Las fallas detrás de la masacre del centro de rehabilitación en Irapuato
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Camino perdido: las víctimas, fallas y omisiones detrás de la segunda mayor masacre del sexenio

Los ataques a centros de rehabilitación en Guanajuato han dejado medio centenar de muertos o desaparecidos en los últimos meses. Ello sin que las autoridades prevengan o esclarezcan los casos, mientras las víctimas son criminalizadas sin evidencia suficiente.
AFP
3 de julio, 2020
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“Buscando El Camino A Mi Recuperación”. Esa es la promesa con la que fue nombrado un centro de rehabilitación para personas con adicciones localizado en la comunidad de Arandas, una zona marginal ubicada a las afueras de Irapuato, Guanajuato.

Es la tarde del 23 de mayo y toca sesión de “Jornada Espiritual”. Una treintena de jóvenes bailan, rezan, sonríen y también se abrazan en la estancia de la casa adaptada como anexo. El techo de color blanco y los muros color mamey enmarcan la escena que ha sido capturada en un video publicado en la página de Facebook del centro.

Cinco semanas después, la tarde del 1 de julio, el escenario es el mismo. La misma estancia, los mismos muros, el mismo techo. Pero no hay más música, ni baile, ni risas. Los jóvenes yacen en el suelo, uno al lado de otro, algunos boca arriba, otros boca abajo, y otros con los ojos abiertos. Todos inertes, con marcas rojas en el cuerpo.

“Buscando El Camino A Mi Recuperación” ha quedado en silencio.

El homicidio de 26 jóvenes en un centro de rehabilitación en Irapuato no es un hecho aislado ni espontáneo. Detrás de esta masacre, la segunda mayor en el actual sexenio, hay una cadena de negligencias, impunidad y situaciones no atendidas, que alertaban el riesgo de que esto sucedería.

Tres ataques previos, en la misma ciudad y en el mismo tipo de establecimiento, fueron la antesala del ocurrido el 1 de julio. Un común denominador (de varios) es que los centros en donde ocurrieron estas agresiones que dejaron decenas de desaparecidos o muertos, operaban irregularmente.

Lee: Suman 26 muertos por ataque a centro de rehabilitación; la mayoría son fachada de cárteles: alcalde de Irapuato

Nicolás Pérez Ponce, presidente de la asociación de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB), dijo que desde el año pasado buscaron al gobernador para alertarlo de esta situación y de los riesgos y vulnerabilidad de los centros, pero simplemente los ignoró.

“Le dijimos que tan solo en Irapuato hay más de 200 centros irregulares, y que conocemos varios ubicados donde hay hechos ilegales. Que era necesario verificarlos o cerrarlos. Pero nunca nos ha recibido, nos manda con el asesor que a su vez nos dice que denunciemos en la Fiscalía, no con ellos” reveló.

El secretario de Seguridad del Estado, Alvar Cabeza de Vaca, acusó que los centros donde ocurren estos hechos son “semilleros de delincuentes”. El propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo tras el ataque de esta semana que “son agresiones entre ellos”, refiriéndose a los cárteles.

Especialistas reconocen que esto es una posibilidad, sin embargo, no existe investigación que pruebe que las víctimas son siempre delincuentes. Ello ya que casi ningún homicidio se esclarece. El propio alcalde de Irapuato reconoció ayer que no todos los muertos son criminales y que hay víctimas que son inocentes.

¿Qué nos revela entonces este crimen? Animal Político detalla a partir de los datos disponibles y el punto de vista de los especialistas el contexto y sus implicaciones.

Las víctimas y el anexo

El ataque perpetrado al centro de rehabilitación “Buscando el camino a mi recuperación AC “dejó un saldo de 26 muertos, la mayoría jóvenes de entre 20 y 35 años de edad, en promedio. En el lugar también había mujeres, pero según versiones oficiales, los agresores les permitieron irse antes de cometer el crimen.

Ninguna autoridad de los tres niveles de gobierno ha dado a conocer datos sobre las víctimas, ni si se les dará algún apoyo a sus familias. Lo que se ha repetido es que los ataques son fruto de disputas criminales y que, posiblemente, los que murieron también lo sean.

Entérate: Violencia en Guanajuato: ‘El Marro’ se adjudica asesinato de tres policías y amenaza con asesinar a más

Pero lo testimonios recogidos por medios que acudieron al sitio de la tragedia confirman que las víctimas sí eran pacientes con adicciones y se encontraban en tratamiento.

“Esta semana iba a salir ya mi hijo. Llevaba 4 meses de su problema de adicción…”. “¿Por qué les hicieron esto y porque el gobierno no lo impide? ¡Estos jóvenes estaban rehabilitándose! ¡Por qué no le ponen un alto a los matones!”. “Él ya estaba recuperado, desde febrero se internó…” fueron algunas de las declaraciones de los familiares.

El gobierno municipal de Irapuato informó en un comunicado que el anexo no contaba con los permisos correspondientes y era un sitio clandestino.

Sin embargo, lo que revelan los videos y fotografías publicadas en la página de Facebook del centro, es que al menos desde septiembre de 2019 el lugar sí funcionaba como centro de rehabilitación. Las imágenes dan cuenta de los distintos convivios y actividades, entre las que estaban jornadas de charla, sesiones espirituales y religiosas y también diversos bailes.

Las publicaciones permiten conocer al menos físicamente a los jóvenes que se encontraban internos. En su mayoría se trata de hombres, y en menor medida mujeres. Casi todos los varones tienen el cabello corto, lo que era una norma de higiene en el centro.

De acuerdo con lo reportado por los medios locales los jóvenes internados eran habitantes de la misma zona o de localidades aledañas, y se trataba de personas de bajos recursos. Algunos ya habían estado antes pero recaían y volvían al tratamiento que duraba cuatro meses.

Entérate: Amenazas, enfrentamientos y 100 asesinatos en una semana: la crisis de violencia en Guanajuato

Los anexos legales… y los que no

Un centro de rehabilitación o anexo es un lugar en el que voluntariamente se internan personas para atender algún tipo de adicción. Nicolás Pérez Ponce señala que tan solo en Irapuato hay unos 265 de estos sitios, aunque menos de 60 están registrados ante el municipio. El resto son clandestinos.

¿Cuál es la diferencia? Un anexo legal es un sitio que ha obtenido todos los permisos y registros correspondientes, y que por ende cumple con las disposiciones sanitarias. Son trámites que involucran a los tres niveles de gobierno.

Algunos de estos trámites son permisos de uso de suelo que se tramitan ante el municipio. Hay que contar con un acta constitutiva de la asociación responsable del centro y con avisos de funcionamiento, así como el aval de un médico que será el responsable, lo que se tramita ante la Secretaría de Salud del estado. El último paso es contar con una certificación federal de COFEPRIS, para lo cual se tuvo que haber cumplido con todos los pasos previos.

Es un procedimiento, detalla Pérez Ponce, que puede tomar varios meses por trabas burocráticas, y que además tiene un costo en diversas fases que en total puede superar los 120 mil pesos. 

Revela que a nivel estatal hay aproximadamente 45 organizaciones o asociaciones legalmente registradas para operar los anexos, pero de ellas solo 12 cuentan con la certificación federal. Las otras continúan en el trámite, pero también pueden funcionar pues están en el padrón y con permisos provisionales.

Esos son los centros legales, pero son mucho más los irregulares. Pérez Ponce calcula que son cinco veces más los centros que no están legalmente establecidos, es decir, que no cuentan con ningún de los trámites antes referidos, ni están empadronados.

De la buena fe al crimen organizado

El que un centro o anexo no esté regularizado no necesariamente quiere decir que no proporcione el servicio. El problema es que lo hace sin que haya supervisión alguna de sus procedimientos. Ese sería el caso, por ejemplo, del anexo donde ocurrió la reciente masacre.

Pérez Ponce, presidente de CRUB, detalló que en muchos casos son centros fundados por personas con buenas intenciones, que los adaptan en casas, pero que no tienen ni el tiempo ni el dinero para completar los procedimientos que requieren legalizarlos.

“Normalmente son centros que están en casas, pero que no cuentan con avisos públicos ni de funcionamiento, ni exhiben permisos, y muchas veces ni se anuncian de forma exterior. Por ende tampoco están registrados. Y el que haya falta de supervisión siempre genera riesgos” señaló.

El alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz, aseguró ayer en una conferencia que han clausurado varios de estos centros, pero que es complicado porque constantemente se cambian de domicilio.

Por otro lado, Pérez Ponce dijo que hay otros sitios clandestinos que se anuncian como anexos pero que son simples fachadas del crimen organizado. Ahí no existen terapias ni programas de rehabilitación, pero se simulan como refugios para albergar a posibles sicarios o delincuentes.

Blancos frecuentes

En los últimos meses los ataques a centros de rehabilitación en Guanajuato se han vuelto frecuentes. Tan solo en la ciudad de Irapuato van cuatro agresiones en el último semestre.

La primera de ellas ocurrió el 23 de diciembre de 2019 cuando sujetos armados ingresaron a un anexo del municipio y secuestraron a 24 de los internos; luego el 8 de febrero un grupo armado incendió otro centro de rehabilitación y se llevó a cinco personas de este.

El 6 de junio sicarios asesinaron a diez internos en el anexo “Empezando nueva vida”; y finalmente el pasado 1 de julio ocurrió la última masacre con saldo de 26 internos muertos y 5 heridos graves. En todos los casos se trató de anexos no regularizados.

¿Cuál es el motivo de las agresiones? De acuerdo con David Saucedo, consultor de seguridad en Guanajuato, los ataques se enmarcan en las disputas de los grupos del crimen organizado, particularmente del Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel Santa Rosa de Lima.

“Existe esta creencia de un grupo de que el otro grupo rival opera un centro, o recluta o esconde sicarios en el mismo y por eso se perpetran estos ataques. Ya sea por venganza o por disputa del territorio, para calentar la zona” dicho.

El experto señala que ocurre un fenómeno similar con las vulcanizadoras en Celaya y otros municipios. Cerca de una decena de ellas han sido atacadas o incendiadas porque un grupo rival acusa que el otro las utiliza para vender drogas sintéticas o combustible robado.

Suposición, nula investigación 

Desde el alcalde, pasando por el gobernador, hasta el presidente. Todas las autoridades han atribuido estos ataques a las disputas criminales y, por extensión, afirman que las víctimas podrían estar vinculadas con el crimen organizado. “Que se matan entre ellos”.

Sin embargo, al menos en el caso de Guanajuato, no existe investigación que pruebe que las víctimas eran, en efecto, criminales. “Se trata de suposiciones, pero investigación no la hay”, dice Saucedo. En el estado, como en el resto del país, más del 90 por ciento de los asesinatos no se esclarecen.

De hecho, el propio alcalde de Irapuato reconoció ayer en conferencia que entre las víctimas de estos ataques “hay gente que estaba ahí porque cayó en un vicio, porque se querían recuperar. No es que todos sean delincuentes”, señaló.

De lo que sí hay indicios, indican los especialistas, es que algunos de estos anexos y otros comercios son atacados por temas de extorsiones no pagadas, donde los propietarios u ocupantes nunca fueron criminales sino víctimas.

Oídos sordos y consecuencias

El presidente de la asociación de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB) señala que desde hace varios meses tienen identificados sitios en los que posiblemente operan centros de rehabilitación de forma clandestina. Entre ellos están algunos que sí dan atención, mientras en otros se cometen delitos o se vende droga.

En distintas ocasiones, señala Pérez Ponce, han intentado alertar de esta situación al gobierno estatal e incluso han buscado reuniones con el gobernador Diego Sinhue, pero no han tenido éxito. En el mejor de los casos los han remitido con un asesor o de plano, les dicen que si tiene elementos lo denuncien al Ministerio Público.

“Nosotros como unión estatal podemos ayudar al gobierno a ubicar estos centros, pero son ellos los que tienen que ir a revisar. Los que tienen que trabajar para que se regularicen o en su caso los clausuren. Y no esperar hasta que sucedan estas tragedias para entonces hacer algo. Su actuación ha sido negligente” dice Pérez Ponce.

En ese contexto exigió al gobernador que se siente a trabajar con los municipios, las autoridades federales y los responsables de los centros para atender esta problemática y trabajar en una solución.

Señaló que también es necesario que las autoridades trabajen en un mejor procedimiento de registro de los centros, en facilitar los trámites y en eliminar trabas burocráticas. Hay centros, insiste, que son clandestinos no porque quieran cometer delitos sino porque el proceso de legalización es complejo.

“El gobierno en general debería dar una mayor atención a los centros de rehabilitación. No se trata solo de evitar masacres en los mismos sino de invertir en ellos. La atención a personas que tienen adicciones también ayuda a prevenir delitos. Han habido casos de jóvenes que llegan a apuñalar hasta a sus propios padres porque no les dan dinero para una droga. Es un tema de salud y de seguridad”, dijo.

La violencia sin control

Los ataques a los centros de rehabilitación se enmarcan en un contexto de violencia creciente en Guanajuato. En los últimos cuatro años los homicidios en el estado se han multiplicado por cuatro, mientras los recursos para prevenirlos e investigarlos se encuentran totalmente rebasados.

Municipios de la entidad como Celaya, León, Salamanca e Irapuato figuran en la lista de las 20 regiones que el actual gobierno federal ha identificado como las más violentas del país. En promedio, casi la quinta parte de todos los asesinatos en 2020 se registran en Guanajuato.

Estimaciones del gobierno federal apuntan a que cerca del 80 por ciento de los asesinatos que se cometen en la entidad son resultado de la presencia de grupos del crimen organizado.

 

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La carrera contrarreloj de Alemania por llevar ante la justicia a los últimos criminales nazis

La justicia alemana intenta ajustar cuentas con los últimos responsables vivos del Holocausto, todos ellos mayores de 90 años de edad.
Por BBC
14 de febrero, 2021
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Tienen más de 90 años de edad y el dudoso honor de ser considerados como los últimos criminales nazis en enfrentar la justicia.

No formaron parte del alto mando militar de Adolf Hitler, ni comandaron algún escuadrón de las SS. Eran guardias de seguridad, secretarias o empleados administrativos que trabajaron en los campos de exterminio del Tercer Reich y ahora, más de 75 años después del final de la II Guerra Mundial, finalmente están enfrentando a la justicia.

El martes pasado, fiscales en Alemania acusaron a un hombre de 100 años de edad por ayudar en el asesinato de 3.518 personas que fallecieron mientras él trabajaba como guardia de la SS en el campo de concentración de Sachsenhausen, ubicado a unos 35 kilómetros de Berlín.

La semana anterior, una mujer de 94 años de edad que trabajó como secretaria en el campo de concentración de Stutthof (Polonia) fue imputada como cómplice en 10.000 casos de asesinato e intento de asesinato por su trabajo en apoyo a las atrocidades que se cometieron allí.

Aunque ahora es nonagenaria, dado que era menor de 21 años cuando ocurrieron esos hechos, es probable que esta mujer termine siendo juzgada ante una corte juvenil.

Entrada del campo de exterminio de Auschwitz.

Getty Images
Las investigaciones recientes han logrado imputar a varios exfuncionarios del campo de exterminio de Auschwitz.

Sus casos forman parte de un pequeño grupo de empleados de bajo nivel del régimen nazi que en los últimos años han estado siendo investigados por las autoridades alemanas en un último esfuerzo por ajustar las cuentas pendientes con el pasado nazi: una carrera contrarreloj pues cada vez quedan menos sobrevivientes de aquella época.

Persiguiendo los crímenes del Tercer Reich

Pero, ¿por qué se está investigando ahora a exfuncionarios que ni siquiera tenían puestos de mando durante el Holocausto?

Las indagaciones sobre las atrocidades cometidas por el Tercer Reich comenzaron formalmente en 1943, cuando se creó una comisión internacional para investigar los delitos cometidos por las potencias del Eje. Su trabajo llegó a la imputación de 36.000 funcionarios alemanes y japoneses, de los cuales al menos 10.000 fueron condenados en juicios realizados hasta 1948.

Imagen de los juicios de Nuremberg.

Getty Images
Muchos de los principales líderes nazis fueron condenados en los juicios de Nuremberg.

Al mismo tiempo, entre 1945 y 1949, los tribunales en la zona de Alemania occidental dictaron unas 4.600 condenas por crímenes del nazismo.

Sin embargo, tras el establecimiento de la República Federal Alemana (RFA) en 1949, decayó el interés de seguir persiguiendo los crímenes nazis y, de hecho, se dictaron numerosas amnistías e incluso se aprobó una legislación que permitió que antiguos soldados nazis accedieran a cobrar pensiones.

“Durante la década de 1950, en Alemania occidental no había mucho deseo de perseguir los crímenes nazis, lo que resultó en un verdadero escándalo en el resto del mundo. Alemania oriental, en particular, impulsó una campaña de propaganda que destacaba cómo había antiguos líderes nazis en posiciones destacadas tanto en el sector privado como en el sector público. Eso fue verdaderamente embarazoso para el gobierno de la RFA”, explica Devin Pendas, profesor del Boston College especializado en la historia de los juicios contra los nazis tras la II Guerra Mundial.

La respuesta de la RFA fue la creación en 1958 de la Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo, que es la instancia que hasta ahora se sigue encargando de indagar sobre estos temas.

Ficha de Adolf Hitler en la la Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo.

Getty Images
La Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo tiene un archivo con más de 1,7 millones de fichas de personas y eventos relacionados con los crímenes del Tercer Reich.

Algunos expertos han señalado que esta agencia gubernamental hizo un muy buen trabajo durante las décadas siguientes, mientras otros destacan que había mucha resistencia de parte de las autoridades judiciales alemanas ante estas investigaciones, Pendas cree que estos dos hechos coexistieron.

“Claramente, muchos jueces y fiscales estaban renuentes en las décadas de 1950, 1960 y 1970 de procesar con fuerza los crímenes nazi, en parte, porque muchos de ellos habían estado trabajando en el Poder Judicial durante el Tercer Reich pero también porque no querían lavar ante el mundo los paños sucios de su país”, dice Pendas a BBC Mundo.

“Pero también es cierto que la Oficina Central y muchos fiscales y jueces individuales se tomaron esto muy en serio, sacando a la luz mucha evidencia y prestando un gran servicio al llevar ante las justicia muchas de estas atrocidades”, agrega.

El trabajo de la Oficina Central se vio limitado además por varias cuestiones legales como el hecho de que las leyes alemanas no contenían disposiciones específicas para procesar crímenes de guerra y por las normas vigentes entonces sobre prescripción de los delitos, que dificultaban que muchos de los casos pudieran ser llevados a juicio después de 1960.

Una fila de mujeres prisioneras en el campo de concentración nazi de Auschwitz.

Getty Images
Se estima que más de un millón de personas, la mayoría judíos europeos, murieron en el campo de Auschwitz.

Esta dependencia gubernamental sufrió además un fuerte revés cuando, en 1969, la Corte Suprema revocó la condena de un antiguo miembro de las SS que trabajó como dentista en el campo de Auschwitz (Polonia) con el argumento de que trabajar en un campo de exterminio no era un crimen en sí mismo.

Como resultado de ese dictamen, la Oficina Central debió abandonar una investigación sobre la Oficina Central de Seguridad del Reich, una dependencia del ministerio de Interior controlada por las SS que era la principal responsable para ejecutar la política de asesinatos masivos de Hitler.

A estas limitaciones hay que sumar el hecho de que la Oficina Central es una entidad pequeña, dotada de poco personal y solamente tiene la potestad para investigar los casos, pues una vez que encuentra evidencias de posibles hechos punibles debe pasar los expedientes a los fiscales que son los responsables finales de llevar a juicio a los presuntos criminales.

El impulso del 11 de septiembre

Todas estas restricciones redujeron la capacidad de acción de la Oficina Central durante muchos años.

Pero las cosas cambiaron a partir de 2007, cuando un tribunal alemán condenó a 15 años de cárcel al marroquí Mounir el Motassadeq por haberle transferido dinero a Marwan al Shehhi, el presunto responsable de estrellar el vuelo 175 de United Airlines en contra de la torre sur del World Trade Center en Nueva York, según la Comisión que investigó los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Mounir el Motassadeq

Getty Images
Mounir el Motassadeq fue condenado a prisi[on por haber enviado dinero a uno de los atacantes del 11-S.

Este precedente impulsó al entonces fiscal de la Oficina Central Thomas Walther a buscar el enjuiciamiento de guardias y otros funcionarios de los campos de concentración, aunque no hubieran participado directamente de estos crímenes.

Siguiendo esta argumentación se logró que en 2011 un tribunal alemán condenara a John Demjanjuk, un antiguo guardia del campo de exterminio de Sobibor (Polonia), por colaborar con el asesinato de las 28.000 personas que fueron muertas allí.

“Se volvió más fácil conseguir una condena. Hasta entonces tenías que demostrar que alguien había estado involucrado directamente en una muerte. En este caso, la Fiscalía argumentó que -y el tribunal estuvo de acuerdo- que dado que estos campos eran centros de exterminio, cualquiera que hubiera pertenecido al personal nazi que estaba allí contribuyó con esas muertes. Ya no tenías que demostrar que un guardia mató a alguien en ese campo, basta con demostrar que había sido un guardia que trabajó allí”, explica Pendas.

Justicia e historia

La condena de Demjanjuk le dio un nuevo impulso al trabajo de la Oficina Central, que durante la última década ha remitido a los fiscales más de 200 casos para su imputación.

Thomas Walther

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El abogado Thomas Walther impulsó el enjuiciamiento de exfuncionarios de bajo nivel que trabajaron en los campos de concentración nazis.

No se trata de una cifra menor cuando se considera que esta agencia gubernamental solamente cuenta con un puñado de investigadores, que para armar los casos tienen que buscar información en distintas partes del mundo y que, por su avanzada edad, muchas veces los presuntos criminales mueren antes de que el expediente esté concluido.

Sin embargo, hasta ahora, solamente se han producido un puñado de condenas, incluyendo la de Oskar Groening, un exmiembro de las SS conocido como el “contador de Auschwitz”, pues trabajó en las oficinas de este campo de exterminio y, entre otras cosas, se encargaba de contar el dinero robado a las víctimas.

En 2015, Groening, quien entonces tenía 94 años de edad, fue sentenciado en 2015 a cuatro años en prisión por haber facilitado el asesinato de 300.000 prisioneros. Sin embargo, falleció en 2018 sin haber ingresado en prisión a la espera del resultado de sus apelaciones.

Oskar Groening

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Oskar Groening, el llamado “contador de Auschwitz” falleció sin pagar su condena.

Reinhold Hanning fue condenado en 2016 -a los 95 años de edad- por cooperar con la muerte de 170.000 personas en Auschwitz, donde trabajó como guardia de las SS. Aunque durante el juicio dijo estar avergonzado por haber presenciado las muertes sin hacer nada para evitarlas, negó ser culpable de las mismas y apeló la sentencia. Murió al año siguiente sin haber ido a la cárcel.

En 2020, una corte de Hamburgo sentenció a Bruno Dey, un exguardia del campo de concentración de Stutthof, por haber colaborado con el asesinato de las 5.230 personas fallecidas en ese centro mientras él trabajó allí.

Sin embargo, como él era adolescente cuando ocurrieron los hechos fue procesado por un tribunal juvenil y fue recibió una sentencia suspendida de dos años de cárcel.

Bruno Dey.

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Bruno Dey intentó ocultar su rostro usando carpetas en las audiencias del juicio en el que fue condenado por colaborar en el asesinato de 5.230 personas.

Aunque han tenido mucha visibilidad, el hecho de que se trate de juicios contra exfuncionarios de bajo rango que ahora están tan mayores y que, hasta ahora, no han cumplido sus sentencias de forma efectiva ha llevado a algunos críticos a cuestionar si tiene sentido seguir con estos procesos.

“Creo que no hay ninguna razón para que una persona tenga inmunidad ante la justicia criminal debido a que era un funcionario de bajo rango”, dice Todd Buchwald, exembajador y coordinador especial de Justicia Criminal Global de Estados Unidos, a BBC Mundo.

Indica que estos juicios tienen muchos objetivos incluyendo llevar a la justicia a algunos de los responsables de las terribles atrocidades que se cometieron, crear un registro histórico de lo que ocurrió y fortalecer el mensaje disuasorio para todos aquellos funcionarios de bajo nivel que en el futuro se encuentren en una situación en la que se vean tentados a pensar que por su bajo rango no pagarán por estos crímenes.

“No está bien ayudar a perpetuar semejantes atrocidades, así que conviene reforzar el mensaje disuasorio de cara al futuro”, señala Buchwald.

“Los crímenes que se cometieron en Alemania fueron tan devastadores que entiendo bien el esfuerzo por intentar llevar ante la justicia a quienes tuvieron responsabilidad en lo ocurrido”, concluye.

 

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