Rosa Alba Santoyo Soria, de 55 años, lleva más de un mes de luto. El 1 de julio, tres hombres armados irrumpieron en el anexo “Recuperando mi vida” de Irapuato, Guanajuato, y dispararon contra todo el que se encontraba al interior. Allí dentro estaban sus hijos: Omar Regalado Santoyo, de 39 años; Hugo Cristian, de 30 años y Giovanni, de 27. Los tres fueron asesinados. En total, 28 personas perdieron la vida en la masacre. Las autoridades detuvieron a tres sospechosos de ser los autores materiales, pero creen que el instigador fue José Antonio Yepes Ortiz, el Marro, líder del Cartel Santa Rosa de Lima.

Su detención el domingo en Juventino Rosas, Guanajuato, debería permitir esclarecer atrocidades como la del anexo.

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La historia de los hermanos Regalado Santoyo es la de tres víctimas de una guerra en la que solo podían perder. Eran de origen humilde, como prueba la cocina desnuda del domicilio familiar, con paredes todavía del color del cemento. En el dormitorio contiguo no hay más adorno que un pequeño altar con las imágenes de los muertos. Una casa normal para una familia normal a la que todo se le empezó a torcer con la llegada de la metanfetamina. Dice su madre, todavía en estado de shock, que se daba cuenta de que algo no iba bien porque los veía “atontados”, pero no sabe en qué momento los perdió. Algo ocurrió entre aquellos tiempos en los que iban los siete hermanos a jugar con las bicicletas al parque y el día en el que Giovanni, el más pequeño, le dijo que no aguantaba más y que se encerraría en el anexo de Don Erasmo, el responsable de “Recuperando mi vida”.

A Giovanni le siguieron Omar y Cristian. Su madre pagaba 350 pesos semanales para su manutención. Además, les regalaba cloro y productos de limpieza de la fábrica en la que trabaja. Ella estaba contenta. Parecía que recuperaban peso, que se centraban, que iban a ser “hombres de provecho”.

Pero llegaron tres tipos con armas largas y acribillaron a todo el que se cruzó en su camino.

“Ellos se drogaban. Lo sabe toda la gente. Yo quería que se regeneraran”, dice Santoyo Soria. “Me siento mal. Yo misma fui a meter a mis hijos al nido de ratas. Me acuesto y me siento culpable”, lamenta.

Hasta el 20 de junio un total de 1,691 personas fueron asesinadas en Guanajuato, según datos de la secretaría de Seguridad Pública. En México, el número de homicidios ascendió hasta los 14,554. La estadística todavía no toma en cuenta hechos como la matanza en la que perdieron la vida Omar, Christian y Giovanni.

La masacre no fue el primer atentado contra centros de rehabilitación, pero sí el más brutal.

“Los primeros ataques fueron en diciembre. Fuimos al gobierno del Estado y dijimos que esto iba a empeorar. Que necesitábamos trabajar en conjunto. Empezamos a ver que había persona que estos lugares los utilizaban para esconderse y a nosotros nos iba a afectar”, explica Nicolás Pérez, presidente de los Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB).

“En lo que llevamos de año se han registrado 13 agresiones contra centros, según sus datos”.

Pérez es un padrino, como se conoce a los consejeros que acompañan a los adictos en su proceso de recuperación. Él mismo estuvo enganchado. A sus 48 años lleva 14 sin probar el alcohol ni los estupefacientes. Pasó por un centro de rehabilitación, pero se dio cuenta de que en muchos se maltrataba a los internos. Así que decidió abrir su local en Silao, un municipio a medio camino entre León e Irapuato.

Según explica, antes de la matanza había aproximadamente 260 centros de rehabilitación, también conocidos como anexos, solo en Irapuato. La inmensa mayoría son irregulares.
En este tipo de establecimientos hay tres categorías. Por un lado, los que cuentan con permisos. Son muy pocos, apenas 13 en todo Guanajuato y de precio inalcanzable para los más humildes y a que el tratamiento puede alcanzar los 35 mil pesos. La segunda categoría es la de locales como el que gestiona Pérez, adscritos a la asociación. Son 90 centros que están intentando regularizarse pero que denuncian que el gobierno estatal les pone trabas. El tercer eslabón, el más numeroso, son los anexos ilegales. Hay ocasiones en las que los propios cárteles los utilizan como centro de venta o de reclutamiento.

El asesor de seguridad David Saucedo explica que el Cártel Jalisco Nueva Generación es quien más ha empleado los centros de rehabilitación como base. Al final, en su interior hay personas que han estado familiarizadas con la droga y que son carne de cañón: gente con problemas de adicciones y, en su gran mayoría, pobre. Gente a la que poder reclutar por las buenas o por la fuerza.

No es difícil montar un anexo. Basta con hacerse con una casa, desplegar unos colchones en el suelo y reclutar a los pacientes. Quien decide anexarse asume que va a permanecer encerrado durante tres meses. En este tiempo recibe apoyo laboral, espiritual y terapia para dejar las drogas.

Las autoridades de Salud de Guanajuato suelen hacer revisiones pero para cuando llegan a un local y le amenazan con desalojarlo, su dueño ya se ha cambiado de casa.

Animal Político consultó a la Secretaría de Salud y a la de Seguridad Pública del gobierno estatal. Los primeros declinaron hacer declaraciones debido a la situación de inseguridad. Los segundos no habían respondido al cierre de la nota.

La principal consecuencia de la masacre fue el miedo. Muchos centros cerraron sus puertas y dejaron a los internos abandonados a su suerte. Lo explica Jorge Ortega Zúñiga, responsable de un anexo en el sur de Irapuato. “Después de lo que ocurrió muchos cerraron”, asegura. Según sus cálculos, la mitad de estos locales fueron clausurados por temor a ser los siguientes. También muchos internos dejaron el tratamiento. “Muchos tienen miedo. Cuando vieron toda esa matazón se me fueron. Tenía 35 internos y me quedaron 12. Todos los demás se fueron”, explica.

Reconoce Ortega Zúñiga que hay grupos delictivos que se aprovechan de la vulnerabilidad de algunos anexos. Por ejemplo, presionando para que se guarde la droga en el interior. Hablamos de locales humildes a los que van personas sin muchos recursos. Él, por ejemplo, cobra 500 pesos semanales a sus internos. Y aún así hay algunos a los que no les alcanza.

Para proteger a la comunidad, asegura, él entrevista a todos los aspirantes antes de aceptarles. Si tienen cuentas pendientes con la ley o vendían droga prefiere no admitirles. Hacerlo sería poner en riesgo al resto. Quién sabe si, como ocurrió el 1 de julio, alguien podría venir a buscarles.

“La policía cerró cuatro grupos, dos por no tener permisos y otros dos por carecer de material sanitario. Muchos cerraron por miedo. Ahora el problema lo tiene la sociedad, porque el 90% de estas personas recae en la droga y sale a la calle a delinquir”, asegura.

Mientras Ortega Zúñiga (también exadicto, al que su última recaída le duró un año entero) habla, desde el interior se escuchan los discursos de sus internos. Las reuniones son parte indispensable de la terapia. En el centro, sobre una especie de púlpito, van pasando los anexados.

Hablan de errores, de arrepentimiento, de conductas inaceptables. Lo hacen mirando al frente, a otros como ellos, y con un tono de letanía, como el de la prédica de un pastor evangélico. Se reconocen y se perdonan, porque todos saben de qué va esto.

Uno de los que habla es Roberto Quintana Ramírez, de 36 años. “Estoy aquí por drogadicto”, dice. El suyo es un caso atípico. Empezó a fumar cristal a los 30 porque “quería saber qué se sentía” y que ahora se arrepiente del daño causado. Dice que hay compañeros que tienen miedo pero que cada noche, en la oración, se dicen que no pasa nada, que nadie les va a atacar.

“No tengo idea de por qué se dan los ataques”, asegura. Suficiente tiene con centrarse en su recuperación, asegura.

Aunque la violencia no es algo nuevo para él. Sus tiempos de recaída son lo suficientemente cercanos como para recordar que estaban en riesgo. Por ejemplo, cuando un grupo armado, no dice de qué cartel, mató a tres de sus amigos en una casa de pánico, los locales antagónicos a los anexos. Si aquí la gente viene a rehabilitarse, a una casa de pánico uno va a drogarse. “Los mismos cárteles les mataron. Eran amigos de la actividad. No recuerdo sus nombres, pero los conocía”, dice.

No sabemos qué ocurrirá tras la detención del Marro. La experiencia dice que tras la caída de un gran capo suele llegar un periodo de violencia e inestabilidad. Entre el lunes y el martes, según denunció Nico Pérez, se registraron operativos por los que agentes federales, estatales y municipales se personaron en anexos para pedirles que clausurasen “por seguridad”. Uno de los locales a los que acudieron fue el de Jorge Ortega Zúñiga.

“Ahorita se estaba calmando, se estaba tranquilizando y ahora con la detención las autoridades son las que alarman más”, dijo Pérez. Insiste el padrino en que las clausuras de estos centros solo traerán más delincuencia. “¿Dónde van a ir las personas a seguir con su tratamiento?”, se pregunta.

Su miedo: que el gobierno estatal aproveche la incertidumbre para clausurar los anexos. Incluso aquellos que quieren legalizarse.