A Iván Alberto Arévalo Pérez, alias el Beto Arévalo, lo privaron de la libertad el sábado 16 de mayo de 2015, en Coatzacoalcos, Veracruz, cuando viajaba con su amigo Diego Antonio Corro a bordo de un Mustang. Desde entonces, continúan desaparecidos.
Los jóvenes iban acompañados de dos mujeres y un bebé, presumiblemente esposa, hermana e hijo de Iván.
El vehículo fue interceptado por camionetas de lujo; de ellas bajó un grupo de sujetos con armas de fuego que se llevaron a Iván y Diego.
“Las testigos refieren que los responsables iban encapuchados con chalecos de la Fuerza Civil y atrás de las camionetas iba custodiando una camioneta de la Fuerza Civil (de las verdes). El Mustang fue encontrado un día después con cartuchos de armas, mientras que los dos jóvenes continuaban desaparecidos”.
Este caso es parte de una serie de desapariciones documentadas dentro del Informe: “Análisis de contexto de las desapariciones forzadas ocurridas en el marco del Operativo Blindaje Coatzacoalcos (OBC)” elaborado por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A. C, en el que se analizaron decenas de desapariciones ocurridas entre mayo y septiembre de 2015 en el marco de dicho operativo.
De acuerdo con el documento, que se presenta este miércoles, “la mayoría de los casos sucedieron al interior de domicilios particulares, otros más ocurridos en el interior de negocios (taller/bar) y no fueron poco comunes los automóviles interceptados. En la mayoría de los casos se describen grupos de hombres armados con pasamontañas y, en ocasiones, se identificaban como elementos de la Fuerza Civil; otros más viajaban a bordo de camionetas de lujo o patrullas oficiales, antes y durante la privación de la libertad”.
Una de las revelaciones de este análisis, por ejemplo, es que en al menos dos casos documentados las personas privadas de su libertad, “fueron vistas por última vez en un retén de seguridad o en un punto cercano al mismo, siendo detenidos por elementos de seguridad”.
Otro hallazgo del análisis es que de manera general “se puede concluir… que durante la implementación del OBC se registraron –en dicha ciudad (Coatzacoalcos) y cercanías– diversas privaciones ilegales de la libertad en las que las víctimas fueron hombres en edad productiva, en su mayoría de clase baja o media baja, con ocupaciones como taxistas, choferes de autobuses, albañiles y mecánicos”.
“Dichas víctimas no fueron presentados ante las autoridades competentes y, en un gran número de casos, se continúa sin saber su paradero. Por lo que, se puede pensar que dichos hechos delictivos se tratan de desapariciones forzadas o cometidas por particulares”.
El penal de Coatzacoalcos
Otro caso documentado por el IMDHD es el penal de Duport Ostión en Coatzacoalcos, con antecedentes -de acuerdo con reportes de prensa local citados en el informe- de estar bajo el control de los Zetas.
“Hay testimonios que aseguran que el crimen organizado convirtió dicho penal en un campo de exterminio, haciendo alusión a personas que habrían sido asesinadas por un grupo de la delincuencia organizada entre 2010 y 2018”.
“Existe un mapa y un escrito que asegura que 40 cuerpos –de personas de Coatzacoalcos– están enterrados en el penal”.
“De igual forma, en junio de 2014 fueron privados de la libertad varios ciudadanos, en Oteapan y Chinameca, por personal de la SSP que en ese entonces operaba el duartista Arturo Bermúdez; diversos testimonios dados por personas sobrevivientes señalan que estuvieron recluidas ilegalmente en el CERESO de Coatzacoalcos, o cerca del mismo, bajo la custodia de personal de la SSP”.
Ante el número de privaciones de la libertad ocurridas en viviendas, colonias y el penal de Coatzacoalcos, Veracruz, a la par del OBC, el IMDHD pide a las autoridades federales y veracruzanas brindar “la información con la que contaban y cuentan… la actuación de los diferentes cuerpos de seguridad y los mecanismos (formales e informales) que utilizaban, así como el comportamiento de los miembros de los grupos de la delincuencia organizada que operaban en la ciudad, sus alianzas e intereses”.
En el caso del penal, piden “conocer las acciones que han realizado las diversas autoridades para corroborar o descartar la existencia de fosas clandestinas… incluyendo no solo a las fiscalías y comisiones de búsqueda, sino también a las comisiones de derechos humanos tanto nacional como estatal, mismas que supervisan y tienen acceso a dichos centros. Por otro lado, se vuelve indispensable investigar la información de que el mismo penal, o un lugar cercano, se utiliza para privar ilegalmente a personas de su libertad a manos de la SSP”.
