Auditoría denuncia posibles desvíos por más de 2 mil mdp en gobierno de EPN
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Cuartoscuro Archivo

Auditoría denuncia presuntos desvíos por más de 2 mil mdp en gobierno de EPN

En total son 23 denuncias presentadas ante la Fiscalía General e involucran a cinco dependencias federales.
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11 de agosto, 2020
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Cientos de millones de pesos para obras de infraestructura que no fueron entregados a los estados y hoy están desaparecidos. Festivales culturales para los que se autorizaron recursos pero que nunca se realizaron y que se intentaron probar con fotos de eventos de otros países. Operaciones bancarias simuladas para justificar la entrega de apoyos al campo que no se aplicaron. Transferencias de dinero a empresas fantasma…

Esto es apenas una muestra de decenas de posibles desvíos de recursos públicos descubiertos en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto y por los cuales la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha presentado 23 nuevas denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Entérate: Denuncias de la ASF caen a su nivel más bajo en 14 años, pese a que desvíos persisten

El monto del posible desfalco supera los 2 mil 40 millones de pesos y se desprende de 61 acciones fraudulentas ocurridas entre 2016 y 2017, en cinco secretarías de Estado: la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), la Secretaría de Cultura, la ya desaparecida Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), la Secretaría de Economía y la Secretaria de Educación Pública. 

Las denuncias llegan luego de que se agotó el plazo– en algunos casos hasta de dos años – que la ASF dio a las dependencias implicadas para que justificaran el uso o destino del dinero, o en su caso lo devolvieran. Nada de ello ocurrió.

En ese contexto, la ASF ha pedido a la Fiscalía General que integre las carpetas de investigación correspondientes y proceda en contra de los funcionarios o exfuncionarios que resulten responsables de este fraude que, en muchos casos, ocasionó la pérdida de dinero que estaba destinado a programas para apoyar a los sectores mas vulnerables de la población.

En algunas de las irregularidades, específicamente en la Sedatu, se detectó además la utilización de instituciones públicas como universidades para desviar recursos que estaban destinados originalmente para las entidades. Se trata del mismo esquema documentado en el reportaje “La Estafa Maestra”.

Con estos 23 nuevos casos ya suman más de 130 las denuncias que la ASF ha presentado ante la FGR en contra de irregularidades en el gobierno federal durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. 

La investigación de las denuncias presentadas por la ASF estará a cargo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), que encabeza desde el año pasado la fiscal María de la Luz Mijangos.

En Sedatu: el desvío del desvío

Entre las nuevas denuncias presentadas ante FGR se encuentra una por un posible desfalco de casi 725 millones de pesos en la SEDATU, ocurrido en 2016. El caso tiene la peculiaridad de que se detectó un doble mal manejo de un mismo presupuesto.

Lo que los auditores encontraron, de acuerdo con el informe de auditoría financiera 1835-DE, es que la SEDATU recibió en 2017 poco mas de 6 mil 231 millones de pesos para financiar obras de infraestructura en zonas marginales o de considerable rezago social en el país.

Lo que correspondía es que dicho dinero fuera dispersado entre las delegaciones estatales de la misma dependencia, sin embargo, irregularmente la SEDATU solo repartió 2 mil 375 millones de pesos, y se quedó con 3 mil 855 millones en números cerrados.

¿Qué hizo con el dinero que retuvo? Entregarlo en su mayoría a instituciones públicas y universidades las cuales luego lo canalizaron ilegalmente a otras empresas en el esquema conocido como “La Estafa Maestra”, que ya ha sido objeto de otras denuncias promovidas por la ASF.

Pero en este caso, además, los auditores descubrieron que entre el dinero retenido hay 689 millones de pesos que ni siquiera fueron enviados a las universidades, sino que simplemente fue transferido y retirado de las cuentas sin que hoy se conozca su destino. Es decir, fue un nuevo desvío de lo ya desviado de inicio.

El mismo informe destaca que entre los recursos que sí se ejercieron para obras de infraestructura hay 31 millones de pesos que la dependencia entregó a cinco planteles de educación superior: Instituto Tecnológico Superior de Centla, la Universidad Intercultural del Estado de México, la Universidad Politécnica del Golfo de México, la Universidad Politécnica de Tlaxcala y la Universidad Politécnica del Centro, para que realizaran diversas obras. Sin embargo, no hay constancia de que las mismas se hayan ejecutado pese a que el dinero sí se entregó

En cultura: festivales fantasma

La ASF denunció que en 2016 se desviaron más de 226 millones de pesos desde la Secretaría de Cultura que estaban destinados al financiamiento de proyectos culturares en diversos estados del país. Se trató de un posible fraude premeditado donde incluso se intentó simular con pruebas falsas que el dinero sí se había ejercido.

El informe de resultados de la auditoría de cumplimiento financiero 280-DS destaca, por ejemplo, que se entregaron poco mas de 8 millones y medio de pesos a la asociación civil Drama, Voz y Movimiento A.C., para la realización de tres festivales en los municipios de Córdoba, Veracruz; Puerto Vallarta, Jalisco; y la alcaldía Miguel Hidalgo de CDMX.

Sin embargo, al verificar con las referidas demarcaciones la realización de dichos eventos los auditores se encontraron con que nunca ocurrieron. 

Derivado de lo anterior se profundizó en la revisión de las fotos que estaban en los expedientes de contratación para acreditar que se realizaron esas actividades y lo que se encontró es que se traba de festivales realizados en Chile, España y Argentina, que nada tenían que ver con lo que tuvo que haberse llevado a cabo aquí.

Algo similar ocurrió con otro contrato por 8 millones y medio de pesos entregados a la institución Romero Mac Gregor. A.C. para que llevara a cabo tres festivales culturales y de cine en Jalisco y Aguascalientes. Los auditores verificaron que dichos eventos nunca ocurrieron y que la evidencia con la que se “comprobaba” su realización es falsa.

Incluso hubo pagos a empresas fantasma. La ASF descubrió que la Secretaría de Cultura pagó por 48 funciones de teatro infantil y 14 talleres de estrategias educativas en Veracruz que tampoco ocurrieron. Los tres proveedores de estos talleres no fueron localizados en sus domicilios fiscales, e incluso uno de ellos ya está catalogado por el SAT como una compañía que factura operaciones simuladas

En el campo: un hoyo negro

De las 23 denuncias presentadas ante FGR por la ASF, 14 corresponden a múltiples desvíos registrados en los distintos programas de apoyo financiero a proyectos agrícolas por un monto superior a los mil millones de pesos.

Las irregularidades fueron identificadas específicamente en los programas denominados Programa de Fomento a la Agricultura: Componente Tecnificación del Riego; Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria: Componente Productividad Agroalimentaria; y Programa de Fomento a la Agricultura, Componente Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola.

Lo que la ASF identificó aquí es un patrón que año con año se repitió en el sexenio pasado: organizaciones o empresas que simulan contar con viabilidad financiera y logística para acceder a los recursos de esos programas. Todo ello con la complicidad por omisión o acción de la entonces SAGARPA.

“El esquema fraudulento incorpora el uso de documentos alterados que conforman parte del expediente de los supuestos beneficiarios del programa de productividad agroalimentaria, con lo cual simularon operaciones bancarias que les permitieron acceso a los recursos del subsidio o a su comprobación”, indican los auditores en el informe de resultados 296-DE.

No obstante, no conformes con obtener el dinero irregularmente, los proveedores favorecidos por SAGARPA usan el dinero para situaciones que nada tienen que ver con proyectos agrícolas.

La ASF advierte que el daño aquí es doblemente preocupante pues involucra a recursos que sí son necesarios para apoyar a sectores del campo que se encuentran en situaciones vulnerables. 

“La situación de pobreza y las circunstancias deplorables de millones de habitantes exigen la salvaguarda de los bienes públicos y el castigo severo al uso inapropiado o a la discrecionalidad en el ejercicio del recurso público”, subrayan los auditores en uno de los informes que dio pie a las denuncias ante FGR.

En educación: erario para pagar préstamos

La ASF también presentó cuatro denuncias penales por el posible desvío de 40 millones de pesos en recursos del programa de “Fortalecimiento a la Educación Temprana y el Desarrollo Infantil” a cargo de la Secretaría de Educación Pública. Los malos manejos se identificaron en tres estados: Colima, Nayarit y Zacatecas.

Entre las irregularidades reportadas en el informe de la auditoría 140-DS correspondiente al 2017 destaca, por ejemplo, que en Colima se enviaron un millón 271 mil pesos a una asociación civil la cual, a su vez, utilizó el recurso para cubrir el pago de un préstamo a un particular.

Mientras que en Nayarit se detectaron que 21 millones de pesos fueron entregados a una asociación civil cuyo representante legal es integrante de un partido político, para que se utilizaran en la remodelación de ocho centros de Desarrollo Infantil (CENDI). No obstante, no hay comprobación suficiente de que el dinero realmente se hubiera utilizado en ello.

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Chile vota en plebiscito histórico: 4 claves para entender qué está en juego

La votación definirá el destino político institucional de Chile para los próximos años. Más allá del "apruebo" o "rechazo", varios analistas explican qué está en juego.
25 de octubre, 2020
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Por primera vez en la historia de Chile, este 25 de octubre se pregunta a la ciudadanía si aprueba o rechaza la redacción de una nueva Constitución.

El referendo chileno, aprobado en un acuerdo político en el Congreso tras un ciclo de manifestaciones que comenzó con las marchas estudiantiles el 2006 y culminó en octubre del 2019, definirá el destino político institucional de Chile en los próximos años.

De ganar el “apruebo”, será la primera vez desde 1833 que la Constitución es redactada por una convención ciudadana elegida en votación popular.

Qué está en juego en el referéndum, más allá del “apruebo” o “rechazo” y del tipo de convención que eventualmente surja para redactarla es lo que responden a BBC Mundo aquí analistas chilenos y latinoamericanos.

1. Generar una Constitución “sin traumas”

Pese a que sufrió numerosas reformas, la Constitución vigente hasta hoy en Chile fue redactada y aprobada en 1980 bajo el régimen militar del general Augusto Pinochet y, según afirma el politólogo Gabriel Negretto, “simbólica y políticamente, nunca superó ese defecto congénito”.

Por eso, lo que está en juego en el proceso constituyente que podría comenzar con el triunfo del “apruebo” es la legitimidad de origen de una eventual nueva Constitución para Chile, le dice a BBC Mundo Negretto, quien ha sido consultor de Naciones Unidas en procesos de reforma constitucional en distintos países latinoamericanos.

Augusto Pinochet votando en el referéndum en 1980.

Getty Images
La Constitución vigente fue aprobada y redactada durante el gobierno militar del general Augusto Pinochet.

“¿Qué rodeó a la Constitución de Pinochet?: que nació de un acto de fuerza, de violencia; que se hizo en un clima de miedo, de terror”, describe el académico. “Para marcar un contraste con el origen de la vieja Constitución, la nueva debe nacer de un amplio respaldo ciudadano y en un entorno pacífico”, precisa.

“En ese sentido, hay un llamado a la atención de quienes apoyan el ‘apruebo’ de llamar a la calma… El estallido social, que incorporó gran cantidad de demandas legítimas, también estuvo asociado a actos de violencia injustificados que hasta hoy no están claros. No se puede eliminar toda la violencia, pero tiene que quedar claro que corresponde a grupos aislados”, plantea.

Para que Chile efectivamente cuente con una Constitución que no arrastre los traumas de la actual, argumenta Negretto, se requiere además que una de las dos opciones gane por una mayoría suficientemente amplia y en una votación con una participación importante, ojalá mayor a los promedios de las últimas elecciones chilenas.

“No es lo mismo un referéndum como el que se hizo por el acuerdo de paz en Colombia que uno sobre las reglas fundamentales con las que queremos vivir como sociedad, como se definirá en Chile. En este caso, si la diferencia entre la opción que gana y la que pierda es pequeña, es problemático”, advierte el académico.

“Sería un mal comienzo que el ‘apruebo’ ganara por un margen pequeño: el trauma que vive Chile respecto a los legados de la dictadura provienen del plebiscito de 1988, cuando la dictadura militar terminó cediendo la transición a la democracia con un altísimo poder político (el “Sí” a Pinochet obtuvo un 43% y el “No” un 54.7%). Aquí no debe quedar duda de la posición mayoritaria”, sostiene Negretto.

Simpatizante de la opción de "apruebo", durante una manifestación.

Getty Images
El estallido social de octubre de 2019 incorporó entre sus demandas la redacción de una nueva Constitución.

“Si el resultado fuera 51 para el ‘apruebo’ y 49 por el ‘rechazo’, estaría muy preocupado por el futuro de Chile”, agrega Negretto.

“Porque eso querría decir que el cambio constitucional no lo rechaza una minoría, sino la mitad de la población. Y eso es preocupante en un contexto polarizado, porque aquí no hay medias tintas: se cambia la Constitución o no”.

2. Recuperar legitimidad de la política

Vicky Murillo, directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia en Nueva York, precisa que el plebiscito en Chile emergió como respuesta a la movilización social, “síntoma de la crisis de representación del sistema político” en el país.

“La toma de la calle y los gritos buscaban que los políticos escucharan a la ciudadanía, incluso cuando esta demanda de atención requiriera romper la puerta del salón donde se toman las decisiones, como dice la canción de ‘Hamilton'”.

La académica se refiere a “The room where it happened” uno de los temas del popular musical estadounidense que describe las negociaciones secretas donde la élite negocia fuera del ojo de la opinión pública, una práctica que en Chile se describe como “la cocina”.

“Es importante recordar las expectativas que conlleva el proceso constituyente y la importancia de mantener esa puerta abierta. Esto implica que no solo el resultado, sino también el proceso constitucional será clave para la recuperación de la legitimidad política”, dice Murillo.

De ganar el “apruebo”, la politóloga advierte que es importante “asegurar la entrada de nuevos actores como agentes de representación ciudadana y, al mismo tiempo, que tanto viejos como nuevos representantes garanticen su atención a la ciudadanía incluso cuando no grite o esté en las calles”, dice.

Disturbios durante una manifestación en el aniversario del inicio de las protestas antigubernamentales.

Getty Images
El pasado 18 de octubre se cumplió un año del inicio del estallido social en Chile.

¿Cómo lograr ese objetivo? Estableciendo una conexión humana, basada en la empatía y la experiencia compartida, propone.

“Que la ciudadanía se reconozca en sus representantes y pueda confiar en ellos. El proceso no podrá ser participativo hasta las últimas instancias, requerirá de esperas, y puede involucrar errores. Por ello, la confianza en quienes están en el salón donde se tomen las decisiones depende tanto de una puerta abierta como de la empatía entre estos y quienes han estado ya por demasiados años pidiendo ser oídos”, describe la politóloga.

3. Redistribuir poder y bienes públicos

“Las constituciones definen las reglas del juego”, describe Miriam Henríquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado.

“La etiqueta mayor que yo pondría al proceso chileno sería la opción de cambiar las reglas del juego sobre la distribución del poder y los bienes públicos valiosos para la existencia de toda la sociedad. No sólo los derechos civiles, las libertades, también los sociales, como agua, vivienda, educación”.

Henríquez plantea que, si se lleva adelante el proceso constituyente, una de las opciones es que se remuevan los obstáculos que hoy impiden cambiar algunas políticas públicas en Chile a través del Congreso. Bajo la Constitución actual, incluso si una ley es aprobada por una súper mayoría parlamentaria, puede ser impugnada ante el Tribunal Constitucional (TC).

“Si uno establece en la Constitución que los asuntos se regularán por ley simple, por ejemplo, y se modifica el TC, el efecto será que los cambios de políticas públicas serán más sencillos”, dice la académica.

Partidarios de la opción del "rechazo".

Getty Images
En la opción del “rechazo” también hay personas que creen que se necesitan cambios profundos.

“El ‘rechazo’ supondría que la ciudadanía no tiene voluntad de cambiar la Constitución, porque las cosas como están, están bien. Pero eso no obsta que se pueden hacer reformas. Hay personas del ‘rechazo’ que creen que se necesitan cambios profundos y se han comprometido a emprenderlos”, dice Henríquez.

“La diferencia es que en el apruebo hay un itinerario, un camino claro, un órgano específico. Las reformas que se hicieran en el caso del ‘rechazo’, se harían a través del actual Parlamento, y los cambios no tendrían tanta legitimidad como los que tendría un órgano especialmente elegido para ello”, agrega.

“Es posible que una nueva Constitución se parezca bastante a la actual, y las expectativas pueden quedar frustradas, pero insisto en la importancia del hecho de sentarse a conversar. Esa diferencia ya debería satisfacer muchas expectativas: tener un pacto social que sintamos propio”, concluye.

4. Generar un proceso constituyente único en Latinoamérica

Tanto la realización del plebiscito como el proceso constituyente que derive de sus resultados se normarán por la Constitución vigente, que fue especialmente reformada por el Congreso con este fin. Eso marca una de las diferencias del referéndum constitucional chileno con otras experiencias latinoamericanas.

“No es tan habitual que una Constitución vigente se modifique para su reemplazo. Es excepcional que Chile siga este cauce, este proceso, con procedimientos y plazos establecidos. Y es un desafío máximo que los cumplamos”, precisa Henríquez.

Trabajadora del Servicio Electoral chileno, durante un ensayo para el referendo.

Getty Images
El referendo tendrá lugar siguiendo las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus.

Además, en este caso no es el gobierno el que definirá el cambio constitucional ni el órgano que podría redactar la nueva Constitución, sino la ciudadanía.

“En Chile, además, no hay una fuerza hegemónica que se imponga en el debate. Varios de los procesos latinoamericanos han sido marcados por la existencia de fuerzas políticas muy preponderantes, donde se impone una mayoría. Eso no ocurre en Chile porque las fuerzas están fragmentadas. Y eso, que podría ser complejo y lo es, nos obliga a hacer pactos” dice la politóloga.

“Cada proceso en Latinoamérica tiene algo que lo hace único. En el caso chileno que todas, o gran parte de las fuerzas políticas hayan acordado un cauce institucional a la crisis es algo que lo hace único”, remata Henríquez.


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