Luego de un año y medio de batalla en tribunales, jueces federales desecharon en forma definitiva dos juicios de amparo que la Fiscalía General de la República (FGR) había promovido para no desclasificar datos y elaborar una versión pública de la investigación abierta por los presuntos sobornos que la empresa Odebrecht pagó a funcionarios en México.
Como resultado, las sentencias judiciales confirman las resoluciones del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI) en las que ordena a la FGR (antes PGR), transparentar el caso bajo el argumento de que se trata de un hecho de corrupción de interés público.
Sin embargo, aun cuando dichas sentencias tienen varias semanas de haber sido dictadas, la FGR aún no elabora las versiones públicas ni entrega los datos.
“Es una burla a la ley, un acto de rebeldía que perpetúa la opacidad en un caso de corrupción tan grave y donde ahora se vuelve aún más importante conocer el fondo ante la posibilidad de que uno de los imputados (Emilio Lozoya) pudiera ser beneficiado” dijo en entrevista con Animal Político el comisionado del INAI, Francisco Javier Acuña.
La batalla por transparentar el caso Odebrecht comenzó cuando el INAI resolvió, en octubre y diciembre de 2018, modificar la respuesta negativa que la PGR dio a dos solicitudes de información (una de ellas promovida por Animal Político) en las que se pedía, entre otras cosas, entregar una versión pública de las investigaciones y la lista de los servidores públicos indagados.
Aunque por regla general una carpeta de investigación es un documento clasificado, los consejeros del INAI consideraron que dicho precepto se invalidaba por la gravedad del caso Odebrecht.
Y es que, entre otras cosas, ya había trascendido la declaración de directivos de dicha empresa en la que confesaron el pago de millonarios sobornos en México para obtener contratos al menos entre 2011 y 2015, de forma similar a lo ocurrido en otros países donde incluso había expresidentes procesados.
Pero la PGR recurrió a los tribunales para no cumplir con dicha determinación. Para ello la agente ministerial responsable del caso, Jocelyn Fonseca Oregón, promovió los juicios de amparo 1386/2018 y 148/2019 ante juzgados federales en donde argumentaba que la investigación se ponía en riesgo.
El propio exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, también promovió un juicio de amparo en contra de la misma determinación del INAI, el cual perdió en agosto de 2019 luego de que un juez ratificó que el caso era de interés público.
Larga espera y resolución
La promoción de las demandas de amparo le permitió a la PGR la obtención de suspensiones definitivas para no acatar la instrucción del INAI en las solicitudes presentadas. No solo eso: también las utilizó como argumento para no acatar nuevas resoluciones adoptadas por el INAI en el último año, ya bajo la gestión del fiscal Alejandro Gertz Manero.
Pero tras múltiples audiencias pospuestas y de diversos retrasos, los jueces responsables determinaron sobreseer las demandas, es decir desecharlas. La FGR alargó el proceso al interponer apelaciones y reclamos en contra de dichas sentencias, pero finalmente magistrados superiores confirmaron el cierre de los juicios de amparo en febrero y mayo de este año.
¿Cuáles fueron los argumentos de los jueces para cerrar el caso? Que los amparos eran improcedentes desde un inicio.
En la sentencia del amparo 1336/2018, del que este medio tiene copia, el juez concluye que la agente del MP Jocelyn Fonseca no tenía atribuciones para haber buscado el amparo, pues personalmente no resultaba afectada de forma alguna, ya que la desclasificación del caso le correspondía ejecutarla solo en calidad de servidora pública de la institución.
Y la FGR como institución tampoco podía promover un amparo a través de su funcionaria, ya que los sujetos obligados no pueden interponer recursos contra las instrucciones del INAI que son, por definición, inatacables.
“Las leyes en la materia expresan categóricamente que las resoluciones del INAI, al resolver los recursos de revisión, serán definitivas para las dependencias y entidades (…) De esta forma, la intención del legislador fue eliminar la posibilidad de que las dependencias y entidades promuevan algún juicio o recurso ante el Poder Judicial de la Federación”, señala dicha sentencia
No hemos sido notificados: FGR
Pese a esta resolución, el INAI confirmó que hasta ahora la Fiscalía no ha elaborado versión pública de la investigación ni se han entregado los demás datos solicitados por diversos medios y ciudadanos.
Animal Político buscó a la FGR para el motivo por el cual esto no ha ocurrido. La respuesta institucional es que dichas sentencias no han sido notificadas oficialmente a la FGR y por ende no pueden ser ejecutadas. Las autoridades consultadas indicaron que una vez que haya constancia de la referida notificación se procedería conforme a derecho.
Por su parte, el INAI advirtió que ya comenzó con la aplicación de multas económicas a los funcionarios responsables ante la negativa, sin sustento legal, de no acatar las resoluciones dictadas
Un caso opaco y con riesgo de impunidad: Acuña
El comisionado del INAI, Francisco Javier Acuña, lamentó que la actual Fiscalía haya optado por perpetuar las “argucias” legales de la PGR para alargar su obligación de transparentar el caso Odebrecht, y que además actúe “franca rebeldía” sin acatar las resoluciones pese a perder la batalla judicial.
Desde enero de 2019, señala Acuña, hubo una reunión con el fiscal Gertz Manero para exponerle que no se trataba de revelar datos que pusieran en riesgo la indagatoria, pero sí de conocer información básica que en casos de corrupción es particularmente importante, no solo por los hechos ocurridos sino por la forma en cómo están siendo investigados.
“Yo le traté de hacer ver (a Gertz) que no íbamos a poner en peligro la presunción de inocencia ni debido proceso; que era necesario conocer esta averiguación que sospechamos por mucho tiempo estuvo detenida, que la durmieron por mucho rato. Lamentablemente no nos hizo caso” dijo.
Acuña afirmó que el caso Odebrecht es una investigación que en México ha estado marcada desde el inicio y hasta ahora por la opacidad. Ha habido episodios cuestionables, desde la tardanza de la Fiscalía para consignar un caso que, según declaraciones del exprocurador Raúl Cervantes, estaba listo desde octubre de 2017, hasta la forma en que actualmente se ha manejado la detención y presunta negociación con Emilio Lozoya.
“A la fecha no tenemos certeza de que forma parte de esa averiguación, no tenemos seguridad de cuantas actuaciones se han realizado, no sabemos a ciencia cierta cuántos delitos se están persiguiendo, no sabemos qué número de funcionarios públicos en funciones de cualquier tipo de jerarquía están involucrados, no sabemos cuantas actuaciones se han acumulado en casi 4 años, no sabemos cuántos despachos internacionales ha recibido la autoridad mexicana de sus pares en América Latina, no sabemos casi nada” dijo el comisionado.
En este contexto y ante un potencial arreglo de Lozoya con la FGR, el comisionado del INAI consideró que la sociedad también debe alzar la voz para que la Fiscalía sepa que este tipo de casos deben ser transparentes, y que no se puede continuar actuando con la opacidad y los trucos del pasado.
“La trama de responsabilidades en este caso debe ser amplísima. No hay pacto que valga si deja espacios para la impunidad”, concluyó.
