Jacqueline Ramírez apenas podía correr con su hijo Iñaki, de dos años y siete meses en los brazos, el cobertor con el que lo cubría y la maleta donde llevaba recetas, medicamentos, y otros enseres del pequeño. Como pudo alcanzó la puerta de salida de urgencias del Instituto Nacional de Pediatría (INP), de la Secretaría de Salud federal, donde su esposo, Alejandro Sandoval, la esperaba para ir a buscar otro lugar donde sí atendieran al menor.
Era la segunda vez en menos de cuatro días que la mujer salía de ahí con su pequeño en los brazos sin conseguir atención médica. Tampoco la consiguieron en el Hospital Materno Pediátrico Xochimilco, de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.
Los padres terminaron con su hijo en un hospital privado, donde le practicaron una cirugía de emergencia por una apendicitis fase 3, que estuvo a punto de ser peritonitis, de acuerdo con las notas médicas de las que Animal Político tiene copia.
El pequeño fue dado de alta y se encuentra estable, pero sus padres se han quedado con una deuda de más de 100 mil pesos. Tuvieron que conseguir dinero prestado para pagar los gastos en el hospital particular y los servicios médicos. La deuda llega justo cuando Alejandro se encuentra desempleado a causa de la pandemia de COVID-19.
Para los padres de Iñaki el peregrinaje buscando atención para su hijo empezó al final del sábado 4 de julio.
Jacqueline cuenta que en la noche de ese día, el semblante y el ánimo del niño cambiaron. “Él es muy activo siempre y de pronto se puso pálido y como tristón. No se veía bien”.
Los padres se preocuparon. Eran alrededor de las 11 de la noche de un sábado y no lograron localizar a su pediatra. En Uber llegaron hasta el Hospital Materno Pediátrico Xochimilco, en la alcaldía donde ellos viven. Justo en ese momento, el pequeño vomitó.
Por la contingencia sanitaria por COVID-19 el acceso en ese hospital estaba restringido y el policía de la entrada indicó que sólo podía pasar uno de los dos papás. Alejandro ya llevaba al niño en brazos así que entró él.
Después de esperar unos minutos, de acuerdo al relato que el padre hizo a Animal Político, una doctora, que no se identificó con nombre, los hizo pasar a uno de los consultorios. Preguntó por qué acudían a consulta, pesó al menor, le tomó la temperatura, le revisó el estómago y quiso saber si había algún familiar o alguien con COVID con el que Iñaki hubiera convivido.
El padre respondió que no, y que ellos llevaban el resguardo domiciliario estricto y casi obligado, desde hacía tres meses, cuando Alejandro tuvo que dejar de ir a trabajar al Sky Zone de Lomas Verdes, donde se empleaba y que cerró por la epidemia de COVID.
La doctora, cuenta el padre de Iñaki, le dio al pequeño unos mililitros de medicamento, según dijo para bajarle la fiebre, y los despachó, sin darles receta ni ningún papel. Solo indicó mantener al menor en observación, recomendó administrarle Tempra en caso de más fiebre, y advirtió de que si lo del niño resultaba ser COVID ellos ahí no atendían la enfermedad.
Cuando salieron del hospital de Xochimilco, Jacqueline insistió en buscar otra opción. Se fueron al Instituto Nacional de Pediatría (INP).
Lo que vivieron ahí fue muy similar a lo del otro hospital. Los mandaron a la entrada de urgencias y les dijeron que solo podía pasar uno de los dos papás. Esta vez decidieron que sería Jacqueline.
También allá los recibió una doctora que preguntó por síntomas de COVID, le revisó la panza al niño y dijo que no encontraba nada malo. Los mandó a casa con una receta de Espaven, un medicamento para malestares estomacales y reflujo.
A partir de ahí los papás empezaron a peregrinar de un médico a otro, de un hospital privado a otro, con el pequeño sufriendo de diarrea, vómito y fiebre. La pediatra del niño a la que localizaron el lunes sospechó de un recargón por embutidos. Le recetó medicamentos que no lo mejoraron.
Para el miércoles, los papás decidieron llevarlo a un hospital privado, en Álvaro Obregón, con un pediatra que una prima le recomendó a Jacqueline. Para entonces el niño ya iba con dolor en el abdomen.
Ahí quisieron hacerle al menor varios estudios que incluían el de orina. Esperaron por horas sin que Iñaki hiciera pipí. Así que se fueron con diagnóstico de una infección urinaria, que no podían precisar, y una receta de antibiótico.
La pareja abordó un Uber para volver a casa con el niño. “Llevábamos unos 10 minutos de camino, cuando Iñaki se empezó a quejar de más dolor en el estómago, flexionaba ya sus piernas. Vomitó. Tenía los ojos hundidos y la boca seca. Le dije a mi esposo que no me iba a regresar así a la casa. Teníamos el INP cerca y le pedimos al conductor ir para allá”, relata Jacqueline.
“Nos hemos quedado con esa deuda enorme”
Al llegar al instituto, otra vez solo dejaron entrar a uno. Pasó Jacqueline. Le preguntaron si el niño llevaba síntomas de COVID.
“Estaba una médica joven, residente quizá. Me preguntó qué tenía el niño y me mandó a la caja a pedir por una cita de urgencias y a pagar 35 pesos. No tenían cambio. Se pusieron a buscar cómo cambiar el billete. Me dan una tarjeta y me mandan con esa a administración, me dicen que me siente y que ahorita me atienden”, cuenta Jacqueline.
La madre se fue a sentar. “Ahí estaba yo, en eso la mujer de la caja le dijo a la residente que había mandado mal mi orden de cita, que todas las mandaba mal y se empezaron a reír. Llegó entonces una chica, de unos 17 años, la doctora le preguntó qué tenía, la muchacha le dijo que Lupus, le dijo: pásate. La atendió a ella primero cuando yo estaba antes, solo porque se equivocaron con la cita. Para entonces Iñaki ya estaba inmóvil, apenas podía tener los ojos abiertos y cuando lo lograba solo me miraba. Me puse a llorar”.
La desesperación de la madre llamó la atención de otra doctora que se acercó a ver qué pasaba. Pero ese acercamiento solo derivó en una reprimenda para la residente por no revisar al bebé antes de pedir la cita de urgencias y en un “ahorita te atienden”, que pasaría por una nueva ida a la caja y administración.
Jacqueline se salió corriendo con su hijo en brazos. Alejandro la esperaba afuera. No sabían a dónde ir. Acabaron en otro hospital privado, donde le practicaron al menor una cirugía de emergencia, le drenaron toda la pus que ya tenía en el abdomen y le quitaron el apéndice.
“El médico nos dijo que un poco más y le da una peritonitis a Iñaki”, dice Jacqueline.
Ahora el niño ya está en casa, pero los papás quedaron con una deuda enorme para ellos. El total en el hospital fue de 140 mil pesos. Amigos, familiares y conocidos se movieron: sacaron ahorros, pidieron prestado, primero para cubrir el depósito que pedían para iniciar la atención al menor, después para liquidar la cuenta.
“Una amiga nos prestó 26 mil pesos; mi abuela 40 mil y así. Es dinero que debemos pagar porque las personas que nos lo prestaron van a necesitarlo. Nos hemos quedado con esa deuda enorme ahora”.
Para la familia las cosas ya se habían puesto mal desde antes de la enfermedad de Iñaki. Cuando cerraron el Sky Zone donde Alejandro trabajaba, en abril, le bajaron el sueldo 75% y le quitaron las prestaciones. Le estaban pagando solo mil pesos cada quince días. Después ya no le pagaron nada. La familia se quedó sin ingreso y sin Seguro Social. En esa situación los encontró la enfermedad del menor.
“No sabemos cuándo pueda regresar Alejandro al trabajo. Y yo me estaba dedicando a cuidar al niño. Los ahorros que teníamos nos han servido para irla pasando y pagar la renta. Ahora no tenemos con qué saldar la deuda que adquirimos con medio mundo para liquidar el hospital. Hasta hemos abierto una página en Donadora para recaudar apoyo”, dice Jacqueline.
Animal Político solicitó una entrevista a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para saber por qué no se le brindó atención al pequeño en el Hospital Materno Pediátrico de Xochimilco.
El área de comunicación de Sedesa solicitó los datos de los padres y el menor. Al inicio aseguraron que no tenían en el hospital registro de la visita de Iñaki y sus padres, pero después informaron que se encontró un registro de entrada del niño, por lo que el hospital se comprometió a hacer un recuento de hechos, apoyado en los testimonios de los padres y los trabajadores de la unidad para saber qué sucedió y por qué no se le brindó la atención al niño.
Además se comprometieron a garantizar los servicios de salud que requiera el menor.
Este portal también solicitó al área de comunicación de la Secretaría de Salud federal saber por qué no se le había dado atención a Iñaki en el INP. Hasta el cierre de esta edición no hubo ninguna respuesta.
