Qué dice el dictamen de salud mental del PT que critican organizaciones
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Organizaciones y CNDH señalan a senadora por dictamen de salud mental discriminatorio

Organizaciones sociales y la CNDH consideran que la propuesta de Ley General de Salud Mental que se discutirá este miércoles en el Senado viola derechos de personas con discapacidad y las discrimina.
Cuartoscuro
28 de julio, 2020
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La  iniciativa para impulsar una Ley General de Salud Mental en México propuesta por el Partido del Trabajo en el Senado ha generado una serie de críticas por parte de colectivos y organizaciones de personas con discapacidad psicosocial, pues consideran que fue hecha con recomendaciones de hace 14 años, además de permitir el tratamiento forzado y contener expresiones como “deficientes” o “enfermos mentales”, lo que es violatorio de los derechos humanos.

Será este miércoles 29 de julio cuando la  Comisión de Salud del Senado de la República discutirá la iniciativa presentada por la senadora Geovanna Bañuelos, quien ha señalado -a pesar de las críticas- que su propuesta es necesaria dado el incremento de enfermedades que afectan la salud mental por la pandemia de COVID-19, ante la “ausencia de atención” por parte del Estado mexicano.

Incluso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió al Senado revisar el dictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos Segunda, al considerar que vulneraría diversos artículos de la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad.

El organismo estimó que de aprobarse la ley, se desconocería la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, además de que la redacción del documento “refleja una visión anacrónica y estigmatizante, al utilizar referentes conceptuales que no resultan compatibles con las nociones actuales sobre la salud mental”.

Te puede interesar: Ley de Salud Mental que vulnera derechos de personas con discapacidad avanza en el Senado

¿Qué dice la iniciativa?

La primera versión dada a conocer del dictamen de Ley General de Salud Mental explica que su objetivo es crear una legislación para “regular las bases y modalidades para garantizar el acceso a los servicios de salud mental a toda la población del territorio nacional, con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género”.

De acuerdo con el documento, algunos “factores que pueden ser causa de agravar la salud mental de las personas serían: pobreza, trabajo, educación, violencia y trauma”.

Y ubica como población vulnerable a “mujeres trabajadoras, población rural, niños y niñas en situación de calle, personas con discapacidad, menores farmacodependientes, madres adolescentes, adultos en plenitud, población indígena, población migrante, enfermos mentales delincuentes recluidos” (sic).

Estas personas, dice, deben ser “asistidas y atendidas por el Estado a través de un cuerpo legislativo único y específico que pueda atender todos los diversos factores que envuelven a la salud mental”.

Acerca de los derechos de las “personas con trastornos mentales y del comportamiento”, señala que deben tener un trato digno e incluyente por parte de las instituciones, y a acceder y recibir servicios de salud mental.

También señala su “derecho al consentimiento informado” de cada paciente respecto de su tratamiento. Aunque contempla que esto “se excepturará en el caso de internamiento voluntario, cuando se trate de un caso emergente o cuando se compruebe que el tratamiento es el más indicado”.

En estos casos, la información del paciente se brindaría “al cónyuge, padre, madre, hija o hijo mayor de edad, tutor o representante legal con veracidad de la condición y el posible efecto del tratamiento que reciba la o el usuario, en caso de que sea menor de edad o incapaz”.

Los “internamientos involuntarios” solo podrían darse por prescripción médica especializada, “conforme a las mejores prácticas, cuando el usuario presente conductas o acciones que puedan causarle daño físico inmediato o inminente a sí mismo, a terceros o a la propiedad, cuando la severidad de los síntomas y signos así lo indiquen”.

Los egresos de centros hospitalarios de atención en salud mental solo podrían darse cuando el médico tratante considere que por mejoría de su estado mental, el paciente puede continuar su tratamiento de manera ambulatoria, o si un familiar lo solicita por escrito.

Si el paciente busca salir del hospital, tendría que recurrir la decisión del médico o de su familia ante autoridades judiciales.

Según la iniciativa, el internamiento solo procederá cuando se haya “agotado todas las opciones disponibles y menos lesivas de tratamiento”.

Cuando se realicen internamientos involuntarios, estos se darían “previa indicación de los profesionales acreditados por la Secretaría de Salud, se realizará mediante resolución judicial, en caso de que este se prorrogue por más de 72 horas. Si el internamiento es menor a 72 horas no es necesaria una resolución judicial”.

Una vez que las condiciones del paciente lo permitan, dice, “deberá ser informado de su situación de internamiento para que, en su caso, su condición cambie a la de ingreso voluntario”.

Señala que se deberá dar asistencia social en la materia en establecimientos especializados para menores, personas en situación de calle, adultos mayores en estado de abandono o desamparo y personas con alguna discapacidad sin recursos.

Asimismo, contempla que la Secretaría de Educación Pública (SEP) coadyuve para que los centros escolares cuenten con profesionales de la psicología del área clínica y educativa que brinden atención en salud mental, detecten y y diagnostiquen posibles trastornos mentales y de comportamiento, debiéndolos canalizar a instancias que ofrezcan atención psicológica “basada en buenas prácticas”.

Otra de sus funciones será detectar conductas que vulneren el bienestar psíquico del alumno, como posible abuso sexual, tendencias suicidas, adicciones, acoso y violencia escolar, e implementar los protocolos de actuación que atiendan la problemática y eviten la deserción y el bajo rendimiento escolar.

Lee más: Así se vive en un psiquiátrico en tiempos de COVID-19

Las críticas de colectivos y ONG

Víctor Lizama, integrante de Sincolectivo y de la asociación civil Documenta, explica que la crítica a ley se da debido a que  rompe dos principios en la legislación de la salud mental: que tienen que formularse desde parámetros internacionales de derechos humanos, y que las personas con discapacidad psicosocial deben ser tomadas en cuenta durante su elaboración y discusión, lo que, denuncian, no ocurrió en este caso.

“La Ley Bañuelos, como la hemos llamado, permite el tratamiento forzado para personas con trastornos mentales y de comportamiento, y exceptúan para esos casos el derecho al consentimiento informado. Al respecto, el Comité de Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU dice que estas prácticas constituyen violaciones a los derechos de libertad personal y contra la tortura”, indica Lizama.

Además, contempla los internamientos forzados, mismos que son considerados una medida ilegal y arbitraria para la relatora Especial de los Derechos de Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas.

“La iniciativa está construida de acuerdo a un manual de la Organización Mundial de la Salud sobre salud mental de 2006, o sea, hace 14 años. Eso es previo incluso a la creación de la Convención de las Personas con Discapacidad de 2008. Actualmente existen otros parámetros para la atención en la materia, de los que la senadora y sus asesores ni siquiera conocen”.

Otro punto que preocupa a Documenta, A.C. es el de la privación indefinida de la libertad, ya que el proyecto de ley establece que los pacientes podrán egresar de los hospitales solo cuando el médico lo considere, lo que la relatoría Especial de los Derechos de Personas con Discapacidad ha denunciado como una mala práctica.

Ilse Gutiérrez, quien vive con un trastorno mental, dice que a ella y a otras personas con discapacidad psicosocial consideran que la ley discrimina y busca el tratamiento con un enfoque psiquiátrico de personas “farmacodependientes”, así como de las infancias.

Ella forma parte de el movimiento Orgullo Loco en México, donde es coordinadora. Desde hace años, a nivel mundial buscan reivindicar a las personas con discapacidad psicosocial o que se asuman como “locas”, y que se respeten sus derechos.

“Una de las cosas que estamos intentando cambiar es el estigma hacia la salud mental y hacia las personas que tenemos alguna condición psiquiátrica o de salud mental, porque se nos relaciona con el ser peligrosos”, señala.

Por ello Orgullo Loco México se pronuncia en contra de la iniciativa, que considera a las personas con discapacidad psicosocial “como peligrosa o incapaz. Este discurso es un mito, por ello queremos reivindicar nuestras condiciones, no que se perpetúen los estigmas”.

En su opinión, el proyecto de ley que será discutido debe reformarse para tener un enfoque de derechos humanos en los que la voz de las personas con trastornos mentales sean tomadas en cuenta, y se deben reformar las leyes de salud estatales, en las que también se avalan los internamientos forzados y sin consentimiento informado.

Entérate: ¿Cuántos tienen acceso a la salud mental en México?

Confrontación por cambios en el dictamen

La senadora Geovanna Bañuelos asegura que la primera versión de la propuesta de ley, que es de la que tienen conocimiento organizaciones sociales y colectivos, se modificó tras los comentarios realizados por estos grupos a los asesores legislativos.

Sin embargo, Documenta AC y Sincolectivo afirman que ellos no tienen conocimiento de cuáles fueron las modificaciones realizadas al documento, y que no los avalan.

En entrevista con Animal Político, la legisladora afirma que los grupos de la sociedad civil buscan que la propuesta no se apruebe porque se encuentran en contra de la creación de una Ley General de Salud Mental, independientemente de su contenido.

Asimismo, señala que la primera versión del documento fue modificado, y será discutido con una redacción el próximo miércoles, con las “valiosas aportaciones” de los colectivos, aunque estos no reconocen haber participado del proceso de cambios en la iniciativa.

“No es un texto acabado, todavía están opinando distintos grupos parlamentarios, distintos senadores y distintas organizaciones, Nosotros todavía estamos en la etapa de recoger esas inquietudes y perfeccionar el documento”, indica.

“Tal vez porque no se ha tenido acceso a ese documento final se ha estado generando mucha especulación, cosas que en efecto son ciertas que contiene el dictamen es que se crea una nueva ley, que nosotros sostenemos que es la ruta idónea para poder atender de manera integral y crear esta política pública en nuestro país, y el otro es el tema del internamiento, pero nosotros hemos sido cautelosos de observar los tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito en materia de derechos de personas con discapacidad”, explica.

Víctor Lizama señala que Documenta AC desconoce los cambios, y que sostiene que lo que se requiere para una mejor atención a las personas con discapacidad psicosocial es que se reforme el capítulo de Salud Mental en la Ley General de Salud vigente, pues no debe seguirse separando los temas mentales de los físicos.

“Tenemos que armonizar la legislación y favorecer la transformación de los servicios de atención a la salud mental, que estos se den en comunidad, que la persona usuaria sea partícipe de su propio proceso de recuperación, pero esta ley no está buscando eso”, concluye.

Ilse, por su parte, señala que independientemente de lo que ocurra con la iniciativa de Ley General de Salud Mental, es necesario que las autoridades de los 15 estados que cuentan con leyes locales en la materia reformen los documentos para que también ellos se encuentren armonizados con aquellos que salvaguardan los derechos humanos de las personas con discapacidad, pues avalan las prácticas de tratamientos e internamientos forzados.

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Cómo sería una guerra entre potencias ahora (y cuál es la ventaja de Rusia y China frente a Occidente)

Muchos de los aspectos de los principales conflictos entre Occidente y, por ejemplo, Rusia o China, ya se han desarrollado, ensayado y desplegado. con una ventaja para estos últimos: los misiles hipersónicos.
4 de enero, 2022
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Fuerzas de Rusia se aglomeran en la frontera con Ucrania, Moscú exige que la OTAN se aleje de sus fronteras y China vocifera cada vez más su derecho a retomar Taiwán, incluso por la fuerza si es necesario.

Etiopía está en guerra civil, el conflicto separatista en Ucrania ha cobrado más de 14.000 vidas desde 2014, la insurgencia en Siria continúa hirviendo a fuego lento y el autodenominado Estado Islámico arrasa en partes de África.

Pero ¿cómo se ve el futuro de las guerras entre las grandes potencias? ¿Y está Occidente preparado para los desafíos que vendrán?

Primero que todo, “las guerras del futuro” ya están aquí. Muchos de los aspectos de los principales conflictos entre Occidente y, digamos, por ejemplo, Rusia o China, ya se han desarrollado, ensayado y desplegado.

El 16 de noviembre, Rusia realizó una prueba de misil en el espacio, destruyendo uno de sus propios satélites. Durante el verano boreal, China condujo pruebas con sus avanzados misiles hipersónicos, capaces de viajar a muchas veces la velocidad del sonido.

Ataques cibernéticos ofensivos, ya sean disruptivos o de depredación, se han convertido en acontecimientos diarios.

Gráficos que muestran cómo operan los misiles hipersónicos de China

BBC

Ponerse al día

Michele Flournoy fue directora de política de estrategia del Pentágono bajo dos presidentes de EE.UU., Bill Clinton y Barack Obama. Cree que la atención de Occidente sobre el Medio Oriente en las últimas dos décadas permitió que sus adversarios se pusieran muy al día en términos militares.

“Realmente hemos llegado a un punto de inflexión estratégico donde nosotros -EE.UU., Reino Unido y nuestros aliados- estamos saliendo de 20 años de estar enfocados en antiterrorismo y contrainsurgencia, las guerras en Irak y Afganistán, y levantamos la mirada para darnos cuenta de que ahora estamos en una muy seria competencia de gran poder”, comenta.

Se está refiriendo, por supuesto, a Rusia y China, países descritos respectivamente en el análisis integrado del gobierno británico como “la amenaza aguda” y el “rival estratégico”de Occidente a largo plazo, respectivamente.

“Mientras nos enfocábamos en el amplio Medio Oriente”, dice, “estos países estudiaron la manera en que Occidente hace la guerra. Y empezaron a invertir masivamente en toda una gama de tecnologías nuevas”.

Personal de la Fuerza Aérea de EE.UU. realizan operaciones cibernéticas en la Base Aérea Warfield de la Guardia Nacional, en Maryland, 2017

Fuerza Aérea de EE.UU.
Personal de la Fuerza Aérea de EE.UU. realizan operaciones cibernéticas en la Base Aérea Warfield de la Guardia Nacional, en Maryland, 2017

Mucha de esa inversión ha estado dirigida hacia la actividad cibernética, ataques disruptivos con miras a socavar la estructura de la sociedad en Occidente, influyendo elecciones, robando datos sensibles. Esto pasa muy por debajo del umbral de guerra y muchas de esas acciones se pueden negar.

Pero ¿qué pasaría si las actuales tensiones entre Occidente y Rusia en torno a Ucrania, por ejemplo, o entre EE.UU. y China sobre Taiwán, se tornan hostiles? ¿Cómo se verían?

“Creo que esto se desarrollaría ahora en un entorno altamente dependiente del flujo de información”, señala Meia Nouwens, una investigadora asociada del Instituto Internacional para Estudios Estratégicos (IISS, por sus siglas en inglés) especializada en cómo China usa datos para sacar ventaja militar.

“El Ejército Popular de Liberación de China ha creado una nueva agencia llamada Fuerza de Apoyo Estratégico que se concentra en el espacio, la guerra electrónica y las capacidades cibernéticas”.

¿Qué quiere decir eso en la práctica? Pues bien, casi lo primero que ocurriría en cualquier acción hostil serían ataques cibernéticos masivos de ambas partes. Habría intentos de “cegar” al otro destruyendo sus comunicaciones, incluyendo satélites, o incluso cortando los vitales cables submarinos que transmiten datos”.

Le pregunté a Franz-Stefan Gady, especialista de guerras futuras del IISS, qué significaría esto para la persona común y corriente ¿De repente dejarían de funcionar nuestros teléfonos, se agotaría la gasolina en las estaciones, la distribución de alimentos entraría en caos?

“Sí, con toda probabilidad”, contesta. “Porque las grandes potencias están invirtiendo masivamente no solo en capacidad ofensiva cibernética sino en capacidad de guerra electrónica que puede interferir satélites y tumbar las comunicaciones. Así que no sólo serán los ejércitos sino las sociedades en general las que serán el objetivo principal en los conflictos del futuro“.

Un cohete Falcon de la empresa SpaceX con satélites de la Fuerza Aérea de Estados Unidos despega del Centro Espacial Kennedy en 2019

Getty Images
Un cohete Falcon de la empresa SpaceX con satélites de la Fuerza Aérea de Estados Unidos despegó del Centro Espacial Kennedy en 2019.

Toma de decisiones

El mayor peligro militar aquí es el recrudecimiento no planeado. Si tus satélites no se están comunicando y tus estrategas que están sentados en sus búnkeres de comando subterráneos no pueden estar seguros de lo que está pasando, les resultará extremadamente difícil calibrar una reacción.

Meia Nouwens cree que esto los deja con la opción de responder de forma “minimalista” o “maximalista”, lo que lleva al riesgo de recrudecer las tensiones.

Un factor que probablemente juegue un papel principal en las guerras del futuro será la inteligencia artificial (IA). Esta podría acelerar tremendamente la toma de decisiones y los tiempos de respuesta de los comandantes, permitiéndoles procesar la información más rápidamente.

Aquí, EE.UU. tiene una ventaja cuantitativa sobre sus adversarios potenciales y Michele Flournoy sostiene que podría compensar en las áreas donde Occidente se ve superado por el enorme tamaño del Ejército Popular de Liberación de China.

“Una de las manera de recuperar terreno y complicar los planes de defensa o ataque del adversario es juntando a humanos con máquinas”, indica. “Así que si tienes una plataforma operada por una persona que pueda controlar 100 plataformas sin personal, ahí es donde empiezas a recuperar ese equilibrio cuantitativo”.

Pero hay un área donde Occidente está quedando peligrosamente rezagado respecto a Rusia y China. Son los misiles hipersónicos, proyectiles súper potentes que pueden volar a cualquier punto entre cinco y 27 veces la velocidad del sonido y cargar ojivas convencionales o nucleares.

Rusia ya anunció el éxito de pruebas con su misil crucero hipersónico Zircon, proclamando que puede destruir defensas en cualquier parte del mundo.

Misiles Dong Feng 17 equipados con un vehículo planeador hipersónico, Pekín, 2019

Getty Images
Misiles Dong Feng 17 equipados con un vehículo planeador hipersónico, Pekín, 2019.

El misil Dong Feng 17 de China, develado por primera vez en 2019, carga un vehículo planeador hipersónico (VPH) que puede maniobrar a través de la atmósfera con una casi impredecible trayectoria, lo que lo hace muy difícil de interceptar.

En contraste, las pruebas recientes de los sistemas estadounidenses no han tenido buenos resultados. La inclusión de estas armas en el arsenal de China está haciendo que Washington piense dos veces antes de entrar en una guerra para defender a Taiwán, si es que China decide invadir el territorio.

La Fuerza Aérea de EE.UU. haciendo pruebas de su misil hipersónico AGM-183A, en California, 2020

Fuerza Aérea de EE.UU.
La Fuerza Aérea de EE.UU. hizo pruebas de su misil hipersónico AGM-183A, en California, 2020, sin buenos resultados.

No obstante, ahora mismo, empezando 2022, las fuerzas de Rusia se acumulan en la frontera con Ucrania, ciertamente con capacidades de guerra cibernética y electrónica incluida en sus equipos convencionales compuestos principalmente de tanques, vehículos blindados y tropas, los mismos recursos que estaría desplegando si Moscú decidiera invadir los países Bálticos, por ejemplo.

Entretanto, Reino Unido ha tomado la decisión de recortar sus fuerzas convencionales a cambio de invertir en la nueva tecnología. Franz-Stefan Gady, el especialista en guerras del futuro, cree que eso sin duda rendirá beneficios en unos 20 años, pero antes de eso quedará una brecha preocupante.

“Creo que vamos a pasar por un período muy peligroso en los próximos cinco a diez años, cuando estén ocurriendo muchos de los recortes. Al mismo tiempo, muchas de estas capacidades tecnológicas emergentes no estarán lo suficientemente maduras como para tener un verdadero impacto operacional”, considera.

¿Panorama sombrío?

Y en esos próximos cinco a diez años podríamos ver algunos de los desafíos más peligrosos para la seguridad de Occidente. Entonces, ¿el panorama es sombrío?

No necesariamente, según Michele Flournoy, que pasó años en el centro de las políticas de defensa de EE.UU. Piensa que la solución está en dos cosas: consulta y colaboración íntima con los aliados e inversión en lugares precisos.

“Si logramos trabajar juntos y realmente invertir en las tecnologías adecuadas, los conceptos precisos, y los desarrollamos a gran velocidad y tamaño, deberíamos ser capaces de impedir una guerra de grandes potencias”, afirma.

“Deberíamos poder alcanzar nuestros objetivos y hacer que la región Indo-Pacífica, por ejemplo, siga siendo libre, abierta y próspera en el futuro”.


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