Las audiencias iniciales de Emilio Lozoya fueron programadas para este martes 28 de julio y el miércoles 29 de julio a las 9:oo horas y 9:30 horas, respectivamente.
Ambas audiencias serán en cumplimiento a las dos órdenes de aprehensión giradas en su contra.
La primera audiencia será por el caso Altos Hornos, donde es acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero. Dicha audiencia será ante el juez de control del Reclusorio Norte, José Artemio Zúñiga Mendoza.
Y después estará la audiencia por el caso Odebrecht, ante el Juez Federal de Control del Reclusorio Norte, Juan Carlos Ramirez Benítez.
En comunicados, la Fiscalía General de la República indicó que ambas audiencias serán desahogadas a través del sistema de video conferencia, “dadas las condiciones de salud del imputado”.
Es decir, Lozoya no tendrá que acudir a las instalaciones del Reclusorio Norte.
Tras ser extraditado de España, el exfuncionario fue ingresado a un hospital privado para un tratamiento de anemia, según indicó la FGR, por lo que las audiencias no habían podido realizarse.
Las demás partes involucradas, es decir los abogados defensores, los fiscales de FGR, y el representante de Hacienda/UIF, “podrán acudir al centro de justicia, de manera personal, a intervenir en la audiencia; o si lo prefieren, a través del sistema de video conferencia, atendiendo a los lineamientos establecidos por el Consejo de la Judicatura Federal, por el tema de la pandemia del COVID-19 que azota a nuestro país”, señaló la Fiscalía.
No habrá acceso al público y el seguimiento de la audiencia para la prensa será por medio de notificaciones enviadas vía WhatsApp.
Sobre Emilio Lozoya Austin pesan dos órdenes de aprehensión, que son las que dieron pie a la solicitud original de extradición.
Una es la relacionada con los presuntos sobornos por poco mas de 9 millones de dólares que habría recibido de la constructora Odebrecht y por los cuales se le acusa de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho.
La segunda orden es por un supuesto soborno de 3.4 millones de dólares que el exdirector de Pemex recibió de la empresa Altos Hornos y por lo cual también se le imputa el delito de lavado de dinero.
Aceptó ser extraditado a México con la promesa de colaborar con las autoridades mexicanas para evidenciar una presunta red de corrupción a nivel federal en el sexenio pasado.
De ese modo podría obtener beneficios que van desde un juicio corto y una pena reducida, o incluso una libertad anticipada.
