Habían transcurrido seis horas y media de la audiencia virtual cuando Emilio Lozoya Austin, a través de sus abogados, confirmó lo que por meses se especuló. De frente a una cámara colocada en su cuarto de hospital le dijo al juez que sí… que pudo haber cometido hechos que fueron delitos, pero que lo hizo sin intención y bajo las órdenes de un “aparato organizado de poder”.
El exdirector de Pemex no dio nombres ni cargos de los integrantes de ese aparato- aunque prometió que lo hará – pero la tesis detrás de su argumento de defensa creada por uno de los penalistas mas influyentes del mundo, y la temporalidad de los hechos que los fiscales describieron no dejan margen de duda: se trata del gobierno que encabezó el expresidente Enrique Peña Nieto y sus secretarios de Estado.
“Fui sistemáticamente intimidado, presionado, instrumentalizado…” dijo Lozoya, y completaron sus abogados: “en el marco de los hechos señalados por las y los agentes del Ministerio Público de la Federación, el señor Emilio L. fue utilizado en su calidad de instrumento no doloso, en el marco de un aparato organizado de poder que se alejó del derecho de cara a la comisión de hechos como los referidos por la representación social el día de hoy”.
¿Qué hechos son estos? La presunta adquisición, a cambio de sobornos, de una planta chatarra por la cual Pemex habría perdido casi 8 mil millones de pesos en el gobierno de Peña, a los que se sumarán presuntos sobornos realizados por Odebrecht (con financiamiento electoral incluido) que hoy serán presentados en una nueva audiencia.
El que Lozoya Austin intente responsabilizar a sus superiores es algo que ya se preveía desde el momento en que se anunció que el exfuncionario peñista buscaba colaborar con FGR, para denunciar delitos mas graves de corrupción que los que a el se le imputan, a cambio de obtener beneficios legales.
Pero lo que la audiencia de casi doce horas de duración realizada ayer puso al descubierto fue la estrategia: un plan que ha sido utilizado con éxito para denunciar entramados criminales que permitió llevar a la cárcel al expresidente de Perú, Alberto Fujimori, mientras que en Colombia permitió construir casos contra el crimen organizado.
El monstruo de varias cabezas
La frase “aparato organizado de poder” referida ayer en la audiencia de Lozoya no es un concepto al azar. Es la definición de una doctrina concebida por uno de los penalistas más influyentes del mundo, el abogado y jurista alemán Claus Roxin, quien ha recibido, entre otros reconocimientos, más de 20 doctorados Honoris Causa de distintas universidades.
Roxin es además profesor de Miguel Ontiveros Alonso, el abogado que lidera la defensa de Emilio Lozoya, y quien al igual que su maestro es un estudio de las teorías del Derecho.
¿En qué consiste esta doctrina? De acuerdo con tres penalistas consultados por Animal Político, se trata de una teoría que parte de la concepción de que existe estructuras de poder como las de la delincuencia organizada, que cuentan con lideres difíciles de identificar en un inicio, pero que son los verdaderos beneficiarios de hechos ilícitos.
Dichos líderes no cometen materialmente los delitos, sino que se valen de otros integrantes de menor rango de la organización para cometerlos.
“En grandes organizaciones los altos niveles toman decisiones criminales, pero no las ejecutan por ellos mismos. Ordenan a sus subalternos realizarlas, aprovechando su posición jerárquica y la vulnerabilidad de sus colaboradores (…) De esa manera, la cúpula queda al margen de cualquier responsabilidad”, detalló el penalista Gabriel Regino.
Otro experto, que también fue maestro de Ontiveros, explica: “hace años surgió esta teoría que es creación dogmática para tratar de justificar una vía de imputación, o de cómo poder inmutarles (…) Es compleja, discutida y admitida por algunos y por otros no, pero tiene gran acogida para su argumentación en casos así”.
La doctrina de las estructuras de poder ya ha sido llevada a la práctica. La misma fue aplicada por la Fiscalía en Perú para imputar delitos graves al expresidente Alberto Fujimori y a integrantes de su gabinete, como se relata en el documento “El Caso Fujimori: Juzgando a un Jefe de estado”.
“Es una teoría que permite seguir la línea de mando y llegar a los máximos responsables. En Colombia ha sido exitosa también”, dijo la penalista Karla Salas.
“Fui usado…” ¿Cómo probarlo?
El reto para Lozoya y su equipo legal será probar que, en efecto, el exdirector de Pemex fue “un instrumento” de una estructura organizada para cometer los hechos delictivos que la FGR ha argumentado en los casos Agronitrogenados y Odebrecht.
La defensa debe evidenciar, primero, que existe una organización jerárquicamente superior a Lozoya. En opinión de los expertos penalistas esto es de fácil resolución pues es claro que el hoy procesado formaba parte de un gobierno en el que tenía al menos dos niveles de funcionarios superiores: los secretarios de Estado y el presidente de la República.
Desde el año pasado, cuando Lozoya estaba libre, sus entonces abogados defensores ya habían insistido en que “el exfuncionario no se mandaba solo”, y que detrás de las inversiones irregulares que se le imputaban estaba el Consejo de Administración de Pemex en el que participan cuatro secretarías entre ellas la de Hacienda, encabezada por Luis Videgaray.
Además, sus defensores llegaron a declarar públicamente que “nada sucedía sin que el presidente estuviera enterado”.
El otro gran aspecto que Lozoya debe probar o al menos evidenciar con indicios sólidos es que, en efecto, recibió órdenes o instrucciones para cometer hechos posiblemente delictivos, y que lo hizo sin tener conocimiento de que se trataba de actos irregulares o que si lo conocía, pero los cometió presionado o en contra de su voluntad.
Los expertos coinciden en que esta será la parte más complicada y en la que la defensa encabezada por Ontiveros deberá trabajar en los próximos meses.
No obstante, de conseguir probar todo lo anterior, el exdirector de Pemex estaría documentando prácticamente una maquinación de Estado para cometer hechos de corrupción, caso de mayor dimensión que el de la recepción de sobornos que se le imputa como un hecho aislado a Lozoya.
Con ello se cumpliría el requisito que marca la ley de denunciar delitos más graves como condición para que Lozoya pudiera recibir un criterio de oportunidad, se le retiren sus cargos, y se vuelva testigo colaborador en las eventuales nuevas acusaciones contra sus superiores.
Lozoya: el pacto y lo que sigue…
En la audiencia virtual de casi 12 horas de duración que se llevó a cabo el día de ayer, se confirmó que existe una colaboración en marcha entre los fiscales y el equipo legal de Emilio Lozoya.
Un primer ejemplo de ello fue la decisión de la defensa de no debatir la vinculación a proceso solicitada por la Fiscalía y es que, aun cuando el exdirector de Pemex dijo que no era culpable de recibir sobornos y con ellos haberse comprado una residencia en Lomas de Bezares en Ciudad de México, aceptó ser vinculado a proceso bajo la premisa de que se está trabajando el criterio de oportunidad solicitado.
Otra muestra de la cooperación fue la decisión de los fiscales de FGR de no solicitar que Lozoya fuera encarcelado de forma justificada. Se trata de una medida cautelar que, si bien se considera grave, en el caso del Lozoya tenia justificación dado que se había fugado del país. Pero en vez de ello consideraron que era suficiente que se le colocara un brazalete electrónico, lo que significa la potencial libertad del exdirector de Pemex.
Los fiscales pidieron además un plazo de seis meses para seguir investigando, lo que la defensa aceptó sin oposición alguna.
Lo que sigue para Lozoya Austin, además de buscar el criterio de oportunidad en el caso de Altos Hornos, será enfrentar una segunda audiencia inicial por la otra orden de aprehensión en su contra, y en la que se le acusa de recibir sobornos por diez millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht.
En este caso se le imputan al exdirector de Pemex los delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa. Se prevé que la audiencia se realice en las mismas condiciones en las que tuvo lugar la de ayer, es decir a través de videoconferencia con Lozoya ubicado en el hospital en el que ha estado internado desde hace 12 días, y con los fiscales y el juez en sus respectivas oficinas.
¿Y quien paga por el daño a Pemex?
En la audiencia realizada ayer los fiscales argumentaron que la compra de la planta de Agronitrogenados que Pemex realizó con la empresa Altos Hornos, y que tuvo como antecedente el supuesto pago de sobornos, fue tan mal negocio que le ha ocasionado a la empresa estatal perdidas cercanas a los 8 mil millones de pesos.
No obstante, hasta la fecha nadie ha sido imputad por dicho quebranto. Incluso al cerrar la audiencia de ayer el juez José Artemio Zúñiga Mendoza hizo notar a los fiscales que, a su criterio, apreciaba que podría configurarse al menos otro delito en contra de Lozoya por uso ilegal de atribuciones como funcionario, y no solamente por el dinero que presuntamente recibió para comprarse una casa.
Animal Político publicó ayer que la gestión de Lozoya al frente de Pemex, de 2013 a 2016, causó un boquete en las finanzas de la empresa de por lo menos 23 mil 500 millones de pesos producto de más de 110 hechos de posible corrupción, los cuales hasta la fecha continúan impunes.
En el caso específico de la adquisición de la Planta Agronitrogenados que fue sobrevaluada y estaba en condiciones de chatarra al ser adquirida por Pemex, la Auditoría Superior de la Federación presentó una denuncia en la FGR que hasta la fecha no ha sido judicializada.
