Qué dice el dictamen de salud mental del PT que critican organizaciones
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Organizaciones y CNDH señalan a senadora por dictamen de salud mental discriminatorio

Organizaciones sociales y la CNDH consideran que la propuesta de Ley General de Salud Mental que se discutirá este miércoles en el Senado viola derechos de personas con discapacidad y las discrimina.
Cuartoscuro
28 de julio, 2020
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La  iniciativa para impulsar una Ley General de Salud Mental en México propuesta por el Partido del Trabajo en el Senado ha generado una serie de críticas por parte de colectivos y organizaciones de personas con discapacidad psicosocial, pues consideran que fue hecha con recomendaciones de hace 14 años, además de permitir el tratamiento forzado y contener expresiones como “deficientes” o “enfermos mentales”, lo que es violatorio de los derechos humanos.

Será este miércoles 29 de julio cuando la  Comisión de Salud del Senado de la República discutirá la iniciativa presentada por la senadora Geovanna Bañuelos, quien ha señalado -a pesar de las críticas- que su propuesta es necesaria dado el incremento de enfermedades que afectan la salud mental por la pandemia de COVID-19, ante la “ausencia de atención” por parte del Estado mexicano.

Incluso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió al Senado revisar el dictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos Segunda, al considerar que vulneraría diversos artículos de la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad.

El organismo estimó que de aprobarse la ley, se desconocería la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, además de que la redacción del documento “refleja una visión anacrónica y estigmatizante, al utilizar referentes conceptuales que no resultan compatibles con las nociones actuales sobre la salud mental”.

Te puede interesar: Ley de Salud Mental que vulnera derechos de personas con discapacidad avanza en el Senado

¿Qué dice la iniciativa?

La primera versión dada a conocer del dictamen de Ley General de Salud Mental explica que su objetivo es crear una legislación para “regular las bases y modalidades para garantizar el acceso a los servicios de salud mental a toda la población del territorio nacional, con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género”.

De acuerdo con el documento, algunos “factores que pueden ser causa de agravar la salud mental de las personas serían: pobreza, trabajo, educación, violencia y trauma”.

Y ubica como población vulnerable a “mujeres trabajadoras, población rural, niños y niñas en situación de calle, personas con discapacidad, menores farmacodependientes, madres adolescentes, adultos en plenitud, población indígena, población migrante, enfermos mentales delincuentes recluidos” (sic).

Estas personas, dice, deben ser “asistidas y atendidas por el Estado a través de un cuerpo legislativo único y específico que pueda atender todos los diversos factores que envuelven a la salud mental”.

Acerca de los derechos de las “personas con trastornos mentales y del comportamiento”, señala que deben tener un trato digno e incluyente por parte de las instituciones, y a acceder y recibir servicios de salud mental.

También señala su “derecho al consentimiento informado” de cada paciente respecto de su tratamiento. Aunque contempla que esto “se excepturará en el caso de internamiento voluntario, cuando se trate de un caso emergente o cuando se compruebe que el tratamiento es el más indicado”.

En estos casos, la información del paciente se brindaría “al cónyuge, padre, madre, hija o hijo mayor de edad, tutor o representante legal con veracidad de la condición y el posible efecto del tratamiento que reciba la o el usuario, en caso de que sea menor de edad o incapaz”.

Los “internamientos involuntarios” solo podrían darse por prescripción médica especializada, “conforme a las mejores prácticas, cuando el usuario presente conductas o acciones que puedan causarle daño físico inmediato o inminente a sí mismo, a terceros o a la propiedad, cuando la severidad de los síntomas y signos así lo indiquen”.

Los egresos de centros hospitalarios de atención en salud mental solo podrían darse cuando el médico tratante considere que por mejoría de su estado mental, el paciente puede continuar su tratamiento de manera ambulatoria, o si un familiar lo solicita por escrito.

Si el paciente busca salir del hospital, tendría que recurrir la decisión del médico o de su familia ante autoridades judiciales.

Según la iniciativa, el internamiento solo procederá cuando se haya “agotado todas las opciones disponibles y menos lesivas de tratamiento”.

Cuando se realicen internamientos involuntarios, estos se darían “previa indicación de los profesionales acreditados por la Secretaría de Salud, se realizará mediante resolución judicial, en caso de que este se prorrogue por más de 72 horas. Si el internamiento es menor a 72 horas no es necesaria una resolución judicial”.

Una vez que las condiciones del paciente lo permitan, dice, “deberá ser informado de su situación de internamiento para que, en su caso, su condición cambie a la de ingreso voluntario”.

Señala que se deberá dar asistencia social en la materia en establecimientos especializados para menores, personas en situación de calle, adultos mayores en estado de abandono o desamparo y personas con alguna discapacidad sin recursos.

Asimismo, contempla que la Secretaría de Educación Pública (SEP) coadyuve para que los centros escolares cuenten con profesionales de la psicología del área clínica y educativa que brinden atención en salud mental, detecten y y diagnostiquen posibles trastornos mentales y de comportamiento, debiéndolos canalizar a instancias que ofrezcan atención psicológica “basada en buenas prácticas”.

Otra de sus funciones será detectar conductas que vulneren el bienestar psíquico del alumno, como posible abuso sexual, tendencias suicidas, adicciones, acoso y violencia escolar, e implementar los protocolos de actuación que atiendan la problemática y eviten la deserción y el bajo rendimiento escolar.

Lee más: Así se vive en un psiquiátrico en tiempos de COVID-19

Las críticas de colectivos y ONG

Víctor Lizama, integrante de Sincolectivo y de la asociación civil Documenta, explica que la crítica a ley se da debido a que  rompe dos principios en la legislación de la salud mental: que tienen que formularse desde parámetros internacionales de derechos humanos, y que las personas con discapacidad psicosocial deben ser tomadas en cuenta durante su elaboración y discusión, lo que, denuncian, no ocurrió en este caso.

“La Ley Bañuelos, como la hemos llamado, permite el tratamiento forzado para personas con trastornos mentales y de comportamiento, y exceptúan para esos casos el derecho al consentimiento informado. Al respecto, el Comité de Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU dice que estas prácticas constituyen violaciones a los derechos de libertad personal y contra la tortura”, indica Lizama.

Además, contempla los internamientos forzados, mismos que son considerados una medida ilegal y arbitraria para la relatora Especial de los Derechos de Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas.

“La iniciativa está construida de acuerdo a un manual de la Organización Mundial de la Salud sobre salud mental de 2006, o sea, hace 14 años. Eso es previo incluso a la creación de la Convención de las Personas con Discapacidad de 2008. Actualmente existen otros parámetros para la atención en la materia, de los que la senadora y sus asesores ni siquiera conocen”.

Otro punto que preocupa a Documenta, A.C. es el de la privación indefinida de la libertad, ya que el proyecto de ley establece que los pacientes podrán egresar de los hospitales solo cuando el médico lo considere, lo que la relatoría Especial de los Derechos de Personas con Discapacidad ha denunciado como una mala práctica.

Ilse Gutiérrez, quien vive con un trastorno mental, dice que a ella y a otras personas con discapacidad psicosocial consideran que la ley discrimina y busca el tratamiento con un enfoque psiquiátrico de personas “farmacodependientes”, así como de las infancias.

Ella forma parte de el movimiento Orgullo Loco en México, donde es coordinadora. Desde hace años, a nivel mundial buscan reivindicar a las personas con discapacidad psicosocial o que se asuman como “locas”, y que se respeten sus derechos.

“Una de las cosas que estamos intentando cambiar es el estigma hacia la salud mental y hacia las personas que tenemos alguna condición psiquiátrica o de salud mental, porque se nos relaciona con el ser peligrosos”, señala.

Por ello Orgullo Loco México se pronuncia en contra de la iniciativa, que considera a las personas con discapacidad psicosocial “como peligrosa o incapaz. Este discurso es un mito, por ello queremos reivindicar nuestras condiciones, no que se perpetúen los estigmas”.

En su opinión, el proyecto de ley que será discutido debe reformarse para tener un enfoque de derechos humanos en los que la voz de las personas con trastornos mentales sean tomadas en cuenta, y se deben reformar las leyes de salud estatales, en las que también se avalan los internamientos forzados y sin consentimiento informado.

Entérate: ¿Cuántos tienen acceso a la salud mental en México?

Confrontación por cambios en el dictamen

La senadora Geovanna Bañuelos asegura que la primera versión de la propuesta de ley, que es de la que tienen conocimiento organizaciones sociales y colectivos, se modificó tras los comentarios realizados por estos grupos a los asesores legislativos.

Sin embargo, Documenta AC y Sincolectivo afirman que ellos no tienen conocimiento de cuáles fueron las modificaciones realizadas al documento, y que no los avalan.

En entrevista con Animal Político, la legisladora afirma que los grupos de la sociedad civil buscan que la propuesta no se apruebe porque se encuentran en contra de la creación de una Ley General de Salud Mental, independientemente de su contenido.

Asimismo, señala que la primera versión del documento fue modificado, y será discutido con una redacción el próximo miércoles, con las “valiosas aportaciones” de los colectivos, aunque estos no reconocen haber participado del proceso de cambios en la iniciativa.

“No es un texto acabado, todavía están opinando distintos grupos parlamentarios, distintos senadores y distintas organizaciones, Nosotros todavía estamos en la etapa de recoger esas inquietudes y perfeccionar el documento”, indica.

“Tal vez porque no se ha tenido acceso a ese documento final se ha estado generando mucha especulación, cosas que en efecto son ciertas que contiene el dictamen es que se crea una nueva ley, que nosotros sostenemos que es la ruta idónea para poder atender de manera integral y crear esta política pública en nuestro país, y el otro es el tema del internamiento, pero nosotros hemos sido cautelosos de observar los tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito en materia de derechos de personas con discapacidad”, explica.

Víctor Lizama señala que Documenta AC desconoce los cambios, y que sostiene que lo que se requiere para una mejor atención a las personas con discapacidad psicosocial es que se reforme el capítulo de Salud Mental en la Ley General de Salud vigente, pues no debe seguirse separando los temas mentales de los físicos.

“Tenemos que armonizar la legislación y favorecer la transformación de los servicios de atención a la salud mental, que estos se den en comunidad, que la persona usuaria sea partícipe de su propio proceso de recuperación, pero esta ley no está buscando eso”, concluye.

Ilse, por su parte, señala que independientemente de lo que ocurra con la iniciativa de Ley General de Salud Mental, es necesario que las autoridades de los 15 estados que cuentan con leyes locales en la materia reformen los documentos para que también ellos se encuentren armonizados con aquellos que salvaguardan los derechos humanos de las personas con discapacidad, pues avalan las prácticas de tratamientos e internamientos forzados.

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Quién es Liz Truss, la nueva primera ministra de Reino Unido que "caminará directo hacia el huracán"

Truss se convierte así automáticamente en primera ministra y entrará en Downing Street el martes, después de que Boris Johnson notifique su salida a la reina Isabel II.
5 de septiembre, 2022
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El Partido Conservador británico eligió a Liz Truss como nueva líder del partido y sucesora del dimitido Boris Johnson, lo que la convierte automáticamente en la primera ministra de Reino Unido.

Tras el anuncio de este lunes, está previsto que el martes Johnson dé su discurso de despedida y notifique su salida como primer ministro a la reina Isabel II en el castillo de Balmoral, en Escocia. Después, Truss se reunirá con la soberana para notificarle su intención de formar gobierno.

Debido a una inflación en Reino Unido que podría llegar al 18% y a una preocupación general sobre los altos costos de la energía, la nueva primera ministra no contará con el tradicional período de “luna de miel”, según anticipa el editor político del diario The Independent, Andrew Woodcock.

Liz Truss

Getty Images
Truss se impuso a su rival con más de 81.000 votos de los afiliados tories, frente a los más de 60.000 que han respaldado al el exministro de Economía, Rishi Sunak.

“Ella caminará directo hacia el huracán”, opinó el periodista.

Con una oposición laborista a la cabeza en los sondeos de intención de voto, no se espera que la ganadora de las primarias conservadoras convoque elecciones anticipadas para dar una mayor autoridad a su mandato. Todo parece indicar a que agotará la actual legislatura hasta el 2024.

Pero quién Liz Truss, a quienes los afiliados del Partido Conservador eligieron por sobre Rishi Sunak.

Tras los pasos de Thatcher

A la edad de siete años, Liz Truss interpretó el papel de Margaret Thatcher en una simulación de las elecciones generales de Reino Unido en su escuela.

Pero a diferencia de la primera ministra, que obtuvo una gran mayoría en las elecciones de 1983, Truss no tuvo éxito.

Muchos años después recordó aquel hecho: “Aproveché la oportunidad y pronuncié un discurso sincero en las ‘elecciones’, pero terminé sin votos. Ni siquiera yo voté por mí misma”.

Treinta y nueve años después, Liz Truss tiene ahora la oportunidad real de seguir el ejemplo de la Dama de Hierro al convertirse en líder conservadora y primera ministra británica.

Durante las cinco rondas de votación de los parlamentarios conservadores, la que fuera secretaria de Relaciones Exteriores se convirtió en la ganadora después de haber pasado años construyendo relaciones con asociaciones de electores y tras permanecer leal al ahora exprimer ministro Boris Johnson durante los días más oscuros de su mandato.

Pero en muchos sentidos, la nueva primera ministra no es una conservadora convencional.


Datos básicos sobre Liz Truss

  • Edad: 47
  • Lugar de nacimiento: Oxford
  • Hogar: Londres y Norfolk
  • Educación: Escuela Roundhay en Leeds, Universidad de Oxford
  • Familia: Casada con el contador Hugh O’Leary con dos hijas adolescentes
  • Distrito electoral: suroeste de Norfolk

Mary Elizabeth Truss nació en Oxford en 1975. Ella misma ha descrito a su padre, un profesor de matemáticas, y a su madre, una enfermera, como gente “de izquierda”.

Cuando era niña, su madre participó en marchas de la Campaña por el Desarme Nuclear, una organización que se opuso con vehemencia a la decisión del gobierno de Thatcher de permitir que se instalaran ojivas nucleares estadounidenses en la antigua base de la Real Fuerza Aérea en Greenham Common, al oeste de Londres.

La familia se mudó a Paisley, al oeste de Glasgow, Escocia, cuando Truss tenía cuatro años.

Su hermano, en declaraciones a Radio 4 de la BBC, dijo que a la familia le gustaban los juegos de mesa, pero que la joven Truss odiaba perder y que a menudo desaparecía antes de tener que arriesgarse a no ganar.

Más tarde, la familia se mudó a Leeds, al norte de Inglaterra, donde Liz asistió a Roundhay, una escuela secundaria estatal.

Liz Truss y Rishi Sunak juntos al final de la campaña electoral por el liderazgo tory a finales de agosto en Londres, Inglaterra

Getty Images
Alrededor de 160.000 afiliados ‘tories’ tuvieron que elegir entre Liz Truss y Rishi Sunak.

Ha dicho que durante el tiempo que pasó allí, vio a “niños que fallaban y eran defraudados por las bajas expectativas”.

Algunos de los contemporáneos de Truss en Roundhay han cuestionado su versión de la escuela, incluido el periodista de The Guardian, Martin Pengelly, quien escribió: “Tal vez ella está haciendo un uso selectivo de su crianza y denigrando casualmente a la escuela y a los maestros que la educaron, por una simple ganancia política”.

Independientemente de cómo fue su educación, Truss llegó a la Universidad de Oxford, donde estudió Filosofía, Política y Economía y participó activamente en la política estudiantil, inicialmente para el partido Demócrata Liberal.

En la conferencia del partido en 1994, habló a favor de la abolición de la monarquía y les dijo a los delegados: “Nosotros, los demócratas liberales, creemos en las oportunidades para todos. No creemos que las personas nazcan para gobernar”.

Ambiciones políticas

En Oxford, Truss se pasó al partido Conservador.

Después de graduarse, trabajó como contadora para Shell y Cable & Wireless, y se casó con el también contador Hugh O’Leary en 2000. La pareja tiene dos hijas.

Truss se presentó como candidata conservadora de Hemsworth, en Yorkshire, Inglaterra, en las elecciones generales de 2001, pero perdió.

Después sufrió otra derrota en Calder Valley, también en Yorkshire, en 2005.

Pero, a pesar de las derrotas, sus ambiciones políticas siguieron intactas, y fue elegida miembro del ayuntamiento de Greenwich, en el sureste de Londres, en 2006. Desde 2008 también trabajó para el grupo de expertos de centro-derecha Reform.

El entonces líder conservador David Cameron colocó a Truss en su “lista A” de candidatos prioritarios para las elecciones de 2010 y fue seleccionada para presentarse al escaño asegurado de Norfolk suroccidental.

Pero pronto se enfrentó a una batalla contra la asociación conservadora del distrito electoral que pidió retirar a Truss después de que se reveló que había tenido una aventura amorosa con el parlamentario conservador Mark Field unos años antes.

El esfuerzo por expulsarla fracasó y Truss ganó el escaño por más de 13.000 votos.

Liz Truss con Boris Johnson

Getty Images
Liz Truss sucederá a Boris Johnson en Downing Street número 10, la sede del gobierno británico.

Fue coautora del libro Britannia Unchained con otros cuatro parlamentarios conservadores elegidos en 2010.

En este recomendaban eliminar las regulaciones estatales para impulsar la posición del Reino Unido en el mundo, y el libro mostraba a Truss como una prominente defensora de las políticas de libre mercado en las filas conservadoras.

Durante un reciente debate en la BBC durante la campaña para el cargo de primer ministro, se le cuestionó por un comentario en Britannia Unchained, en el que describe a los trabajadores británicos como “unos de los peores haraganes del mundo”.

Ella insistió en que no lo había escrito.

En 2012, poco más de dos años después de convertirse en diputada, ingresó al gobierno como secretaria de Educación y en 2014 fue ascendida a secretaria de Medio Ambiente.

En la conferencia conservadora de 2015, Truss fue objeto de burlas por un discurso en el que dijo, con voz apasionada: “Importamos dos tercios de nuestro queso. Eso. Es. Una. Desgracia”.

Giro drástico sobre Brexit

Casi un año después se produjo posiblemente el que ha sido el mayor evento político en una generación: el referéndum sobre la Unión Europea.

Truss hizo campaña a favor de permanecer en ella y escribió en el diario Sun que el Brexit sería “una triple tragedia: más reglas, más formularios y más demoras al vender a la UE”.

Sin embargo, después de que su lado perdió, cambió de opinión y argumentó que el Brexit brindaba una oportunidad para “sacudir la forma en que funcionan las cosas”.

Liz Truss

Getty Images
Truss apoyó inicialmente la opción de que el Reino Unido debía quedarse en la Unión Europea y luego cambió su opinón sobre el Brexit.

Bajo el mandato de Theresa May, Truss se desempeñó como secretaria de Justicia y posteriormente como secretaria en jefe del Tesoro.

Cuando Boris Johnson se convirtió en primer ministro en 2019, Truss pasó a ser secretaria de Comercio Internacional, un trabajo que significaba reunirse con líderes políticos y empresariales mundiales para promover los intereses comerciales de Reino Unido.

En 2021, a los 46 años, se trasladó a uno de los puestos de mayor rango en el gobierno: secretaria de Relaciones Exteriores.

En este cargo, intentó resolver el espinoso problema del Protocolo de Irlanda del Norte, eliminando partes de un acuerdo entre la UE y el Reino Unido posterior al Brexit, una medida que la UE criticó ferozmente.

También consiguió la liberación de dos ciudadanos británico-iraníes que habían sido arrestados y detenidos en Irán.

Y cuando Rusia invadió Ucrania en febrero, adoptó una línea dura, insistiendo en que todas las fuerzas de Vladimir Putin deberían ser expulsadas del país.

Pero enfrentó críticas después de que respaldó a ciudadanos en Reino Unido que querían ir a pelear a Ucrania.

Cargas y ayudas

La campaña de Truss por el liderazgo del partido Conservador no estuvo exenta de controversia.

Cuando se le presionó para responder cómo abordaría la crisis del costo de vida en el país, dijo que centrará sus esfuerzos en “reducir la carga fiscal, no en dar ayuda financiera”.

Protestas en Londres

Getty Images
Durante el verano boreal se han repetido las protestas en Londres y otras ciudades por el alto costo de la vida.

También llamó a la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, una “buscadora de atención”, y agregó que era mejor “ignorarla”.

Algunos han sugerido que Truss, con sus atuendos, está tratando de emular a otra favorita de los conservadores: Margaret Thatcher.

Pero ella lo ha descartado y como le dijo a GB News: “Es bastante frustrante que las mujeres políticas siempre son comparadas con Margaret Thatcher, mientras que los hombres políticos no son comparados con (el exprimer ministro británico) Ted Heath”.

Pero esa comparación quizás no fue una desventaja cuando se estaba tratando de obtener el apoyo de los miembros del Partido Conservador.


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