amplia campaña en favor del “sí” en la televisión, la radio y los diarios (en Cuba los medios son propiedad del Estado), en las redes sociales con los hashtags #YoVotoSi y #CodigoSi, en la calle con abundantes carteles e incluso en los centros educativos mediante sesiones especiales sobre el nuevo Código.

Todas las instituciones cubanas, desde el Consejo Electoral Nacional hasta el Tribunal Supremo, han secundado la campaña del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), dirigido por la influyente Mariela Castro, hija del exgobernante Raúl Castro.

Mariela Castro

Getty Images
Mariela Castro es desde hace años la adalid de la causa de la comunidad LGBT en el Estado cubano.

“El Código de las Familias aporta, amplía y contribuye a garantizar ampliamente los derechos de todas las personas y todas las familias. Contribuye a democratizar aún más las relaciones intergenéricas, intergeneracionales”, declaró Mariela Castro esta semana a la agencia Efe.

Gran parte de la comunidad LGBT en Cuba también apoya el “sí” en la votación del domingo.

“Que por fin en Cuba se reconozca legalmente la legitimidad del amor, las uniones y las vidas de miles de personas homosexuales es un motivo de celebración, y reivindica toda mi existencia y la de las personas de mi comunidad”, explicó a BBC Mundo el actor y prominente activista cubano Daniel Triana, de 25 años.

El activista Daniel Triana (izquierda) con otros miembros de la comunidad LGBT.

Daniel Triana
Daniel Triana (izquierda) con otros activistas y miembros de la comunidad LGBT.

Como en Cuba el Estado acapara la esfera pública, no existe una campaña articulada por el “no” en los medios de comunicación ni en la calle.

Quienes se oponen a la aprobación del nuevo Código de las Familias lo hacen sobre todo con mensajes en las redes y esgrimen diversos motivos, por lo general religiosos o políticos.

“No beneficia a la familia cubana la introducción en nuestra legislación de los contenidos de la llamada ‘ideología de género’, que sustenta muchas de las propuestas”, expuso la Conferencia Episcopal de Cuba en un comunicado en su página web.

Los obispos critican especialmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción por parte de estas y la gestación subrogada, que consideran contrarios a los valores y la fe católicos.

En el comunicado expresan, sin embargo, su apoyo a otros puntos de la propuesta relacionados con la violencia doméstica y la protección de los derechos de ancianos y menores.

Mientras, en Twitter quienes se oponen al Código de las Familias han expresado su rechazo con los hashtag #YoVotoNo y #CodigoNO.

https://twitter.com/ArquiSpaces/status/1572802545457795073

“Nuestras familias también necesitan alimentos, ropa, zapatos, medicamentos, viviendas, mejor calidad de vida, mejores hospitales y escuelas, y no veo por ningún lado una campaña para eso. Por eso #YoVotoNo”, publicó otro internauta.

Muchos opositores también han planteado dudas sobre la limpieza del referendo, que según las autoridades está garantizada, aunque no habrá supervisión de organismos internacionales.

Confrontación política

Como casi todo tema de actualidad en Cuba, el plebiscito ha adquirido fuertes connotaciones políticas.

Las autoridades cubanas han vinculado la campaña del “sí” con la defensa del modelo político vigente desde 1959 y cada vez más cuestionado dentro del país a medida que aumenta el descontento social por la nefasta situación económica.

Cartel favorable al Código de las Familias en el diario oficialista Invasor, de la provincia central de Ciego de Ávila

Invasor
Cartel favorable al Código de las Familias en el diario oficialista Invasor, de la provincia central de Ciego de Ávila.

“Apoyar el Código de las Familias es apoyar el proyecto de país”, titulaba un artículo con una entrevista a Mariela Castro el pasado mayo en el diario estatal Granma.

Para el activista Daniel Triana “esto es asqueante, ya que el gobierno podría haber aprobado el matrimonio igualitario de un plumazo en la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento), donde todo se vota por unanimidad”.

“Quienes disentimos del régimen y que apoyamos el código estamos en una posición ética y política bien delicada“, asegura.

Manifestación LGBT Cuba 2019

Getty Images
En Cuba los gays, lesbianas y trans pueden manifestarse, pero solo bajo la tutela y organización del Estado: cuando en 2019 activistas LGBT celebraron una marcha por su cuenta en La Habana, agentes vestidos de civiles agredieron y arrestaron a varios manifestantes. Las autoridades les acusaron de ser “contrarrevolucionarios” al servicio de EE.UU., el señalamiento más frecuente para quienes se desmarcan del sistema establecido.

Fuera de la comunidad LGBT, la mayoría de disidentes en Cuba han expresado en las redes sociales su intención de votar “no” o abstenerse como forma de castigo al gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel.

Otros dentro y fuera del país han aprovechado la ocasión para denunciar la falta de libertades políticas en Cuba, gobernada por el Partido Comunista como órgano único y supremo de poder en el Estado.

“Si no puedes elegir tu presidente, ¿cómo exponer a tus hijos a un Código de Familia que eligió alguien por el cual tú no votaste? Si están llevando a votación el Código de las Familias, ¿por qué no llevar a votación elecciones libres pluripartidistas?”, escribió el artista Yotuel Romero, excantante del grupo Orishas y coautor de la canción Patria y Vida, convertida en himno de la disidencia cubana.

Un pasado oscuro y polémico

De aprobarse el referendo el domingo, Cuba se convertiría en el país número 34 en el que, de manera parcial o total, se legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo.

El respaldo del gobierno a esta iniciativa contrasta con la persecución que sufrieron los homosexuales en las primeras décadas de la revolución de 1959.

El régimen de Fidel Castro consideraba la homosexualidad un vicio propio de la sociedad capitalista y burguesa.

Fidel Castro y el Che Guevara

Getty Images
Fidel Castro y el Che Guevara eran conocidos por su escasa tolerancia hacia la homosexualidad.

“No podemos llegar a creer que un homosexual pudiera reunir las condiciones y los requisitos de conducta que nos permitirían considerarlo un verdadero revolucionario, un verdadero militante comunista”, declaró públicamente el gobernante en 1965.

En aquellos años los homosexuales -junto con sacerdotes y otras personas consideradas contrarrevolucionarias- eran detenidos con frecuencia, expulsados de sus empleos y encarcelados en campos de trabajos forzosos llamados UMAP (Unidades Militares de Apoyo a la Producción) para su “rehabilitación”.

Recorte de periódico de Granma sobre las UMAP.

Granma
Unos 25.000 cubanos, según estimaciones, fueron recluidos en las UMAP entre 1965 y 1968. Eran campos de trabajos forzosos inspirados en los de otros países comunistas de la esfera de la URSS en los que se buscaba “reeducar” a personas con tendencias consideradas contrarias a los valores del socialismo y la Revolución.

Tras dos décadas de dura represión, en 1979 se despenalizaron las relaciones entre personas del mismo sexo y comenzó una liberalización gradual que se aceleró ya en el siglo XXI.

“El Gobierno se vio obligado a reconciliarse con su pasado cercano de intolerancia y discriminación para encajar en el nuevo orden global postsocialista. El país necesitaba abrirse al mundo y ofrecer una imagen de apertura”, explica el historiador cubano Abel Sierra Madero.

Mientras, algunos activistas LGBT en la isla lamentan que el reciente lavado de cara del Estado cubano, culminado en el Código de Familias, tienda un velo sobre este oscuro pasado.

“Cuba fue hasta hace poco un estado homotransfóbico. Fidel Castro y el Ché Guevara eran homotránsfobos confesados. De pronto con este código pretenden obviar todo esto sin una sola mención a ese historial funesto. No han pedido disculpas y simplemente lo han tratado de empujar como una ley natural que se desprende de la coherencia histórica de la revolución cubana. Eso no solo es falso sino que es muy cínico y macabro”, denuncia el activista Daniel Triana.


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