“Buscando El Camino A Mi Recuperación”. Esa es la promesa con la que fue nombrado un centro de rehabilitación para personas con adicciones localizado en la comunidad de Arandas, una zona marginal ubicada a las afueras de Irapuato, Guanajuato.
Es la tarde del 23 de mayo y toca sesión de “Jornada Espiritual”. Una treintena de jóvenes bailan, rezan, sonríen y también se abrazan en la estancia de la casa adaptada como anexo. El techo de color blanco y los muros color mamey enmarcan la escena que ha sido capturada en un video publicado en la página de Facebook del centro.
Cinco semanas después, la tarde del 1 de julio, el escenario es el mismo. La misma estancia, los mismos muros, el mismo techo. Pero no hay más música, ni baile, ni risas. Los jóvenes yacen en el suelo, uno al lado de otro, algunos boca arriba, otros boca abajo, y otros con los ojos abiertos. Todos inertes, con marcas rojas en el cuerpo.
“Buscando El Camino A Mi Recuperación” ha quedado en silencio.
El homicidio de 26 jóvenes en un centro de rehabilitación en Irapuato no es un hecho aislado ni espontáneo. Detrás de esta masacre, la segunda mayor en el actual sexenio, hay una cadena de negligencias, impunidad y situaciones no atendidas, que alertaban el riesgo de que esto sucedería.
Tres ataques previos, en la misma ciudad y en el mismo tipo de establecimiento, fueron la antesala del ocurrido el 1 de julio. Un común denominador (de varios) es que los centros en donde ocurrieron estas agresiones que dejaron decenas de desaparecidos o muertos, operaban irregularmente.
Nicolás Pérez Ponce, presidente de la asociación de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB), dijo que desde el año pasado buscaron al gobernador para alertarlo de esta situación y de los riesgos y vulnerabilidad de los centros, pero simplemente los ignoró.
“Le dijimos que tan solo en Irapuato hay más de 200 centros irregulares, y que conocemos varios ubicados donde hay hechos ilegales. Que era necesario verificarlos o cerrarlos. Pero nunca nos ha recibido, nos manda con el asesor que a su vez nos dice que denunciemos en la Fiscalía, no con ellos” reveló.
El secretario de Seguridad del Estado, Alvar Cabeza de Vaca, acusó que los centros donde ocurren estos hechos son “semilleros de delincuentes”. El propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo tras el ataque de esta semana que “son agresiones entre ellos”, refiriéndose a los cárteles.
Especialistas reconocen que esto es una posibilidad, sin embargo, no existe investigación que pruebe que las víctimas son siempre delincuentes. Ello ya que casi ningún homicidio se esclarece. El propio alcalde de Irapuato reconoció ayer que no todos los muertos son criminales y que hay víctimas que son inocentes.
¿Qué nos revela entonces este crimen? Animal Político detalla a partir de los datos disponibles y el punto de vista de los especialistas el contexto y sus implicaciones.
Las víctimas y el anexo
El ataque perpetrado al centro de rehabilitación “Buscando el camino a mi recuperación AC “dejó un saldo de 26 muertos, la mayoría jóvenes de entre 20 y 35 años de edad, en promedio. En el lugar también había mujeres, pero según versiones oficiales, los agresores les permitieron irse antes de cometer el crimen.
Ninguna autoridad de los tres niveles de gobierno ha dado a conocer datos sobre las víctimas, ni si se les dará algún apoyo a sus familias. Lo que se ha repetido es que los ataques son fruto de disputas criminales y que, posiblemente, los que murieron también lo sean.
Pero lo testimonios recogidos por medios que acudieron al sitio de la tragedia confirman que las víctimas sí eran pacientes con adicciones y se encontraban en tratamiento.
“Esta semana iba a salir ya mi hijo. Llevaba 4 meses de su problema de adicción…”. “¿Por qué les hicieron esto y porque el gobierno no lo impide? ¡Estos jóvenes estaban rehabilitándose! ¡Por qué no le ponen un alto a los matones!”. “Él ya estaba recuperado, desde febrero se internó…” fueron algunas de las declaraciones de los familiares.
El gobierno municipal de Irapuato informó en un comunicado que el anexo no contaba con los permisos correspondientes y era un sitio clandestino.
Sin embargo, lo que revelan los videos y fotografías publicadas en la página de Facebook del centro, es que al menos desde septiembre de 2019 el lugar sí funcionaba como centro de rehabilitación. Las imágenes dan cuenta de los distintos convivios y actividades, entre las que estaban jornadas de charla, sesiones espirituales y religiosas y también diversos bailes.
Las publicaciones permiten conocer al menos físicamente a los jóvenes que se encontraban internos. En su mayoría se trata de hombres, y en menor medida mujeres. Casi todos los varones tienen el cabello corto, lo que era una norma de higiene en el centro.
De acuerdo con lo reportado por los medios locales los jóvenes internados eran habitantes de la misma zona o de localidades aledañas, y se trataba de personas de bajos recursos. Algunos ya habían estado antes pero recaían y volvían al tratamiento que duraba cuatro meses.
Entérate: Amenazas, enfrentamientos y 100 asesinatos en una semana: la crisis de violencia en Guanajuato
Los anexos legales… y los que no
Un centro de rehabilitación o anexo es un lugar en el que voluntariamente se internan personas para atender algún tipo de adicción. Nicolás Pérez Ponce señala que tan solo en Irapuato hay unos 265 de estos sitios, aunque menos de 60 están registrados ante el municipio. El resto son clandestinos.
¿Cuál es la diferencia? Un anexo legal es un sitio que ha obtenido todos los permisos y registros correspondientes, y que por ende cumple con las disposiciones sanitarias. Son trámites que involucran a los tres niveles de gobierno.
Algunos de estos trámites son permisos de uso de suelo que se tramitan ante el municipio. Hay que contar con un acta constitutiva de la asociación responsable del centro y con avisos de funcionamiento, así como el aval de un médico que será el responsable, lo que se tramita ante la Secretaría de Salud del estado. El último paso es contar con una certificación federal de COFEPRIS, para lo cual se tuvo que haber cumplido con todos los pasos previos.
Es un procedimiento, detalla Pérez Ponce, que puede tomar varios meses por trabas burocráticas, y que además tiene un costo en diversas fases que en total puede superar los 120 mil pesos.
Revela que a nivel estatal hay aproximadamente 45 organizaciones o asociaciones legalmente registradas para operar los anexos, pero de ellas solo 12 cuentan con la certificación federal. Las otras continúan en el trámite, pero también pueden funcionar pues están en el padrón y con permisos provisionales.
Esos son los centros legales, pero son mucho más los irregulares. Pérez Ponce calcula que son cinco veces más los centros que no están legalmente establecidos, es decir, que no cuentan con ningún de los trámites antes referidos, ni están empadronados.
De la buena fe al crimen organizado
El que un centro o anexo no esté regularizado no necesariamente quiere decir que no proporcione el servicio. El problema es que lo hace sin que haya supervisión alguna de sus procedimientos. Ese sería el caso, por ejemplo, del anexo donde ocurrió la reciente masacre.
Pérez Ponce, presidente de CRUB, detalló que en muchos casos son centros fundados por personas con buenas intenciones, que los adaptan en casas, pero que no tienen ni el tiempo ni el dinero para completar los procedimientos que requieren legalizarlos.
“Normalmente son centros que están en casas, pero que no cuentan con avisos públicos ni de funcionamiento, ni exhiben permisos, y muchas veces ni se anuncian de forma exterior. Por ende tampoco están registrados. Y el que haya falta de supervisión siempre genera riesgos” señaló.
El alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz, aseguró ayer en una conferencia que han clausurado varios de estos centros, pero que es complicado porque constantemente se cambian de domicilio.
Por otro lado, Pérez Ponce dijo que hay otros sitios clandestinos que se anuncian como anexos pero que son simples fachadas del crimen organizado. Ahí no existen terapias ni programas de rehabilitación, pero se simulan como refugios para albergar a posibles sicarios o delincuentes.
Blancos frecuentes
En los últimos meses los ataques a centros de rehabilitación en Guanajuato se han vuelto frecuentes. Tan solo en la ciudad de Irapuato van cuatro agresiones en el último semestre.
La primera de ellas ocurrió el 23 de diciembre de 2019 cuando sujetos armados ingresaron a un anexo del municipio y secuestraron a 24 de los internos; luego el 8 de febrero un grupo armado incendió otro centro de rehabilitación y se llevó a cinco personas de este.
El 6 de junio sicarios asesinaron a diez internos en el anexo “Empezando nueva vida”; y finalmente el pasado 1 de julio ocurrió la última masacre con saldo de 26 internos muertos y 5 heridos graves. En todos los casos se trató de anexos no regularizados.
¿Cuál es el motivo de las agresiones? De acuerdo con David Saucedo, consultor de seguridad en Guanajuato, los ataques se enmarcan en las disputas de los grupos del crimen organizado, particularmente del Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel Santa Rosa de Lima.
“Existe esta creencia de un grupo de que el otro grupo rival opera un centro, o recluta o esconde sicarios en el mismo y por eso se perpetran estos ataques. Ya sea por venganza o por disputa del territorio, para calentar la zona” dicho.
El experto señala que ocurre un fenómeno similar con las vulcanizadoras en Celaya y otros municipios. Cerca de una decena de ellas han sido atacadas o incendiadas porque un grupo rival acusa que el otro las utiliza para vender drogas sintéticas o combustible robado.
Suposición, nula investigación
Desde el alcalde, pasando por el gobernador, hasta el presidente. Todas las autoridades han atribuido estos ataques a las disputas criminales y, por extensión, afirman que las víctimas podrían estar vinculadas con el crimen organizado. “Que se matan entre ellos”.
Sin embargo, al menos en el caso de Guanajuato, no existe investigación que pruebe que las víctimas eran, en efecto, criminales. “Se trata de suposiciones, pero investigación no la hay”, dice Saucedo. En el estado, como en el resto del país, más del 90 por ciento de los asesinatos no se esclarecen.
De hecho, el propio alcalde de Irapuato reconoció ayer en conferencia que entre las víctimas de estos ataques “hay gente que estaba ahí porque cayó en un vicio, porque se querían recuperar. No es que todos sean delincuentes”, señaló.
De lo que sí hay indicios, indican los especialistas, es que algunos de estos anexos y otros comercios son atacados por temas de extorsiones no pagadas, donde los propietarios u ocupantes nunca fueron criminales sino víctimas.
Oídos sordos y consecuencias
El presidente de la asociación de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB) señala que desde hace varios meses tienen identificados sitios en los que posiblemente operan centros de rehabilitación de forma clandestina. Entre ellos están algunos que sí dan atención, mientras en otros se cometen delitos o se vende droga.
En distintas ocasiones, señala Pérez Ponce, han intentado alertar de esta situación al gobierno estatal e incluso han buscado reuniones con el gobernador Diego Sinhue, pero no han tenido éxito. En el mejor de los casos los han remitido con un asesor o de plano, les dicen que si tiene elementos lo denuncien al Ministerio Público.
“Nosotros como unión estatal podemos ayudar al gobierno a ubicar estos centros, pero son ellos los que tienen que ir a revisar. Los que tienen que trabajar para que se regularicen o en su caso los clausuren. Y no esperar hasta que sucedan estas tragedias para entonces hacer algo. Su actuación ha sido negligente” dice Pérez Ponce.
En ese contexto exigió al gobernador que se siente a trabajar con los municipios, las autoridades federales y los responsables de los centros para atender esta problemática y trabajar en una solución.
Señaló que también es necesario que las autoridades trabajen en un mejor procedimiento de registro de los centros, en facilitar los trámites y en eliminar trabas burocráticas. Hay centros, insiste, que son clandestinos no porque quieran cometer delitos sino porque el proceso de legalización es complejo.
“El gobierno en general debería dar una mayor atención a los centros de rehabilitación. No se trata solo de evitar masacres en los mismos sino de invertir en ellos. La atención a personas que tienen adicciones también ayuda a prevenir delitos. Han habido casos de jóvenes que llegan a apuñalar hasta a sus propios padres porque no les dan dinero para una droga. Es un tema de salud y de seguridad”, dijo.
La violencia sin control
Los ataques a los centros de rehabilitación se enmarcan en un contexto de violencia creciente en Guanajuato. En los últimos cuatro años los homicidios en el estado se han multiplicado por cuatro, mientras los recursos para prevenirlos e investigarlos se encuentran totalmente rebasados.
Municipios de la entidad como Celaya, León, Salamanca e Irapuato figuran en la lista de las 20 regiones que el actual gobierno federal ha identificado como las más violentas del país. En promedio, casi la quinta parte de todos los asesinatos en 2020 se registran en Guanajuato.
Estimaciones del gobierno federal apuntan a que cerca del 80 por ciento de los asesinatos que se cometen en la entidad son resultado de la presencia de grupos del crimen organizado.
