Los delitos que se pueden imputar a EPN y Videgaray por caso de sobornos
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Cohecho, lavado y crimen organizado: Los delitos que se pueden imputar a EPN y Videgaray por caso de sobornos

Especialistas y autoridades advierten que podrían configurarse delitos de corrupción, crimen organizado y temas electorales, aunque los menos graves podrían estar prescritos. Emilio Lozoya continuará en calidad de procesado hasta que se valore la información que aportó.
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12 de agosto, 2020
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Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, denunció formalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, por haber utilizado presuntos pagos de la constructora Odebrecht para la campaña electoral de 2012, y por entregar sobornos a legisladores para la aprobación de las reformas estructurales.

La denuncia, detallada ayer por el fiscal General Alejandro Gertz Manero, refiere que los presuntos pagos ilegales se realizaron en distintos momentos antes y durante el sexenio pasado, y que el monto de estos superaría los 500 millones de pesos.

Pero ¿qué delitos y penas podrían alcanzar los implicados si la FGR logra probar que esos hechos ocurrieron? Para conocer los escenarios Animal Político consultó a un exprocurador y a una fiscal federal (cuyos nombres se reservan a petición de ellos), así como a la abogada especialista en temas de corrupción, Estefanía Medina, y al penalista Gabriel Regino.

Los expertos refirieron tres grupos de ilícitos que podrían configurarse a partir de la información preliminar dada a conocer hasta ahora. Adelantaron que algunos delitos como los electorales podrían estar prescritos, pero los más graves siguen vigentes.

Lee: Autoridades alemanas catean propiedades de la esposa de Lozoya

La prescripción, explicaron, es el término que marca la ley para poder indagar y castigar un delito luego de que fue cometido. Según el artículo 108 del Código Penal Federal se calcula sumando la pena mínima más la máxima de dicho ilícito, y dividiendo el total entre dos. El resultado son los años con los que cuenta una autoridad para iniciar una indagatoria formal.

En ese contexto, los delitos que podrían configurarse en este caso desde el punto de vista de los especialistas son los siguientes:

1)Delitos electorales

Lozoya refiere que se utilizaron 100 millones de pesos provenientes de Odebrecht para pagar asesores internacionales en la campaña presidencial de 2012. Al no haber sido reportado dicho gasto, se podría presumir la comisión de alguno de los delitos electorales contemplados en los artículos 401 a 413 del Código Penal Federal.

Se trata de delitos que, en su forma más grave, pueden alcanzar hasta nueve años de prisión, según lo estipulado en el referido código.

No obstante, los expertos coincidieron en señalar que es poco probable que estos delitos se apliquen en los hechos narrados por Lozoya (sobornos en campaña de 2012) dado que prescriben a los cinco años, plazo que venció en 2018.

Además, la fiscal federal consultada recordó que el Instituto Nacional Electoral (INE) ya revisó en su momento el proceso de 2012 e impuso sanciones por pagos injustificados al PRI que luego fueron revocadas por el Tribuna Electoral del Poder Judicial Federal. “Básicamente es cosa juzgada”, señaló.

2)Delitos de corrupción

De acuerdo con las declaraciones de exdirectivos de Odebrecht en poder de FGR y ratificadas ahora por Emilio Lozoya,  a cambio de los sobornos inyectados a la campaña de Peña Nieto la constructora recibió contratos de obra y servicios en el sexenio pasado. A ello se suman los supuestos pagos de sobornos a legisladores para aprobar las reformas estructurales.

Los penalistas subrayaron que esta aseveración puede dar paso a la configuración de diversos delitos relacionados con corrupción de servidores públicos.

“Si de alguna forma se prueba que el recurso de Odebrecht se utilizó a cambio de obras que luego le fueron entregadas a dicha constructora ahí estamos ante el delito de cohecho”, dijo el exprocurador consultado. Se trata de un ilícito que, de acuerdo con el artículo 222 del Código Penal Federal, también se puede imputar a legisladores.

La penal por el delito de cohecho va de los 2 a los 14 años de prisión y su periodo de prescripción es de ocho años. Para que Peña, Videgaray o exlegisladores puedan ser imputados del mismo, los hechos tendrían que haberse cometido o seguir cometiéndose de 2013 en adelante.

Otros delitos que en su momento pudieran aplicarse, de acuerdo con los expertos, es el de peculado que implica un desvío de recursos públicos, o el de enriquecimiento ilícito. Son delitos de corrupción contemplados en los artículos 223 y 224 del Código Penal Federal, que tienen las mismas penas de prisión y plazo de prescripción.

3)Delitos de crimen organizado

Para el penalista Gabriel Regino y la abogada Estefanía Medina, existe una alta probabilidad de que el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray y el expresidente Enrique Peña Nieto pudieran ser responsabilizados de delincuencia organizada para cometer operaciones con recurso de procedencia ilícita.

Se trata de delitos que ya se han promovido en otros casos de corrupción como el del exgobernador de Veracruz Javier Duarte o el abierto contra 19 exfuncionarios por desvíos en Policía Federal. Involucra una posible confabulación de un grupo de personas para hacer un uso indebido de dinero que, en este caso, podrían venir del erario.

Entérate: Vinculan a Lozoya por delitos relacionados con Odebrecht, pero enfrentará libre el proceso

Otro punto que refuerza esta posibilidad, explicaron los expertos, es que el beneficio legal que busca Lozoya está sujeto a que evidencie delitos mas graves que los que a él se le imputan (lavado y asociación delictuosa). La defensa del exfuncionario ha sostenido que su cliente fue utilizado como un “instrumento” en un aparato organizado de poder. Lo anterior, se resume, a un caso de posible delincuencia organizada.

Regino explica que, de acuerdo con la Ley Federal contra la Delincuencia organizada, tan solo por ese delito la pena va de los 20 a los 40 años de prisión. Mientras que por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita la pena, si se liga a crimen organizado, va de los 15 a los 30 años. Para que dichos delitos prescriban aún faltan décadas.

Cabe señalar que los delitos de delincuencia organizada son de los considerados como “graves”, por lo que ameritan prisión preventiva automática. Además, si se giran órdenes de aprehensión no pueden ser frenadas con amparos. 

¿Y qué pasará con Emilio Lozoya?

El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, permanecerá en calidad de procesado por los casos Odebrecht y Altos Hornos mientras los fiscales analizan la utilidad de la información que ha proporcionado y la evidencia, entre la que se encontraría un video y recibos que sustentarías los sobornos señalados.

Autoridades de la FGR indicaron a Animal Político que aun cuando Lozoya es denunciante, ese hecho por sí solo no desvirtúa los procesos iniciados en su contra.

Como ya se ha publicado, la defensa del exdirector de Pemex busca obtener un criterio de oportunidad que la ley contempla, y que le permitiría volverse testigo colaborador de FGR en contra de Videgaray y Peña Nieto. Si lo logra implicaría que se le retiren los cargos.

Otro escenario es que el exdirector de Pemex sea sentenciado mediante un proceso abreviado, que implica que se declare culpable sin ir a juicio. El beneficio para él es que se le impondría una pena mínima. Todo ello requiere del aval de FGR.

Actualmente la Fiscalía General con un plazo de hasta seis meses que vence en enero de 2021 para definir si acusa o no al exdirector de Pemex, aunque no es necesario agotar dicho periodo.

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El Halconazo: la masacre que dejó cientos de estudiantes muertos en México y fue investigada como genocidio

Luego de la matanza de estudiantes de 1968, los universitarios de México volvieron a salir a las calles el 10 de junio de 1971. La fecha es recordada como el "halconazo", pues enfrentaron otro tipo de represión encubierta.
10 de junio, 2021
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La masacre del 2 de octubre de 1968 fue un suceso traumático para los estudiantes universitarios en Ciudad de México.

Militares usaron sus armas para terminar con una protesta estudiantil en la plaza de Tlatelolco, la cual dejó cientos de muertos, heridos, desaparecidos y detenidos.

Los universitarios no dejaron morir su movimiento, pero pasaron más de dos años sin organizar una nueva marcha masiva contra el gobierno.

Hasta el 10 de junio de 1971.

En esa fecha, un jueves de Corpus en el calendario católico – que luego daría nombre a lo ocurrido – , vieron la oportunidad de nuevamente salir a las calles y manifestarse a favor de la educación pública y el movimiento estudiantil de la época.

“Testimonios de manifestantes ese día dicen que la emoción era mucha. Era volver a tomar las calles que les habían intentado arrebatar en 1968. Entonces el 10 de junio era volver a tomar las calles y tenía un simbolismo muy importante”, le explica a BBC Mundo el historiador Camilo Vicente Ovalle.

Pero todo terminó en una nueva matanza.

Jóvenes protestan el 10 de junio de 1971 en Ciudad de México

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
Los universitarios se reunieron en Ciudad de México el 10 de junio de 1971.

Un grupo paramilitar, llamado los “halcones” y organizado por el gobierno mexicano, paró la protesta en seco.

A las agresiones con palos les siguió el uso de armas de fuego. Incluso los heridos fueron “rematados” en las salas de emergencias de los hospitales.

Desde entonces se conoció a lo ocurrido como el “halconazo” o la “masacre del “jueves de Corpus”, un hecho que incluso una fiscalía especial calificó décadas después como “genocidio”, pero por el que nadie fue condenado.

El motivo de la protesta

La protesta del “jueves de Corpus” se dio en respaldo a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, del norte del país, que se habían ido a huelga por conflictos con el gobierno estatal.

Le sumaron sus propias demandas, como la liberación de presos políticos y la democratización de la educación pública.

Jóvenes protestan el 10 de junio de 1971 en Ciudad de México

INEHRM
La marcha exigía la liberación de presos políticos de 1968, entre otras demandas.

“Hay un golpe brutal a las movilizaciones sociales y populares en 1968, pero los estudiantes se continuaron organizando”, señala Ovalle, autor de Tiempo suspendido, un libro que documenta – incluso con archivos clasificados – lo ocurrido entorno a episodios como el de 1971.

Los universitarios en la ciudad de Monterrey pidieron la solidaridad del resto del país, así que los alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN), las dos instituciones superiores más importantes del país, respondieron al llamado.

En ese contexto, alumnos de la UNAM y del IPN convocaron la marcha del 10 de junio.

Jóvenes protestan el 10 de junio de 1971 en Ciudad de México

INEHRM
La manifestación estudiantil no estaba autorizada por el gobierno. Pero los jóvenes dijeron que había garantías de que sería pacífica.

Pese a que la huelga de la UANL ya se había suspendido antes de esa fecha, y las demandas se habían atendido, los estudiantes de Ciudad de México decidieron mantener la cita para protestar.

El inicio del ataque

A las 4 de la tarde, la protesta dio inicio con unos 10 mil estudiantes concentrados en el Casco de Santo Tomás, uno de los campus del IPN.

Planeaban caminar hacia el Zócalo, la plaza más importante de Ciudad de México.

“Era una marcha no autorizada. Entonces los estudiantes se encuentran calles bloqueadas por granaderos y policías que impiden que avance la marcha o que tomen otras calles”, explica Ovalle.

Jóvenes protestan el 10 de junio de 1971 en Ciudad de México

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
La policía y el ejército no buscaba disuadir activamente la protesta, pero sí bloquearon calles.

Resueltos a avanzar pacíficamente, habían caminado un kilómetro cuando se encontraron con el grupo de los “halcones” – reportes dicen que eran al menos 400 o 500 – en el cruce de dos avenidas.

Esta vez no eran uniformados de la policía del Departamento del Distrito Federal (DDF), ni del ejército, los que intentaban “romper” la protesta, como en 1968. El ataque vino de jóvenes vestidos de civil que cargaron contra el contingente estudiantil.

“Los halcones estaban esperando en el punto definido para el ataque. Sí había algunos infiltrados en la marcha, pero el grueso del grupo paramilitar entra por esa parte de la avenida y se lanza en contra de la manifestación”, explica Ovalle.

Miembros del grupo los "Halcones"

INEHRM
Los miembros de los “halcones” fueron armados con apoyo de la policía y el ejército, según se supo después.

Víctor Guerra, uno de los líderes estudiantiles de la época, relata que él estaba integrándose a la marcha cuando empezó todo.

“Vi que la policía se bajaba para apoyar a los halcones. Vi cómo les proporcionaban varas de bambú. Minutos después de eso empezaron los disparos“, explicó Guerra a la agencia estatal mexicana Notimex.

“Fue una ratonera”

Como luego reconocería el coronel Manuel Díaz Escobar, entonces funcionario del DDF, los “halcones” fueron financiados y capacitados por el gobierno. El militar también había estado al frente del batallón “Olimpia” que atacó a los estudiantes de la masacre de 1968.

Estudiantes protestando en México el 10 de junio de 1971

CUEC-UNAM

El grupo portaba varas de bambú porque fueron entrenados en artes marciales y usaban los palos como arma kendo. La película “Roma”, de Alfonso Cuarón, así lo retrata.

Pero su actuación fue combatida por los estudiantes aquel 10 de junio.

“Son repelidos por los manifestantes. Y al ver la resistencia, se repliegan. Entran en su lugar halcones que ya llevan fusiles M-1 y otras armas de fuego que comienzan a disparar contra la manifestación”, explica Ovalle en base en la documentación que obtuvo.

Miembros del grupo los "Halcones"

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
Los “halcones” utilizaron armas de fuego incluso en hospitales.

Por su parte, Guerra cuenta algo similar: “Vi a un sujeto, en una foto muy famosa, que está disparando afuera de la Escuela Nacional de Maestros, hincado, disparando hacia adentro”, relata.

También asegura que desde lo alto de un edificio contiguo pudo ver disparos “hacia la multitud”.

Fue un ataque indiscriminado, que tuvo toda la intención de dispersar a los manifestantes y, nuevamente, mostrar el poder del Estado, pues la policía y el ejército respaldaron las acciones.

“Fue una ratonera (…) Como la táctica de yunque y martillo: hay una fuerza que empuja al enemigo contra una fuerza superior que los aplasta“, explica el historiador.

El “remate” en hospitales

La manifestación se dispersó al transcurrir los siguientes minutos.

Muchos estudiantes intentaron esconderse en las escuelas, negocios y viviendas de la zona. Pero ni los heridos, que habían llegado a clínicas como el Hospital Rubén Leñero estuvieron a salvo.

Miembros del grupo los "Halcones"

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
Algunos recuentos indican que ese día murieron hasta un centenar de jóvenes, pero la documentación muestra que fue una treintena.

“Hay periodistas, pacientes, médicos y enfermeras que fueron testigos de cómo grupos de halcones entraron al hospital y agredieron a estudiantes con armas de fuego”, explica Ovalle.

La acción se calificó como el “remate” de los heridos, documentado en numerosas notas y crónicas en los medios que, pese al control informativo del gobierno en aquella época, salieron a la luz ya que los periodistas fueron también atacados.

“La prensa estaba muy enojada con el gobierno federal. Estaban tan molestos que Luis Echeverría tuvo que reunirse con ellos a los dos días del ataque para ofrecer disculpas”, señala Ovalle.

Estudiantes protestando en México el 10 de junio de 1971

CUEC-UNAM
Las autoridades de ese entonces culparon de lo ocurrido a los propios universitarios. Luego se sabría que no fue así.

Nunca se ha podido determinar cuántas víctimas hubo. Pero se calculan unos 30 muertos, cientos de heridos de distinta gravedad y decenas de detenidos.

Un “genocidio” descalificado

El líder estudiantil Félix Hernández dice que si bien la “represión” de 1968 “no se justifica y no se entiende”, la del 10 de junio “se entiende menos”.

“El gobierno decidió no utilizar a la tropa uniformada. Entonces utilizó a los halcones, un grupo paramilitar que, sin embargo, estaba formado por exmilitares o militares en activo”, señaló Hernández a Notimex.

Miembros del grupo los "Halcones"

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
Los periodistas también fueron atacados por los “halcones”, lo que dio pie a la publicación de notas y crónicas muy negativas para el gobierno.

En una primera reacción, la Procuraduría General de la República (PGR) indicó que, en base en una investigación, había determinado que un grupo de estudiantes estaba armado.

“Muchos de los integrantes portaban palos, varillas y otras armas”, dijo la PGR al diario El Universal. Otro grupo cargó “contra los manifestantes y fue cuando se provocó una riña colectiva en la que se dispararon armas de diverso calibre”.

Las autoridades constataron la “existencia de francotiradores que hacían sus disparos en contra de los manifestantes y de la policía”.

Pero con el paso de los días, reconocieron que los “halcones” era un grupo que había sido entrenado por el gobierno.

Luis Echeverría

Getty Images
Luis Echeverría gobernó México entre 1970 y 1976.

El alcalde Alfonso Martínez y su jefe de policía, Rogelio Flores, renunciaron a sus cargos. El presidente Luis Echeverría ordenó una investigación.

Cincuenta años después, nadie ha sido juzgado ni encarcelado por lo ocurrido.

En la década de 2000, el gobierno de México creó una fiscalía especial para investigar sucesos como el de 1971. Se intentó que el expresidente Echeverría fuera procesado por “genocidio”.

La Suprema Corte determinó que ese delito no había prescrito para Echeverría y su secretario de Gobernación (Interior), Mario Moya Palencia, por lo que podían ser juzgados.

Pero la magistrada del caso, Herlinda Velasco, consideró que no se acreditaba el delito de “genocidio”, sino de “homicidio simple”, que sí había prescrito luego de transcurridos más de 30 años de lo ocurrido.

Miembros del grupo los "Halcones"

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
Nadie fue encarcelado ni juzgado por la matanza de 1971.

Para Ovalle, la matanza del “Halconazo” se explica dando un paso atrás y mirando qué ocurría en aquellos momentos en México.

“El 71 no fue una repetición del 68”, sostiene. “Fue parte de la estrategia contrainsurgente” para combatir a grupos sociales, en momentos en que el comunismo se consideraba un peligro geopolítico en el occidente liderado por Estados Unidos.

“No fueron eventos excepcionales, medidas exageradas de fuerza. Era parte de la estrategia contrainsurgente que el gobierno tenía desplegadas”, señala el historiador.

“Hoy a simple vista parece un error, volver a cometer una masacre, pero no. En esos años había una estrategia en la que los sucesos de 1968 y 1971 cobran sentido”.


Fotografías del acervo del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) y de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México.

El INEHRM y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación editaron una antología con documentos de agencias de inteligencia, cables diplomáticos y notas de prensa de México y Estados Unidos sobre el “halconazo. El libro estará en línea para su consulta y descarga gratuita en su web.


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