Las fallas detrás de la masacre del centro de rehabilitación en Irapuato
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Camino perdido: las víctimas, fallas y omisiones detrás de la segunda mayor masacre del sexenio

Los ataques a centros de rehabilitación en Guanajuato han dejado medio centenar de muertos o desaparecidos en los últimos meses. Ello sin que las autoridades prevengan o esclarezcan los casos, mientras las víctimas son criminalizadas sin evidencia suficiente.
AFP
3 de julio, 2020
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“Buscando El Camino A Mi Recuperación”. Esa es la promesa con la que fue nombrado un centro de rehabilitación para personas con adicciones localizado en la comunidad de Arandas, una zona marginal ubicada a las afueras de Irapuato, Guanajuato.

Es la tarde del 23 de mayo y toca sesión de “Jornada Espiritual”. Una treintena de jóvenes bailan, rezan, sonríen y también se abrazan en la estancia de la casa adaptada como anexo. El techo de color blanco y los muros color mamey enmarcan la escena que ha sido capturada en un video publicado en la página de Facebook del centro.

Cinco semanas después, la tarde del 1 de julio, el escenario es el mismo. La misma estancia, los mismos muros, el mismo techo. Pero no hay más música, ni baile, ni risas. Los jóvenes yacen en el suelo, uno al lado de otro, algunos boca arriba, otros boca abajo, y otros con los ojos abiertos. Todos inertes, con marcas rojas en el cuerpo.

“Buscando El Camino A Mi Recuperación” ha quedado en silencio.

El homicidio de 26 jóvenes en un centro de rehabilitación en Irapuato no es un hecho aislado ni espontáneo. Detrás de esta masacre, la segunda mayor en el actual sexenio, hay una cadena de negligencias, impunidad y situaciones no atendidas, que alertaban el riesgo de que esto sucedería.

Tres ataques previos, en la misma ciudad y en el mismo tipo de establecimiento, fueron la antesala del ocurrido el 1 de julio. Un común denominador (de varios) es que los centros en donde ocurrieron estas agresiones que dejaron decenas de desaparecidos o muertos, operaban irregularmente.

Lee: Suman 26 muertos por ataque a centro de rehabilitación; la mayoría son fachada de cárteles: alcalde de Irapuato

Nicolás Pérez Ponce, presidente de la asociación de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB), dijo que desde el año pasado buscaron al gobernador para alertarlo de esta situación y de los riesgos y vulnerabilidad de los centros, pero simplemente los ignoró.

“Le dijimos que tan solo en Irapuato hay más de 200 centros irregulares, y que conocemos varios ubicados donde hay hechos ilegales. Que era necesario verificarlos o cerrarlos. Pero nunca nos ha recibido, nos manda con el asesor que a su vez nos dice que denunciemos en la Fiscalía, no con ellos” reveló.

El secretario de Seguridad del Estado, Alvar Cabeza de Vaca, acusó que los centros donde ocurren estos hechos son “semilleros de delincuentes”. El propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo tras el ataque de esta semana que “son agresiones entre ellos”, refiriéndose a los cárteles.

Especialistas reconocen que esto es una posibilidad, sin embargo, no existe investigación que pruebe que las víctimas son siempre delincuentes. Ello ya que casi ningún homicidio se esclarece. El propio alcalde de Irapuato reconoció ayer que no todos los muertos son criminales y que hay víctimas que son inocentes.

¿Qué nos revela entonces este crimen? Animal Político detalla a partir de los datos disponibles y el punto de vista de los especialistas el contexto y sus implicaciones.

Las víctimas y el anexo

El ataque perpetrado al centro de rehabilitación “Buscando el camino a mi recuperación AC “dejó un saldo de 26 muertos, la mayoría jóvenes de entre 20 y 35 años de edad, en promedio. En el lugar también había mujeres, pero según versiones oficiales, los agresores les permitieron irse antes de cometer el crimen.

Ninguna autoridad de los tres niveles de gobierno ha dado a conocer datos sobre las víctimas, ni si se les dará algún apoyo a sus familias. Lo que se ha repetido es que los ataques son fruto de disputas criminales y que, posiblemente, los que murieron también lo sean.

Entérate: Violencia en Guanajuato: ‘El Marro’ se adjudica asesinato de tres policías y amenaza con asesinar a más

Pero lo testimonios recogidos por medios que acudieron al sitio de la tragedia confirman que las víctimas sí eran pacientes con adicciones y se encontraban en tratamiento.

“Esta semana iba a salir ya mi hijo. Llevaba 4 meses de su problema de adicción…”. “¿Por qué les hicieron esto y porque el gobierno no lo impide? ¡Estos jóvenes estaban rehabilitándose! ¡Por qué no le ponen un alto a los matones!”. “Él ya estaba recuperado, desde febrero se internó…” fueron algunas de las declaraciones de los familiares.

El gobierno municipal de Irapuato informó en un comunicado que el anexo no contaba con los permisos correspondientes y era un sitio clandestino.

Sin embargo, lo que revelan los videos y fotografías publicadas en la página de Facebook del centro, es que al menos desde septiembre de 2019 el lugar sí funcionaba como centro de rehabilitación. Las imágenes dan cuenta de los distintos convivios y actividades, entre las que estaban jornadas de charla, sesiones espirituales y religiosas y también diversos bailes.

Las publicaciones permiten conocer al menos físicamente a los jóvenes que se encontraban internos. En su mayoría se trata de hombres, y en menor medida mujeres. Casi todos los varones tienen el cabello corto, lo que era una norma de higiene en el centro.

De acuerdo con lo reportado por los medios locales los jóvenes internados eran habitantes de la misma zona o de localidades aledañas, y se trataba de personas de bajos recursos. Algunos ya habían estado antes pero recaían y volvían al tratamiento que duraba cuatro meses.

Entérate: Amenazas, enfrentamientos y 100 asesinatos en una semana: la crisis de violencia en Guanajuato

Los anexos legales… y los que no

Un centro de rehabilitación o anexo es un lugar en el que voluntariamente se internan personas para atender algún tipo de adicción. Nicolás Pérez Ponce señala que tan solo en Irapuato hay unos 265 de estos sitios, aunque menos de 60 están registrados ante el municipio. El resto son clandestinos.

¿Cuál es la diferencia? Un anexo legal es un sitio que ha obtenido todos los permisos y registros correspondientes, y que por ende cumple con las disposiciones sanitarias. Son trámites que involucran a los tres niveles de gobierno.

Algunos de estos trámites son permisos de uso de suelo que se tramitan ante el municipio. Hay que contar con un acta constitutiva de la asociación responsable del centro y con avisos de funcionamiento, así como el aval de un médico que será el responsable, lo que se tramita ante la Secretaría de Salud del estado. El último paso es contar con una certificación federal de COFEPRIS, para lo cual se tuvo que haber cumplido con todos los pasos previos.

Es un procedimiento, detalla Pérez Ponce, que puede tomar varios meses por trabas burocráticas, y que además tiene un costo en diversas fases que en total puede superar los 120 mil pesos. 

Revela que a nivel estatal hay aproximadamente 45 organizaciones o asociaciones legalmente registradas para operar los anexos, pero de ellas solo 12 cuentan con la certificación federal. Las otras continúan en el trámite, pero también pueden funcionar pues están en el padrón y con permisos provisionales.

Esos son los centros legales, pero son mucho más los irregulares. Pérez Ponce calcula que son cinco veces más los centros que no están legalmente establecidos, es decir, que no cuentan con ningún de los trámites antes referidos, ni están empadronados.

De la buena fe al crimen organizado

El que un centro o anexo no esté regularizado no necesariamente quiere decir que no proporcione el servicio. El problema es que lo hace sin que haya supervisión alguna de sus procedimientos. Ese sería el caso, por ejemplo, del anexo donde ocurrió la reciente masacre.

Pérez Ponce, presidente de CRUB, detalló que en muchos casos son centros fundados por personas con buenas intenciones, que los adaptan en casas, pero que no tienen ni el tiempo ni el dinero para completar los procedimientos que requieren legalizarlos.

“Normalmente son centros que están en casas, pero que no cuentan con avisos públicos ni de funcionamiento, ni exhiben permisos, y muchas veces ni se anuncian de forma exterior. Por ende tampoco están registrados. Y el que haya falta de supervisión siempre genera riesgos” señaló.

El alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz, aseguró ayer en una conferencia que han clausurado varios de estos centros, pero que es complicado porque constantemente se cambian de domicilio.

Por otro lado, Pérez Ponce dijo que hay otros sitios clandestinos que se anuncian como anexos pero que son simples fachadas del crimen organizado. Ahí no existen terapias ni programas de rehabilitación, pero se simulan como refugios para albergar a posibles sicarios o delincuentes.

Blancos frecuentes

En los últimos meses los ataques a centros de rehabilitación en Guanajuato se han vuelto frecuentes. Tan solo en la ciudad de Irapuato van cuatro agresiones en el último semestre.

La primera de ellas ocurrió el 23 de diciembre de 2019 cuando sujetos armados ingresaron a un anexo del municipio y secuestraron a 24 de los internos; luego el 8 de febrero un grupo armado incendió otro centro de rehabilitación y se llevó a cinco personas de este.

El 6 de junio sicarios asesinaron a diez internos en el anexo “Empezando nueva vida”; y finalmente el pasado 1 de julio ocurrió la última masacre con saldo de 26 internos muertos y 5 heridos graves. En todos los casos se trató de anexos no regularizados.

¿Cuál es el motivo de las agresiones? De acuerdo con David Saucedo, consultor de seguridad en Guanajuato, los ataques se enmarcan en las disputas de los grupos del crimen organizado, particularmente del Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel Santa Rosa de Lima.

“Existe esta creencia de un grupo de que el otro grupo rival opera un centro, o recluta o esconde sicarios en el mismo y por eso se perpetran estos ataques. Ya sea por venganza o por disputa del territorio, para calentar la zona” dicho.

El experto señala que ocurre un fenómeno similar con las vulcanizadoras en Celaya y otros municipios. Cerca de una decena de ellas han sido atacadas o incendiadas porque un grupo rival acusa que el otro las utiliza para vender drogas sintéticas o combustible robado.

Suposición, nula investigación 

Desde el alcalde, pasando por el gobernador, hasta el presidente. Todas las autoridades han atribuido estos ataques a las disputas criminales y, por extensión, afirman que las víctimas podrían estar vinculadas con el crimen organizado. “Que se matan entre ellos”.

Sin embargo, al menos en el caso de Guanajuato, no existe investigación que pruebe que las víctimas eran, en efecto, criminales. “Se trata de suposiciones, pero investigación no la hay”, dice Saucedo. En el estado, como en el resto del país, más del 90 por ciento de los asesinatos no se esclarecen.

De hecho, el propio alcalde de Irapuato reconoció ayer en conferencia que entre las víctimas de estos ataques “hay gente que estaba ahí porque cayó en un vicio, porque se querían recuperar. No es que todos sean delincuentes”, señaló.

De lo que sí hay indicios, indican los especialistas, es que algunos de estos anexos y otros comercios son atacados por temas de extorsiones no pagadas, donde los propietarios u ocupantes nunca fueron criminales sino víctimas.

Oídos sordos y consecuencias

El presidente de la asociación de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB) señala que desde hace varios meses tienen identificados sitios en los que posiblemente operan centros de rehabilitación de forma clandestina. Entre ellos están algunos que sí dan atención, mientras en otros se cometen delitos o se vende droga.

En distintas ocasiones, señala Pérez Ponce, han intentado alertar de esta situación al gobierno estatal e incluso han buscado reuniones con el gobernador Diego Sinhue, pero no han tenido éxito. En el mejor de los casos los han remitido con un asesor o de plano, les dicen que si tiene elementos lo denuncien al Ministerio Público.

“Nosotros como unión estatal podemos ayudar al gobierno a ubicar estos centros, pero son ellos los que tienen que ir a revisar. Los que tienen que trabajar para que se regularicen o en su caso los clausuren. Y no esperar hasta que sucedan estas tragedias para entonces hacer algo. Su actuación ha sido negligente” dice Pérez Ponce.

En ese contexto exigió al gobernador que se siente a trabajar con los municipios, las autoridades federales y los responsables de los centros para atender esta problemática y trabajar en una solución.

Señaló que también es necesario que las autoridades trabajen en un mejor procedimiento de registro de los centros, en facilitar los trámites y en eliminar trabas burocráticas. Hay centros, insiste, que son clandestinos no porque quieran cometer delitos sino porque el proceso de legalización es complejo.

“El gobierno en general debería dar una mayor atención a los centros de rehabilitación. No se trata solo de evitar masacres en los mismos sino de invertir en ellos. La atención a personas que tienen adicciones también ayuda a prevenir delitos. Han habido casos de jóvenes que llegan a apuñalar hasta a sus propios padres porque no les dan dinero para una droga. Es un tema de salud y de seguridad”, dijo.

La violencia sin control

Los ataques a los centros de rehabilitación se enmarcan en un contexto de violencia creciente en Guanajuato. En los últimos cuatro años los homicidios en el estado se han multiplicado por cuatro, mientras los recursos para prevenirlos e investigarlos se encuentran totalmente rebasados.

Municipios de la entidad como Celaya, León, Salamanca e Irapuato figuran en la lista de las 20 regiones que el actual gobierno federal ha identificado como las más violentas del país. En promedio, casi la quinta parte de todos los asesinatos en 2020 se registran en Guanajuato.

Estimaciones del gobierno federal apuntan a que cerca del 80 por ciento de los asesinatos que se cometen en la entidad son resultado de la presencia de grupos del crimen organizado.

 

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Elecciones de mitad de período en Estados Unidos: ¿por qué la esclavitud está en las boletas de 5 estados?

La abolición de la esclavitud en Estados Unidos se estableció en 1865. Pero hay excepciones en algunos lugares. Los votantes decidirán en las elecciones del próximo 8 de noviembre si las mantienen.
6 de noviembre, 2022
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Han pasado 157 años desde que Estados Unidos prohibió la esclavitud, entendida como el acto por el cual una persona es propiedad legal de otra. Sin embargo, existe una exención para los presos condenados.

En la mayor parte de Estados Unidos, la esclavitud sigue siendo legal como castigo por un delito.

Pero el 8 de noviembre, los votantes de cinco estados (Alabama, Luisiana, Oregón, Tennessee y Vermont) decidirán si eliminan estas exenciones de sus constituciones estatales en un esfuerzo por prohibir la esclavitud por completo.

El resultado podría permitir que los presos dejen de estar sujetos al trabajo forzoso.

Unos 800 mil encarcelados trabajan actualmente a cambio de unos centavos, o a cambio de nada en absoluto.

Siete estados no pagan a los trabajadores presos ningún salario por la mayoría de las asignaciones de trabajo.

Los partidarios del cambio dicen que se trata de un vacío legal que permite la explotación y que debe terminarse.

Pero los críticos argumentan que eliminar esa exención no es asequible económicamente y que podría tener consecuencias no deseadas en el sistema de justicia penal.

“Trabajé durante 25 años y regresé a casa con US$124”

El sistema moderno tiene sus raíces en los siglos de esclavitud de los afroestadounidenses, dicen los investigadores de derechos humanos.

Curtis Ray Davis

Curtis Ray Davis
Davis escribió un libro sobre su experiencia en la cárcel de Luisiana.

En los años posteriores a la prohibición de la esclavitud, se aprobaron leyes que tenían como objetivo específico reprimir a las comunidades negras y que las obligaban a ingresar en prisiones donde se les exigiría que trabajaran.

En la actualidad, algunos estadounidenses negros encarcelados todavía se ven obligados a recoger algodón y otros cultivos en las plantaciones del sur donde sus antepasados fueron encadenados.

“Estados Unidos de América nunca tuvo un día sin esclavitud codificada”, dice Curtis Ray Davis II, quien pasó más de 25 años cumpliendo trabajos forzados en una prisión de Luisiana por un asesinato que no cometió, antes de ser indultado en 2019.

Davis tuvo una variedad de trabajos en la Penitenciaría Estatal de Luisiana -apodada “Angola”, por el país del que fueron llevados muchos de los esclavos africanos a esa área.

“Trabajé durante 25 años y regresé a casa con US$124”, describe Davis, a quien nunca le pagaron más de 20 centavos por hora por su trabajo. Fue “contra mi voluntad y a punta de pistola”, asegura.

Alrededor del 75% de los presos en la penitenciaría son negros, según Innocence Project, un grupo que trabaja para exonerar a los reos condenados injustamente.

Presos en una cárcel de Washington DC.

Getty Images

Argumentan que “Angola” es, esencialmente, un lugar donde la esclavitud estadounidense nunca terminó.

“Aunque la esclavitud se abolió, realmente fue solo una transferencia de propiedad de la esclavitud privada a, literalmente, una esclavitud sancionada por el estado”, afirma Savannah Eldrige de la Red Nacional Abolir la Esclavitud.

Su organización ha estado trabajando para ampliar el número de estados que prohíben la esclavitud sin excepciones y ha tratado de persuadir a los legisladores de Washington para que aprueben una ley similar que modifique la Constitución de Estados Unidos.

Colorado, Nebraska y Utah han aprobado medidas que prohíben todas las formas de esclavitud desde 2018.

Eldrige señala que el movimiento sumó el apoyo bipartidista, la única forma en que podría aprobarse en Utah y Nebraska, dominados por los republicanos.

En 2023, predice que las legislaturas de 18 estados votarán una legislación para prohibir la esclavitud.

“Consecuencias no deseadas”

Son pocos los opositores que se han manifestado en contra de los esfuerzos de los estados para eliminar el lenguaje de la esclavitud.

El movimiento encontró cierta resistencia por parte de los críticos que dicen que sería demasiado costoso pagar a los presos salarios adecuados, que no merecen la misma compensación, o que los cambios podrían perjudicar a los mismos reclusos.

Una votación en la legislatura de California para eliminar de la ley las referencias a la esclavitud fracasó este año después de que los demócratas, incluido el gobernador, advirtieran que pagar a los presos el salario mínimo estatal de US$15 por hora costaría más de US$1.500 millones.

Un grupo de presos encadenados fotografiados en 1909.

Getty Images
Un grupo de presos encadenados fotografiados en 1909.

La Asociación de Alguaciles de Oregón se opone también a la medida en ese estado, argumentando que conduciría a “consecuencias no deseadas” y a la pérdida de todos los “programas de resinserción”, que incluyen tareas mal pagadas como trabajar en la biblioteca, la cocina y la lavandería.

El grupo dice que les dan a los presos algo que hacer y “sirve como un incentivo para el buen comportamiento”, que es un factor durante las audiencias de libertad condicional.

Según ellos, existen dos problemas con la medida: que solo se aplica a los condenados, dejando fuera a las personas en prisión preventiva, y que podría significar el fin de cualquier programa penitenciario no autorizado específicamente por una sentencia judicial.

“Los alguaciles de Oregón no aprueban ni apoyan la esclavitud y/o la servidumbre involuntaria de ninguna forma”, asegura la asociación en un panfleto a los votantes, pero agrega que la aprobación de la medida “dará como resultado la eliminación de todos los programas de reinserción y el aumento de los costos para las operaciones carcelarias locales”.

Mano de obra penitenciaria

Los reclusos contribuyen a la cadena de suministro y la economía de muchas maneras, algunas de ellas sorprendentes.

Presos combatiendo el fuego.

Getty Images
Los presos son reclutados para combatir incendios forestales cada verano en algunos lugares del país.

Se les ha encargado hacer de todo, desde anteojos, placas de automóviles, hasta bancos de parques de la ciudad.

Procesan carne de res, leche y queso y trabajan en centros de soporte de llamadas para agencias gubernamentales y empresas importantes.

Puede ser difícil rastrear qué empresas utilizaron mano de obra penitenciaria, ya que el trabajo generalmente se realiza para un subcontratista.

El subcontratista luego vende los productos y servicios a grandes empresas que a veces desconocen su origen.

Las empresas que anteriormente se beneficiaron del trabajo penitenciario solo en Utah incluyen American Express, Apple, Pepsi-Co y FedEx, según un informe de junio de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

Al menos 30 estados incluyen a los trabajadores penitenciarios en sus planes de operación de emergencia para desastres naturales y otros disturbios civiles.

Combaten incendios forestales en al menos 14 estados, según el informe de la ACLU.

“Necesarios pero no suficientes”

Sin embargo, es poco probable que la vida de los presos cambie de la noche a la mañana si los cinco estados con próximas votaciones respaldan un cambio.

“Estos referendos son necesarios pero no suficientes para acabar con la esclavitud”, opina Jennifer Turner, investigadora de derechos humanos de la ACLU.

Los tribunales aún tendrían que interpretar qué derechos tienen los trabajadores encarcelados y si obtendrán beneficios, como licencia por enfermedad.

Penitenciaría en Washington DC.

Getty Images

En los estados que eliminaron previamente la exención para este tipo de esclavitud hubo resultados variados.

En Colorado, un preso demandó al estado, argumentando que se estaba violando la prohibición de la esclavitud.

Pero un tribunal dictaminó en agosto que los votantes no tenían la intención de abolir todo el trabajo penitenciario y desestimó el caso.

Una cárcel en Nebraska comenzó a pagar a los reclusos entre US$20 y US$30 por semana después de que se eliminó la exención allí, según el diario The New York Times.

Se esperan más demandas legales a medida que los presos continúan presionando por derechos y protecciones.

Davis, quien fue encarcelado por error en Luisiana, dice que quitar la exención de la esclavitud para los presos eliminará un “incentivo” para que su estado natal encarcele a sus ciudadanos.

“Creo que cualquier persona de conciencia que entienda la ley de propiedad, sabe que los seres humanos no deben ser propiedad de otras personas”, le dice a la BBC.

“Y ellos no deberían ser propiedad del estado de Luisiana”.


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