Jueces dan luz verde para abrir caso Odebrecht, pero FGR aún no lo hace
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Jueces dan luz verde para abrir caso Odebrecht, pero FGR aún no lo hace

Fiscalía argumenta que no ha sido notificada y por ello no ha cumplido con desclasificar datos del caso; comisionado del INAI acusa a FGR de burlar la ley, actuar en rebeldía
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22 de julio, 2020
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Luego de un año y medio de batalla en tribunales, jueces federales desecharon en forma definitiva dos juicios de amparo que la Fiscalía General de la República (FGR) había promovido para no desclasificar datos y elaborar una versión pública de la investigación abierta por los presuntos sobornos que la empresa Odebrecht pagó a funcionarios en México.

Como resultado, las sentencias judiciales confirman las resoluciones del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI) en las que ordena a la FGR (antes PGR), transparentar el caso bajo el argumento de que se trata de un hecho de corrupción de interés público.

Sin embargo, aun cuando dichas sentencias tienen varias semanas de haber sido dictadas, la FGR aún no elabora las versiones públicas ni entrega los datos.

“Es una burla a la ley, un acto de rebeldía que perpetúa la opacidad en un caso de corrupción tan grave y donde ahora se vuelve aún más importante conocer el fondo ante la posibilidad de que uno de los imputados (Emilio Lozoya) pudiera ser beneficiado” dijo en entrevista con Animal Político el comisionado del INAI, Francisco Javier Acuña.

La batalla por transparentar el caso Odebrecht comenzó cuando el INAI resolvió, en octubre y diciembre de 2018, modificar la respuesta negativa que la PGR dio a dos solicitudes de información (una de ellas promovida por Animal Político) en las que se pedía, entre otras cosas, entregar una versión pública de las investigaciones y la lista de los servidores públicos indagados.

Aunque por regla general una carpeta de investigación es un documento clasificado, los consejeros del INAI consideraron que dicho precepto se invalidaba por la gravedad del caso Odebrecht. 

Y es que, entre otras cosas, ya había trascendido la declaración de directivos de dicha empresa en la que confesaron el pago de millonarios sobornos en México para obtener contratos al menos entre 2011 y 2015, de forma similar a lo ocurrido en otros países donde incluso había expresidentes procesados.

Pero la PGR recurrió a los tribunales para no cumplir con dicha determinación. Para ello la agente ministerial responsable del caso, Jocelyn Fonseca Oregón, promovió los juicios de amparo 1386/2018 y 148/2019 ante juzgados federales en donde argumentaba que la investigación se ponía en riesgo.

El propio exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, también promovió un juicio de amparo en contra de la misma determinación del INAI, el cual perdió en agosto de 2019 luego de que un juez ratificó que el caso era de interés público.

Larga espera y resolución

La promoción de las demandas de amparo le permitió a la PGR la obtención de suspensiones definitivas para no acatar la instrucción del INAI en las solicitudes presentadas. No solo eso: también las utilizó como argumento para no acatar nuevas resoluciones adoptadas por el INAI en el último año, ya bajo la gestión del fiscal Alejandro Gertz Manero.

Pero tras múltiples audiencias pospuestas y de diversos retrasos, los jueces responsables determinaron sobreseer las demandas, es decir desecharlas. La FGR alargó el proceso al interponer apelaciones y reclamos en contra de dichas sentencias, pero finalmente magistrados superiores confirmaron el cierre de los juicios de amparo en febrero y mayo de este año.

¿Cuáles fueron los argumentos de los jueces para cerrar el caso? Que los amparos eran improcedentes desde un inicio.

En la sentencia del amparo 1336/2018, del que este medio tiene copia, el juez concluye que la agente del MP Jocelyn Fonseca no tenía atribuciones para haber buscado el amparo, pues personalmente no resultaba afectada de forma alguna, ya que la desclasificación del caso le correspondía ejecutarla solo en calidad de servidora pública de la institución.

Y la FGR como institución tampoco podía promover un amparo a través de su funcionaria, ya que los sujetos obligados no pueden interponer recursos contra las instrucciones del INAI que son, por definición, inatacables.

“Las leyes en la materia expresan categóricamente que las resoluciones del INAI, al resolver los recursos de revisión, serán definitivas para las dependencias y entidades (…) De esta forma, la intención del legislador fue eliminar la posibilidad de que las dependencias y entidades promuevan algún juicio o recurso ante el Poder Judicial de la Federación”, señala dicha sentencia

No hemos sido notificados: FGR

Pese a esta resolución, el INAI confirmó que hasta ahora la Fiscalía no ha elaborado versión pública de la investigación ni se han entregado los demás datos solicitados por diversos medios y ciudadanos.

Animal Político buscó a la FGR para el motivo por el cual esto no ha ocurrido. La respuesta institucional es que dichas sentencias no han sido notificadas oficialmente a la FGR y por ende no pueden ser ejecutadas. Las autoridades consultadas indicaron que una vez que haya constancia de la referida notificación se procedería conforme a derecho.

Por su parte, el INAI advirtió que ya comenzó con la aplicación de multas económicas a los funcionarios responsables ante la negativa, sin sustento legal, de no acatar las resoluciones dictadas

Un caso opaco y con riesgo de impunidad: Acuña

El comisionado del INAI, Francisco Javier Acuña, lamentó que la actual Fiscalía haya optado por perpetuar las “argucias” legales de la PGR para alargar su obligación de transparentar el caso Odebrecht, y que además actúe “franca rebeldía” sin acatar las resoluciones pese a perder la batalla judicial.

Desde enero de 2019, señala Acuña, hubo una reunión con el fiscal Gertz Manero para exponerle que no se trataba de revelar datos que pusieran en riesgo la indagatoria, pero sí de conocer información básica que en casos de corrupción es particularmente importante, no solo por los hechos ocurridos sino por la forma en cómo están siendo investigados.

“Yo le traté de hacer ver (a Gertz) que no íbamos a poner en peligro la presunción de inocencia ni debido proceso; que era necesario conocer esta averiguación que sospechamos por mucho tiempo estuvo detenida, que la durmieron por mucho rato. Lamentablemente no nos hizo caso” dijo.

Acuña afirmó que el caso Odebrecht es una investigación que en México ha estado marcada desde el inicio y hasta ahora por la opacidad. Ha habido episodios cuestionables, desde la tardanza de la Fiscalía para consignar un caso que, según declaraciones del exprocurador Raúl Cervantes, estaba listo desde octubre de 2017, hasta la forma en que actualmente se ha manejado la detención y presunta negociación con Emilio Lozoya.

“A la fecha no tenemos certeza de que forma parte de esa averiguación, no tenemos seguridad de cuantas actuaciones se han realizado, no sabemos a ciencia cierta cuántos delitos se están persiguiendo, no sabemos qué número de funcionarios públicos en funciones de cualquier tipo de jerarquía están involucrados, no sabemos cuantas actuaciones se han acumulado en casi 4 años, no sabemos cuántos despachos internacionales ha recibido la autoridad mexicana de sus pares en América Latina, no sabemos casi nada” dijo el comisionado.

En este contexto y ante un potencial arreglo de Lozoya con la FGR, el comisionado del INAI consideró que la sociedad también debe alzar la voz para que la Fiscalía sepa que este tipo de casos deben ser transparentes, y que no se puede continuar actuando con la opacidad y los trucos del pasado.

“La trama de responsabilidades en este caso debe ser amplísima. No hay pacto que valga si deja espacios para la impunidad”, concluyó.

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Colombia: por qué está en un escenario sin precedentes (y qué puede significar para su futuro)

A pesar de la violencia, Colombia fue un país reconocido por su estabilidad económica y política. Pero todo esto parece haber cambiado.
6 de mayo, 2021
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Estaciones de policía y transporte quemadas. Carreteras cortadas durante días. Desabastecimiento de productos. Un número desconocido de muertos y desaparecidos. Un estado de incertidumbre y nerviosismo agudo.

Colombia ha vivido muchos momentos delicados al largo de su traumática historia, pero ahora parece estar recorriendo un camino desconocido en al menos tres ámbitos distintos: la protesta social, la economía y la representación política.

Hubo momentos en el pasado que rompieron la historia en dos como la ola de violencia que antecedió a la firma de la Constitución de 1991 o las revueltas de 1948 tras el asesinato del candidato Jorge Eliécer Gaitán que dieron origen a las guerrillas.

El desenlace de la crisis actual es desconocido y por eso es difícil entrar en comparaciones sobre su relevancia histórica.

Lo que parece evidente, según los expertos consultados por BBC Mundo, es que la actual es una situación sin precedentes. Y que mucho se explica porque el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016 abrió una caja de pandora de demandas y problemáticas antes prohibitivas por cuenta de la guerra.

“Yo tengo 74 años y le digo que nunca vi una élite política tan incapaz de llegar a resoluciones“, dice el historiador Carlos Caballero Argáez.

El gobierno de Iván Duque ha lanzado una nueva mesa de negociación para rebajar la tensión y buscar salidas consensuadas. Es lo que hizo en noviembre de 2019, cuando las protestas eran más pacíficas y puntuales y la situación del país menos grave.

Hoy el mandatario tiene desafíos por donde se mire: en su partido, en las calles, dentro de las fuerzas armadas, en materia fiscal y en lo político.

Dentro de exactamente un año Colombia estará celebrando elecciones generales y presidenciales: todo desarrollo en este momento tiene una clave electoral.

Mientras la violencia sigue siendo la principal preocupación de los colombianos, BBC Mundo habló con varios expertos para hacer un ejercicio de distancia que permita entender lo que está ocurriendo.

Un paro sostenido y amplio

Un primer elemento nuevo de esta crisis es la dimensión de la protesta social.

“La cobertura y la sostenibilidad han sido inéditos”, dice Mauricio Archila, experto en movimientos sociales.

Una manifestación en Colombia

Getty Images
Las protestas en Colombia han sido masivas y se han extendido a muchas ciudades y poblados del país.

Las protestas esta vez llegaron a pequeños y medianos municipios. Fueron convocados por jóvenes, pero cuentan con el apoyo de adultos mayores y poblaciones minoritarias. Han paralizado la producción, el abastecimiento y el transporte en rincones inesperados.

Este paro ha llegado a lugares donde antes no se solía protestar y se ha mantenido por varios días sin dar tregua”, añade Archila.

Y concluye: “Soy muy escéptico de las comparaciones, y no quiero entrar a hablar del Bogotazo (1948) ni el paro cívico de 1977, pero es cierto que este paro ha producido una alianza obrero-campesina-indígena que tal vez nunca había estado tan equilibrada”.

En efecto, al Paro Nacional es un movimiento heterogéneo plagado de contradicciones y conflictos internos. Su líder no es claro y en su interior hay representaciones de casi todos los sectores. Su futuro depende de cómo logra sortear esa diversidad.

“Pero lo que sí es evidente es que la fuerza del Paro sorprendió a toda la clase política”, opina Daniel Hawkins, investigador de la Escuela Nacional Sindical.

“En la mitad de la tercera y más fuerte ola de contagio y luego de la orden del tribunal de Cundinamarca que prohibió aglomeraciones, los políticos nunca creyeron que la gente iba para la calle de forma masiva”, apunta Hawkins.

Una protesta en Colombia

Getty Images
Las protestas se han recrudecido tras las confrontaciones con las fuerzas de seguridad pública.

Las protestas ya lograron dos efectos inesperados en un país donde la movilización social, que era esporádica y tachada de “subversiva”, rara vez tuvo consecuencias políticas: las retirada de la reforma tributaria y la caída del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

Lo que es difícil de pronosticar es si este movimiento, que en origen se mostró fresco y novedoso, terminará en una situación que sí tiene precedentes en Colombia: la de una violencia desbordada.

Una economía desestabilizada

La economía colombiana ha sido durante décadas la más estable de América Latina: la que menos recesiones tuvo en el siglo XX, la que no presentó hiperinflación y la que no incumplió sus compromisos de deuda en 80 años.

Pero ahora la situación es distinta.

“Pocas veces —por no decir nunca— había visto al país en una situación tan difícil como la que estamos viviendo hoy“, escribió en su columna el prestigioso economista y exministro Mauricio Cárdenas.

Iván Duque

EPA
Duque ha dicho que su prioridad es lograr una reforma fiscal.

Y Caballero Argáez añade: “La última vez que se cuestionó la responsabilidad fiscal del país fue durante la crisis de la deuda latinoamericana (principios de los 80), pero ahí Colombia consiguió refinanciar la deuda y un acuerdo de monitoreo con el FMI que nos permitió ser el único país latinoamericano que no entró en recesión ni tuvo que reestructurar deuda”.

Hoy los bonos colombianos son calificados como “basura” en los mercados internacionales, el peso está alcanzando récords de devaluación y por primera vez en años la capacidad de pago y emisión de deuda del país están cuestionados.

“Colombia tienen un problema de recaudo (fiscal) cada vez que hay una crisis, porque su recaudo en tiempos normales siempre ha sido bajo”, dice la politóloga Mónica Pachón.

“Pero eso siempre lo habían podido solucionar con reformas tributarias de crisis con impuestos transitorios que lograban sacarnos del problema”.

“La diferencia ahora es que nunca una reforma nunca había generado semejante nivel de oposición, mucho menos sin entrar al Congreso, y su caída nos puso en un lugar incómodo”, explica la decana de Ciencia Política de la Universidad del Rosario.

Un enfrentamiento entre policías y manifestantes en Colombia

Getty Images
El número de fallecidos y heridos por los enfrentamientos en las protestas ha ido en aumento.

Duque ha dicho que su prioridad es lograr una reforma cuanto antes que se pueda aprobar en el Congreso. Los economistas dudan que no se logre una resolución que probablemente recaude menos impuestos, pero al menos saque al país de la crisis.

Sin embargo, el famoso modelo de la estabilidad neoliberal y ortodoxo de Colombia mostró grietas por primera vez en su historia.

Una política radicalizada

Así como estable en lo económico, Colombia ha sido un país sin muchos altibajos en lo político: salvo durante un pequeño periodo en los años 50, la democracia en su sentido más formal —elecciones cada cuatro años y transiciones de poder sin problemas— se ha mantenido intacta.

Aunque la violencia no ha dejado de ser un problema desde los años 50, el bipartidismo entre liberales y conservadores (que llegaron a alternarse en el poder por convenio) permitió que se generara la idea de que las instituciones democráticas no estaban en peligro.

Colombia siempre fue considerada, al menos en el exterior, como una democracia estable.

Pero en esta crisis la clase política se ha visto incapaz de llegar a resoluciones, apuntan los analistas. Duque llamó a los militares a controlar la situación (aunque varios alcaldes se opusieron); algunos incluso barajan escenarios de golpes de Estado y el líder en las encuestas para las elecciones de 2022 es un candidato de izquierda que militó en las guerrillas, Gustavo Petro.

Una vigilia en Colombia

Getty Images
Muchos colombianos denuncian que el Estado ha sido represor.

“La violencia de las protestas, que además es seguida por la gente desde sus redes sin entrar a entender ni profundizar, hace que la política sea más polarizada y más ideológica, con la consecuencia de que llegar a soluciones es muchos más difícil”, explica Pachón.

Uno de los efectos del proceso de paz de 2016 fue el estatuto de oposición, un mecanismo que da garantías a los críticos del Ejecutivo, pero también aumenta su capacidad de entorpecerle sus iniciativas.

“Le sumas a eso que Duque es un presidente débil incluso dentro de su partido y tienes el caldo de cultivo de la desgracia“, dice Pachón.

En Colombia, como en toda América Latina, siempre ha habido una crisis de representación política, pero quizás nunca antes se había hecho tan evidente la desconfianza de la población sobre la clase política.

“Lo que estamos viendo es un descontento generalizado y quizá irremediable, es casi una situación pre revolucionaria”, dice Caballero.

Una vigilia en Colombia

Getty Images
Los escuadrones antidisturbios han sido culpados de varios fallecimientos durante las protestas.

Las consecuencias pueden ser muchas: desde la renuncia del presidente, inédita en Colombia desde los años 50, hasta la elección de un candidato, de izquierda o derecha, que rompa con las hasta ahora estables instituciones democráticas del país.

“Esto se soluciona con un candidato que pueda generar confianza entre las diferentes poblaciones al mismo tiempo que pueda incluir al establishmentpolítico”, dice Pachón.

“Pero me temo que eso, ahora, está más lejos que nunca”.


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