10 años de la masacre de San Fernando: familias piden exhumar restos
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“Abrir las tumbas nos daría paz”: A 10 años de la masacre de San Fernando familias piden exhumar restos

Por la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, no hay una sola persona condenada y la mayoría de afectados nunca recibió compensación económica.
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Jennifer Paola Pineda Lacan, guatemalteca de 28 años, no sabe dónde llorar a su padre, Efraín, y a sus hermanos, Nancy y Richard. En el cementerio de Sipacate, municipio turístico en la costa del Pacífico, hay tumbas con sus nombres. Pero ni ella ni el resto de la familia van nunca. No se fían. No saben si están allí, ni qué hay dentro. Desde que las autoridades mexicanas les entregaron unos ataúdes hace casi diez años siguen con la misma incertidumbre: no tienen certeza de que lo que les devolvieron fueran los cuerpos de sus familiares.

“Nos dijeron que si abríamos las cajas nos metían presos, porque era contra la ley. Nos mandaron a una persona de negro que vino a cuidar las cajas hasta que las enterraron”, dice Pineda Lacan, en conversación telefónica. Traumatizados como estaban, recibieron una caja sellada y la orden de no abrirla. Ni siquiera les entregaron un documento en el que explicaran cómo se había realizado el proceso de identificación. Era la palabra del gobierno mexicano y tenían que creerla.

Lee: Migrantes de otro mundo: travesía desde Asia y África para llegar a Norteamérica

Efraín Pineda Morales, de 48 años. Nancy Pineda Lacan, de 23 años. Richard Pineda Lacan, de 22 años son el padre y los hermanos de Jennifer Paola. Fueron asesinados entre el 22 y el 23 de agosto de 2010 en San Fernando, Tamaulipas.

Junto a ellos, también estaba Mayra Isabel Pineda Sifuentes Pineda, su prima, de 23 años, o Robin Estuardo Zúñiga Mijangos, vecino de toda la vida. En total, fueron 72 los ejecutados, 58 hombres y 14 mujeres procedentes de Honduras, Guatemala, El Salvador, Ecuador y Brasil.

Hoy se cumple una década de una atrocidad que mostró la extrema crueldad de los grupos criminales desplegados en la frontera con Estados Unidos y la vulnerabilidad de quienes exponen su vida para cruzar al otro lado de Río Bravo.

México es un tránsito peligroso para los migrantes. Desde 2014, la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) tiene registradas mil 560 muertes tratando de alcanzar Estados Unidos. Ni el Instituto Nacional de Migración (INM), ni la CEAV, ni la subsecretaría de Derechos Humanos tienen un censo sobre extranjeros que se dejaron la vida en tránsito hacia el norte.

Además, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) tiene registrados mil 730 desaparecidos de origen extranjero, sin especificar si se trataba de migrantes. Por su parte, las organizaciones centroamericanas llevan su propio registro: el comité de familiares de migrantes desaparecidos de El Salvador (Cofamide) tiene un censo de 350 casos, el de Honduras, de 650, mientras que en Guatemala están documentados 90.

“Son cifras muy por debajo de las reales”, dice Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que acompaña a 11 de las 72 familias.

La masacre de San Fernando fue la mayor perpetrada contra migrantes. A pesar del tiempo transcurrido quedan muchas cuestiones pendientes: no hay un solo condenado y la mayor parte de las familias no han recibido compensaciones por lo ocurrido.

Se supone que fueron Los Zetas los responsables de aquella matanza. Sin embargo, no hay verdad judicial. Aunque la Fiscalía General de la República (FGR) procesó a 15 personas nunca inició ningún juicio, así que tampoco hay condenas. De hecho, uno de los procesados falleció sin sentarse ante un tribunal. Animal Político consultó con la FGR por el estado de las carpetas de investigación, pero al cierre de la edición no había recibido respuesta.

Sobre las indemnizaciones, en 2018 la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) hizo público que se resarció a las familias de las cinco víctimas ecuatorianas y a uno de los sobrevivientes (fueron dos los que lograron escapar). Desde entonces no hay noticias sobre más avances. Animal Político consultó a la CEAV sobre los procesos de reparación, pero no ha recibido respuesta.

“Lo fundamental es que haya justicia y un proceso de identificación de restos”, dice Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que acompaña a 11 de las 72 familias. Explica que están esperando que la CEAV nombre a un perito independiente para que se reúna con los allegados de las víctimas y puedan atenderse cada una de sus necesidades.

Entérate: Activistas y familiares colocan antimonumento en recuerdo a las víctimas de la masacre de San Fernando

Tenían la esperanza de volver 

Guatemala es un país con mucha escasez en el que seis de cada diez personas viven por debajo del umbral de la pobreza, según datos del Banco Mundial. Eso fue lo que motivó a la familia a hacer las maletas y marchar con destino a Estados Unidos. Las despedidas en Centroamérica son un ritual que se repite casi a diario. Un “hasta lueg” con la confianza de que el pollero te entregue al otro lado de Río Bravo sano y salvo. Todavía recuerda Pineda Lacán el día en el que celebraron una reunión familiar para dar las bendiciones a los que se marchaban. “Se iban,  pero tenían la esperanza d que iban a volver”, explica.

Nancy, su hermana, le prometió a sus hijos, que entonces tenían 9 y 7 años, que les traería un robot. Mayra, su prima, hizo lo mismo con el pequeño Gustavo, que en aquel momento tenía cuatro. Un robot y, además, una espada. Efraín, el padre, solo pensaba en cómo resolver el agujero que le había dejado un mal cliente que le compró un camión y luego se lo quitó, dejándole sin camión y sin dinero. Y Ricard, el hermano, consolaba a su madre prometiéndole que ganaría lo suficiente para hacerle una gran casa ahí en Sipacate.

“Lastimosamente, nunca se pudo hacer”, dice la hermana.

Aquella última reunión familiar fue el 2 de agosto de 2010. Veinte días después, tras 48 horas sin comunicación con sus allegados, llegaron las noticias: habían masacrado a muchos migrantes en San Fernando, Tamaulipas, apenas a 150 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Aquella casa se convirtió en centro del dolor que algún desalmado trató de aprovechar.

Ese mismo día, con sus familiares ya muertos, recibieron una llamada pidiéndoles 80 mil quetzales (algo más de 225 mil pesos) a cambio de sus vidas. Era una extorsión. Luego supieron que el teléfono desde el que les contactaron era el de un policía del pueblo, pero nunca lo persiguieron. La impunidad no es exclusiva de México.

En estos diez años transcurridos desde la tragedia, la familia Pineda se ha sentido abandonada por las instituciones. Ese mismo año en el que fueron asesinados Efraín, Nancy y Richard se vieron obligados a vender su casa. No alcanzaba el dinero. “Nos quedamos en la calle. Teníamos deudas, no teníamos con qué pagar y la gente ya estaba exigiendo, así que tuvimos que vender la casa”, explica. Ángela, la abuela, tuvo que hacerse cargo de sus dos nietos. Tampoco recibió ningún apoyo. Y ella misma, que había visto cómo mataban a su padre y a dos de sus hermanos en el peligroso camino hacia Estados Unidos, tomó la misa ruta hacia el norte.

“Intenté ir a Estados Unidos en 2018, antes de las caravanas. Pero me agarraron antes de llegar a la frontera”, explica. No recuerda exactamente el lugar, pero sabe que todavía no había sobrepasado San Fernando. Dice que no tuvo miedo, pero que aún recuerda el maltrato y los insultos al interior de alguna celda del Instituto Nacional de Migración después de que unas compañeras salvadoreñas dieran fuego al colchón y tuviesen que evacuarlas.

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Abrir las tumbas 

A día de hoy, su reclamo sigue siendo la justicia. Y el primer punto es la exhumación. “Pedimos que le hagan justicia, que hagan la exhumación para que mi mamá ya esté tranquila”, afirma Pineda Lacán. Dice que su madre ya está afectada, que pierde la memoria de tanto pensar en todo lo que ocurrió y que volver a abrir las tumbas les daría algo de paz.

Desde que recibieron aquellas cajas, nadie en la familia se cree que ahí estuvieran Efraín, Nancy y Richard. Que no les permitiesen ver en su interior solo refuerza sus sospechas. Además, como explica Fabbiene Cabaret, de la Fundación por la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, quienes sufren una pérdida así suelen fiarse más de lo que ven. En este caso tampoco llegaron documentos que sustentasen la identificación.

En 2013, esta familia, junto a otras cinco de Guatemala, otra de El Salvador y una de Brasil oficializó su petición de reabrir las cajas. Sus tesis se reforzaron cuando la Comisión Forense (un ente formado por miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense, la FGR y representantes de las familias) determinó que no podía certificar que ahí estuviesen los familiares. Hay antecedentes que no les dan confianza. Como el del hondureño que enviaron con el nombre de otra de las víctimas y no subsanaron el error.

Siete años después de aquella petición solo una de las familias logró que se analizasen los restos que les habían enviado. Se trata de Glenda Yaneira Medrano Solórzano, a quien se identificó nuevamente en 2017.

Actualmente se han celebrado diversos encuentros entre autoridades mexicanas y guatemaltecas, pero no se ha llegado a ningún acuerdo para iniciar los trabajos de exhumación.

Diez años después, Jennifer y toda su familia sigue esperando por la justicia.

“Estamos demasiado mal. No fueron unos perros los que mataron, necesitamos ayuda. Nosotros perdimos la vida junto con ellos”, lamenta.

“Para nosotros ellos no están acá. No los vamos ni a ver porque no sabemos si son ellos”, se queja.

Hasta que no haya una investigación, esas lápidas en el cementerio de Sipacate no son lugar de despedida y recuerdo, sino de desconfianza.

 

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Cuál es el sistema económico ruso y por qué se le acusa de ser un "capitalismo de compinches"

Con el fin de la Unión Soviética, Rusia abandonó el comunismo y sus líderes la embarcaron en un sistema que ha dado origen a una élite de milmillonarios.
17 de marzo, 2022
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El colapso de la poderosa Unión de la Unión Soviética en 1991 marcó el fin de una era comunista. Y fue también la entrada de Rusia, el principal estado de la unión, al que fuera su mayor enemigo: el sistema capitalista.

Rusia tiene un sistema bancario, reconoce la propiedad privada, hay acceso al mercado de capitales… “todo lo que normalmente atribuiríamos a un país capitalista”, le dice a BBC Mundo Carlos Sieglel, profesor en la División de Economía y Asuntos Globales en la Universidad Rutgers.

Es el país más grande del mundo, y obtiene grandes ingresos por la exportación de gas y petróleo.

La Agencia Internacional de Energía (IEA, por su siglas en inglés) sostiene que Rusia “juega papel descomunal en los mercados petroleros mundiales”.

Y en 2021, la revista Forbes lo ubicó en el quinto puesto de países con más milmillonarios.

Gazprom

Getty
Rusia tiene una potente industria gasífera.

Rusia es un país capitalista,pero varios expertos coinciden que tras la caida de la URSS, los líderes de Rusia, primero Boris Yeltsin y luego Vladimir Putin, alimentaron un modelo económico que favorecía a unos pocos cercanos al gobierno.

“Capitalismo de compinches”, lo llaman algunos analistas como Anders Åslund, autor del libro “El capitalismo de compinches de Rusia: el camino de la economía de mercado a la cleptocracia” (por su traducción literal al español).

¿Cómo funciona la economía de Rusia y por que sus críticos la asocian con la creación de oligarcas y corrupción?

Cambio de sistema

Según Sieglel, para entender la economía rusa de hoy hay que remontarse al derrumbe de la Unión Soviética.

Yate de Alexei Mordashov

Getty
El yate confiscado a Alexei Mordashov, acusado de ser un oligarca cercano a Putin.

Las empresas que antes pertenecían al Estado iban a ser privatizadas.

“La cuestión era cómo privatizarlas”, dice el experto.

Lo que ocurrió, dice el analista, fue que muchas de las compañías más grandes que fueron privatizadas quedaron en manos de antiguos funcionarios del gobierno o de personas que estaban bien conectadas.

A este grupo de personas, que por ser cercanas al gobierno lograron privilegios para hacerse con las empresas, hoy se les conoce como los oligarcas.

“Son élites empresariales ultrarricas con un desproporcionado poder político“, según los describe Stanislav Markus, profesor de Negocios Internacionales en la Universidad de Carolina del Sur, en un artículo de The Conversation.

Oleg Deripaska junto a Vladimir Putin en 2017

Kremlin/EPA
Vladimir Putin junto a Oleg Deripaska, uno de los llamados “oligarcas” que le son cercanos (2017).

Según Markus, los oligarcas emergieron en dos oleadas.

La primera fue a partir de 1990, cuando durante el gobierno de Boris Yeltsin se vendieron grandes compañías estatales a un bajo precio a un selecto grupo de magnates a cambio de beneficios.

La segunda oleada fue impulsada por Putin a través de contratos con el Estado, explica Markus.

El modelo era que empresas privadas de infraestructura, defensa y atención de la salud vendían sus servicios al gobierno a un precio mucho mayor que el del mercado, a cambio de sobornos a los funcionarios que hacían posible la transacción.

“Así, Putin enriqueció a una nueva legión de oligarcas que le debían sus enormes fortunas”, dice Markus.

Putin y Yeltsin.

Getty
Putin y Yeltsin.

Esa confabulación es lo que algunos califican de “capitalismo de compinches”.

“Rusia es un país con capitalismo de compinches, es muy similar a lo que tendrías en economías fascistas, donde el Estado y algunas industrias colaboraban entre sí”, dice Siegliel.

“En este caso colaboran mediante mecanismos de corrupción”.

Eszter Wirth, profesora de Economía Internacional de la Universidad Pontificia Comillas, describe a Rusia como “sistema aparentemente capitalista”.

“Donde la mayor parte de la riqueza se genera en sectores caracterizados por el rentismo, nepotismo y la compra de favores”, según le dice Wirth a BBC Mundo.

Wirth explica que Putin implementó un modelo basado en el modelo soviético caracterizado por grandes empresas estatales y lo combinó con el sistema oligarquista de Yeltsin, renacionalizando algunas entidades que habían sido privatizadas en la era Yeltsin.

“Dichas corporaciones estatales controlan un 55% de la economía rusa (las PYMES un 20,6%), que recuerdan a la época socialista”, dice la experta.

“Sistema cleptocrático”

Ese mecanismo, dicen los expertos, está basado en que los oligarcas no se meten en asuntos políticos, y el Kremlin no se mete en los negocios de estos magnates.

“Los oligarcas han ayudado a Putin a mantenerse en el poder a través de su inmovilidad política y su apoyo económico a las iniciativas internas del Kremlin”, dice Markus.

La ONG Transparencia Internacional califica a Rusia de tener un “sistema cleptocrático”.

“La gran riqueza que los cleptócratas rusos han acumulado, y siguen disfrutando, ha ayudado al presidente Putin a reforzar su control sobre el poder…” sostiene la organización en un artículo del 4 de marzo.

El semanario The Economist ubica a Rusia en el primer lugar de su Índice de Capitalismo de Compinches.

Roman Abramovich

Getty
Roman Abramovich es uno de los magnates rusos señalado de ser un oligarca.

El índice mide la cantidad de multimillonarios cuyas fortunas pueden estar asociadas a su cercanía con el gobierno, especialmente a través de negocios como bancos, casinos, defensa, industrias extractivas y construcción.

La publicación sostiene que en Rusia hay 120 milmillonarios, de los cuales el 70% cumple las características de un “capitalista compinche”.

“El 28% del PIB ruso corresponde a la riqueza de multimillonarios (oligarcas) rusos que operan en sectores rentistas (del Estado)”, indica Wirth.

Sin competencia

Sieglel sostiene que ese mecanismo corrupto también afecta el avance de la industria rusa.

“Normalmente estas compañías tendrían que competir entre ellas, esa competencias las llevaría a ser más eficientes, a contratar al personal idóneo”, dice el profesor.

“Pero lo que ocurrió fue que el gobierno, y esto también ocurre en otros países, protegió a muchos de estos individuos de la competencia directa”.

“Como resultado, lo que tienes en Rusia son una serie de compañías que no son tan eficientes en términos de producción, porque han sido aisladas de la competencia”.

El Kremlin.

Getty
El Kremlin.

Montaña rusa

A nivel global, Rusia es el segundo mayor exportador de petróleo, después de Arabia Saudita; y el tercer productor de petróleo, detrás de Estados Unidos y Arabia Saudita, según la IEA.

Tiene la segunda mayor reserva de carbón, después de EE.UU.

El 40% del gas natural que consume Europa proviene de Rusia, producido por el monopolio estatal Gazprom.

Además, el país es rico en tierras raras y productos agrícolas como trigo, maíz y aceite de girasol.

Esa riqueza natural, especialmente el gas y el petróleo, le han ayudado a superar varias crisis y vaivenes económicos en las últimas décadas.

Cuando Putin subió al poder, el país venía cerrando una década de hiperinflación, en la que había caído el PIB y había aumentado la desigualdad.

A nivel económico, los 90 en Rusia fueron “una década perdida”, según la describe Wirth en un artículo de The Conversation.

Pero la llegada de Putin al poder le dio un nuevo rumbo al país.

Rusia.

Getty
Rusia se enfrentó a una crisis económica en la década de los 90.

Durante los primeros 8 años de gobierno de Putin, Rusia tuvo un repunte que según Wirth se atribuye al alza mundial de los precios de los hidrocarburos, el principal producto de exportación ruso.

La crisis de 2008 y 2009 frenó ese crecimiento, pero en 2013 un nuevo alza en los precios del crudo los ayudó a recuperarse.

Luego, en 2014 y 2015, los precios volvieron a caer, el rublo perdió valor y aumentó la inflación.

“La dependencia excesiva de la exportación de petróleo y gas natural durante la era Putin pasó factura a la economía rusa”, escribe Wirth.

“Rusia sigue siendo un país con grandes superávits comerciales cuando los precios de las materias primas son altos, y podría invertirlos en la modernización de la maquinaria e infraestructuras obsoletas”, dice Wirth.

“Pero, al concentrarse las exportaciones en manos de pocos oligarcas, estos prefieren invertir los fondos en el extranjero, por lo que Rusia pasa desde años por un proceso de fuga de capitales hacia paraísos fiscales, Suiza o Londres”.

Sieglel concuerda en que la economía rusa no es muy diversificada, y añade que “no tienen un incentivo para innovar”.

“A pesar de los recursos, no tienen la instituciones adecuadas para innovar en términos de nuevos productos o tecnología”, dice.

El profesor también indica que, a diferencia de otros países capitalistas, en Rusia no hayleyes antimonopolio y no existe un ambiente legal que enfatice la competencia.

Planta de gas ruso

Getty
Rusia depende en gran parte de la industria de gas y petróleo.

Sanciones

Durante los últimos tres años Rusia ha tenido un crecimiento económico moderado.

En Rusia el impacto de la pandemia fue menor que en otros países, según indica el Banco Mundial.

Según el banco, esto pudo deberse a su política de ayudas fiscales por parte del Estado, así como a que tiene un sector de servicios relativamente pequeño y un sector público grande que amortiguó el desempleo.

Aún así, la profesora Wirth califica de “decepcionante” las tasas de crecimiento económico de Rusia para ser uno de los países BRIC (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica).

Además, desde que Putin invadió Crimea en 2014, Rusia enfrentó sanciones que lo tienen cada vez más aislada de los mercados occidentales.

Y el país se enfrenta ahora a un másduro paquete de sanciones internacionales como respuesta a su invasión a Ucrania.

Estas medidas incluyen que los mayores bancos rusos hayan sido expulsados del SWIFT, la red de pagos internacionales, con lo cual se les dificulta procesar transacciones que vengan del extranjero.

Putin ya ofreció ayuda estatal a los bancos sancionados.

También se han congelado cientos de miles de millones de euros de la reserva del banco central de Rusia.

Mc Donalds en Rusia

Getty
Varias marcas anunciaron que dejarán de operar en Rusia.

Cerca de 300 marcas han suspendido sus operaciones en Rusia.

Y también se han aplicado sanciones individuales a decenas de multimillonarios que EE.UU., Reino Unido y Europa considera oligarcas cercanos a Putin.

En el último mes, el rublo ha perdido más del 40% de su valor frente al dólar.

Con base en estas sanciones, el banco de inversiones Goldman Sacks calcula que este año el PIB de Rusia podría caer 7%.

La firma de análisis de mercado Oxford Economics calcula que la presión sobre los mercados financieros rusos podría tener un impacto de 6% en el PIB, respecto a los pronósticos que habían hecho antes de la crisis.

La apuesta de Occidente es que esas sanciones aíslen y ahoguen la economía rusa, como medida de presión para que Putin suspenda los ataques.

Wirth, sin embargo, se muestra escéptica frente a la efectividad de estas sanciones.

“En regímenes autoritarios las sanciones económicas han sido poco efectivas, ni en Irán, ni en Corea del Norte han generado cambios políticos”, dice. “Putin tampoco parece querer escuchar a nadie que no fuese él mismo”.

Mientras tanto, Ucrania sigue bajo el implacable fuego ruso.


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