Hospitales públicos no atendieron a menor y ahora sus padres deben $100 mil
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Hospitales públicos dejan sin atención a menor, padres lo llevan a privado y ahora deben más de 100 mil pesos

La deuda contraída es imposible de pagar para los padres de Iñaki, pues uno de ellos se quedó sin trabajo por la crisis de COVID-19.
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22 de julio, 2020
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Jacqueline Ramírez apenas podía correr con su hijo Iñaki, de dos años y siete meses en los brazos, el cobertor con el que lo cubría y la maleta donde llevaba recetas, medicamentos, y otros enseres del pequeño. Como pudo alcanzó la puerta de salida de urgencias del Instituto Nacional de Pediatría (INP), de la Secretaría de Salud federal, donde su esposo, Alejandro Sandoval, la esperaba para ir a buscar otro lugar donde sí atendieran al menor.

Era la segunda vez en menos de cuatro días que la mujer salía de ahí con su pequeño en los brazos sin conseguir atención médica. Tampoco la consiguieron en el Hospital Materno Pediátrico Xochimilco, de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

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Los padres terminaron con su hijo en un hospital privado, donde le practicaron una cirugía de emergencia por una apendicitis fase 3, que estuvo a punto de ser peritonitis, de acuerdo con las notas médicas de las que Animal Político tiene copia.

El pequeño fue dado de alta y se encuentra estable, pero sus padres se han quedado con una deuda de más de 100 mil pesos. Tuvieron que conseguir dinero prestado para pagar los gastos en el hospital particular y los servicios médicos. La deuda llega justo cuando Alejandro se encuentra desempleado a causa de la pandemia de COVID-19.

Para los padres de Iñaki el peregrinaje buscando atención para su hijo empezó al final del sábado 4 de julio.

Jacqueline cuenta que en la noche de ese día, el semblante y el ánimo del niño cambiaron. “Él es muy activo siempre y de pronto se puso pálido y como tristón. No se veía bien”.

Los padres se preocuparon. Eran alrededor de las 11 de la noche de un sábado y no lograron localizar a su pediatra. En Uber llegaron hasta el Hospital Materno Pediátrico Xochimilco, en la alcaldía donde ellos viven. Justo en ese momento, el pequeño vomitó.

Por la contingencia sanitaria por COVID-19 el acceso en ese hospital estaba restringido y el policía de la entrada indicó que sólo podía pasar uno de los dos papás. Alejandro ya llevaba al niño en brazos así que entró él.

Después de esperar unos minutos, de acuerdo al relato que el padre hizo a Animal Político, una doctora, que no se identificó con nombre, los hizo pasar a uno de los consultorios. Preguntó por qué acudían a consulta, pesó al menor, le tomó la temperatura, le revisó el estómago y quiso saber si había algún familiar o alguien con COVID con el que Iñaki hubiera convivido.

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El padre respondió que no,  y que ellos llevaban el resguardo domiciliario estricto y casi obligado, desde hacía tres meses, cuando Alejandro tuvo que dejar de ir a trabajar al Sky Zone de Lomas Verdes, donde se empleaba y que cerró por la epidemia de COVID.

La doctora, cuenta el padre de Iñaki, le dio al pequeño unos mililitros de medicamento, según dijo para bajarle la fiebre, y los despachó, sin darles receta ni ningún papel. Solo indicó mantener al menor en observación, recomendó administrarle Tempra en caso de más fiebre, y advirtió de que si lo del niño resultaba ser COVID ellos ahí no atendían la enfermedad.

Cuando salieron del hospital de Xochimilco, Jacqueline insistió en buscar otra opción. Se fueron al Instituto Nacional de Pediatría (INP).

Lo que vivieron ahí fue muy similar a lo del otro hospital. Los mandaron a la entrada de urgencias y les dijeron que solo podía pasar uno de los dos papás. Esta vez decidieron que sería Jacqueline.

También allá los recibió una doctora que preguntó por síntomas de COVID, le revisó la panza al niño y dijo que no encontraba nada malo. Los mandó a casa con una receta de Espaven, un medicamento para malestares estomacales y reflujo.

A partir de ahí los papás empezaron a peregrinar de un médico a otro, de un hospital privado a otro, con el pequeño sufriendo de diarrea, vómito  y fiebre. La pediatra del niño a la que localizaron el lunes sospechó de un recargón por embutidos. Le recetó medicamentos que no lo mejoraron.

Para el miércoles, los papás decidieron llevarlo a un hospital privado, en Álvaro Obregón, con un pediatra que una prima le recomendó a Jacqueline. Para entonces el niño ya iba con dolor en el abdomen.

Ahí quisieron hacerle al menor varios estudios que incluían el de orina. Esperaron por horas sin que Iñaki hiciera pipí. Así que se fueron con diagnóstico de una infección urinaria, que no podían precisar, y una receta de antibiótico.

La pareja abordó un Uber para volver a casa con el niño. “Llevábamos unos 10 minutos de camino, cuando Iñaki se empezó a quejar de más dolor en el estómago, flexionaba ya sus piernas. Vomitó. Tenía los ojos hundidos y la boca seca. Le dije a mi esposo que no me iba a regresar así a la casa. Teníamos el INP cerca y le pedimos al conductor ir para allá”, relata Jacqueline.

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“Nos hemos quedado con esa deuda enorme” 

Al llegar al instituto, otra vez solo dejaron entrar a uno. Pasó Jacqueline. Le preguntaron si el niño llevaba síntomas de COVID.

“Estaba una médica joven, residente quizá. Me preguntó qué tenía el niño y me mandó a la caja a pedir por una cita de urgencias y a pagar 35 pesos. No tenían cambio. Se pusieron a buscar cómo cambiar el billete. Me dan una tarjeta y me mandan con esa a administración, me dicen que me siente y que ahorita me atienden”, cuenta Jacqueline.

La madre se fue a sentar. “Ahí estaba yo, en eso la mujer de la caja le dijo a la residente que había mandado mal mi orden de cita, que todas las mandaba mal y se empezaron a reír. Llegó entonces una chica, de unos 17 años, la doctora le preguntó qué tenía, la muchacha le dijo que Lupus, le dijo: pásate. La atendió a ella primero cuando yo estaba antes, solo porque se equivocaron con la cita. Para entonces Iñaki ya estaba inmóvil, apenas podía tener los ojos abiertos y cuando lo lograba solo me miraba. Me puse a llorar”.

La desesperación de la madre llamó la atención de otra doctora que se acercó a ver qué pasaba. Pero ese acercamiento solo derivó en una reprimenda para la residente por no revisar al bebé antes de pedir la cita de urgencias y en un “ahorita te atienden”, que pasaría por una nueva ida a la caja y administración.

Jacqueline se salió corriendo con su hijo en brazos. Alejandro la esperaba afuera. No sabían a dónde ir. Acabaron en otro hospital privado, donde le practicaron al menor una cirugía de emergencia, le drenaron toda la pus que ya tenía en el abdomen y le quitaron el apéndice.

“El médico nos dijo que un poco más y le da una peritonitis a Iñaki”, dice Jacqueline.

Ahora el niño ya está en casa, pero los papás quedaron con una deuda enorme para ellos. El total en el hospital fue de 140 mil pesos. Amigos, familiares y conocidos se movieron: sacaron ahorros, pidieron prestado, primero para cubrir el depósito que pedían para iniciar la atención al menor, después para liquidar la cuenta.

“Una amiga nos prestó 26 mil pesos; mi abuela 40 mil y así. Es dinero que debemos pagar porque las personas que nos lo prestaron van a necesitarlo. Nos hemos quedado con esa deuda enorme ahora”.

Para la familia las cosas ya se habían puesto mal desde antes de la enfermedad de Iñaki. Cuando cerraron el Sky Zone donde Alejandro trabajaba, en abril, le bajaron el sueldo 75% y le quitaron las prestaciones. Le estaban pagando solo mil pesos cada quince días. Después ya no le pagaron nada. La familia se quedó sin ingreso y sin Seguro Social. En esa situación los encontró la enfermedad del menor.

“No sabemos cuándo pueda regresar Alejandro al trabajo. Y yo me estaba dedicando a cuidar al niño. Los ahorros que teníamos nos han servido para irla pasando y pagar la renta. Ahora no tenemos con qué saldar la deuda que adquirimos con medio mundo para liquidar el hospital. Hasta hemos abierto una página en Donadora para recaudar apoyo”, dice Jacqueline.

Animal Político solicitó una entrevista a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para saber por qué no se le brindó atención al pequeño en el Hospital Materno Pediátrico de Xochimilco.

El área de comunicación de Sedesa solicitó los datos de los padres y el menor. Al inicio aseguraron  que no tenían en el hospital registro de la visita de Iñaki y sus padres, pero después informaron que se encontró un registro de entrada del niño, por lo que el hospital  se comprometió a hacer un recuento de hechos, apoyado en los testimonios de los padres y los trabajadores de la unidad para saber qué sucedió y por qué no se le brindó la atención al niño.

Además se comprometieron a garantizar los servicios de salud que requiera el menor.

Este portal también solicitó al área de comunicación de la Secretaría de Salud federal  saber por qué no se le había dado atención a Iñaki en el INP. Hasta el cierre de esta edición no hubo ninguna respuesta.

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5 interrogantes sobre Trump y el asalto al Capitolio de hace un año

Cuando se cumple un año de la toma del Capitolio, un comité del Congreso continúa recopilando información en una gran investigación para determinar qué pasó y cómo se llegó a ese momento.
6 de enero, 2022
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Ha pasado ya un año desde que una turba de seguidores de Donald Trump asaltara el Capitolio de EE.UU. en un intento por frenar la certificación de la victoria electoral de Joe Biden.

El recuento más completo de los eventos que llevaron a ese día y de lo que ocurrió durante esa jornada todavía se está recopilando: es la misión de un comité especial de la Cámara de Representantes del país creado para ese fin.

El comité, compuesto por siete miembros del Partido Demócrata y dos del Partido Republicano, se estableció después de que fracasaran diferentes intentos para crear una investigación independiente.

El comité tiene una tarea titánica: hasta el momento ha acusado a 275 personas de intentar impedir que el Congreso llevara a cabo la certificación de la victoria electoral del actual presidente Joe Biden.

Además, ha acusado a más de 300 personas por crímenes menores, que incluyen invasión de una propiedad del gobierno federal y conducta desordenada.

Según miembros del comité, la mayoría de aquellos que han sido contactados han accedido a cooperar.

Sin embargo, unos cuantos de los más cercanos a Donald Trump se han resistido. Han argumentado que poseen privilegios ejecutivos, un principio legal que protege las comunicaciones informales entre los presidentes y sus asesores.

Hasta el momento dos de ellos, el hombre de confianza de Trump Steve Bannon y el exjefe de gabinete Mark Meadows, han sido citados por la Cámara de Representantes acusados de desacato al Congreso.

Bannon enfrentará un juicio penal este año. Otros, como el exasesor de Trump Roger Stone y el exaliado de Trump Alex Jones han invocado la quinta enmienda de la Constitución (la cual defiende el derecho a permanecer en silencio para no autoincriminarse) para no responder preguntas sobre su papel en el levantamiento.

Hay una serie de vacíos y preguntas clave que el comité está buscando responder. Aquí hay algunas de las más urgentes.

1. ¿Qué tan involucrada estuvo la Casa Blanca en la organización de las manifestaciones del 6 de enero?

Bennie Thompson, el presidente de la investigación del Congreso, recientemente mencionó algunos de los elementos que su comité está tratando de entender sobre las marchas que ocurrieron en Washington DC y que precedieron al ataque al Capitolio.

Necesitamos saber quién organizó, planeó, pagó y recibió fondos relacionados con estos eventos, al igual que el tipo de comunicaciones que tuvieron organizadores con funcionarios de la Casa Blanca y del Congreso”, dijo.

Uno de esos organizadores, el activista conservador de ultraderecha Ali Alexánder, ya testificó ante el comité, y contó que estuvo en contacto con la Casa Blanca y miembros republicanos del Congreso con antelación.

La naturaleza exacta de esos contactos todavía no se ha revelado públicamente.

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump durante un discurso el 6 de enero de 2021

Getty Images
Trump les dijo a sus seguidores que marcharan hacia el Capitolio durante una manifestación el 6 de enero de 2021.

El testimonio público inicial de Alexánder ante el comité puso algo de la culpa de lo que pasó ese día sobre los líderes de Women for America First (“Mujeres por América Primero”), quienes organizaron el evento cerca de la Casa Blanca, donde Trump les dijo a sus seguidores que marcharan hasta el Capitolio.

Además, agregó que hicieron poco por tratar de controlar la violencia y que pudieron haber estado en un hotel, a una cuadra de la Casa Blanca, “bebiendo champaña” mientras ocurría el ataque al Capitolio.

Las actividades en ese hotel, el Willard Intercontinental, han sido de particular interés para el comité del Congreso. Steve Bannon, el exalcalde de Nueva York Rudy Giulianni, el exasesor de seguridad nacional de Trump Michael Flynn, el locutor conservador Alex Jones y el confidente de Trump Roger Stone, son algunos de los nombres reconocidos que se vinculan con las reuniones en el hotel.

El comité indicó en su resolución de desacato al Congreso que cree que Bannon tuvo contacto directo con Trump sobre las manifestaciones del 6 de enero en al menos una ocasión. Y Jones dijo que la Casa Blanca le pidió liderar la marcha hacia el Capitolio.

El presentador de radio de ultraderecha Alex Jones hablándoles a los manifestantes mediante un megáfono

Getty Images
El presentador de radio de ultraderecha Alex Jones le habló a los manifestantes antes de la toma

2. ¿Tuvo alguien en el gobierno o en los círculos cercanos a Trump alguna razón para creer que el día se iba a tornar violento?

Luego de semanas de llamadas, mensajes en Twitter y batallas legales infructuosas, Trump enfocó su atención en el 6 de enero como el día clave que definiría si podría anular los resultados de la elección.

“Gran protesta en DC el 6 de enero”, escribió en Twitter el 19 de diciembre. “Vayan, ¡será salvaje!”.

Continuó esa línea 11 días después con otro mensaje en Twitter: “SEIS DE ENERO, ¡LOS VEO EN DC!”.

Según un reporte del diario The Washington Post, hubo amplia evidencia de que grupos militantes de ultraderecha estaban preparándose para viajar al Capitolio el 6 de enero, y que estaban siguiendo las declaraciones públicas del presidente como guía.

Las agencias federales de seguridad y el ejército, sin embargo, fueron reacios a tomar medidas más extensas para prepararse, por miedo a llamar la atención y la ira del presidente.

Una sugerencia del jefe del Estado Mayor Conjunto Mark Milley de asegurar la capital fue descartada por ser muy provocadora. Milley, según el Post, también estaba preocupado por que las fuerzas militares desplegadas en Washington pudieran recibir órdenes contradictorias del presidente.

El 5 de enero, Bannon dijo en su podcast que llegaba una “revolución”.

El infierno se desencadenará mañana”, añadió.

Esa misma tarde, Trump escribió en Twitter: “Washington se está inundando con la gente que no quiere ver una victoria electoral robada por demócratas radicales de izquierda. Nuestro país ha tenido suficiente, ¡no lo van a aceptar más!”.

Varios de los organizadores de las manifestaciones, según un reporte del sitio web de periodismo investigativo ProPublica, estaban preocupados de que el 6 de enero se tornara violento.

Y la marcha de la Casa Blanca al Capitolio generaba una preocupación particular.

Manifestantes a favor de Trump marchan de la Casa Blanca al Capitolio

Getty Images
Manifestantes a favor de Trump marchan de la Casa Blanca al Capitolio

“Una marcha de último minuto, sin permisos, sin la policía metropolitana que normalmente estaría allí para fortalecer el perímetro, se sentía insegura”, le dijo a ProPublica Dustin Stockton, uno de los organizadores de la manifestación de la Casa Blanca que fue citado por el comité.

Stockton quería que esas preocupaciones se le extendieran a la Casa Blanca, algo que, según cuenta, le aseguraron que sucedería.

Durante su discurso en la Casa Blanca, Trump específicamente incentivó a sus seguidores a marchar al Capitolio. Dijo que debían hacerlo “pacífica y patrióticamente”, pero en otro punto los animó a “pelear como nunca”.

Policías protegen la Cámara de Representantes durante la toma del Capitolio del 6 de enero

Getty Images
La policía le disparó a una manifestante mientras intentaba entrar a la Cámara de Representantes

3. ¿Cómo respondió el presidente cuando el Capitolio estaba bajo ataque?

Desde la época de Richard Nixon, los escándalos presidenciales se han definido por dos preguntas: ¿qué sabía el presidente y cuándo lo supo? Estas son aún relevantes en la investigación del ataque al Capitolio, pero además hay una tercera: ¿qué hizo el presidente una vez se enteró?

Gran parte de la investigación del comité se ha enfocado en tratar de entender las actividades del presidente el 6 de enero: antes, durante y después del ataque.

Es por lo que el comité ha estado enfrascado en una larga batalla legal para obtener documentos, incluyendo registros de llamadas y reuniones, notas y discursos, de los Archivos Nacionales referentes a ese día.

Ya hay algunos detalles sobre la presión que recibió el presidente para que respondiera con más fuerza cuando el Capitolio estaba bajo ataque.

La congresista republicana Jaime Herrera Beutler contó cómo el líder de la minoría republicana en la Cámara, Kevin McCarthy, llamó al presidente y le urgió a que hiciera que los atacantes se fueran. Cuando el presidente objetó, la conversación se transformó en un concurso de gritos envueltos en obscenidades.

El senador republicano por el estado de Alabama Tommy Tuberville también habló con el presidente y le dijo que las cosas no estaban yendo “muy bien”, agregando que él y el vicepresidente Mike Pence estaban siendo evacuados del Capitolio.

“Sé que tenemos problemas”, respondió Trump.

El entonces jefe de gabinete de la Casa Blanca Mark Meadows presentó al comité investigador mensajes de texto y correos electrónicos de personalidades conservadoras de TV y miembros de la propia familia de Trump, presionándolo para que el presidente hiciera una declaración televisiva y que tomara mayores acciones para frenar la violencia.

“Tiene que liderar ahora”, le escribió Donald Trump Jr. “Ha llegado demasiado lejos y esto se fue de las manos”.

“Estoy presionando fuerte”, respondió Meadows.

Agentes de policía se enfrentan con manifestantes durante los disturbios del 6 de enero

Getty Images
La batalla para retomar el Capitolio duró varias horas

Las acciones del presidente, sin embargo, son el gran agujero negro en medio de la investigación.

Si Meadows presionó, ¿cómo reaccionó el presidente? Hay reportes que indican que Trump pasó la mayor parte de esa tarde viendo televisión en su comedor privado en la Casa Blanca.

El comité ha citado a funcionarios de la Casa Blanca que pudieron estar cerca del presidente ese día y está en una batalla legal para adquirir documentos gubernamentales que le puedan ayudar a llenar ese agujero negro.

4. ¿Por qué se demoró la respuesta militar y de seguridad al ataque?

En la mañana del 6 de enero, la policía de parques de EE.UU. ya estaba enfrentándose con seguidores de Trump en el Monumento a Washington y en el Monumento a Lincoln.

A los agentes se les indicó que se mantuvieran al margen y que “solo monitorearan” la situación.

Luego de la marcha Stop the Steal (“Frenen el robo”) y del discurso de Trump, la violencia escaló.

Seguidores revoltosos de Trump atacaron a la policía alrededor del Capitolio y forzaron su entrada al edificio, donde ocuparon la cámara del Senado y saquearon las oficinas de líderes del Congreso.

Poco antes de que los manifestantes entraran en el Capitolio, el mayor General William Walker, comandante de la Guardia Nacional de DC, hizo una solicitud al secretario de Defensa interino Christopher Miller para poder desplegar sus fuerzas y manejar la crisis.

La autorización demoró más de dos horas y soldados de la Guardia Nacional no llegarían masivamente al Capitolio hasta una hora después.

Un 'marine' de los EE.UU. protegiendo la Casa Blanca el 6 de enero

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Un ‘marine’ de los EE.UU. protegiendo la Casa Blanca el 6 de enero

El comité está buscando más pruebas de comunicaciones entre el Capitolio y el Pentágono y contactos, si es que los hubo, entre el Pentágono y funcionarios de la Casa Blanca, incluido el presidente.

El ataque al Capitolio representó un increíble vacío en la seguridad de uno de los asientos del poder gubernamental de EE.UU., y todavía no hay una idea clara de quién carga la mayor responsabilidad.

5. ¿Qué tan seriamente consideraron el presidente y la Casa Blanca tomar medidas extraordinarias para invalidar la elección?

Una de las revelaciones más llamativas en los aproximadamente 9.000 documentos que el jefe de gabinete de Trump entregó al comité del Congreso antes de dejar de cooperar fueron correos electrónicos sobre una presentación de PowerPoint de 36 páginas que circuló en la Casa Blanca y entre republicanos en el Congreso.

El autor exacto del documento aún no ha sido determinado, pero contiene varios alegatos conocidos y ya invalidados sobre fraude electoral. Lo que es extraordinario, sin embargo, es la amplitud de sus recomendaciones.

Sugería, por ejemplo, que el presidente declarara un estado nacional de emergencia, desechara todos los tarjetones tabulados electrónicamente y pusiera fuerzas federales de la Guardia Nacional a cargo de la supervisión de un recuento manual de votos físicos en estados clave.

Tales pasos no hubieran tenido precedentes en la historia de EE.UU.

El comité también está mirando reportes según los cuales el presidente estaba presionando a su propio Departamento de Justicia para declarar la elección como corrupta, diciéndoles a funcionarios de alto rango, según las notas de uno de los participantes, lo siguiente: “simplemente hay que decir que la elección fue corrupta y dejarme el resto a mí y al congresista republicano”.

El 3 de enero, el presidente habría contemplado forzar la renuncia del fiscal general en ejercicio Jeffrey Rosen y reemplazarlo por Jeffrey Clark, un asistente del fiscal general que había redactado una carta dirigida a autoridades electorales en Georgia en la que argumentaba que la victoria de Biden fue fraudulenta y los instaba a declarar a Trump como el ganador oficial.

El presidente se arrepintió cuando Rosen y funcionarios del Departamento de Justicia amenazaran con renunciar masivamente.

Clark, hasta el momento, se ha negado a cooperar con la investigación del 6 de enero y podría ser el próximo individuo al que citen por desacato al Congreso.

El vicepresidente Mike Pence era el objetivo final de la presión de Trump, y miembros clave de su equipo están cooperando con la investigación del Congreso.

El comité quiere saber más sobre una reunión que ambos tuvieron en la Casa Blanca el 4 de enero con John Eastman, un profesor de leyes de la Universidad Chapman que creía que Pence podía descartar los resultados estatales de las elecciones y declarar a Trump presidente.

O, al menos, demorar la certificación de los resultados hasta que las legislaturas estatales controladas por los republicanos pudieran tomar acciones para apoyar a Trump.

Según reportes de noticias, la presión para descartar los resultados de las elecciones continuó durante la noche del 6 de enero, cuando Eastman le informó al asesor legal de Pence que todavía tenía tiempo para negarse a certificar la victoria de Biden, incluso mientras en el Capitolio persistía el olor a gas lacrimógeno y aún había vidrios rotos tras la insólita jornada de violencia.


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