Lozoya dejó boquete de 23,500 mdp en Pemex con 111 presuntos desvíos
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Lozoya dejó boquete de 23,500 mdp en las finanzas de Pemex con 111 presuntos actos de corrupción

Hasta ahora solo hay una denuncia de la ASF por dichos quebrantos. Expertos alertan sobre el riesgo de que los desvíos no sean reparados.
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28 de julio, 2020
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Entre 2013 y 2016, la administración de Emilio Lozoya en Petróleos Mexicanos (Pemex) dejó un boquete de más de 23 mil 500 millones de pesos en los recursos y finanzas de la empresa del Estado y sus subsidiarias, como resultado de 111 presuntos actos de corrupción, malos manejos y posibles desvíos detectados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Sin embargo, aunque han transcurrido cuatro años desde que la gestión de Lozoya al frente de Pemex terminó, hasta ahora el destino de todo ese dinero sigue sin aclararse y los quebrantos al erario permanecen impunes.

Entérate: Audiencia privada de Lozoya viola principio de transparencia y máxima publicidad: Artículo 19

Los malos manejos en Petróleos Mexicanos y en sus distintas subsidiarias fueron documentados sistemáticamente por la ASF mediante la aplicación de auditorías financieras y forenses; estas últimas de mayor profundidad ante las sospechas de presuntos actos de corrupción en la principal empresa estatal del país.

Como resultado de dichas investigaciones, se detectaron irregularidades en el manejo de recursos públicos en Pemex y en seis de sus subsidiarias en el periodo de la gestión de Lozoya, es decir, de 2013 a 2016. El monto del quebranto, según datos actualizados de la ASF, es de 23 mil 529 millones de pesos.

El mayor boquete se ubica en la subsidiaria Pemex Exploración y Producción (PEP), donde existe un faltante de 17 mil 537 millones de la empresa. Le sigue un posible quebranto de 3 mil 980 millones en recursos manejados entre la empresa y la filial P.M.I. Comercio Internacional.

A ello se suman malos manejos detectados en la subsidiaria Pemex Transformación Industrial por 1 mil 400 millones de pesos que no aparecen hasta la fecha, a los que se suman otros 416 millones de pesos posiblemente desviados desde las oficinas corporativas. El resto de las irregularidades corresponden a las subsidiarias Pemex Fertilizantes, Pemex Logística y Pemex Refinación.

Los montos referidos se desprenden de 111 irregularidades graves detectadas por los auditores al revisar las cuentas públicas de los años mencionados.

Las anomalías van desde recursos no ejercidos que tampoco fueron devueltos, hasta el pago por obras incompletas o inexistentes, inversiones en bienes con precios arriba del mercado o con avalúos injustificados, penalizaciones no cobradas por incumplimientos en diversos procedimientos, y hasta transferencia de recursos sin justificación alguna.

Hoyo negro de dinero… una sola indagatoria

Cada una de las irregularidades detectadas en Pemex implica millones de pesos que, de no ser aclarados – como no ha ocurrido en cuatro años – tienen que ser devueltos, lo que tampoco ha sucedido. Se trata de posibles fraudes al erario que de confirmarse dan pie a diversos delitos federales.

No obstante, hasta ahora la ASF solo ha presentado una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) y está relacionada con el posible quebranto de más de 3 mil 500 millones de pesos que dejó la inversión en el complejo de Agronitrogenados, y que involucró a Pemex y a su filial P.M.I. Internacional.

Dicha inversión estuvo centrada en la adquisición de una planta de fertilizantes con la empresa Altos Hornos por las cuales, según las evaluaciones de los auditores, se llegó a pagar hasta diez veces más de su valor real no solo de las naves industriales, sino también de los equipos.

De acuerdo con otra indagatoria de la FGR, Lozoya habría recibido presuntos sobornos de hasta cuatro millones de dólares a cambio de que Pemex cerrara este trato, lo que dio pie a una de las órdenes de aprehensión en su contra que derivaron en su extradición a México. No obstante, la indagatoria por los recursos mal invertidos y posiblemente desviados detectados por la Auditoría continúa en integración.

En cuanto al resto de las irregularidades detectadas y el monto observado, en su momento autoridades de la ASF indicaron a este medio que se preparaban los dictámenes técnicos para la presentación de nuevas denuncias en próximos meses.

Reparación del daño en riesgo

Para que el daño económico causado por la gestión de Lozoya en Pemex pueda ser reparado, se requiere que Pemex y sus subsidiarias devuelvan los recursos no ejercidos o que paguen por la afectación patrimonial causada por las distintas inversiones irregulares, lo que no ha ocurrido hasta ahora.

La presentación de las denuncias que permitan iniciar procesos en contra de los funcionarios implicados en los malos manejos es otra alternativa, que puede llevar a la localización de recursos o a la devolución de estos. Pero hasta ahora solo existe una investigación en proceso.

Incluso, aun cuando el exdirector de Pemex hoy se encuentra detenido y busca un acuerdo con la FGR a cambio de aportar información, ello tampoco es garantía de que exista algún tipo de reparación del daño, según señalaron algunos penalistas consultados por Animal Político.

Es una situación similar a la que ya sucedió previamente en casos como el del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, también procesado y sentenciado por lavado de dinero y asociación delictuosa (delitos que igual se imputan a Lozoya). Aun cuando su gobierno dejó un quebranto superior a 40 mil millones según la ASF, Duarte solo fue procesado y sentenciado mediante un juicio exprés, y se dictaminó que no procedía reparación del dañó alguno.

La razón es que los delitos que se el imputaban eran de los denominados “formales” que, según los abogados consultados, son aquellos que no tienen una conclusión material fácilmente identificable como si la tiene, por ejemplo, un robo donde se puede regresar lo robado, o el peculado donde puedes devolver el dinero que posiblemente desviaste. Lozoya, al igual que Duarte, está acusado de asociación delictuosa y cohecho (recibir sobornos).

“Asociación delictuosa es reunirse para cometer un delito. Es un acuerdo que aunque delictivo no tiene una consumación material. Si nos acusan de cohecho pues la afectación es para quien dio el soborno, tampoco hay reparación. Y es lo mismo en el lavado de dinero. La única alternativa es que haya algún decomiso de cuentas o casas, pero eso es distinto a una reparación que se ordene”, dijo Gabriel Regino, experto penalista.

El litigante explicó que si bien el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla que beneficios como el de convertirse en testigo colaborador (buscado por Lozoya) están sujetos a una reparación del daño, la misma está condicionada literalmente a “cuando sea el caso”, como señala el artículo 256, y ello tiene que ver con la imposibilidad de que proceda la reparación en delitos formales.

Otros expertos como la abogada Estefanía Medina, cofundadora de la organización Tojil: Estrategia contra la impunidad, consideran que si bien desde una visión muy “clásica” pero también “limitada” del Derecho este podría ser un escenario, la FGR debería negarse a otorgar cualquier beneficio a Lozoya si no implica una reparación para el Estado.

“El grupo de trabajo de la ONU sobre recuperación de activos conforme a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de cuál forma parte México ha resuelto que la sociedad en su conjunto es víctima de los casos de corrupción y, por lo tanto, debe tratar de encontrarse la forma en que se pueda cuantificar este daño y repararlo. No es fácil pero el Estado debe intentarlo”, señala Medina.

Lozoya, semana clave

Esta semana se definirá la situación jurídica de Emilio Lozoya en dos audiencias judiciales programadas ante los jueces federales que ordenaron la captura del exdirector de Pemex, por los supuestos sobornos que habría recibido de las empresas Altos Hornos y Odebrecht en el sexenio pasado.

La realización de estas audiencias tuvo que posponerse durante diez días debido a problemas de salud que presentó el exfuncionario federal luego de haber sido extraditado desde España.

En las audiencias iniciales Lozoya será notificado oficialmente de las razones por las cuales fue detenido con la finalidad de que responda a dichos delitos. Los fiscales de la FGR, por su parte, solicitarán que se inicie proceso penal en contra del exfuncionario quien tendrá la oportunidad de presentar pruebas a su favor.

Las audiencias se realizarán por el sistema de videoconferencia debido a que Lozoya aun no ha sido dado de alta del hospital donde se encuentra, así como a las restricciones sanitarias por la pandemia de COVID-19.

Se prevé que la defensa del exdirector de Pemex no debata los argumentos de la Fiscalía debido a que busca un acuerdo de colaboración con ellos. Hasta ahora no se han dado a conocer los alcances de dicho acuerdo, pero de acuerdo con fuentes de la defensa del exfuncionario, “todo se ha llevado conforme a la ley”.

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Qué resultados tuvo la nacionalización del litio en Bolivia (y por qué AMLO pidió su asesoría)

Ha pasado más de una década desde que Evo Morales anunció que el Estado se haría cargo de potenciar una industria del litio. ¿Qué ha ocurrido en estos años y qué está haciendo el país para aprovechar la alta demanda del mineral?
30 de abril, 2022
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Han pasado 14 años desde que el gobierno de Evo Morales nacionalizó el litio en Bolivia, el llamado “oro blanco” que se ha convertido en uno de los metales críticos para la fabricación de baterías eléctricas o el almacenamiento de energías renovables.

Es tan codiciado que las proyecciones de expertos estiman que su precio podría subir exponencialmente en los próximos 20 años en medio de la transición energética que está experimentando el mundo para reducir las emisiones contaminantes.

Y ahora que la guerra en Ucrania le ha dejado en claro a Occidente que es peligroso depender del gas y el petróleo que exporta Rusia, hay una acelerada carrera por conseguir aquellos metales necesarios para electrificar las economías.

Siendo parte de los metales considerados como “el nuevo petróleo” del siglo XXI, la producción de litio pasó a ser en 2008 un producto manejado por el Estado de Bolivia con el objetivo de que la riqueza de su venta beneficiara a todos los bolivianos.

A más de 6.000 kilómetros de distancia, el gobierno mexicano puso sobre la mesa hace unos días el plan de nacionalizar el codiciado recurso reformando la Ley de Minería para que el litio sea explotado “únicamente por el Estado”.

El blindaje al litio mexicano

“No saben (…) la ambición que despierta en las grandes potencias porque es un mineral estratégico para el desarrollo del futuro”, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuando presentó su propuesta.

La reforma estipula que “la exploración, explotación y aprovechamiento del litio estarán exclusivamente a cargo del Estado”, que será patrimonio de la nación y “se reserva para beneficio exclusivo del pueblo de México” por lo que “no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos, asignaciones o autorizaciones en la materia”.

AMLO

Gobierno de México
El presidente de México ha dicho que busca asesorarse con el gobierno de Bolivia.

En 2008 Bolivia inició un viaje parecido. El gobierno de Morales apostó porque el Estado manejara toda la cadena productiva sin intervención de empresas extranjeras, un modelo de negocios muy diferente al del gas natural, donde se han hecho alianzas con firmas que tienen un 49% de participación en el negocio, mientras que el 51% restante queda en manos del Estado.

Pero con el litio intentaron controlar toda la cadena, con la promesa de que Bolivia crearía fábricas de baterías y hasta autos eléctricos.

La imagen podría haber sido un Tesla versión boliviana al lado del salar de Uyuni.

Pero no fue así.

Ahora, el presidente Luis Arce, ha trazado un nuevo rumbo para, después de muchos años de intentos fallidos, concretar las alianzas estratégicas con empresas privadas extranjeras que ofrecen la tecnología necesaria para que despegue el negocio.

Luis Arce.

Getty Images
Luis Arce, presidente de Bolivia, recibirá propuestas de ocho empresas extranjeras para el desarrollo del litio.

Según dijo AMLO, su gobierno le ha pedido asesoría a Bolivia para desarrollar su propio negocio estatal del litio sin participación de empresas extranjeras.

Pero… Bolivia está -en este preciso momento- trabajando con empresas extranjeras en el desarrollo de negocios compartidos.

Las ocho empresas interesadas en participar están analizando las muestras del mineral con el fin de presentar sus propuestas en las próximas semanas y el gobierno tiene previsto el anuncio de los ganadores de los contratos hacia fines de mayo.

¿Cuál será el tipo de asesoría que le entregará el gobierno boliviano al mexicano? Por ahora no está claro.

Un “botín de guerra”

Morales tenía un plan ambicioso: contar para 2015 con toda una industria de baterías y automóviles eléctricos en el país.

Ese objetivo no se consiguió, como tampoco se logró que Bolivia exportara grandes cantidades de cloruro de potasio y carbonato de litio, los dos principales productos de litio que el país vende en el mercado internacional.

Salar de Uyuni, Bolivia.

Getty Images

“La estrategia falló”, le dice a BBC Mundo Juan Carlos Zuleta, analista de la economía del litio y consultor internacional.

“No funcionó porque faltaban los recursos humanos calificados, la tecnología, la estrategia y la voluntad política”, agrega.

Bolivia solo produce 500 toneladas al año de litio, una cantidad que Zuleta considera muy baja para que pueda poner un pie firme en el mercado.

Uno de los problemas, apunta, es que los gobiernos han tomado al litio como un “botín de guerra” con una perspectiva más política que técnica y con un gasto cercano a los US$800 millones que no ha dado los frutos que se esperaban

Una prueba contundente del fracaso, argumenta el experto, es que el actual gobierno boliviano cambió drásticamente el rumbo de lo que venía haciéndose en el país, convocando a ocho empresas extranjeras para hacer una explotación compartida del metal.

Si bien es cierto que durante los gobiernos de Evo Morales hubo acercamientos con firmas privadas, los acuerdos comerciales no llegaron a buen puerto.

“Tecnologías mucho más ecológicas”

“La nacionalización del litio en Bolivia ha sido una buena idea pero el proceso ha tardado demasiado“, señala Diego Von Vacano, catedrático de Ciencia Política en la universidad Texas A&M University, Estados Unidos, y colaborador externo del actual gobierno.

“Con el gobierno de Luis Arce el tema se ha comenzado a tomar en serio. Lo que no se logró en más de una década se avanzó en un año”, le dice a BBC Mundo.

Salar de Atacama, Chile

Getty Images

Von Vacano explica que los gobiernos anteriores hicieron esfuerzos por sacar adelante el desarrollo del litio en beneficio de los bolivianos, pero que no contaban con la tecnología necesaria para lograrlo.

De hecho, sostiene, ni siquiera existía la tecnología necesaria para extraer el litio de la salmuera boliviana, la cual es muy diferente a la que existe en otros países.

Recién en los últimos tres o cuatro años, explica, “han surgido nuevas tecnologías mucho más ecológicas”.

Desde otra perspectiva, Von Vacano sostiene que los gobiernos anteriores centraron sus esfuerzos en otras prioridades como, por ejemplo, el desarrollo de la industria del gas natural.

“Creo que ahora realmente va a despegar la industria del litio en Bolivia para aprovechar las ventanas de oportunidades”.

¿Por qué AMLO le pidió asesoría a Bolivia?

La reforma a la Ley de Minería propuesta por el gobierno mexicano dice que “la minería en México ha representado en los últimos 30 años, como nunca en la historia de México, la sobreexplotación de los yacimientos mineros a favor de intereses particulares, principalmente extranjeros”.

Para la nacionalización del litio, la reforma contempla que “un organismo público descentralizado” se encargue de su exploración, explotación y aprovechamiento del mineral.

Batería eléctrica de auto

Getty Images
El litio es uno de los elementos clave para fabricar baterías eléctricas.

Beatriz Olivera, directora de la organización social Engenera, plantea que AMLO le ha pedido asesoría a Bolivia por su larga experiencia en la extracción y procesamiento de litio y también por una cuestión de afinidad política.

“La apuesta es que el gobierno mexicano tenga un control total del mineral en la exploración, extracción y procesamiento. Esto se debe en parte, a las fuertes críticas que ha hecho el presidente a las empresas mineras privadas que están plenamente justificadas”, dice Olivera.

El problema, apunta, es que las empresas privadas en México tienen una regulación minera que les favorece, “incluso por encima de los derechos humanos de los pueblos indígenas”.

“El presidente ha dicho que son empresas que contaminan y no le dejan nada al país. Incluso no pagan impuestos”, explica.

Salar de Jujuy, Argentina.

Getty Images
Argentina desarrolla su industria para hacer más eficiente la producción de los químicos del litio.

Respecto al ejemplo de Bolivia, Olivera dice que si bien el proyecto del gobierno no contempla alianzas con empresas privadas, quizás éstas puedan desarrollarse en el futuro.

Mirando el caso boliviano, Carlos Aguirre, académico de la Universidad Iberoamericana especialista en tratados y comercio internacional, señala que el gobierno del país sudamericano “finalmente recapacitó” y entendió que el desarrollo de experiencia y de tecnología requiere de recursos de los que no necesariamente dispone el Estado.

Argentina y Chile, por ejemplo, que también se han reservado la titularidad del Estado sobre la explotación del litio, sí han concretado asociación con particulares para poder llevar a cabo la producción.

El resultado es que esos países, especialmente Chile, “se encuentran entre los principales productores de litio del mundo. Bolivia, con una extensión mayor de reservas, no se encuentra en ese listado”, señala Aguirre.

Auto eléctrico

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El mercado de autos eléctricos ha aumentado rápidamente. Sus baterías requieren litio.

En eso coincide Francisco Ortiz, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Panamericana.

A su juicio, AMLO anunció la búsqueda de asesoría en Bolivia porque “es un mensaje propagandístico, un mensaje más ideológico que con fundamentos técnicos”.

Desde un punto de vista publicitario, apunta, “es un discurso muy bueno para sus seguidores” por el acercamiento a otros gobiernos de su misma línea.

Ortiz espera que la nacionalización del litio en México no termine como la experiencia de la petrolera estatal Pemex.

“Pemex tiene una deuda gigantesca. La riqueza ha generado pobreza, ha generado deudas por una mala administración. El riesgo es que con el litio tengamos otro Pemex“.


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